CE - Sentencia 25000234200020150371702 de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

Demandante: Gloria Lucia González Ospina

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000 23 42 000 2015 03717 02 (3798-2022)

Demandante: Gloria Lucía González Ospina

Demandado: Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Mediante auto del 11 de marzo de 20251, proferido por el conjuez de la Sección Segunda José Pablo Santamaría Patiño , se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA 2, el cual señala que cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de octubre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda - Sala de Conjueces , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1 Índice 42 de SAMAI. 2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […] Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta]. 3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido en aquellos procesos encaminados al reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el qu e se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se

la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el qu e se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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2 Pretensiones de la demanda.

3. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos: Oficio DESAJ14-JR-116 del 17 de junio de 2014 4 mediante el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca negó el reconocimiento y pago del reajuste de la prima especial de servicios a la actora, y Resolución 2952 del 8 de abril de 20155 que confirmó la anterior decisión.

4. Igualmente, solicitó inaplicar por inconstitucionales los decretos salariales emitidos entre el 2011 a 2015, en cuanto establecieron que la prima especial de servicios, equivalente al 30% de la remuneración básica mensual, no tiene carácter salarial.

5. A título de restablecimiento del derecho, peticionó 6:1) «[…] reajustar, reliquidar y pagar a mi poderdante las diferencias adeudadas por conceptos de salarios y prestaciones sociales (cesantías, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima especial y prima de

y pagar a mi poderdante las diferencias adeudadas por conceptos de salarios y prestaciones sociales (cesantías, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima especial y prima de productividad), con su correspondiente indexación intereses, sanciones e incidencia legal, teniendo en cuenta que la denominada prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 representa un incremento salarial y es factor para la liquidación de prestaciones sociales a que tiene derecho mi poderdante como juez de la República», 2) entre otras condenas.

Hechos que fundamentan la demanda.

6. La demandante presta sus servicios a la Rama Judicial como juez, desde el 15 de noviembre de 2011 a la fecha.

7.Elevó petición el 23 de mayo de 2014 ante la entidad demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios . La cual fue resuelt a de manera negativa mediante el Oficio DESAJ14 -JR-3116 del 17 de junio de 2014, confirmada por la Resolución 2952 del 8 de abril de 2015.

Fundamentos de derecho.

8. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución Política; 14 de la Ley 4 de 1992, Decretos 53, 57 de 1993, 1039 de

2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 1105 de 2015.

4 Índice 5 expediente digital – 9_ED_ExpedienteOneDrive_07DemandaXeniaRocioTrujillo.pdf, gestión en otros despachos, de SAMAI. 5 Folios 14-23 del expediente. 6 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda del numeral 1.4.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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9. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que la omisión de la inclusión de la prima especial de servicios para la liquidación de las prestaciones sociales representa una desmejora para el trabajador, ya que se reduce el salario básico mensual con efectos salariales. Como consecuencia de tal inobservancia se ha trasgredido el principio constitucional de progresividad, del cual se desprenden las nociones de vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, pues de esa forma se disminuye el ingreso a que tiene derecho la actora.

Contestación de la demanda.

10. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 7, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que con la sentencia del 29 de abril de 2014 se decretó la nulidad de apartes de los decretos salariales para los

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que con la sentencia del 29 de abril de 2014 se decretó la nulidad de apartes de los decretos salariales para los servidores públicos de la Rama Judicial de 1993 a 2007, que establecieron la prima especial, sin que se pronunciara sobre disposiciones consignadas en los decretos posteriores, es decir de 2008 a 2014, razón por la cual lo allí dispuesto por el Gobierno Nacional, permanece incólume y es de obligatorio cumplimiento.

11. La prima especial de servicios no tiene carácter salarial para la liquidación y pago de las primas de servicio, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestadas conforme lo di spuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

12. Finalmente, formuló como excepciones integración de litis consorcio necesario, ausencia de causa petendi e innominada.

Sentencia de primera instancia.

13. Mediante sentencia proferida el 16 de octubre de 2020 8, se accedieron las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto, concluyó que la prima especial d ebía entenderse como un beneficio adicional al salario, que equivale al 30% del mismo, y que debe ser sumado al salario, nunca restado, para liquidar el ingreso mensual del trabajador. De tal manera, que los jueces y/o magistrados cuyos salarios fueron liq uidados sobre el 70% de su salario básico tienen derecho al reajuste de sus ingresos mensuales, para lo cual el 30% de la

para liquidar el ingreso mensual del trabajador. De tal manera, que los jueces y/o magistrados cuyos salarios fueron liq uidados sobre el 70% de su salario básico tienen derecho al reajuste de sus ingresos mensuales, para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se debe sumar al salario. Así mismo, precisó que el artículo 14 le quitó expresamente el carácter salarial a la mencionada prima.

7 Folios 77-88 del expediente. 8 Folios 110-117 del expediente.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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14. Dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014, y a título de restablecimiento del derecho ordenó: «[…] pagarle a la demandante […] el derecho a que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la L ey 4 de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin restarle ni sumarle a éste el 30% (sic), ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales. La diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de recibir, por los anteriores conceptos, sumas que se deben liquidar a partir del

especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales. La diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de recibir, por los anteriores conceptos, sumas que se deben liquidar a partir del 15 de septiembre de 2011 y hasta la fech a en que funja o fungió en el cargo de juez municipal, siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional […]».

Recurso de apelación.

15. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la recurrió en apelación9.

16. En su intervención, trajo a colación la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Así mismo, sostuvo que el periodo a reconocer a la parte actora corresponde del 15 de noviembre de 2011 hasta el 12 de marzo de 2019, fecha en que la parte demandante se vinculó como juez de la República, y no desde el 15 de septiembre de 2011 como lo dispuso el a quo.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

17. Por auto del 8 de agosto de 202 310, se admitió el recurso de apelación , y mediante auto del 6 de febrero de 2024 11 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

18. La parte demandante12 alegó de conclusión reiterando los planteamientos de la demanda. Igualmente, la parte demandada13 presentó escrito de alegatos

y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

18. La parte demandante12 alegó de conclusión reiterando los planteamientos de la demanda. Igualmente, la parte demandada13 presentó escrito de alegatos reiterando los argumentos del recurso de alzada , y agregó que en el presente caso operó la prescripción trienal. El Ministerio Público guardó silencio.

9 Folios 128-130 del expediente. 10 Índice 23 de SAMAI. 11 Índice 32 de SAMAI. 12 Índice 28 y 37 de SAMAI. 13 Índice 38 de SAMAI.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

20. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes

apelación presentado.

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado por la entidad demandada quien acude como recurrente.

Problema jurídico.

22. Le corresponde a la Sala establecer si el periodo a reconocer a la señora Gloria Lucia González Ospina es desde el 15 de septiembre de 2011 como lo determinó la sentencia de primera instancia, o si por el contrario procede desde el 15 de noviembre de 2011 como aduce la entidad apelante.

23. Para resolver el problema planteado se abordarán los siguientes aspectos:

1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial, 2. Hechos probados y 3. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

24. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de

14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarroll ar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica unaRadicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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6 Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efec tos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

25. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno Nacional desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin

Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

25. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno Nacional desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda , el 29 de abril de 201416 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos , razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

26. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 2019 17, respecto de la prima

especial de servicios determinó lo siguiente:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la L ey 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado po r el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

omisión o un incorrecto de sarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional». 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP . Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere

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3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4.Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su r emuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamació n administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de

1969».

27. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del 11 de julio de 202318, 5 de septiembre de 202319, 5 de diciembre de 202320, 6 de agosto de 202421 y 18 de diciembre de 202422.

28. Igualmente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 2024 23, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en que el 30%

declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

Hechos probados.

29. Acreditado está en el expediente, que la actora prestó sus servicios a la Rama Judicial, en el cargo de juez penal municipal de Bogotá, desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 12 de marzo de 201924.

30. Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación: 25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación: 25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz. 24 Folio 89 expediente digitalcertificación expedida el 13 de noviembre de 2019.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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8 que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario como las prestaciones sociales25.

31. Que el día 23 de mayo de 201426 realizó la petición a la entidad demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios , de la cual obtuvo respuesta negativa mediante los actos demandados.

Caso concreto

32. En lo que se refiere al periodo del reconocimiento efectuado por el a quo, se encuentra que le asiste razón a la entidad demandada, pues la actora se vinculó

respuesta negativa mediante los actos demandados.

Caso concreto

32. En lo que se refiere al periodo del reconocimiento efectuado por el a quo, se encuentra que le asiste razón a la entidad demandada, pues la actora se vinculó al cargo de juez de la República desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 12 de marzo de 2019, por lo que el reconocimiento procede entre dicho interregno, y no como equivocadamente se dispuso en la sentencia de primera instancia a partir del «15 de septiembre de 2011», por lo que se mod ificará la sentencia en ese sentido.

33. Así las cosas, la actora tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 15 de noviembre de 2011 (fecha en que comenzó a ostentar el cargo de juez) y hasta el 12 de marzo de 2019 (fecha de retiro del s ervicio), ya que en el presente caso no operó el fenómeno jurídico de la prescripción , porque la petición fue radicada ante la administración el 23 de mayo de 201427.

34. Ahora bien, el propio legislador contempló frente a la prima especial de servicios su incidencia como factor de liquidación pensional y conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 28 es obligatorio realizar las respectivas cotizaciones29 pensionales que corresponden al empleador y aportar lo que corresponde al empleado al fondo de pensiones en el que hubiere estado afiliado la actora, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la sostenibilidad del sistema30, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración.

25 Folios 2-5 del expediente.

afiliado la actora, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la sostenibilidad del sistema30, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración.

25 Folios 2-5 del expediente. 26 Folios 7-8 del expediente. 27 Así como tampoco respecto de las diferencias de cesantías causadas durante el periodo en que ha ocupado el cargo de juez, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto. 28 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. 29 Por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible. 30 Ver sentencia del Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección Segundaprovidencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

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35. Por otro lado, se advierte que el a quo se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por esta Corporación. En igual sentido

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35. Por otro lado, se advierte que el a quo se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por esta Corporación. En igual sentido encuentra la Sala que se debe estar a lo decidido en la sentencia del 9 de abril de 2024, que declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018 que «establecieron la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario», e indicó que « la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ». En consecuencia, se adicionará la sentencia para precisar lo anterior.

36. De conformidad con lo anterior, se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia, respecto del periodo de restablecimiento, y se adicionará frente a que la entidad deberá efectuar los aportes a pensión y estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de abril de 2024.

Condena en costas.

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armón ica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

38.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue ins tar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobr e la parte vencida en el proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.Radicado: 25000-23-42-000-2015-03717-02

Demandante: Gloria Lucia González Ospina

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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