CE - Sentencia 25000234200020150522101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057–2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia post mortem. Requisito de tiempo de servicio.

Aplicación de las sentencias de 29 de mayo y 9 de julio de 2024 proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda, respecto al reconocimiento de dicha prestación sin acreditar el tiempo total de servicio exigido por la Ley 114 de 1913. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda2

2. La señora María Riveros Quevedo, por intermedio de apoderado judicial, solicitó

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda2

2. La señora María Riveros Quevedo, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad d e las Resoluciones RDP 026680 del 1 de septiembre , RDP 030423 de 6 de octubre y RDP 032586 de 28 de octubre , todas ellas de 201 4, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir de l 11 de noviembre de 2006 , fecha en que adquirió el

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020150 5221011100103 2 Escrito de demanda visible a folios 33 a 47 del expediente.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 estatus pensional, liquidada con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio ; así mismo, que los valores resultantes sean debidamente

Bogotá D.C. – Colombia 2 estatus pensional, liquidada con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio ; así mismo, que los valores resultantes sean debidamente indexados y se reconozcan y paguen los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. Señaló que la señora María Riveros Quevedo nació el 9 de agosto de 1957, cumpliendo los 50 años el 9 de agosto de 2007 ; así mismo, que permaneció vinculada como docente en el Distrito de Bogotá desde el 31 de marzo de 1976 al 14 de noviembre de 2006 a través de diferentes vinculaciones nacionalizadas y territoriales.

5. Manifestó mediante concepto médico laboral de 13 de octubre de 2006, que se le determinó la pérdida de la capacidad laboral del 96%, razón por la cual a través de la Resolución 783 de 20 de febrero de 2007, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Bogotá le reconoció una pensión de invalidez efectiva a partir del 14 de noviembre de 2006.

6. Explicó que prestó servicio docente por 17 años, 2 meses y 60 días, razón por la cual el 29 de abril de 2014 radicó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, sin embargo, a través de la Resolución RDP 026680 de 1° de septiembre de 2014 le fu e neg ado el derecho reclamado ; inconforme, presentó recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de manera negativa con las

gracia, sin embargo, a través de la Resolución RDP 026680 de 1° de septiembre de 2014 le fu e neg ado el derecho reclamado ; inconforme, presentó recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de manera negativa con las Resoluciones RDP 030423 de 6 de octubre de 2014 y RDP 032586 de 28 de octubre del mismo año.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7. Indicó que con los actos administrativos demandados se infringieron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23 , 25, 46, 48, 53, 228 y 336 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 y los Decretos 081 de 1976 y 2277de 1979, entre otras.

8. Sostuvo que la UGPP de manera injusta e ilegal desestimó el tiempo de servicios como docente interina entre el 31 de marzo y el 30 de mayo de 1976, pues consideró que este periodo era del orden nacional; de igual manera, manifestó que, a pesar del cumplimiento de los requisitos de edad, buena conducta y prestación del servicio, no se le reconoció la pensión gracia resaltando que cumplió con las dos terceras partes del servicio docente, ya que, al ser retirada del servicio por invalidez no le fue posible alcanzar los 20 años de servicio, circunstancia que ha sido avalada por la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia de 30 de septiembre de 2010.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

por la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia de 30 de septiembre de 2010.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1.4. Contestación de la demanda

9. Admitida la demanda el 15 de diciembre de 2015 3, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP4, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

10. Indicó, que el tiempo de servicio como docente interina entre el 31 de marzo y el 30 de mayo de 1976 es del orden nacional por cuanto fue un nombramiento cubierto por la tesorería del Fondo Educativo Regional de conformidad con la Ley 24 de 1988, motivo por el que los actos demandados se ajustan a derecho, dado que niegan el reconocimiento pensional por falta de requisitos.

11. Propuso como excepci ones la inexistencia de la obligación demandada ; prescripción y la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento.

1.5. Sentencia de primera instancia5

12. Con fallo de 12 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.

13. Como sustento de la decisión, precisó que la docente María Riveros Quevedo

Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.

13. Como sustento de la decisión, precisó que la docente María Riveros Quevedo no cumplió con el requisito de haber prestado servicio docente territorial o nacionalizada por veinte años, toda vez que, luego de revisadas las vinculaciones con el Distrito de Bogotá entre 1976 y el 2006, únicamente laboró por un tiempo de 17 años, 3 meses y 4 días.

14. Explicó que la Sala no comparte la petición de tener en cuenta que la docente cumplió con las 2/3 partes de los 20 años exigidos, circunstancia soportada en sentencia de 30 de septiembre del 2013 del Consejo de Estado, por cuanto las normas sobre pensión gracia son regladas y solo en el evento de la muerte se obvia el requisito de edad, cosa que aquí no ocurrió ; además, de llegar a acoger se el criterio mencionado, y se aplicara por analogía el Decreto 224 de 1972, la docente no cumplió los 18 años exigidos en el artículo 7 ibidem, de manera que no prosperan las pretensiones.

1.6. Recurso de apelación

15. A través de apoderad o, la señora María Riveros Quevedo 6 presentó recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia; argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta el precedente claro y reiterado del Consejo de

3 Actuación visible en el folio 50 del expediente. 4 Escrito visible a folios 56 a 64 del expediente. 5 Fallo visible a folios 165 a 176 del expediente. 6 Escrito visible a folios 183 a 188 del expediente.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

4 Escrito visible a folios 56 a 64 del expediente. 5 Fallo visible a folios 165 a 176 del expediente. 6 Escrito visible a folios 183 a 188 del expediente.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Estado en el sentido de reconocer la pensión gracia cuando el docente es retirado del servicio por invalidez o por edad de retiro forzoso sin cumplir el requisito de 20 años de servicio, estableciendo como requisito que se haya alcanzado las 2/3 partes del servicio, requisito que se cumple en el caso de la referencia.

16. Expresó que la demandante laboró por más de 17 años y que no pudo completar los 20 años de servicio como docente por ser retirada del servicio en condición de invalidez, circunstancia ajena a su voluntad y por tanto no es dable negar el derecho a la pensión gracia.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

17. Con auto de 5 de marzo de 20197, se admitió el recurso de apelación.

18. La señora María Riveros Quevedo, la UGPP, el agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado , guardaron silencio en esta etapa procesal.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se

la Agencia de Defensa Jurídica del Estado , guardaron silencio en esta etapa procesal.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte actora presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Riveros Quevedo tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia , siendo pertinente determinar si la situación de invalidez que aduce le impidió cumplir con

7 Actuación visible a fiolo 194 del expediente. 8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en

[…]». 9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 el requisito de 20 años de servicios, habilita el estudio de la prestación bajo el cumplimiento de las 2/3 partes del tiempo de servicio exigido en la ley, este último que corresponde a 20 años de servicios; o si por el contrario, como lo sostuvo el tribunal a quo , quien pretenda obtener tal prestación, debe demostrar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

22. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

23. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o

además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981; disposición esta última que además distingue entre docentes nacionales, territoriales y nacionalizados.

24. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

25. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

26. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales, como así se precisó por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.

de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales, como así se precisó por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.

27. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o enReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Criterio jurisprudencial respecto al reconocimiento de la pensión gracia sin el lleno de los requisitos ante una situación de invalidez o muerte del docente

28. La Sección Segunda del Consejo de Estado, con anterioridad ha ordenado el reconocimiento de la pensión gracia a docentes, pese a que no cumplían con el requisito de 20 años de servicio, observándose dos situaciones o supuestos de hecho para proceder en tal sentido, como pasa a explicarse.

reconocimiento de la pensión gracia a docentes, pese a que no cumplían con el requisito de 20 años de servicio, observándose dos situaciones o supuestos de hecho para proceder en tal sentido, como pasa a explicarse.

29. Una primera hipótesis se advierte en la sentencia de 30 de septiembre de 201010, en la cual esta Sección consideró viable dicho reconocimiento, a docentes que en razón del estado de invalidez se les imposibilitó continuar ejerciendo dicha labor, siempre que acreditaran haber ejercido más de las 2/3 partes del tiempo exigido en la ley -que es de 20 años de servicios -, claro está, con designaciones del orden territorial o nacionalizado. En esa oportunidad se explicó que, la Corte Constitucional también había tenido en cuenta tal circunstancia al pronunciarse sobre el reconocimiento de p restaciones de carácter pensional, concretamente en aplicación del régimen de transición, por lo que ese criterio se aplicaba al asunto de pensión gracia.

30. El criterio en comento fue también tenido en cuenta por esta Corporación en asuntos posteriores, por ejemplo, en sentencias de 23 de febrero de 2017, dictada en el proceso bajo radicado 25000-23-33-000-2013-04047-01 (1550-2014), y de 26 de mayo de 2022, proferida en el expediente 05001-23-33-000-2014-01327-01

(1735-2017).

31. En esta última decisión, valga resaltar que se hizo claridad sobre el lapso temporal que tienen que demostrar los docentes que, con fundamento en una condición de invalidez, no han podido cumplir con el requisito para obtener la pensión gracia. Así, para e l efecto se explicó que, en la sentencia de 30 de

temporal que tienen que demostrar los docentes que, con fundamento en una condición de invalidez, no han podido cumplir con el requisito para obtener la pensión gracia. Así, para e l efecto se explicó que, en la sentencia de 30 de septiembre de 2010, referida en el numeral 48 del asunto que aquí convoca, se indicó que debían acreditar las 2/3 partes del tiempo exigido en la ley, sin embargo, ello no resultaba cierto, y realmente debí an acreditar es las 3 / 4 partes , ello atendiendo al criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-794 de 2009, que fue acogido por la Sección Segunda en la providencia que se refiere, se destaca:

«De modo que, esta Corporación, en la referida sentencia del 30 de septiembre de

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado núm. 17001-23-31-000-200700187-01 (1067-2009).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 2010, acogió como plazo razonable el término de 15 años de servicio, para quienes, habiendo perdido la capacidad laboral por razones no imputables al trabajador, pudieran acceder a la pensión gracia de jubilación acreditando dicho lapso de tiempo. Sin embargo, aunque se señaló con claridad que el término era de 15 años, lo cierto

habiendo perdido la capacidad laboral por razones no imputables al trabajador, pudieran acceder a la pensión gracia de jubilación acreditando dicho lapso de tiempo. Sin embargo, aunque se señaló con claridad que el término era de 15 años, lo cierto es que este, en proporción, equivale a las tres cuartas partes o al 75% de 20 años de servicio, y no a las dos terceras partes, como desacertadamente se indicó en la citada providencia.»

32. Una segunda hipótesis, corresponde a cuando el educador ha laborado por lo menos 18 años de servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 197211, el cual es del siguiente tenor:

«Artículo 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraig a nuevas nupc ias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.»

33. La aplicación analógica de la mentada normativa a los casos de pensión gracia se avaló ante el vacío de la ley frente a situaciones particulares o especiales, y en atención a los principios de favorabilidad, equidad y proporcionalidad, como así dan cuenta entre otras, las sentencias de i) 28 de enero de 201012, ii) 21 de octubre de

atención a los principios de favorabilidad, equidad y proporcionalidad, como así dan cuenta entre otras, las sentencias de i) 28 de enero de 201012, ii) 21 de octubre de 201013, y iii) 20 de abril de 202314. Iv) En sede de recurso extraordinario de revisión, en sentencia de 18 de noviembre de 2020 15, también se analizó dicho asunto, declarando infundado el recurso, estimando que la Sección Segunda había avalado la aplicación de dicha disposición. Esta postura dio cuenta entonces, del reconocimiento post mortem de la pensión gracia.

34. Con fundamento en lo anterior, se tiene que han sido, principalmente, dos las hipótesis excepcionales que han permitido el reconocimiento de la pensión gracia sin el cumplimiento del lleno de requisitos i) a docentes que en razón del estado de invalidez se les imposibilitó continuar ejerciendo dicha labor, siempre que acreditaran haber ejercido más de las 3/4 partes (15 años) del tiempo exigido en la ley (20 años); y ii) cuando el educador había laborado por lo menos 18 años de servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.

35. Pues bien, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado estimó necesario revisar el criterio jurisprudencial en comento, y a través de las sentencias

11 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente. 12 Expediente 0500 - 23-31-000-2004-05315-01 (1026-2007) 13 Expediente 680012315000200001322 01(1063-2008) 14 Expediente 25000234200020150493401 (4958-2018)

12 Expediente 0500 - 23-31-000-2004-05315-01 (1026-2007) 13 Expediente 680012315000200001322 01(1063-2008) 14 Expediente 25000234200020150493401 (4958-2018) 15 Expediente 11001-03-25-000-2018-01169-00 (4045-2018)Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 de 29 de mayo de 202416 y de 9 de julio de 202417, dictadas por importancia jurídica, emitió un cambio jurisprudencial, concluyendo que la pensión gracia debe ser reconocida siempre que se cumpla la totalidad de los requisitos contemplados en la ley para el efecto, y especialmente se refirió al requerimi ento de los 20 años de servicios.

36. En la mentada sentencia de 29 de mayo de 2024 , analizó la postura jurisprudencial que venía avalando la posibilidad de reconocer la pensión gracia con tan solo la acreditación de las 3/4 partes del tiempo de servicio exigido para dicha prestación, es decir, con tan solo 15 años de labor educativa, an te la imposibilidad de acreditar los 20 años de servicio por invalidez o por muerte.

37. Así, luego de un estudio del contexto histórico y social en el que se creó la pensión gracia; del objeto, alcance y requisitos de aplicación de los principios

de acreditar los 20 años de servicio por invalidez o por muerte.

37. Así, luego de un estudio del contexto histórico y social en el que se creó la pensión gracia; del objeto, alcance y requisitos de aplicación de los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad en materia laboral, sostuvo que desde un punto de v ista legal, bajo el criterio de interpretación gramatical o literal y sistemático de la norma, no se advierte la posibilidad de reemplazar la exigibilidad del tiempo de servicio, antes, se observa es la taxatividad de la obligatoriedad de acreditar el mism o. Y bajo un criterio histórico -subjetivo, la pensión gracia se enmarca en una noción de “recompensa” más no de “seguridad social”. De manera que, concluir que es posible el reconocimiento de la prestación en comento sin completar el tiempo de servicio, re sulta contrario a la motivación y finalidad que sostuvo el legislador al proferir la normativa de tal dádiva.

38. Desde un punto de vista constitucional llegó al mismo entendido anterior, considerando entonces que la exigencia de 20 años de servicios al docente retirado con ocasión al estado de invalidez o muerte no se desconocen los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad en materia laboral.

Se destaca que la contingencia de la invalidez se encuentra protegida a dichos docentes. Y además se destaca lo siguiente:

«138. Así las cosas, la exigencia para los docentes nacionalizados de completar el tiempo de servicios que ordena el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 es una carga legítima que no atenta contra el derecho a su seguridad social, incluso si dejaron de cumplir el requisito por un retiro ajeno a su voluntad, como ocurre con la declaratoria

tiempo de servicios que ordena el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 es una carga legítima que no atenta contra el derecho a su seguridad social, incluso si dejaron de cumplir el requisito por un retiro ajeno a su voluntad, como ocurre con la declaratoria de un estado de invalidez. En estos casos no cabe aplicar el principio de proporcionalidad como se hizo en la sentencia C -794 de 2002 que se refirió a los casos en que el legislador incurre en la «prohibición o interdicción del exceso», pues no hubo un cambio normativo que variara los requisitos para adquirir el derecho. Tampoco procede su invocación bajo el argumento de que el legislador incurrió en «la prohibición por defecto », porque es inexistente la omisión regulatoria que justificara una corrección con la aplicación del principio de proporcionalidad. […]

146. Así, aceptar que debe extenderse el derecho a los docentes que trabajaron tres

16 Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018) 17 Expediente 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 05221 01 (0057-2019)

Demandante: María Riveros Quevedo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 cuartas partes del servicio por razón de su invalidez o muerte, cambiaría el propósito de la ley sin sustento, puesto que ni siquiera la realidad social actual lo justifica si se tiene en cuenta que los ingresos de los docentes nacionalizados aumentaron y el

9 cuartas partes del servicio por razón de su invalidez o muerte, cambiaría el propósito de la ley sin sustento, puesto que ni siquiera la realidad social actual lo justifica si se tiene en cuenta que los ingresos de los docentes nacionalizados aumentaron y el sistema de seguridad social cubre sus contingencias de vejez, invalidez y muerte. Luego el desarrollo de la sociedad y del derecho pensional elimina la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la pensión gracia, pues la protección del docente está garantizada en el sistema pensional.»

39. De otro lado, respecto a la aplicación analógica de otras disposiciones, estimó que ello no era procedente en el caso en estudio, dado que las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y 91 de 1989 son las que regulan la pensión gracia, sin que exista ot ra prestación de esa misma naturaleza cuya normatividad pudiera tenerse en cuenta para acceder al reconocimiento con tan solo la acreditación de las 3/4 partes del tiempo de servicio; aunado a que dichas leyes con toda claridad establecen la exigencia del cumplimiento de dicho requisito. Debido a lo anterior la

Sala sostuvo:

«152. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido.»

no procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido.»

40. Más adelante, con la sentencia de 9 de julio de 2024, ya mencionada, la Sala Plena de la Sección Segunda se refirió a la hipótesis del reconocimiento de la pensión gracia cuando el educador había laborado por lo menos 18 años de servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.

41. En esa oportunidad se señaló que esta Alta Corporación ha entendido como procedente el reconocimiento de prestación en comento en la modalidad post mortem, en virtud de una aplicación analógica ante un vacío legal, así como con fundamento en los principios de favorabilidad, proporcionalidad y equidad, más no por la existencia de disposición normativa que así lo autorice.

42. Se explicó que, pese a que es posible que exista una causa común entre la pensión ordinaria y la pensión gracia, concretamente la exigencia de unos requisitos de edad y tiempo de servicio, lo cierto es que la finalidad y la forma de financiación de una y o tra no guardan similitud. Pues, la primera cubre el riesgo de la vejez mediante un ahorro programado, esto es, los aportes que realiza tanto el empleado como el empleador, en tanto que la segunda, es una dadiva o incentivo especial y gratuito a favor del