CE - Sentencia 25000234200020160235601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 25000-23-42-000-2016-02356-01 (2098-2025).

Demandante : Manuel Yasser Páez Ramírez.

Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial (DEAJ).

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.

Tema

Decisión

: Insubsistencia. Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Manuel Yasser Páez Ramírez , por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de l medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del Decreto No. 102 del Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Quince (2015), mediante el cual, se lo declaró insubsistente como Magistrado Auxiliar adscrito al despacho quinto, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

(2015), mediante el cual, se lo declaró insubsistente como Magistrado Auxiliar adscrito al despacho quinto, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

1 Expediente físico, folios 1 a 11.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reintegro al cargo que desempeñaba al momento de su retiro ; el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, salud y riesgos, dejados de percibir, desde su desvinculación, hasta la fecha que se produzca su reintegro; (ii) que se reconozcan los intereses moratorios y (iii) se condene a la demandada a pagar las costas procesales.

De manera subsidiaria solicitó el pago, a título de indemnización, de los perjuicios morales y materiales, causados con la declaratoria de insubsistencia.

1.2. Hechos.

El 28 de enero del 2014, el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño, titular del despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, nombró al demandante, en el cargo de magistrado auxiliar, tomando posesión del empleo, en la misma fecha.

El 5 de junio del año 2015 , el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño , renunció a su cargo , como titular del despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El 5 de junio del año 2015 , el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño , renunció a su cargo , como titular del despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El 15 de julio de 2015 , los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, decidieron asignar al equipo de trabajo adscrito al despacho 5º , la sustanciación de los expedientes de tutela , para someter a consideración de la Sala de Conjueces ; los cuales fueron tramitados por el personal, incluido el demandante.

El 22 de julio del 2015 , mediante Oficio No. SJ-ABH-37398, se informó a los empleados adscritos al despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura , que serían reasignados en los diferentes despachos que contaban con magistrado titular , en cumplimiento a lo ordenado en sesión de la Sala Ordinaria número 058, celebrada el mismo día.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) El demandante, fue asignado al despacho de la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, desde el 22 de julio de 2015, cargo en el que desempeñó funciones de sustanciación y proyección de fallos.

El 20 de agosto de 2015 , el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, elevó consulta jurídica ante la dirección de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con

El 20 de agosto de 2015 , el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, elevó consulta jurídica ante la dirección de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de conocer las competencias de la Sala, sobre los funcionarios adscritos al despacho 5º , argumentando que no cumplían con el horario , ni con las necesidades del servicio. El 21 de agosto de 2015, consultó ante la oficina de coordinación de asuntos interna cionales y asesoría jurídica de la Rama Judicial, con el fin de conocer las competencias de la Sala , sobre los funcionarios adscritos al despacho 5º, bajo el mismo argumento de incumplimiento de horario y necesidades del servicio.

Mediante Oficio INOJ15 -851 de 31 de agosto de 2015, la oficina de coordinación de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama Judicial, dio respuesta, indicando que, dar consultas no se encuentra dentro de su esfera de competencias, poniendo de presente, las normas referentes a la nominación, derechos y deberes de los funcionarios.

Con Oficio No. SJ -AMG 59765 de 23 de octubre de 2015, se inform ó al demandante que, mediante Decreto No. 102 de la misma fecha, se declaró insubsistente su nombramiento como magistrado auxiliar , adscrito al despacho de la doctora Martha Patricia Zea Ramos.

El demandante y otras personas, incoaron acción de nulidad electoral, frente al Acuerdo No. 089 del 21 de julio de 2015 , por medio del cual , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatur a, nombró

El demandante y otras personas, incoaron acción de nulidad electoral, frente al Acuerdo No. 089 del 21 de julio de 2015 , por medio del cual , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatur a, nombró como magistrada en provisionalidad, a la señora Martha Patricia Zea Ramos.

El 15 de diciembre de 2015 , la Sala Quinta del Consejo de Estado admit ió la demanda de nulidad electoral y declaró la suspensión provisional del AcuerdoNúmero Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) 089 de 201 5; providencia confirmada el 28 de enero de 2016 , al resolver el recurso de reposición.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 1, 2, 6 y 121. Ley 1437 de 2011, artículos 136, inciso 2º, 137, 152, 169 a 186. Ley 270 de 1996, artículos 130 y 131 numeral 4º. Decreto 2400 de 1968, artículo 26. Decreto 1950 de 1973, artículos 107 y 109.

Como concepto de violación, el apoderado del actor señaló que , el acto administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad , por cu anto la magistrada que expidió la declaratoria de insubsistencia, carecía de competencia para adoptar el pronunciamiento, tal como quedó sustentado en la suspensión provisional, dispuesta por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Adicionalmente, carecía de la facultad nominadora, al haber sido

competencia para adoptar el pronunciamiento, tal como quedó sustentado en la suspensión provisional, dispuesta por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Adicionalmente, carecía de la facultad nominadora, al haber sido nombrada en provisionalidad.

De otro lado, arguyó que , el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación y desviación de poder ; porque en su criterio, la declaratoria de insubsistencia no obedeció a la mejoría del servicio y no estuvo motivada por el interés general , sino por intereses particulares de la entonces magistrada Martha Patricia Zea, ya que , del examen de los informes de actividades elaborados por el demandante y del control de accesos al edificio del Consejo Superior de la Judicatura , se extrae que , el desempeño de sus funciones transcurrió de manera diligente y constante, obedeciendo a las demandas del cargo; además de considerar absurdo desvincular a todos los funcionarios de un despacho judicial , sin tomar en cuenta la congestión actual de la Rama Judicial, y la diligencia y cumplimiento ininterrumpido de los funcion arios desvinculados, respecto de sus funciones.

Consideró evidenciada la desviación de poder , al proferir el decreto que lo declaró insubsistente , porque de manera casi desesperada, tan pronto renunció el magistrado titular a su cargo, se inició, por parte de la dirección deNúmero Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria , toda una política tendiente a dejar sin labores a l demandante, quien fue sometido a una permanente y evidente

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria , toda una política tendiente a dejar sin labores a l demandante, quien fue sometido a una permanente y evidente presión para dejarlo sin funciones, dada la falta de reparto de expedientes para sustanciar, además de las solicitudes de concepto jurídico , elevadas ante la dirección de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ante la oficina de coordinación de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama Judicial, por el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en las cuáles se preguntaba sobre la competencia de la Sala respecto de los funcionarios adscritos al despacho 5 º, aduciendo la falta de cumplimiento de horario y necesidades del servicio, sin atender los constantes informes de actividades y solicitudes de reparto de los funcionarios a la presidencia de la sala; situación que permite entrever, los intereses particul ares y opuestos a los principios orientadores de la función pública, por parte de la magistrada que lo suscribió.

2. Contestación de la demanda2.

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que, la desvinculación del demandante obedeció a la calidad y naturaleza del nombramiento de magistrado auxiliar, el cual es de libre nombramiento y remoción.

Recalcó que, en este asunto, el nominador, que corresponde a los magistrados de la Sala Jurisdiccio nal Disciplinaria, tenía la facultad de removerlo del empleo, en virtud de la facultad discrecional ; presumiéndose legal la

Recalcó que, en este asunto, el nominador, que corresponde a los magistrados de la Sala Jurisdiccio nal Disciplinaria, tenía la facultad de removerlo del empleo, en virtud de la facultad discrecional ; presumiéndose legal la declaratoria de insubsistencia, en procura del buen funcionamiento del servicio de administración de justicia.

También descartó la desviación de poder alegada por la parte demandante, aduciendo que, las condiciones humanas y profesionales del demandante, no se tienen en cuenta en la libre remoción sino al momento del nombramiento; enfatizando en que la declaratoria de insubsistencia , no obedece a valoraciones sobre la conducta, desempeño o antecedentes del removido.

2 Expediente físico, folios 106 a 114.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Adicionalmente planteó que, el actor no señaló las razones, ni aportó las pruebas de la causal de nulidad invocada.

Concluyó que, no le es dado al actor, predicar una esp ecie de derechos adquiridos o de fuero especial por sus especiales calidades, en tanto la administración llegaría a la situación de encontrarse impedida para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción y llegaría a la “inconveniente y peligrosa circunstancia del inmovilismo”.

3. Sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo de C undinamarca, Sección Segunda – Subsección B, mediante sentencia proferida el Veintidós (22) de mayo de Dos Mil

3. Sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo de C undinamarca, Sección Segunda – Subsección B, mediante sentencia proferida el Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, sin fijar condena en costas.

En sustento de su decisión, indicó que, el cargo de magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura , es de libre nombramiento y remoción, lo que conlleva a que, una de las causales de retiro del servicio, es la declaratoria de insubsistencia del nombramiento; cuya competencia radica en el titular del despacho.

Advirtió que, aunque no se encuentra en el expediente, el acto administrativo que nombró a la magistrada Martha Patricia Zea Ramos, que demuestre que fue titular del despacho 05 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, varias piezas procesales , dan cuenta que al momento d e la expedición del acto demandado, tenía la calidad de nominadora; concluyendo que, dentro de sus competencias, se encontraba la de declarar insubsistente el nombramiento de las personas que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción en el despacho; descartando la falta de competencia.

Frente al cuestionamiento relativo a la legalidad del nombramiento de la

3 Expediente físico, folios 271 a 283.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) señora Martha Patricia Zea Ramos , en el cargo de magistrada del Consejo

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) señora Martha Patricia Zea Ramos , en el cargo de magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, adujo que, dicho acto no fue demandado y si bien se allegó el auto admisorio de la demanda, de 15 de diciembre de 2015, en el proceso con radicado 11001032800020150004600, en el que se declaró la suspensión provisional del nombramiento de la magistrada y el auto que confirmó la medida cautelar, de 28 de enero de 2016; la actuación no tiene efectos hacia el pasado, razón por la que, la declaratoria de insubsistencia del demandante, mediante el Decreto 102 del 23 de octubre de 2015, no demuestra la falta de competencia.

En cuanto a la desviación de pod er, manifestó que, debe ser probada por el actor, siendo insuficiente mencionar, que existió otro motivo diferente al buen servicio, considerando que, la prueba testimonial resulta irrelevante, en razón a que, el testigo no se encontraba vinculado a la Rama Judicial al momento de la desvinculación del demandante, limitándose a señalar que el señor Manuel Yasser Páez cumplía con el horario y con la entrega de proyectos que le asignaban, lo que en criterio del sentenciador de primera instancia, hace parte del desempeño de todo servidor público, sin que se deba derivar estabilidad, más aún en un cargo de libre nombramiento y remoción , que es de entera confianza del titular, concluyendo que no existió persecución laboral.

4. Recurso de apelación4.

más aún en un cargo de libre nombramiento y remoción , que es de entera confianza del titular, concluyendo que no existió persecución laboral.

4. Recurso de apelación4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación, aduciendo que, contrario a lo manifestado por el juzgador de primera instancia, en el expediente sí quedó demostrada la falta de competencia de quien profirió el acto administrativo demandado; considerando q ue, se omitió valorar que el nombramiento de la señora Martha Patricia Zea Ramos , no fue realizado por la Sala Plena, como exige la Ley 270 de 1996, y por tanto, nunca adquirió plena competencia como magistrada titular, lo que vicia de nulidad el acto que expidió.

4 Expediente físico, folios 291 a 293.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Aseguró que, cuando un funcionario es designado por persona o corporación que no tiene facultad ni competencia para hacerlo, el acto es inexistente, no tiene presunción de legalidad, ni fuerza de ejecutoria y no se requiere una ‘anulación formal’, por la jurisdicción contencioso administrativa, precisamente por no producir efectos; de lo que se deduce que cualquier juez, al observar la causal, puede restaurar los derechos de quien fue perjudicado por la decisión del incompetente, pues lo inexistente no produce ningún efecto, porque de lo contrario, sería atribuirle un efecto de existencia y prolongar en el tiempo, el abuso que comete quien fue designado por quien carecía de competencia para hacerlo.

del incompetente, pues lo inexistente no produce ningún efecto, porque de lo contrario, sería atribuirle un efecto de existencia y prolongar en el tiempo, el abuso que comete quien fue designado por quien carecía de competencia para hacerlo.

Concluyó que, el planteamiento fue avalado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al momento de disponer la terminación del proceso de nulidad electoral, sin que se esté convalidando la legalidad en las decisiones que adoptó la señora Martha Patricia Zea Ramos, sino que, por economía procesal, el juez electoral, terminó el proceso, pues la renuncia impide que ella siga actuando.

Consideró que, el Tribunal se equivocó al negar las peticiones de la demanda, por establecer que la suspensión provisional del nombramiento de la doctora Zea Ramos no produce efectos desde el inicio de la asunción de su cargo, por cuanto la falta de competencia es absoluta y no existe disposición que le dé validez a los actos de quien ha sido irregularmente nominada y posesionada, por un funcionario o funcionarios que carecen de competencia para hacerlo.

Agregó que, la suspensión provisional como medida preventiva, no puede entrar en la distinción, si sus efectos son ex nunc o ex tunc, pues ella se aplica a todos los actos administrativos viciados de cualquier clase de nul idad, para prevenir daños, perjuicios o irregularidades mayores sobrevivientes, indistintamente si la causal es ausencia de competencia, irregularidad en la expedición, falsa motivación o desviación de las atribuciones; arguyendo que, de las causales de nu lidad de los artículos 137 y 138 del CPACA, se deduce si se requiere la declaratoria de nulidad , o simplemente el acto no produce

expedición, falsa motivación o desviación de las atribuciones; arguyendo que, de las causales de nu lidad de los artículos 137 y 138 del CPACA, se deduce si se requiere la declaratoria de nulidad , o simplemente el acto no produce efectos y por ende no ata a ningún juez de la república, para reconocer esa inexistencia.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Aseguró que, conforme a la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida dentro del expediente 0294 -14, si bien, los actos administrativos que declaran la insubsistencia de servidores públicos de libre nombramiento y remoción, no tienen una motivación literal consignada en los mismos, lo cierto es que las motivaciones que le dieron lugar y sus finalidades, se deben evidenciar y extraer de los hechos que le sirvieron de causa, por lo que el Tribunal Administrativo debió estudiar la causal de falsa motivación en la sentencia recurrida, preguntándo se si , los hechos que sirvieron de causa a la insubsistencia del demandante, respondieron a un uso razonable de la discrecionalidad del nominador.

Frente a la desviación de poder, destacó que, el testimonio del señor Óscar Iván Vásquez Ramírez, describió un patrón de persecución institucional, contra los funcionarios del despacho 5º, tras la salida del magistrado Osuna, en el que se evidenció que, todos los miembros de ese equipo fueron desvinculados o reubicados, y que el demandante siguió cumpliendo sus funciones con idoneidad, sin antecedentes disciplinarios.

que se evidenció que, todos los miembros de ese equipo fueron desvinculados o reubicados, y que el demandante siguió cumpliendo sus funciones con idoneidad, sin antecedentes disciplinarios.

Enfatizó en que, el acto administrativo de insubsistencia carece de cualquier motivación objetiva, en tanto la demandada no probó razones relacionadas con el desempeño o que dejaran entrever la necesidad de mejoría del servicio, como tampoco acreditaron razones relacionadas con el cumplimiento de los principios propios del Estado y de la función administrativa, sino una retaliación institucional y depuración del equipo de trabajo del magistrado Nést or Osuna Patiño, tras su renuncia.

Arguyó que, el volumen de trabajo asignado al Despacho 5° de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, era notoriamente superior al de los demás despachos que conformaban dicha Sala, como consecuencia del represamiento de expedientes , derivado de la renuncia del magistrado titular Henry Villarraga, quien dejó un significativo número de procesos sin tramitar ni sustanciar; carga judicial acumulada que generó que, para el momento de la renu ncia del doctor Osuna, el Despacho contara con múltiples procesos próximos a prescribir, lo que evidencia que la decisión de desvincular al equipo técnico y jurídico asignado a su trámite,Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) dentro del cual se encontraba el demandante, no pudo obedecer a raz ones fundadas en la mejoría del servicio, máxime cuando resultaba contrario al

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) dentro del cual se encontraba el demandante, no pudo obedecer a raz ones fundadas en la mejoría del servicio, máxime cuando resultaba contrario al principio de eficiencia administrativa, prescindir de personal capacitado, en un contexto de alta congestión judicial.

Advirtió una persecución funcional e institucional, impul sada desde la Presidencia de la Sala, donde se elevaron múltiples solicitudes y consultas jurídicas a dependencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en busca de sustento normativo que permitiera justificar la remoción de los funcionarios adscritos a dicho despacho; sustentadas en afirmaciones falaces sobre incumplimientos en el horario laboral y supuestos déficits en el cumplimiento de funciones, extremos que fueron desvirtuados con el contenido mismo de las consultas allegadas al expediente, y que dejan al descubierto, la intención real de excluir al personal vinculado al proyecto institucional del doctor Osuna.

Puso de manifiesto, la brevedad del término transcurrido entre la posesión de la magistrada Martha Patricia Zea Ramos y la exp edición del acto de insubsistencia del demandante —apenas dos días —, lo que impide concluir razonablemente, que existió una valoración objetiva y suficiente sobre el desempeño laboral del funcionario, así como sobre la conveniencia institucional de su permanencia en el cargo.

Indicó que este hecho permite inferir que, la verdadera finalidad del acto, no fue garantizar la eficacia del servicio, sino remover a un servidor público, por razones ajenas al mérito y la gestión institucional, en tanto el actor in tegraba

Indicó que este hecho permite inferir que, la verdadera finalidad del acto, no fue garantizar la eficacia del servicio, sino remover a un servidor público, por razones ajenas al mérito y la gestión institucional, en tanto el actor in tegraba el equipo de confianza del doctor Osuna, cuyo proyecto jurídico y enfoque disciplinario, difería notoriamente de otros miembros de la Sala, lo que enrostra que, la decisión de insubsistencia , obedeció a intereses particulares de quienes promovieron el nombramiento de la doctora Zea Ramos, y no al cumplimiento de los fines constitucionales de la función pública.

Finalizó manifestando que, el demandante tenía buen rendimiento, informes entregados, cumplimiento de horario y sin antecedentes negativos, lo que elimina cualquier indicio de mal servicio.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial (DEAJ)

5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) 5, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.

No obstante, el apoderado de la Rama Judicial allegó escrito de oposición al recurso de alzad a6, en el que solicitó confirmar la decisión de instancia, insistiendo en la competencia de quien expidió el acto administrativo de

No obstante, el apoderado de la Rama Judicial allegó escrito de oposición al recurso de alzad a6, en el que solicitó confirmar la decisión de instancia, insistiendo en la competencia de quien expidió el acto administrativo de insubsistencia, descartando la falsa motivación y la desviación de poder, en virtud de la naturaleza del cargo que ostentaba el demandante y la ausencia de pruebas que respalden el cargo de nulidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) , se precisa que en esta instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si, se debe declarar la nulidad del Decreto 102 de 23 de octubre de 2015, por medio del cual, se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Manuel Yasser Páez Ramírez, como magistrado auxiliar del Despacho 5 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por haber sido expedido con falta de competencia, falsa motivación y desviación de poder.

5 Expediente digital – índice 00004 de Samai. 6 Expediente digital – índice 00010 de Samai.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración

6 Expediente digital – índice 00010 de Samai.Número Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Material probatorio y 2.3.

Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial. 2.1.1. De la falta de competencia en la expedición del acto administrativo.

El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, establece que el medio de control de nulidad procederá cuando los actos «hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. [...]».

Por su parte, el artículo 138 ibidem, establece que , el medido de control de nulidad y restablecimiento del derecho, procede, por las mismas causales dispuestas en la norma que antecede.

La competencia para manifestar la voluntad de la administración se deriva de los artículos 6 y 123 de la Constitución P olítica, conforme con los cuales los servidores públicos (i) son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, así como por la omisión en el ejercicio de sus funciones; y (ii) deberán ejercer sus funciones en la forma previst a por la Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 489 de

Constitución y las leyes, así como por la omisión en el ejercicio de sus funciones; y (ii) deberán ejercer sus funciones en la forma previst a por la Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 489 de 1998 dispuso que, los organismos y entidades administrativas deben ejercer sus potestades y atribuciones de manera directa y respecto de los asuntos que se les haya asi gnado expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento.

Al ser un parámetro indispensable para el ejercicio de los deberes de la administración, cuando se trata de la expedición de actos administrativos, únicamente será el funcionario habilitado para ello quien exteriorice la voluntad de crear, extinguir o modificar una situación jurídica, así como para impartir lineamientos u orientaciones frente a un determinado asunto.

Es por ello que la competencia hace parte de los elementos esenciales de validez del acto administrativo, pues la decisión, lineamiento u orientación soloNúmero Interno: 2098-2025

Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) podrá ser adoptada por el funcionario o la autoridad pública habilitada legalmente para tal fin. Así lo ha puntualizado esta Corporación7:

«La Sala recuerda, con apoyo en la doctrina, que la competencia como elemento de validez del acto administrativo , esto es, como presupuesto de regularidad jurídica de dicha manifestación estatal, es desde un punto de vista activo la aptitud o autorización que tiene todo funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido asignadas,

regularidad jurídica de dicha manifestación estatal, es desde un punto de vista activo la aptitud o autorización que t