CE - Sentencia 25000234200020170620601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022) Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto Demandado: Nación (Fiscalía General de la Nación)

Tema: Supresión del cargo de carrera desempeñado en provisionalidad. Reestructuración administrativa motivada en el cumplimiento del Acuerdo Final para la Implementación de una Paz Estable y Duradera. Inexistencia del fuero de salud alegado, por falta de demostración probatoria. Los hechos posteriores a la expedición del acto administrativo no configuran causales de nulidad. Se confirma la sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Jorge Humberto Coronado Puerto instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017

control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 y el Oficio 22 del 30 de junio de 2017, mediante los cuales se redistribuyeron los cargos de la planta de personal de la entidad y se le informó la supresión del cargo en el que se desempeñaba.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al servicio en el cargo que desempeñaba al momento de su retiro, o en uno de igual o superior categoría; el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás haberes laborales legales y convencionales dejados de percibir desde la fecha de de svinculación hasta la efectiva reincorporación; la declaración de que no existió solución de continuidad; y el reconocimiento de los aportes a seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales dejados de efectuar durante dicho período. Igualmente, pidió el pago de los intereses causados a la tasa máxima legal autorizada, conforme al artículo 192 del CPACA, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia; el pago integral de los perjuicios, actualizados según la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, o en la forma más beneficiosa para el afectado, conforme a la misma norma; así como la condena en costas, gastos del proceso y agencias en derecho a cargo de la Fiscalía General de la Nación.2

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022)

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto

3. El demandante sostuvo que el Oficio No. 22, mediante el cual se le notificó la

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022)

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto

3. El demandante sostuvo que el Oficio No. 22, mediante el cual se le notificó la supresión de su cargo, no se ajusta a la realidad, toda vez que el Decreto Ley 898 de 2017 no dispuso expresamente la eliminación de la Fiscalía 62 de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal del Distrito de Bogotá, sino que únicamente planteó, de manera general, la supresión de 73 Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de Distrito.

4. Alegó que en el proceso de definición de la nueva planta de personal de la Fiscalía General de la Nación no se llevó a cabo un estudio técnico orientado a mejorar el servicio que sustentara la distribución de cargos.

5. Identificó nueve personas que, a su juicio, no debieron ser designadas en cargos de la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 2358 de 2017, con el argumento de que no ejercían funciones relacionadas con la titularidad de la acción penal, requisito que —según indicó— debía cumplirse para ser incorporado en la nueva planta de personal.

6. De forma similar, el demandante relacionó 39 funcionarios que, al igual que él, se encontraban vinculados en provisionalidad y no presentaban —según su afirmación — ningún elemento diferenciador frente a su situación. Con ello, sostuvo que la Resolución 2358 d e 2017 evidenciaba un ejercicio absolutamente discrecional por parte de la administración al momento de decidir su exclusión de la nueva planta de personal.

Contestación de la demanda.

7. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda,

administración al momento de decidir su exclusión de la nueva planta de personal.

Contestación de la demanda.

7. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que la supresión de cargos constituye una causal legal de retiro en el sector público, justificada en la necesidad de adecuar las plantas de personal a los requerimientos del servicio, con el fin de hacer más eficiente la función administrativa.

Agregó que, según reiterada jurisprudencia, ni los derechos de carrera ni los nombramientos en provisionalidad pueden oponerse a procesos de reestructu ración institucional, especialmente cuando estos han sido avalados por la Corte Constitucional, como ocurrió en la sentencia C-013 de 2018.

8. Sostuvo, además, que contrario a lo afirmado por el demandante, la reestructuración estuvo precedida de estudios técnicos elaborados con parámetros de razonabilidad e imparcialidad. Precisó que el buen desempeño sin sanciones penales ni disciplinarias es apenas el estándar mínimo esperado de un servidor público, por lo que no constituye en sí mismo un criterio diferenciador que imponga su permanencia.

Finalmente, concluyó que la demanda no contiene fundamentos suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, los cuales —afirmó— fueron expedidos en cumplimiento de un deber legal.

II. SENTENCIA APELADA.

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 4 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

Fundamentó su decisión en que el artículo 125 de la Constitución Política establece que3

mediante sentencia del 4 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en que el artículo 125 de la Constitución Política establece que3

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022)

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto

el ingreso y ascenso a los cargos de carrera debe hacerse previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la ley, que a su vez determina los méritos y calidades de los aspirantes. En este marco, destacó que la Ley 1654 de 2013 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, incluyendo la creación del régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.

10. Destacó que, en ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto Ley 20 de 2014, cuyo artículo 11 regula las modalidades de nombramiento: ordinario, en período de prueba, en provisionalidad y en encargo. Posteriormente, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2016, se profirió el Decreto Ley 898 de 2017, mediante el cual se creó la Unidad Especial de Investigación y se modificó la estructura organizacional y la planta de personal de la Fiscalía. El Tribunal señaló que la supresión de cargos obedeció a la necesidad de ajustar la planta de personal al modelo de justicia transicional, conforme a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz.

11. Asimismo, indicó que el Decreto Ley 898 de 2017 contó con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública y viabilidad

los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz.

11. Asimismo, indicó que el Decreto Ley 898 de 2017 contó con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública y viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y observó las pautas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018. Si bien la supresión de cargos fue adoptada de manera general por áreas y denominaciones, el Tribunal consideró que la medida respondió al deber estatal de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

12. Explicó que la Fiscal General de la Nación (e), con base en las facultades conferidas por los numerales 25 y 26 del artículo 4 del Decreto Ley 16 de 2014, expidió la Resolución 2358 de 2017, a través de la cual distribuyó los cargos de la nueva planta de personal. El artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017 otorgó al Fiscal General de la Nación competencia para reorganizar la planta conforme a las necesidades del servicio, en el marco del proceso de implementación de la justicia transicional.

13. En cuanto a los hechos acreditados en el proceso, se verificó que el demandante fue nombrado en provisionalidad mediante la Resolución 1109 de 2006 como Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito en la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, y posteriormente trasladado a Bogotá en el mismo cargo. El 1° de octubre de 2010 fue adscrito a la Fiscalía 62 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que su cargo fue suprimido en el marco de la reestructuración.

de 2010 fue adscrito a la Fiscalía 62 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que su cargo fue suprimido en el marco de la reestructuración.

14. El Tribunal destacó que, si bien el Decreto Ley 20 de 2014 reguló el régimen de

carrera de la Fiscalía, no reguló expresamente la forma de modificar la planta de personal, por lo cual debía aplicarse de manera supletoria la Ley 909 de 2004. Esta exige que las reformas estén motivadas en necesidades del servicio o razones de modernización administrativa y sustentadas en estudios técnicos, los cuales deben elaborarse con la metodología adoptada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que además debe aprobar toda modificación tratándose de entidades del orden nacional.4

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022)

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto

15. Frente a la afirmación del actor sobre la inexistencia de estudios técnicos, el Tribunal concluyó que dicha afirmación no era cierta, ya que en el expediente se encontraba el documento técnico “15-06-17 de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la ge nte” del 5 de enero de 2017, que soportó la reorganización institucional. Dicho estudio analizó el mapa de procesos, la oferta institucional, la distribución geográfica del servicio, los impactos del Acuerdo de Paz, y la estructura y planta de personal necesaria para el cumplimiento de la misión institucional. Este documento contó con el aval técnico de la Función Pública y viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.

16. En consecuencia, el Tribunal consideró que la Resolución 2358 de 2017 se

para el cumplimiento de la misión institucional. Este documento contó con el aval técnico de la Función Pública y viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.

16. En consecuencia, el Tribunal consideró que la Resolución 2358 de 2017 se encontraba debidamente motivada, ajustada al marco normativo aplicable, y que las decisiones de incorporación y reubicación de personal respetaron los derechos de

quienes ostentaban carrera o se encontraban en retén social. Precisó que el demandante no acreditó pertenecer a este último grupo y que su nombramiento en provisionalidad, vigente hasta el 30 de junio de 2017, no le confería derecho alguno a la reincorporación.

17. Frente al cargo según el cual la Resolución 2358 incorporó personas sin méritos o sin funciones relacionadas con la acción penal, el Tribunal concluyó que dichas afirmaciones no fueron probadas. Al revisar los extractos de hojas de vida y certificaciones, se verificó que las personas nombradas cumplían los requisitos legales y del manual de funciones para el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, pues todos eran abogados con más de ocho años de experiencia y venían ejerciendo funciones similares antes de la reforma.

18. En este sentido, el Tribunal concluyó que no se acreditó una desmejora en el servicio ni trato discriminatorio hacia el demandante. Aunque se probó que cumplía sus funciones sin sanciones, ello no le otorgaba estabilidad reforzada ni impedía su desvinculación como consecuencia de la supresión del cargo. Recordó que, de acuerdo

con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los funcionarios de carrera tienen tratamiento preferencial frente a las reestructuraciones, incluyendo el derecho a ser reincorporados o indemnizados. En cambio, quienes ocupan cargos en provisionalidad

con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los funcionarios de carrera tienen tratamiento preferencial frente a las reestructuraciones, incluyendo el derecho a ser reincorporados o indemnizados. En cambio, quienes ocupan cargos en provisionalidad se asimilan a los empleados de libre nombramiento y remoción, pues su designación y retiro obedecen al ejercicio de la facultad discrecional del nominador.

19. En conclusión, el Tribunal consideró que la Fiscalía General de la Nación acreditó la legalidad, motivación y finalidad legítima de los actos administrativos demandados, razón por la cual no accedió a las pretensiones y negó la nulidad solicitada. La decis ión fue notificada en debida forma.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

20. Inconforme con la decisión, el señor Jorge Humberto Coronado Puerto interpuso recurso de apelación contra la sentencia, alegando que el Tribunal incurrió en un error al considerar que el estudio técnico aportado al proceso demostraba una motivación suficiente para la supres ión de su cargo. Sostuvo que, en los casos de supresión de empleos, la motivación debe ser concreta y específica respecto del cargo afectado, lo cual implica que el estudio técnico debe justificar de manera objetiva la necesidad del5

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022) Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto servicio que fundamenta tal decisión, en relación directa con la situación particular del servidor retirado.

21. A juicio del apelante, el documento técnico valorad o por el a quo no cumplía con estas exigencias, pues no contiene una justificación individualizada que permita sostener que el acto administrativo demandado estuvo debidamente motivado. En consecuencia,

21. A juicio del apelante, el documento técnico valorad o por el a quo no cumplía con estas exigencias, pues no contiene una justificación individualizada que permita sostener que el acto administrativo demandado estuvo debidamente motivado. En consecuencia, afirmó que los actos acusados adolecen de falsa motivación, lo que constituye una causal de nulidad que debe ser declarada, con el consecuente restablecimiento del derecho a su favor.

22. Adicionalmente, cuestionó la equiparación entre el nombramiento en provisionalidad y los cargos de libre nombramiento y remoción para efectos del retiro del servicio. Indicó que los funcionarios en provisionalidad también gozan de un mínimo de estabilidad laboral, por lo que su desvinculación solo puede producirse conforme a los parámetros establecidos en la ley.

23. Finalmente, el recurrente concluyó que no era jurídicamente acertado sostener que el Fiscal General de la Nación podía ejercer discrecionalmente la facultad de decidir quiénes permanecían o no en el servicio, mediante la expedición de la Resolución 2358 de 2017, pues ello desconoce los límites legales y constitucionales que rigen el ejercicio de esa competencia.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

24. Mediante auto proferido el 26 de enero de 2023 y notificado por estado del 24 de febrero de 2023 se admitió el recurso de apelación1. La parte demandada guardó silencio frente al recurso.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos

frente al recurso.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

26. En el presente caso, la Sala evidencia el siguiente problema jurídico a resolver: ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los parámetros legales sobre motivación de los actos administrativos al considerar válida la Resolución 2358 de 2017, sin exigir una justificación concreta y particular respecto del cargo del demandante, y al

1 Índice 8 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado6

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022) Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto equiparar su nombramiento en provisionalidad con los cargos de libre nombramiento y remoción para efectos de su retiro?

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará así: se expondrá el marco normativo y jurisprudencial aplicable al retiro del servicio por supresión del cargo, con especial énfasis en el régimen de los funcionarios en provisionalidad y se valorará si la equiparación hecha por el Tribunal entre el nombramiento en provisionalidad y los cargos de libre nombramiento y remoción resultó jurídicamente admisible, a la luz del

con especial énfasis en el régimen de los funcionarios en provisionalidad y se valorará si la equiparación hecha por el Tribunal entre el nombramiento en provisionalidad y los cargos de libre nombramiento y remoción resultó jurídicamente admisible, a la luz del precedente jurisprudencial y de las garantías mínimas de estabilidad laboral aplicables.

Marco normativo y jurisprudencial. Sobre el régimen de los servidores de carrera , los empleados de libre nombramiento y remoción, empleados en provisionalidad, así como de las reestructuraciones de las entidades del Estado ( Caso especial de la Fiscalía General de la Nación).

27. El artículo 125 de la Constitución Política consagró la cláusula general del sistema

de carrera administrativa, entendido como el fundamento estructural del empleo público en el Estado colombiano. Esta disposición establece que los empleos en los órganos y entidades estatales son de carrera, salvo las excepciones expresamente previstas, entre ellas, los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y aquellos que determine la ley.

28. Por su parte, el artículo 253 superior asignó a la ley la regulación integral del régimen aplicable a la Fiscalía General de la Nación. En particular, estableció que corresponde al legislador definir lo relativo a su estructura y funcionamiento, al ingreso

por carrera y al retiro del servicio, así como a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, régimen prestacional, remuneración y disciplinario de los funcionarios y empleados de la entidad.

29. En desarrollo de lo previsto en el artículo 253 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 1654 de 2013, mediante la cual confirió

funcionarios y empleados de la entidad.

29. En desarrollo de lo previsto en el artículo 253 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 1654 de 2013, mediante la cual confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así como para expedir el régimen

de carrera y regular las situaciones administrativas de sus funcionarios.

30. En uso de estas facultades se expidió el Decreto Ley 20 de 2014 , en el que se

clasificaron los empleos y se expid ió el régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.

31. El artículo 5 del Decreto Ley 20 de 2014 establece que, salvo las excepciones expresamente contempladas, los empleos de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto

Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera. A su vez, el artículo 7 realiza la agrupación de empleos de la entidad, entre los cuales se encuentran:7

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022) Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto “1. Grupo de Fiscalía . Estará integrado por los empleos, de cualquier nivel jerárquico y denominación, que tienen asignadas funciones relacionadas con el ejercicio de la acción y el proceso penal a cargo de la entidad. Para el ingreso y en su desempeño exigen la aplicación de procedimi entos y técnicas especiales y pertenecen a la planta de Fiscalías.”

32. Por su parte, el artículo 11 del citado decreto regula las clases de nombramiento que se pueden efectuar en la entidad, entre las cuales regula puntualmente en su numeral

pertenecen a la planta de Fiscalías.”

32. Por su parte, el artículo 11 del citado decreto regula las clases de nombramiento que se pueden efectuar en la entidad, entre las cuales regula puntualmente en su numeral 3° los nombramientos en provisionalidad y en su numeral 4°los nombramientos en encargo.

33. Respecto de los nombramientos en provisionalidad, dispone que están facultados

para p roveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa. Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección.

34. En cuanto a los nombramientos en encargo, el Decreto Ley 20 de 2014 establece que estos pueden ser utilizados para proveer, de manera temporal o definitiva, empleos

de carrera o de libre nombramiento y remoción que se encuentren vacantes. Esta figura debe aplicarse conforme a las disposiciones que regulan las situaciones administrativas del personal de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.

35. El artículo 96 del Decreto Ley 20 de 2014 establece las causales de retiro del servicio para el personal de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de estas, el numeral 7º contempla expresamente la supresión del empleo, lo que constituye una causa legal de desvinculación cuando responde a procesos de reestructuración institucional debidamente justificados.

36. Respecto de la causal de retiro por supresión del empleo, el artículo 103 del

de desvinculación cuando responde a procesos de reestructuración institucional debidamente justificados.

36. Respecto de la causal de retiro por supresión del empleo, el artículo 103 del Decreto Ley 20 de 2014 dispone expresamente que los servidores con derechos de

carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.

37. Teniendo en cuenta estas normas del régimen de carrera administrativa de la Fiscalía General de la Nación, corresponde complementar el marco normativo aplicable haciendo consideración de que a partir del acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC -EP, se fijó una serie de objetivos para diferentes entidades del Estado, los cuales implicaron cambios estructurales, ello en aras de consolidar una paz estable y duradera.8

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022)

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto

38. En ese contexto, parte del acuerdo incluyó implementar la Unidad Especial de Investigación2 para la cual el legislador profirió el Acto Legislativo 01 de 20163, el cual en su artículo 2.° confirió al Presidente de la República facultades para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

39. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2016 y en cumplimiento de los

y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

39. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2016 y en cumplimiento de los deberes adquiridos con el acuerdo de paz, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 , que creó la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de la Nación, modificando la estructura de su planta de personal.

40. En este orden de ideas, el artículo 59 decretó la supresión de varios cargos, entre los cuales se incluyeron 291 cargos de Fiscal Delegado Ante Jueces Penales De Circuito

Especializados.

41. En virtud de la aplicación del artículo transitorio de la Constitución Política añadido por el Acto Legislativo 01 de 2016, la Corte Constitucional mediante la sentencia C -013 del 14 de marzo de 2018 realizó un análisis de exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017, precisando que este precepto se ajustaba a la norma superior, pero condicionando la exequibilidad del artículo 62 a la prevalencia de los derechos laborales de los servidores que cumplan los presupuestos del retén social.

42. Corresponde destacar que el artículo 63 del Decreto Ley analizado, otorgó al Fiscal General de la Nación la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos de conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.

43. En virtud de la facultad expresamente conferida, la Fiscal General de la Nación (E) expidió la Resolución 2358 de 2017 , con la cual distribuyó los cargos de la planta de

la Entidad.

43. En virtud de la facultad expresamente conferida, la Fiscal General de la Nación (E) expidió la Resolución 2358 de 2017 , con la cual distribuyó los cargos de la planta de personal identificando los empleos y los servidores que los ocuparían.

44. Con lo anterior, se delimita el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la reorganización de la Fiscalía General de la Nación , así como los límites y motivaciones de la supresión de cargos prevista en el Decreto Ley 898 de 2017.

Corresponde establecer en el caso concreto, si el demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, mediante la demostración

2 Unidad cuya finalidad dentro del acuerdo es el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que am enacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. 3 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.9

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06206-01 (4670-2022) Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto de una falsa motivación en la decisión que dispuso su retiro del servicio activo por supresión del cargo.

Caso concreto.

Demandante: Jorge Humberto Coronado Puerto de una falsa motivación en la decisión que dispuso su retiro del servicio activo por supresión del cargo.

Caso concreto.

45. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, al no evidenciarse ningún error en el análisis realizado por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso del señor Jorge Humberto Coronado Puerto, en la medida que se encuentra suficientemente acreditado que la supresión del cargo se produjo con fundamento en estudios técnicos previos, en cumplimiento de un programa de reorganización institucional.

46. La decisión de suprimir los cargos y desvincular al demandante se adoptó con base en las necesidades del servicio dentro de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso de reorganización institucional derivado del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo Final celebrado con la entonces guerrilla de las FARC-EP.

47. La Sala no comparte las apreciaciones del recurrente, según las cuales los estudios técnicos deben elaborarse de manera casuística, cargo por cargo, para que se entienda cumplido el deber de motivación de la Resolución 2358 de 2017. Sobre este punto, esta Co rporación ha señalado en reiteradas ocasiones que, tratándose de procesos de reestructuración institucional de amplia cobertura, la motivación puede estar contenida en documentos de carácter general que sustenten, con base en criterios técnicos y objetiv os, la necesidad del rediseño organizacional y la supresión de determinados empleos, sin que sea exigible una justificación individualizada para cada

uno de ellos:

contenida en documentos de carácter general que sustenten, con base en criterios técnicos y objetiv os, la necesidad del rediseño organizacional y la supresión de determinados empleos, sin que sea exigible una justificación individualizada para cada u