CE - Sentencia 25000234200020180105902 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

Demandado: Procuraduría General de la Nación1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Manuel Santana García Yepes presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de l Oficio SG 6576 del 15 de septiembre de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de l Oficio SG 6576 del 15 de septiembre de 2017 proferido por la PGN en el que negó el reconocimiento de la prima especial de servicio en cuantía del 30% del salario básico y la reliquidación de las prestaciones

1 En adelante PGN. 2 La demanda fue presentada el 16 de mayo de 2018. Folio 30 del expediente. 3 En adelante CPACA.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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sociales a las que tiene derecho por haberse desempeñado como procurador judicial I.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 10 de octubre de 2008 hasta el 15 de julio de 2009 y del 11 de marzo de 2010 en adelante, mientras siga desempeñando el cargo que le da derecho a los siguientes emolumentos: a) la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en cuantía del 30% del ingreso salarial mensual ; y b) las cesantías , intereses a las cesantías, prima especial, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación judicial, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial y demás prestaciones que se calculen con base en el salario ; ii) la indexación del valor de la condena; iii) el pago de los intereses comerciales y moratorios que se causen desde la ejecutoria de la sentencia; y iv) el pago de costas y agencias en derecho.

1. la indexación del valor de la condena; iii) el pago de los intereses comerciales y moratorios que se causen desde la ejecutoria de la sentencia; y iv) el pago de costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Manuel Santana García Yepes se vinculó a la Procuraduría General de la Nación como procurador 63 judicial I administrativo de Barranquilla, Atlántico, desde el 10 de octubre de 2008 hasta el 15 de julio de 2009 y como procurador 16 judicial I para asuntos laborales de Girardot, Cundinamarca, desde el 11 de marzo de 2010 y hasta, por lo menos, la fecha de radicación de la presente demanda.

3.2. El 29 de marzo de 2017 solicitó ante la PGN el reconocimiento de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía del 30% de su asignación mensual y la reliquidación de todas las prestaciones sociales percibidas.

3.3. La PGN profirió el Oficio SG 6576 del 15 de septiembre de 2017 mediante el cual negó la anterior solicitud.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 55, 55 y 58 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 1 de la Ley 270 de 1996; 1 de la Ley 476 de 1998; y la Ley 332 de 1996.

Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 1 de la Ley 270 de 1996; 1 de la Ley 476 de 1998; y la Ley 332 de 1996.

4 Folios 3 al 5 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

5.1. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 2 de abril de 2009 6 indicó que la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe reconocerse como un porcentaje adicional al salario básico y no como parte integrante de este, de modo que no debe ser restada de dicho monto.

5.2. De acuerdo con lo anterior y con la forma errónea en la que el gobierno nacional interpretó el artículo 14 ibidem, a los servidores públicos beneficiarios de dicha prestación se les ha pagado un salario desmejorado al imputar el 30% de la asignación básica salarial como si se tratara de la prima especial de servicio, lo que ha generado que la liquidación de los demás emolumentos que se calculan a partir del valor del salario básico se haya pagado en una cuantía inferior a la que corresponde.

1.2. Contestación de la demanda

6. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se

expresan a continuación7:

6.1. Los pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales se adecúan al

1.2. Contestación de la demanda

6. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se

expresan a continuación7:

6.1. Los pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales se adecúan al régimen salarial y a los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional, de modo que la entidad se ha limitado a dar cumplimiento a las normas correspondientes pues no tiene la potestad de modificar los salarios de sus servidores.

6.2. La prima especial de servicios no es factor de salario y en consecuencia no puede hacer parte de la base de liquidación de otras prestaciones sociales. Los derechos reclamados por el demandante se encuentran prescritos y operó la caducidad en relación con la liquidación del auxilio de cesantías.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las

5 Folios 20 al 28. 6 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). 7 Folios 61 al 62 reverso.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

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pretensiones de la demanda. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

«PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente Nº 2007 -0087-00. CP. Dra. MARIA

«PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente Nº 2007 -0087-00. CP. Dra. MARIA CAROLINA RODRÍGUEZ RUÍZ, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de

SEGUNDO. -Declarar la nulidad del Oficio No. SG No006576 del 15 de septiembre de 2017, expedido por la Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales se negó al demandante los derechos laborales reclamados, en razón a que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido de que dichos salarios fueron liquidados sobre el 70% de su salario básico, para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se debe sumar al salario y en cuanto a las prestaciones sociales, deben ser liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin lugar a detraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado.

CUARTO [sic]: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto a las sumas causadas antes del 29 de marzo de 2014 y sólo reconocerá el pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho el demandante, a partir del 29 de mar zo de 2014 y, atendiendo el cargo que desempeñaba o ejercía el demandante durante ese periodo y hasta la fecha en que funja o fungió en el respectivo

pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho el demandante, a partir del 29 de mar zo de 2014 y, atendiendo el cargo que desempeñaba o ejercía el demandante durante ese periodo y hasta la fecha en que funja o fungió en el respectivo cargo.

QUINTO: Condenase a la Nación – Rama Judicial a pagarle al demandante Manuel Santana García Yepes, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados a partir del 29 de marzo de 2014 atendiendo el cargo que desempeñaba o ejercía durante ese periodo y hasta la fecha en que funja o fungió en el respectivo cargo, sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin lugar a detraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual, si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado. Siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que ocupó el demandante en el periodo su pra relacionado. Precisándose, además, que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto 610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 8 0% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a

del decreto 610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 8 0% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que la prima especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto enRadicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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la parte motiva de este proveído.

SEXTO. Niéguense las demás pretensiones de la demanda. […] DÉCIMO PRIMERO: Sin condena en costas. […]» [sic].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:

8.1. De acuerdo con las sentencias del Consejo de Estado 9 la prima especial de servicio creada por medio del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe pagarse de manera adicional al salario , por lo que el demandante tenía derecho a recibir la asignación básica mensual decretada anualmente por el gobierno nacional más el 30% de dicho rubro que corresponde a la mencionada prestación.

8.2. La entidad demandada debe reconocer las diferencias surgidas entre lo pagado y lo que en derecho correspondía, con la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales cuyo pago fue calculado con base en el 70% del salario básico y no el 100% como corresponde. Sin embargo, hay lugar a declarar la prescripción

y lo que en derecho correspondía, con la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales cuyo pago fue calculado con base en el 70% del salario básico y no el 100% como corresponde. Sin embargo, hay lugar a declarar la prescripción trienal de las mesadas causadas antes del 29 de marzo de 2014, con ocasión de la fecha de la reclamación administrativa que ocurrió el 29 de marzo de 2017.

8.3. No hay lugar a declarar la caducidad del medio de control en relación con la reclamación de las cesantías porque dicho fenómeno no puede predicarse cuando el vínculo laboral sigue vigente, tal como lo ha considerado en Consejo de Estado en su jurisprudencia10.

1.4. El recurso de apelación

9. La PGN presentó recurso d e apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia de acuerdo con las siguientes razones11:

9.1. El fallo recurrido incurrió en incongruencia , pues la decisión se basó en las sentencias del 29 de abril de 2014 12 y 2 de septiembre de 2019 13 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se concluyó que la prima especial de servicio solo es factor de salario para la liquidación de l os

8 Documento 16 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai. 9 Sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07) y sentencia

del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). 10 Sentencia del 13 de febrero de 2014, radicado 66001-23-31-000-2011-00117-01 (‘798-2013). 11 Folios 11 al 91. 12 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). 13 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

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aportes a pensión, sin embargo, dicha conclusión fue desconocida.

9.2. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ser revocada o modificada en el sentido de indicar que la prima especial de servicio no tiene carácter salarial.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad15.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscribe a establecer ¿si la sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia entre la parte

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscribe a establecer ¿si la sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva al resolver el presente asunto con base en las sentencias del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 17 y 2 de septiembre de 201918, pero asignarle carácter salarial a la prima especial de servicios de que trata

14 Auto en el índice 3 de Samai. 15 Constancia en el índice 7 de Samai. 16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 17 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07).

procesales deberán alegarse durante la audiencia». 17 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). 18 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

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el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992?

2.2. Marco Normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 19 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de

19 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber

desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

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la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base

Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200720, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar21».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del

20 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 21 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de

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Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, des contaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201922, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial

básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del sa lario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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fijado por el Gobierno Nacional.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)Radicado: 25000-23-42-000-2018-01059-02 (3350-2024)

Demandante: Manuel Santana García Yepes

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fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201923.

24. Asimismo, el Consejo de Estado 24 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional

reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el lite ral a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mer mado el salario de un grupo de

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018). 24 Radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00 (1686 -07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43

de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del De creto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474