CE - Sentencia 25000234200020180192402 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000234200020180192402 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
Demandante: Edison Danilo Sánchez Leyton
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Tema: Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Retiro por llamamiento a calificar servicios. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Edison Danilo Sánchez Leyton instauró demanda contra la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulida d parcial del Decreto 2 15 del 1° de febrero de 2018, por medio del cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios ; y del Acta N ro. 15 del 27 de noviembre de 2017, mediante la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al grado militar que le corresponda, en concordancia con el que ostenten sus compañeros de promoción, y al cargo que tenía u otro de igual o superior categoría. Que se declare, para todos los efectos legales, que no existió solución de continuidad en los servicios prestados.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 2 Que se ordene el reconocimiento y pago de todos los sueldos, primas, bonificaciones y demás prestaciones correspondientes al grado y cargo que ostentaba, junto con los incrementos legales, desde cuando se produjo su retiro y hasta que sea efectivamente reintegrado al servicio.
Que se condene, a título de reparación integral, a pagar la suma de 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de los daños morales, a la salud
hasta que sea efectivamente reintegrado al servicio.
Que se condene, a título de reparación integral, a pagar la suma de 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de los daños morales, a la salud y a la vida de relación, por la persecución y el acoso laboral del que fue objeto .
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios en el Ejército Nacional y fue ascendido al grado de coronel en diciembre de 2016.
Que fue nombrado jefe de estado mayor y segundo comandante de la brigada de selva 27 en Mocoa , lugar donde evidenció una serie de irregularidades administrativas, las cuales denunció ante el comandante y la justicia penal militar.
Que mediante Acta N ro. 15 del 27 de noviembre de 2017, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro.
Que fue notificado del Decreto 215 del 1° de febrero de 2018, por medio del cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo, en forma temporal y con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios , el cual obedeció a una retaliación por las denuncias que interpuso con ocasión de las situaciones de corrupción que observó.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 15, 25, 53, 122, 123,
125, 209, 217 y 253 de la Constitución Política; los artículos 1, 3, 5, 6, 67, 68, 138, 152, 156, 230, 231, 232 y 233 de la Ley 1437 de 2011; y el Decreto 1799 de 2000.
En el concepto de violación indicó que los actos demandados se expidieron de forma irregular, con desviación de poder y falsa motivación. Que la primera causal de nulidad se configuró porque no le notificaron el concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional , porque la negativa a suministrar las actas que contenían las razones que sustentaban la recomendación de retiro del servicio fue una actitud arbitraria.
Que la segunda causal de nulidad ─desviación de poder─ se configuró ya que los actos acusados dieron cuenta que la entidad no se inspiró en razones de legalidad, sino que el fin perseguido se orientó a castigarlo. Que era claro que la decisión de retirarlo de la institución no respondió a un mejoramiento del servicio, pues su hoja de vida daba cuenta de la excelente trayectoria que desempeñó.
Que la tercera causal de nulidad ─falsa motivación─ se configuró dado que la declaratoria de insubsistencia de un funcionario inscrito en carrera debe motivarse.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió en auto del 13 de diciembre de 201 81. El Ministerio de
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió en auto del 13 de diciembre de 201 81. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones. Indicó que su actuación se sujetó a lo preceptuado por las normas aplicables al caso. Que el buen desempeño de las tareas encomendadas constituye un deber de los miembros de las fuerzas armadas.
Que los actos demandados no están viciados y que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios no exige motivación alguna . Propuso , como excepción, la de inepta demanda respecto a la pretensión de nulidad parcial del Acta Nro. 15 del 27 de noviembre de 2017 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, al no tratarse de un acto administrativo definitivo 2.
Mediante auto del 18 de noviembre de 2021 se declaró probada, parcialmente, la excepción de inepta demanda3, decisión que fue recurrida por la parte demandante. El Consejo de Estado, en providencia del 12 de septiembre de 2022, confirmó la decisión4.
En providencia del 12 de octubre de 2023, decidió impartírsele al proceso el trámite de sentencia anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas 5. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veinticinco (25)
apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) , negó las pretensiones. Expresó en relación con la falsa motivación y desviación de poder, que el acto acusado no estaba viciado de nulidad por estos presupuestos, en la medida que la decisión de llamar a calificar servicios se fundamentó objetivamente y no obedeció al arbitrio o al ejercicio desproporcionado de la facultad discrecional de la autor idad competente.
Que se demostró que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares recomendó, en sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2017, registrada en Acta N ro. 15, el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios de conformidad con la facultad conferida en el Decreto Ley 1790 de 2000, por lo que el demandante no p odía alegar que obedeció a percepciones subjetivas o sin fundamento alguno.
Que el hecho de que el accionante presentara una excelente hoja de vida no le generaba fuero de estabilidad en el empleo y, por lo tanto, no limitaba el poder de libre remoción para el retiro, porque el buen desempeño es un estándar que se exige de todo servidor público. Que debía tenerse en cuenta que la estructura jerárquica de la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende, se restringe, progresivamente, el número de cupos y, por lo tanto, no todos los oficiales
1 Véase el folio 319. 2 Véanse los folios 330-342.
restringe, progresivamente, el número de cupos y, por lo tanto, no todos los oficiales
1 Véase el folio 319. 2 Véanse los folios 330-342. 3 Véanse los folios 407-413. 4 Véanse los folios 427-431. 5 Véanse los folios 448-449.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 4 que tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles.
Que la decisión se expidió con base en la calificación de servicios, potestad que se asume proferida por el presidente de la República con fundamento en las normas invocadas en el acto y en beneficio de su misión constitucional y legal, por lo que se presume ajustad a a derecho, debiendo acreditarse lo contrario para obtener la declaratoria de nulidad. Que en el caso concreto no se demostraron otros fines en que incurrió la Administración al adoptar la decisión acusada, o con algún motivo o fin específico ajeno al interés del servicio público, o fuera de las atribuciones otorgadas por la ley6.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demand ante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que no compartía la parte motiva de la sentencia recurrida, por cuanto era contraria a la motivación del acto administrativo de retiro , el cual carecía de sustento en razones objetivas y hechos ciertos.
Que de las consideraciones expuestas por el Tribunal emerg ía la omisión del
motivación del acto administrativo de retiro , el cual carecía de sustento en razones objetivas y hechos ciertos.
Que de las consideraciones expuestas por el Tribunal emerg ía la omisión del estudio integral de los hechos y razones de la demanda, en especial , lo referente a la violación del Decreto 1799 de 2000, qu e además de encontrarse vigente, corresponde al desarrollo del artículo 125 de la Constitución , que implica el mérito que deben tener los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos.
Que su desvinculación sí fue producto de un acto de retaliación, porque sus denuncias conllevaron el inicio de investigaciones administrativas, sancionatorias y penales contra miembros del Ejército Nacional en grados superiores e inferiores, quienes admitieron que su llamamiento a calificar servicios se deb ió a las actuaciones que surtió para poner de presente la corrupción que se estaba gestando.
Que no se podía desconocer su situación real y dar otro sentido a la facultad discrecional de llamamiento a calificar servicios, pues fue retirado a solo un año de haber ascendido al grado de coronel y le faltaban cuatro años para ser convocado al próximo curso de ascenso, por lo que su retiro: no se dio para garantizar la renovación del personal porque no era época de ascensos para su curso; no tenía por finalidad la de permitir el ascenso o continuación en carrera administrativa a otros funcionarios de su misma promoción que estaban peor calificados en la escala establecida por el Decreto 1799 de 2000 . Que tampoco obedeció al mejoramiento del servicio público, porque no solo estaba mejor calificado que la mayoría de sus compañeros, sino que además desempeñó funciones propias de un general en el momento que fue llamado a calificar servicios.
del servicio público, porque no solo estaba mejor calificado que la mayoría de sus compañeros, sino que además desempeñó funciones propias de un general en el momento que fue llamado a calificar servicios.
Que los vicios de falsa motivación y desviación de poder sí se demostraron. Que el Tribunal incurrió en indebida valoración probatoria porque negó, arbitrariamente, las pruebas documentales aportadas como sobrevi nientes, ya que en la relación probatoria que se hizo en el fallo no incluyó algunas de las pruebas, entre esas, las aportadas el 5 de octubre de 2023, por lo que no es de recibo que haya negado las
6 Véanse los folios 478-489.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 5 pretensiones sin un análisis riguroso y completo del acervo probatorio, con el cual se demostraron los vicios alegados en la expedición del acto administrativo demandado7.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el Decreto 215 del 1° de febrero de 2018, se ajustó al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, fue expedido con falsa motivación y desviación de poder.
Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual se confirió al presidente facultades extraordinarias para, entre otras, expedir las normas de carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares . De conformidad con esas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto 1790 de 2000 que, en su artículo 2°, reglamentó el régimen especial de la carrera profesional de los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
El decreto citado, en su Título IV, regula, entre otras situaciones, la de retiro, al siguiente tenor:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y
de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7 Véanse los folios 496-516. 8 Véase a índice 3 de SAMAI.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 6 El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.
ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
[…]
ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro» (subrayas fuera de texto).
Dichas normas no imponen a la Administración el deber de motivar o justificar, expresamente, las razones por las cuales determina el retiro por llamamiento a calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la medida en que su trámite está reglado.
Sobre el punto, la jurisprudencia ha reiterado que realizar cuestionamientos basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera la orden de desacuartelamiento, no tiene la virtud de generar fuero de estabilidad laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o , incluso, controlar el ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder todos los miembros de las fuerzas militares por lo limitado de sus cupos y las
de procurar el mejor servicio público o , incluso, controlar el ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder todos los miembros de las fuerzas militares por lo limitado de sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las cuales, sin lugar a dudas, deben valorarse según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus mandos 9.
La Corte Constitucional ha indicado que la causal de desvinculación en comento se constituye en un instrumento importante para la Administración, en la medida que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de desvinculación laboral. Igualmente, sostuvo que «calificar servicios» es una:
«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no
9 En similar sentido: sentencias del 29 de junio de 2006, expediente 76001 -23-31-000-200000032-01(0313205), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-08973-01 (9020-05), C.
P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001 -23-31-000-2002-00428-01 (087111), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente 76001 -23-31-000-200501375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-03-15000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000 -23-42-0002013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 7 significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio»10.
Adicionalmente, en la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte se refirió a la motivación del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, indicando que aquella está dada expresamente por la ley y procede cuando se configuran los siguientes requisitos, a saber: i) tener un tiempo mínimo de servicios y ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la Sentencia SU -217 de 2016 se juzgó como conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se o bservan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial […]»11.
En esta sentencia, la Corte hizo énfasis en que la «[…] la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial »12; por lo que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.
decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial »12; por lo que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.
Igualmente, en la Sentencia SU-237 de 2019, la Corte sostuvo que es una facultad legítima del Gobierno nacional «[…] destinada a permitir la renovación del personal de la Policía Nacional y justificada en las necesidades del servicio, la conveniencia de la Institución y las vacantes disponibles, razón por la cual esta no puede ser ejercida con una finalidad diferente al mejoramiento del servicio, por ejemplo, como mecanismo de sanción dentro de las fuerzas militares o de policía »13.
Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 11 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 12 Ibid. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
12 Ibid. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 8 En lo que respecta a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, se ha considerado que «[…] se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de ad ucir e incorporar la prueba que así lo demuestre»14.
Igualmente, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho que es reconocido como una manera decorosa de culminación de servicios en la fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro, dado que el buen cumplimiento de las funciones se entiende como connatural al ejercicio de la labor y, por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo15.
Se ha precisado , además, que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro16. Así, la Corte Constitucional trazó las siguientes subreglas en la Sentencia SU-237 de 2019:
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro16. Así, la Corte Constitucional trazó las siguientes subreglas en la Sentencia SU-237 de 2019:
«[…] (i) el llamamiento a calificar servicios no debe contener necesariamente una motivación expresa porque su fundamentación deriva de la ley, constituida por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una recomendación previa de la Jun ta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos administrativos que deriven del llamamiento pueden ser objeto de control judicial ante el juez de lo contencioso. Sin embargo, en estos casos, los demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. Estas reglas armonizan el criterio del mérito en el ascenso con las necesidades del servicio, las exigencias de renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y vacant es disponibles»17.
Así las cosas, si bien no debe motivarse el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros de las fuerzas militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, ello no impide que el juez analice sus fundamentos, porque debe verificarse si la administración atendió los límites legales y constitucionales.
Resolución al caso concreto
Se encuentra acreditado , según el extracto de hoja de vida, que el último g rado
analice sus fundamentos, porque debe verificarse si la administración atendió los límites legales y constitucionales.
Resolución al caso concreto
Se encuentra acreditado , según el extracto de hoja de vida, que el último g rado desempeñado por el actor fue el de coronel y que estuvo vinculado al Ejército Nacional por un periodo de 26 años, 1 mes y 24 días18.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Rad. 11001-0315-000-2013-01936-01(AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón. 15 En este sentido, puede consultarse la providencia del 19 de enero de 2017. Exp. 4117-2014. 16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Exp. 1065-10. 17 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. Op. cit. 18 Véanse los folios 101-110.Radicado: 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024)
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www.consejodeestado.gov.co 9 En Acta Nro. 15 del 27 de noviembre de 2017, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro y, mediante Decreto 215 del 1° de febrero de 2018, el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios19, el cual se comunicó por radiograma del 5 de febrero de 2018 20.
2018, el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios19, el cual se comunicó por radiograma del 5 de febrero de 2018 20.
De la anterior relación probatoria, se encuentra que la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicio a fin de ser acreedor de la asignación de retiro, lo cual se encuentra plenamente satisfec ho en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional por más de 20 años y, conforme con el artículo 1° del Decreto 991 de 2015, se exigen 15 años para acceder a tal prestación o, en su defecto , 18 años según el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004. Además, su desvinculación como miembro del Ejército Nacional, en el grado de coronel, contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
Ahora, al revisar las consideraciones del Decreto 215 del 1° de febrero de 2018, la Sala encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio del demandante por llamamiento a calificar servicios con fundamento en que cumplió el tiempo requerido para el reconocimiento de la asignación de retiro, tal y como se advirtió en el Acta No. 15 del 27 de noviembre de 2017 . Y si bien en el expediente no existe copia del acto administrativo que reconoció la asignación de retiro, en ningún momento, dentro del trámite del proceso, el demandante adujo que dicha prestación no le hubiese sido reconoci
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