CE - Sentencia 25000234200020180274902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-02749-02 (0627-20221)

Demandante: Dario Millán Leguizamón

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992) Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020) , proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Darío Millán Leguizamón, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la anulación de las resoluciones No. 7905 y 7907 del 3 de noviembre de 2017 , mediante la s cuales, la Dirección Ejecutiva

Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la anulación de las resoluciones No. 7905 y 7907 del 3 de noviembre de 2017 , mediante la s cuales, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, le niega las peticiones de reconocimiento y pago de las diferencias prestacionales dejadas de percibir como consecuencia de la exclusión de la bonificación por actividad judicial como factor salarial

1 Expediente híbrido, visible en la herramienta electrónica Samai. 2 Folios 126 al 156 del expediente físico.2

Número Interno: 0627-2022

Demandante: Darío Millán Leguizamón

Demandado: Nación – Rama Judicial

para la liquidación de sus prestaciones y la reliquidación de salarios y, en igual sentido, lo reclamado por concepto de la prima especial establecida en la Ley 4 de 1992.

Asimismo, reclama la anulación del acto ficto presunto mediante el cual se presume la negativa del recurso de apelación interpuesto el 5 de diciembre de 2017 , contra los citados actos administrativos.

A título de restablecimiento del derecho

El demandante solicitó las diferencias derivadas de la reliquidación salarial y prestacional solicitada, teniéndose en cuenta dentro del salario, el 100% de la remuneración mensual sin la disminución que se le ha efectuado por concepto de prima especial , así como las diferencias prestacionales resultantes del pago en debida forma del salario que ha sido objeto de disminución y las diferencias de las prestaciones sociales que corresponden a la reliquidación con la inclusión de la referida prima, como factor salarial. Sumas que

diferencias prestacionales resultantes del pago en debida forma del salario que ha sido objeto de disminución y las diferencias de las prestaciones sociales que corresponden a la reliquidación con la inclusión de la referida prima, como factor salarial. Sumas que solicita sean indexadas de conformidad a lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

En igual sentido, reclamó las diferencias prestacionales correspondientes a la reliquidación de las prestaciones sociales, con la inclusión como factor salarial de la bonificación po r actividad judicial, igualmente indexados y los respectivos intereses corrientes y/o moratorios, sobre las sumas que le sean reconocidas, desde la exigibilidad del derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Darío Millán Leguizamón , manifestó que , se encuentra vinculado a la Rama Judicial, ejerciendo como Juez de la República desde el 5 de febrero de 2010, cargo que, a la fecha de presentación de la demanda, aún ejercía.

Adujo que, en el tiempo en que ha fungido como Juez de la República, le han descontado de su salario mensual el 30%, el cual, ha sido utilizado para cancelarle la prima especial de servicios sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , contrariando la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado.3

Número Interno: 0627-2022

Demandante: Darío Millán Leguizamón

Demandado: Nación – Rama Judicial

Indicó que, como consecuencia de lo anterior, el 3 de octubre de 2017, radicó por medios electrónicos ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 2 peticiones en las

Demandado: Nación – Rama Judicial

Indicó que, como consecuencia de lo anterior, el 3 de octubre de 2017, radicó por medios electrónicos ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 2 peticiones en las que solicitaba la inclusión en la base de liquidación, el 100% de la asignación básica, para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales.

La petición fue atendida desfavorablemente mediante Resolución No. 7905 del 3 de noviembre de 2017 3, suscrita por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, en la que negó conjuntamente, las peticiones referentes a la disminución salarial y la supresión del carácter salarial de la prima especial.

Manifestó que, el 3 de agosto de 2017, presentó p etición ante la demanda, procurando la reliquidación de sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación por actividad judicial, como factor salarial, la cual, fue resuelta de manera negativa en la Resolución No. 7907 del 3 de noviembre de 2017.

Señaló que, contra los citados actos administrativos, formuló recurso de apelación, el cual, a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.

Finalmente anotó que, adelantó trámite conciliatorio ante la Procuraduría 157 Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual expidió constancia de no conciliación, fechada del 10 de julio de 2018.

1.2. Concepto de violación.

La parte demandante argumentó que, los actos administrativos acusados, vulneran el preámbulo de la Constitución Política y sus artículos 13, 53, 136, 150 numeral 19 del

1.2. Concepto de violación.

La parte demandante argumentó que, los actos administrativos acusados, vulneran el preámbulo de la Constitución Política y sus artículos 13, 53, 136, 150 numeral 19 del inciso 1° en su literal e y 209; las leyes 44 de 1980, 33 de 1985 y 50 de 1990; el Código sustantivo del Trabajo en sus artículos 127, 128 y 132 y, los decretos extraordinarios 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.

En el concepto de violación, argumentó que, los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, desconocen el derecho a la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1993 , así como la prevalencia del d erecho

33 Notificada por correo electrónico el 4 de diciembre de 2017.4

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Demandante: Darío Millán Leguizamón

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sustancial y precedente jurisprudencial emanado de la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

Agregó que, se debe aplicar el precedente vertical de la prima especial, cuyo argumento es válido para la bonificación por actividad judicial, razón por la cual, se debe recono cer que constituyen factor salarial y por ende, se deben tener en cuenta para liquidar todas las prestaciones, incluyendo las cesantías.

2. Contestación de la demanda.

La parte demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que, la prima especial de servicios es un emolumento que no constituye factor

2. Contestación de la demanda.

La parte demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que, la prima especial de servicios es un emolumento que no constituye factor salarial, por tal motivo, no corresponde realizar ningún ajuste o pago adicional derivado de diferencias salariales con b ase en dicha ley, ya que hacerlo implicaría contradecir la normativa vigente, dado que compete al Gobierno Nacional expedir los decretos que determinan que el 30% de la remuneración mensual corresponde a una prima especial sin naturaleza salarial.

Finalmente, formuló como excepciones las que denominó: «integración de litis consorcio necesario», «imposibilidad de reconocer los derechos reclamados por el demandante» y «prescripción».

3. La sentencia de primera instancia.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veint e (2020), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas, disponiendo de la siguiente manera:

“PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente n° 20070087-00. C.P. María Carolina Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento

inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en el sentido de disminui r el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento sino una disminución, por las razones expuestas.

SEGUNDO. - Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación SUJ-016CE-S2-2019 del 2 de septiembre del 2019 , con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en el caso concreto de esta sentencia.5

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Demandante: Darío Millán Leguizamón

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TERCERO. - Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados la Resolución No. 7905 de 3 de septiembre de 2017, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca, y el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la administración ante el recurso de apelación interpuesto con tra la resolución.

CUARTO. – Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales pedidos con fundamento en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, causados con anterioridad al 3 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en el acápite de caso concreto de esta sentencia, salvo que si deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de

3 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en el acápite de caso concreto de esta sentencia, salvo que si deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y con stituir factor salarial para estos efectos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.- Condenase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL , a reconocer y pagar a DARÍO MILLÁN LEGUIZAMÓN, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicio s prestados, etc., causados desde el 3 de octubre de 2014, en adelante, y hasta cuando funja como Juez 68 Civil Municipal de Bogotá , por habérsele deducido durante los extremos temporales servidos, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser el 30% disminuido de la asigna ción básica factor salarial solo para la reliquidación de la pensión de jubilación durante los extremos temporales laborados desde el 5 de febrero de 2010 hasta la fecha de retiro, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEXTO.- En consecuencia, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar con

durante los extremos temporales laborados desde el 5 de febrero de 2010 hasta la fecha de retiro, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEXTO.- En consecuencia, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar con carácter permanente al demandante DARIO MILLAN LEGUIZAMON, su salario completo, incluyendo el 30% adeudado, luego del pago de la prima consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ya cancelada, con los correspondientes reajustes prestacionales conforme a lo indicado en el ordinal anterior.

SÉPTIMO.- Negar las demás pretensiones de la demanda. (…) UNDÉCIMO. - No condenar en costas. (…)”

La Sala Transitoria , consideró que, los trabajadores gozan de una especial protección Constitucional y Convencional, y atendiendo el mandando de progresividad mal hizo el Estado al reglamentar el artículo 14 de Ley 4ª de 1992, pues, incurrió en una regresión de los derechos laborales.

En la sentencia de Primera Instancia, se concluyó que, al no habérsele reconocido y pagado al demandante su derecho a percibir el 30% de la remuneración mensual faltante para un total del 100% del salario, con las consecuencias prestacionales, contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, era procedente acceder al reconocimiento de este derecho en los extremos temporales laborados como Juez de la República.

Sobre la prescripción, el A-quo explicó que, en este caso, la demandante hizo su petición el día tres (3) de octubre de dos mil dos mil diecisiete (2017), por ello, operó el fenómeno6

Sobre la prescripción, el A-quo explicó que, en este caso, la demandante hizo su petición el día tres (3) de octubre de dos mil dos mil diecisiete (2017), por ello, operó el fenómeno6

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Demandante: Darío Millán Leguizamón

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jurídico de la prescripción de los derechos causados con anterioridad al tres (3) de octubre de dos mil dos mil catorce (2014 ), teniendo derecho a lo pedido a partir de esta última fecha, salvo que éstos si deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos, respecto del 30%, desde el momento en que se vinculó como Juez.

Por otra parte, Sala Transitoria estableció que, no hay razón para inaplicar por inconstitucional la frase “sin carácter salarial” del artículo 1 del Decreto 3131 de 2005 y, por consiguiente, no accedió a la pretensión de tener la bonificación por actividad judicial como factor salarial, sobre el cual, pretendía la reliquidación de sus prestaciones.

4. El recurso de apelación

La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, solicitó la revocatoria de la sentencia esbozando de forma general a los siguientes puntos:

• Alude a la sentencia de SUJ -016-CE-S2-2019, del 02 de septiembre de 2019, del H.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces y luego a los efectos vinculantes de ella.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces y luego a los efectos vinculantes de ella.

• Igualmente, se refiere a la prescripción , solicitando que, se siga declarando probad o este medio exceptivo, en los términos señalados en la decisión de primera instancia.

• Y en cuanto a la imposibilidad presupuestal de la entidad para reconocer a los jueces

las diferencias reconocidas, la alzada indica:

«DE LA IMPOSIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD DE RECONOCER A LOS JUECES LAS DIFERENCIAR RECONOCIDAS: De conformidad con el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”, el cual fue proferido acogiendo las sentencias de la Sala de Conju eces del Consejo de Estado y en especial la de mencionada sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sesión del Comité No. 13 del 13 de abril de 2021, ha expresado que la entidad tiene el deber de extender los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -016-CE-S2-2019 expedida por el H. Consejo de Estado, para que se reconozca y pague: i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14

sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ta. de 1992, sin carácter sa larial; a los funcionarios judiciales que señala el artículo primero del último decreto mencionado.7

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Demandante: Darío Millán Leguizamón

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No obstante, lo anterior, a la fecha la entidad no cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales, lo que por un lado imposibilita el establecimiento de fórmulas conciliatorias que no cuenta con ningún respaldo presupuestal además de ir en contravía a los dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 19961, según el cual “ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación , que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49).” (Se destaca) Resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar los mayores valores que se generarían para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter salarial, derivados de la sentencia de unificación mencionada y del Decreto 272 citado. Cabe indicar, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, elevó oficio DEAJO21252 de fecha 11 de mayo de 2021, al director(a) de la Agencia Nacional de D efensa Jurídica del Estado -ANDJE en el cual solicita se convoque a una Mesa Interinstitucional – Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019 Prima Especial de Servicios (30%) –

del Estado -ANDJE en el cual solicita se convoque a una Mesa Interinstitucional – Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019 Prima Especial de Servicios (30%) – Conciliaciones/Extensión de Jurisprudencia, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. … Con ocasión de lo anterior, la ANDJE a través de comunicación No. 20215000029211 -DDJ del 14 de mayo de 2021, solicitó previo a la convocatoria a la mesa de trabajo, el cálculo de diferentes variables para determinar un valor aproximado total de lo que co mprendería el reconocimiento y conciliación del retroactivo de la prima especial del 30% regulada en la Ley 4a de 1992. En respuesta de este requerimiento, a través de comunicación DEAJO21 -525 del 14 de septiembre de 2021, complementada con oficio DEAJO21 -608 del 21 de octubre de 2021, el Director Ejecutivo de Administración Judicial dio respuesta a los interrogantes planteados por la ANDJE y remitió un informe de cifras consolidadas en relación con el reconocimiento, reliquidación y/o pago de la Prima Especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios y la Bonificación por Compensación de que trata el Decreto 610 de 1998, así:

1. Monto de las condenas en firme impuestas a la Rama Judicial que se encuentran pendiente de pago en favor de Jueces, Magistrados de Tribunal, Magistrados auxiliares y demás cargos homólogos (activos y retirados), en relación con el reconocimiento, reliquidación y/o pago de la Prima Especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios y la Bonificación por Compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.

la Prima Especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios y la Bonificación por Compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.

2. Cuantía aproximada de las pretensiones en sede judicial, sede administrativa y solicitudes de conciliación extrajudicial en trámite por cada uno de los conceptos.

3. Proyección aproximada del valor de las reclamaciones y potenciales reclamaciones atendiendo a los parámetros jurisprudenciales fijados en la sentencia de unificación sobre la materia, proferidas por el Consejo de Estado el 18 de mayo de 2016, el 2 de septi embre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020.

Cifras que conviene precisar, fueron actualizadas mediante oficio DEAJO22-526 del 8 de julio de 2022.8

Número Interno: 0627-2022

Demandante: Darío Millán Leguizamón

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Aunado a lo anterior, a través de oficio DEAJO22-528 del 8 de julio 2022, el Director Ejecutivo de Administración Judicial solicitó a la señora Procuradora General de la Nación, apoyar la petición de la DEAJ de convocar una mesa interinstitucional, en aras de lograr por parte del Gobierno Nacional la asignación de los recursos presupuestales requeridos para el reconocimiento y pago a los beneficiarios de la reliquidación de prestaciones sociales y prima especial del 30%, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.»

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 25 de marzo de 20254, el despacho sustanciador admitió el recurso de

especial del 30%, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.»

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 25 de marzo de 20254, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 5, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si el fallo apelado acató las reglas fijadas el 9 de septiembre de 2019 por la Sala de Conjueces de esta Sección.

Asimismo, se analizará, si es admisible la tesis según la cual no puede validarse el reajuste concedido p or el a-quo por no tener disponibilidad presupuestal la entidad demandada para su cumplimiento.

4 índice 00026 de Samai. 5 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

demandada para su cumplimiento.

4 índice 00026 de Samai. 5 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”9

Número Interno: 0627-2022

Demandante: Darío Millán Leguizamón

Demandado: Nación – Rama Judicial

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetar se el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió la Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Su perior Militar, auditores de Guerra y jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Posteriormente, el Gobierno nacional mediante el Decreto N o. 57 de 1993 6, estableció un nuevo régimen salarial y prestacional para los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar en Colombia, por lo que, en su artículo 2° otorgó a dichos funcionarios la posib ilidad de optar, por una sola vez y dentro de un plazo determinado, por acogerse a las nuevas condiciones establecidas. En su tenor literal, el

a dichos funcionarios la posib ilidad de optar, por una sola vez y dentro de un plazo determinado, por acogerse a las nuevas condiciones establecidas. En su tenor literal, el artículo 2° refiere lo que a continuación se cita:

«ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha»

6 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».10

Número Interno: 0627-2022

Demandante: Darío Millán Leguizamón

Demandado: Nación – Rama Judicial

Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar».

Vale recordar que, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos salariales (entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así sucesivamente hasta el 594 de 2025 7), mediante los cuales reafirmó que la prima especial del 30%

(entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así sucesivamente hasta el 594 de 2025 7), mediante los cuales reafirmó que la prima especial del 30% otorgada a ciertos funcionarios judiciales no tiene carácter salarial. Esta prima, establecida conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se reconoció como un pago adicional al salario básico de magistrados, jueces, fiscales del Tribunal Superior Militar y otros cargos judiciales y administrativos, sin que formara parte del salario para efectos como cesantías o liquidaciones ordinarias.

De igual manera, los Decretos 106 de 1994, 43 de 1995 y 36 de