CE - Sentencia 25000234200020190013901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)

Demandante: Cielo Mar Obregón Salazar

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Prima especial . Aportes a pensión . Principio de

congruencia. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a d ecidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Cielo Mar Obregón Salazar interpuso demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 4256 del 5 de mayo de 2017 , a través de la cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales , en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , y, del acto ficto producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la entidad frent e al recurso de apelación interpuesto en contra del referido acto.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) Que se inapliquen por inconstitucionales los decretos salariales emitidos entre 2008 y 2018, dentro de los que se prevea que el 30% del salario corresponde a la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Que se condene a la demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales devengadas en su calidad de juez de la República , teniendo en cuenta el 100% de la asignación, y la prima especial de servicios, sin carácter salarial, como un aumento al salario.

Que se reconozca la incidencia de dicho c álculo para el ajuste de las cotizaciones en salud y pensión.

cuenta el 100% de la asignación, y la prima especial de servicios, sin carácter salarial, como un aumento al salario.

Que se reconozca la incidencia de dicho c álculo para el ajuste de las cotizaciones en salud y pensión.

Que se reajusten las sumas reconocidas , se condene en costas y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial de forma ininterrumpida en diferentes cargos desde el 16 de octubre de 1992 . Y en calidad de juez de la República durante los siguientes periodos: del 21/07/2006 al 30/09/2007; del 8/09/2009 al 25/11/2009; del 9/08/2010 al 16/12/2010; del 30/11/2011 al 13/01/2013; del 29/08/2013 al 30/11/2015; del 20/04/2016 al 13/09/2016 y del 9/11/2017 a la fecha.

Que el 17 de abril de 2017 solicitó a la demandada reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales, con inclusión de los aportes a pensión y salud, entre lo percibido y lo que debió recibir, durante los periodos en que ocupó el cargo de juez, teniendo la prima especial como un aumento del salario en los términos descritos en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado.

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , a través de l os actos

teniendo la prima especial como un aumento del salario en los términos descritos en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado.

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , a través de l os actos administrativos demandados negó lo pedido.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como normas violadas se citaron los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 83, 136, 150 numeral 19 y 209 de la Constitución Política ; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992 ; 152 numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; 127, 128 y 143 del CST. Así comoCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) la Convención Interamericana de Derechos Humanos; los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT.

Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la Constitución, la Ley y el precedente que sobre el concepto de salario y prima han desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente; porque omitieron la forma correcta en que se debe reconocer la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pues se tuvo en cuenta como parte integrante de la asignación básica y no un aumento de esta, con lo que generó una disminución en el salario y, por ende, en las prestaciones sociales de sus

que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pues se tuvo en cuenta como parte integrante de la asignación básica y no un aumento de esta, con lo que generó una disminución en el salario y, por ende, en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó, entre otras, las decisiones del 2 de abril de 20091 y 29 de abril de 2014 2 expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 17 de noviembre de 2020 y notificada la demandada3 se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos demandados fueron proferidos de conformidad con la Constitución y la Ley. Indicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, que no constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales.

Propuso como excepciones: « IMPOSIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RECONOCER LOS DERECHOS RECLAMADOS POR EL ACTOR », integración del litis consorcio necesario, prescripción e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria 4, mediante sentencia del 31 de octubre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones, porque la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. Para el efecto, citó, entre otras, las decisiones del 2 de abril

incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. Para el efecto, citó, entre otras, las decisiones del 2 de abril de 20095, 29 de abril de 2014 y 2 de septiembre de 20196, proferidas por el Consejo de Estado.

Concluyó que la demandante tiene derecho «a la reliquidación y pago de sus ingresos

1 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00098-00 2 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00 3 Folios 82 a 85 4 Folios 113 a 122. 5 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07) 6 Radicado: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) mensuales, liquidados a partir del 17 de abril de 2014 y hasta la fecha en que funja o fungió en el cargo de Juez […] u otro equivalente», sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios, sin carácter salarial, y las prestaciones sobre la base de todo el salario sin restar el 30%, a título de prima especial.

Que las sumas causadas con anterioridad al 17 de abril de 2014 se encuentran prescritas, y el reconocimiento ordenado en favor de la demandante, en caso de

sobre la base de todo el salario sin restar el 30%, a título de prima especial.

Que las sumas causadas con anterioridad al 17 de abril de 2014 se encuentran prescritas, y el reconocimiento ordenado en favor de la demandante, en caso de resultarle aplicable el Decreto 610 de 1998, estará sujeto al tope del 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte.

Que «la prima del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un incremento sobre el salario básico y que el carácter salarial de la Prima Especial del 30% solo aplica para efectos de cotización a pensión»

RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandada 7 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que se vulneraron los principios de congruencia y justicia rogada, al condenar a la entidad a reliquidar la pensión o efectuar los aportes a l sistema de seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta para el efecto la prima especial contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aun cuando esto no se pidió en sede administrativa ni judicial.

Que el Tribunal omitió exponer los argumentos que lo llevaron a concluir que la prima especial constituye factor para efectos de cotizar en el sistema de segurida d social en pensiones y salud

Que se encuentra en « LA IMPOSIBILIDAD PRESUPUESTAL (...) DE RECONOCER A LOS JUECES LAS DIFERENCIAS RECONOCIDAS », toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos para cubrir el reconocimien to de acreencias laborales como la que se ordenó en el presente asunto; y actuar sin el respaldo

LAS DIFERENCIAS RECONOCIDAS », toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos para cubrir el reconocimien to de acreencias laborales como la que se ordenó en el presente asunto; y actuar sin el respaldo presupuestal desconocería las disposiciones contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 28 de noviembre de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

Las partes guardaron silencio

7 Folios 129 a 134.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)

El Ministerio Público pidió modificar confirmar la sentencia apelada.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez, con fundamento en la causal 1 del artículo 141 del CGP y Luis Eduardo Mesa Nieves, con base en las causales 1, 6 y 14 de la misma normativa, manifestaron impedimento para conocer el presente asunto, en su orden, el 21 de septiembre de 2023 y 26 de junio de 2024.

La Subsección B, de la Sección Segunda, a través de auto del 29 de noviembre de

14 de la misma normativa, manifestaron impedimento para conocer el presente asunto, en su orden, el 21 de septiembre de 2023 y 26 de junio de 2024.

La Subsección B, de la Sección Segunda, a través de auto del 29 de noviembre de 2024, declaró infundado el impedimento manifestado por el primero de ellos y fundado el alegado por el segundo. De ahí que, el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves no hará parte de la sala que resuelve el recurso de apelación.

Asunto a resolver

El problema jurídico según el recurso de apelación interpuesto se contrae a determinar si fueron vulnerados los principios de congruencia y justicia rogada al condenar a la entidad a la reliquidación o a efectuar los aportes a pensión y salud.

Del principio de congruencia

El artículo 281 del CGP , respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. […]»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las emitidas el 25 de enero de 2018 8, 4 de marzo de 2021 9 y 22 de noviembre de la misma anualidad10, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite al contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita11, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando ex iste

minuspetita11, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando ex iste coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia12.

Resolución del caso

Se advierte que en sede administrativa la demandante pidió, expresamente, entre otras, «Reconocer y pagar la incidencia sobre las demás obligaciones legales (aportes a seguridad social) que conlleva las reliquidaciones y reajustes peticionados ». Así como también lo hizo en la demanda, así:

«1.7. CONDENAR a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: reliquidar y reajustar, mes a mes, los demás factores SALARIALES Y PRESTACIONALES (BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, VACACIONES, PRI MA DE NAVIDAD, CESANTÍAS, INTERESES A CESANTÍAS) y demás devengados […] 1.9. CONDENAR a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALal reconocimiento y pago de la incidencia sobre las demás obligaciones legales (cotización en pensión – salud) que conlleva las reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados […] » (Se subraya)

8 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.

que conlleva las reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados […] » (Se subraya)

8 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 1100103-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): « […] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»

que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.» 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)

De acuerdo con el apartado transcrito, se advierte que no le asiste razón al recurrente, pues la demandante s í solicitó el reconocimiento y pago de las demás prestaciones sociales, específicamente, pidió condenar al pago de los aportes en pensión y salud, teniendo en cuenta la incidencia que el reajuste de su salario en un 100%, respecto de la prima especial de se rvicios genera sobre aquellas . Por consiguiente, no se vulneraron los principios alegados, máxime teniendo en consideración que, en todo caso, es una obligación legal del empleador realizar los respectivos aportes frente a la totalidad del salario y aquell as prestaciones que hagan parte del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199313.

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que, contrario a lo señalado en el recurso

hagan parte del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199313.

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que, contrario a lo señalado en el recurso de alzada, el Tribunal expuso en debida forma, que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 332 de 1996 en armonía con la jurisprudencia desarrollada tanto por la Corte Constitucional14 como por el Consejo de Estado15, la prima especial se debía tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación. De ahí que no se observa falta de motivación en relación con la orden de efectuar las respectivas cotizaciones.

Sobre el punto, se destaca que, en efecto, esta corporación en distintas decisiones, entre ellas, las sentencias del 2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 2023 16, 5 de septiembre de 2023 17, 5 de diciembre de 2023 18, 6 de agosto de 2024 19 y 18 de diciembre de 2024 20 ha sostenido que la prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión. Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.

En consecuencia, la demandante sí tiene derecho al reconocimiento y pago de los aportes a pensión por las diferencias reconocidas en el presente asunto y que no realizó la entidad demandada , sin prescripción alguna, por tratarse de un derecho

13 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensi ones por parte de los

13 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensi ones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. 14 Para el efecto cito: C-279 de 1996 15 Para el efecto citó las sentencias del 27 de junio de 2012 bajo el radicado: 2005 -00827-02 (0477-09) con ponencia del conjuez Gabriel de Vega Pinzón; 12 de septiembre de 2018 bajo el radicado: 2012 -00183-02 (3546-2015) con ponencia del conjuez Néstor Raúl Correa y 2 de septiembre de 2019 bajo el radicado: 201600041-02 (2204-2018) con ponencia de la conjuez Carmen Anaya de Castellanos. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación: 25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. R adicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. R adicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación: 25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al Estado21, no obstante se modificará la decisión que se dio sobre este rubro en el sentido de precisar que se tendrán que efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Segu ridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotiza das, las cuales deberán ser dirigidas al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliada.

Ahora, en lo que tiene que ver con los aportes al Sistema de Seguridad Social se advierte que constituyen contribuciones parafiscales que, entendidas como tributos según la Sección Cuarta del Consejo de Estado 22, tienen una naturaleza de

Ahora, en lo que tiene que ver con los aportes al Sistema de Seguridad Social se advierte que constituyen contribuciones parafiscales que, entendidas como tributos según la Sección Cuarta del Consejo de Estado 22, tienen una naturaleza de imprescriptibilidad y de obligatoriedad de recaudo basado en los principios de universalidad y solidaridad, lo cual implica la imposición de realizar el desc uento respectivo a los sujetos obligados sin importar la disponibilidad o no del servicio a título de contraprestación.

Lo anterior encuentra respaldado también en las sentencias C -179 de 1997, y específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 199 7 a partir de las cuales la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predi car correlativamente un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.

Es decir, la contribución parafiscal como la cotización en salud se paga porque es una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Sa lud, al margen de que acceda o no al mismo por factores internos o externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad del cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o las diferentes administradoras especiales, y mucho me nos constituyen partidas del presupuesto nacional.

En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean compensados23 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo

compensados23 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. 22 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099. 23 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023) las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que lo que se busc a es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.

Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que se puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas y demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.

Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la Ley 100 de 199324 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 2016 25 prevén que todo colombiano participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, quienes tienen a cargo la totalidad del aporte según el artículo 143 de la primera norma. De ahí que no haya lugar a revocar la decisión adoptada por el Tribunal en cuanto a ordenar se efectúen las correspondientes cotizaciones al sistema de salud por todo el tiempo reclamado.

aporte según el artículo 143 de la primera norma. De ahí que no haya lugar a revocar la decisión adoptada por el Tribunal en cuanto a ordenar se efectúen las correspondientes cotizaciones al sistema de salud por todo el tiempo reclamado.

Como resultado de lo anterior, los recursos provenientes del superávit de las cotizaciones recaudadas se trasladarán a las respectivas subcuentas del Fosyga y este, a su vez, girará o trasladará a las cuentas de las EPS y EOC las sumas que resulten a su favor.

En el proceso de compensación se reconocerán a las EPS y EOC los recursos para financiar las actividades de promoción y prevención. De igual forma, se reconocerán los recursos de la cotización a las EPS y a las EOC para que estas entidades paguen las incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes. 24 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano partic ipará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).

de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).

25 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO 2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud

1. Como cotizantes: 1.1. Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en