CE - Sentencia 25000234200020190048301 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

Demandante: Martha Cecilia Espejo Gómez

Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo

Temas: Insubsistencia. Empleada de libre nombramiento y remoción.

Estabilidad laboral reforzada. Prepensionados. Situación de vulnerabilidad manifiesta. Falsa motivación. Desviación de

poder. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Martha Cecilia Espejo Gómez instauró demanda en contra de l Ministerio del Trabajo , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de

ANTECEDENTES

1. La señora Martha Cecilia Espejo Gómez instauró demanda en contra de l Ministerio del Trabajo , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el

fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 3810 del 3 de septiembre de 2018 «Por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento en un cargo de Libre Nombramiento y Remoción de la planta de personal del Ministerio del Trabajo» y 5053 del mismo día «Por la cual se reconocen y pagan prestaciones sociales a un ex – funcionario del Ministerio del Trabajo». Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro y se cancelen las prestaciones causadas; además, que se condene la demandante al pago de perjuicios morales y al pago de costas.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

2 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

HECHOS

3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente

manera:

4. Que fue nombrada subdirectora técnica, código 0150, grado 18, en la Dirección de inspección, vigilancia, control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo a través de la Resolución 613 del 22 de febrero de 2018. Adujo que fue invitada a una

de inspección, vigilancia, control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo a través de la Resolución 613 del 22 de febrero de 2018. Adujo que fue invitada a una reunión de trabajo en Pereira del 22 al 24 de abril de 2018 y el último día presenció actos de corrupción por parte de tres profesionales de su dependencia.

5. Expresó que puso esta información a disposición de su jefe directo y de la línea anticorrupción de la entidad, desatando un fuerte acoso laboral que afectaba recurrentemente su estado de salud, por ejemplo, con ataques severos de gastritis, diarrea, vómito, dificultad para comer y dormir.

6. Que era obstruida por estos servidores y su jefe para cumplir sus funciones, pues trabajaba bajo extrema presión y sin apoyo del personal de la subdirección. Señaló que informó de la precaria situación de su dependencia a los directivos de más alto nivel de la entidad y que tuvo muchas dificultades con sus equipos informáticos y con el correo electrónico institucional.

7. Que su condición de salud desmejoró gravemente, pero continuaba siendo víctima de acoso; por ejemplo, era requerida por el superior para desarrollar labores del empleo durante períodos de incapacidad.

8. Sostuvo que informó al subdirector de gestión humana la respuesta brindada por su administradora de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) sobre su solicitud de una fecha probable para su pensión, que la estimaba a los 57 años.

9. Que el 3 de septiembre de 2018 se dirigía a una cita de control por sus afugias de salud pero , ante la gravedad de su situación, fue remitida a urgencias e

estimaba a los 57 años.

9. Que el 3 de septiembre de 2018 se dirigía a una cita de control por sus afugias de salud pero , ante la gravedad de su situación, fue remitida a urgencias e incapacitada, situación que informó a gestión humana y a su jefe inmediato. El 6 de septiembre se pr orrogó su incapacidad hasta el 15 del mes , situación que, nuevamente, puso en conocimiento de la entidad.

10. Manifestó que el 15 de septiembre de 2018 recibió por correspondencia la devolución de incapacidades y en los documentos se indicaba que había s ido desvinculada desde el 3 de septiembre, mientras estaba incapacitada. En relación con su fecha de retiro, señaló que es muy confusa porque la entidad realizó aportes en salud hasta el 8 de octubre de 2018.

11. Expresó que, si bien no le notificaron el acto de insubsistencia, pudo comprobar su existencia y adujo que era «prepensionada» cuando se expidió. Que por su edadRadicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

3 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y condición de salud difícilmente accedería al mercado laboral y que sustenta el hogar en compañía con su esposo, donde residen dos hijos dependientes, uno desempleado con grave condición de salud y otro estudiante, y en favor de ambos se están pagando créditos estudiantiles.

12. Finalmente, que al liquidarse sus prestaciones sociales se descontaron pagos a sus acreedores en un monto tan alto que, prácticamente, no tuvo derecho a ninguna

se están pagando créditos estudiantiles.

12. Finalmente, que al liquidarse sus prestaciones sociales se descontaron pagos a sus acreedores en un monto tan alto que, prácticamente, no tuvo derecho a ninguna suma de dinero.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

13. Expuso que los actos demandados v ulneran los artículos 15 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y 26 de la Ley 361 de 1997. Argumen tó q ue se expidieron con desconocimiento de las normas en que debían fundarse, porque se declaró insubsistente su nombramiento mientras estaba incapacitada y gozaba de la calidad de «prepensionada».

14. Que, según los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y 44 del CPACA, atendiendo a la naturaleza del cargo como uno de un nombramiento de libre nombramiento y remoción, la declaratoria de insubsistencia solo es admisible si obedece a una necesidad de mejoramiento del servicio, que no se observa en el caso concreto.

15. Expresó que la Resolución 3810 de 2018 se emitió en forma irregular porque nunca fue debidamente notificada y, aunque los actos existen desde que son expedidos, solo producen efectos jurídicos cuando se realiza la correspondiente publicación, comunicación o notificación.

16. Que la Resolución 5053 de 2018 entregó todo lo liquidado por prestaciones sociales a los acreedores de la demandante, sin permitir algún pronunciamiento de su parte, irrespetando su derecho de defensa y superando el mínimo vital y la vida digna como el límite para efectuar este tipo de deducciones.

17. Afirmó que fueron falsamente motivados y adolecen desviación de poder

su parte, irrespetando su derecho de defensa y superando el mínimo vital y la vida digna como el límite para efectuar este tipo de deducciones.

17. Afirmó que fueron falsamente motivados y adolecen desviación de poder porque, en lugar de fundarse en el mejoramiento del servicio, son una retaliación por las denuncias relacionadas con casos de corrupción y el estado de incapacidad de la demandante.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

18. El 26 de agosto de 2019 el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad. Expresó que los cargos de libre nombramiento y remoción, como el que desempeñaba la demandante son de dirección confianza y manejo, por lo tanto, la facultad de desvinculación es discrecional del nominador y no requiere de motivación, pues la escogencia de quien ocup a el cargo se da por motivos estrictamente personales o de confianza.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

4 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

19. Que la señora Espejo Gómez no era «prepensionada» porque estaba afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad y, por lo tanto, no precisaba de una determinada «edad» para pensionarse; además, porque la Corte Constitucional dispuso en la sentencia de unificación 3 de 2018 que los empleos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada.

20. En cuanto a los sucesos relacionados con el estado de salud de la demandante,

dispuso en la sentencia de unificación 3 de 2018 que los empleos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada.

20. En cuanto a los sucesos relacionados con el estado de salud de la demandante, indicó que el Ministerio desconocía de ellos , más allá de los certificados de incapacidad que reposan en la historia laboral. En atención a la epicrisis del 3 de septiembre de 2018, sostuvo que la señora Espejo Gómez ingres ó a la Clínica Country a las 18:50 horas, es decir, al cierre de la jornada laboral de la entidad, por lo que no fue despedida estando incapacitada.

21. Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y buena fe.

22. El 8 de febrero de 2022 se impartió el trámite de sentencia anticipada, se resolvieron excepciones previas y se decretaron las pruebas.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

23. En sentencia del 22 de abril de 202 1, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la

demanda. Diferenció los empleos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción, concluyó que la declaración de insubsistencia del nombramiento es una forma legítima de desvinculación de los servidores que ocupan cargos de la última naturaleza y que, en virtud de la discrecionalidad de la que goza el nominador, se efectúa a través de acto administrativo no motivado. Precisó que este era el caso de la demandante y que, por lo tanto, no gozaba de estabilidad alguna.

que goza el nominador, se efectúa a través de acto administrativo no motivado. Precisó que este era el caso de la demandante y que, por lo tanto, no gozaba de estabilidad alguna.

24. En relación con el vicio por desviación de poder, indicó que no se probó que la expedición del acto obedeció a un fin distinto al mejoramiento del ser vicio. Que la protección especial por ser «prepensionada» no era aplicable, pues estaba vinculada al régimen de ahorro individual con solidaridad, pero cumplía con los requisitos para ser titular de una pensión mínima, en los términos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, por lo que nunca estuvo en riesgo de frustrarse su derecho.

25. Adujo que el día de la expedición del acto de insubsistencia se le remitieron correos electrónicos en dos oportunidades y se le notificó a su secretaria porque la demandante no se encontraba en la oficina durante el horario laboral. Por último, afirmó que el acto se expidió y notificó el 3 de septiembre de 2018, mientras que la incapacidad médica tiene fecha del día siguient e, por lo que el retiro no se efectuó durante la convalecencia de la demandante.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

5 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

RECURSO DE APELACIÓN

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación . Argumentó que las funciones que desempeñaba no correspondían a la formulación, diseño o dirección

www.consejodeestado.gov.co

RECURSO DE APELACIÓN

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación . Argumentó que las funciones que desempeñaba no correspondían a la formulación, diseño o dirección de políticas. Reiteró que el acto de insubsistencia no se ampara en una de las justas causas previstas en el artículo 62 del CST y, específicamente, desconoc e el numeral 15 que habilita el despido por enfermedad solo al vencimiento de un período de incapacidad de 180 días. Del mismo modo, vulnera el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que prohíbe el despido de trabajadores sin previa autorización.

27. Insistió en que el acto no fue debidamente notificado, haciendo énfasis en dos asuntos. Primero, que el correo enviado a las 12:40 por el Grupo de Administración de Personal aparece como no leído según el memorando de la Subdirección de Gestión de Talento humano1. Además, que no se comprende, si el acto administrativo al cierre indica que se intentó practicar la notificación a las 1:12 pm en la oficina de la entidad, cómo es que este fue remitido previamente por correo si no había sido firmado ni recibido. Segundo, que tampoco hay prueba de la lectura del correo enviado a las 4:14 pm y que, en todo caso, este no incluía el acto administrativo demandado como anexo.

28. Que la Resolución 5053 del 16 de noviembre de 2018 desconoció el derecho de defensa porque reconoció las prestaciones sociales de la demandante y dispuso la entrega de todo lo liquidado a los acreedores, ignorando que «debía tener la oportunidad de revocar cualquier autorización para pagos a acreedores atendiendo

defensa porque reconoció las prestaciones sociales de la demandante y dispuso la entrega de todo lo liquidado a los acreedores, ignorando que «debía tener la oportunidad de revocar cualquier autorización para pagos a acreedores atendiendo la nueva circunstancia de declaración de insubsistencia». Alegó que la entidad liquidó sus prestaciones sociales sin que se practicara el examen médico de egreso y se diligenciara el formato de entrega de bienes o se contara con paz y salvo2.

29. Expresó que luego de que el Ministerio le informó sobre el pago de prestaciones económicas, el 8 de noviembre de 2018 presentó una petición so bre el trámite de entrega de los elementos a cargo y el retiro de objetos personales. Como respuesta tuvo acceso a un acta elaborada por la entidad y evidenció que abrió la oficina y retiró los bienes , que s olo hasta el 8 de febrero de 2019 pudo elaborar acta de entrega con la administración . Indicó, que s u computador personal lo entregaron, pero los archivos sobre los procesos de corrupción y acoso laboral denunciados fueron eliminados.

30. En cuanto al despido durante la incapacidad señaló que, si bien esta se expidió el 4 de septiembre de 2018, la fecha de inicio es el 3 de septiembre y se extiende hasta el 6 del mismo mes3. Reiteró que esta fue producto de la remisión hecha por Compensar EPS durante la cita de control del mismo día a las 15:36. En síntesis,

1 Fl. 252. 2 Fls. 70-77. 3 Fl. 79.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

6

1 Fl. 252. 2 Fls. 70-77. 3 Fl. 79.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

6 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que no es cierto que el acto de insubsistencia se expidió y notificó con anterioridad a la incapacidad médica.

31. Manifestó que la entidad sí tuvo conocimiento de sus afecciones de salud, lo que se prueba a través de mensajes de texto , certificados de incapacidad médica previos y el oportuno trámite institucional de la incapacidad que inició el 3 de septiembre. A su vez, que esta empeoró en virtud del constante acoso laboral, que se evidencia en el envío de trabajo para casa en períodos de incapacidad, la falla de dispositivos electrónicos y cuentas institucionales. Precisó que, si bien puso de presente la situación de acoso ante la ministra , el comité de convivencia y la secretaria general, no alcanzó a adjuntar las pruebas de esta circunstancia por acudir a la cita de control de la misma fecha que derivó en la remisión a urgencias4.

32. Que no existía necesidad de mejoramiento del servicio y, por el contrario, el despido obedece a la incapacidad y a una retaliación por las denuncias sobre corrupción, de allí que el acto estuvo falsamente motivado y adolece desviación de poder. Manifestó que la demanda contiene una afirmación indefinida en relación con los móviles del despido y que esto le traslada la carga de la prueba a la entidad, quien debe demostrar que su decisión se fundó en el buen servicio.

poder. Manifestó que la demanda contiene una afirmación indefinida en relación con los móviles del despido y que esto le traslada la carga de la prueba a la entidad, quien debe demostrar que su decisión se fundó en el buen servicio.

33. Por último, afirmó que la Secretaría General le reconoció la calidad de «prepensionada» desde que la invitaron a participar de la jornada de «prepensionables», pues le faltaban dos años y medio para reunir el capital exigido para acceder a su pensión de vejez. Que, contrario a lo sostenido e n la sentencia de primera instancia, no contaba con 58 años al momento de ser retirada, sino con 55, y no reunía el capital proyectado.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

34. El recurso de apelación fue admitido el 27 de enero de 2022 y se dispuso que el proceso pasara a despacho para dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de dicha decisión.

35. El Ministerio del Trabajo solicitó que se confirme la sentencia y se condene en costas a la parte recurrente. Invocó los fundamentos del tribunal y enfatizó e n que la demandante no tenía la condición de «prepensionada» según la jurisprudencia constitucional y el régimen de pensiones al que se encontraba vinculada.

36. El Ministerio Público guardó silencio.

37. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

4 Refirió los Fls. 41B-46, 71-84, 101-102, 110, 141.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

7

CONSIDERACIONES

4 Refirió los Fls. 41B-46, 71-84, 101-102, 110, 141.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

7 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

38. De acuerdo con el recurso, e l problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si la Resolución 3810 del 3 de septiembre de 2018 fue expedida con infracción de las normas en que debía fundarse por retirar del servicio a la demandante durante un período de incapacidad, no fue debidamente notificada, fue falsamente motivada y adolece de desviación de poder. Por otra parte, se estudiará si la Resolución 5053 del 16 de noviembre de 2018 desconoció el derecho de defensa.

Marco normativo y jurisprudencial

Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y remoción

39. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determina que el retiro del servicio de los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una facultad eminentemente discrecional5.

40. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y remoción , la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una

los cargos de libre nombramiento y remoción , la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión, […]»6 (énfasis fuera de texto).

41. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa7.

42. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio8.

5 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […] Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto). 6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp . 73001-23-33000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-2331-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001 -23-33-000-2013-00938-01 (46322019). C.P. William Hernández Gómez.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

8 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

43. El segundo inciso del artículo 2 del CPACA excluyó el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares

libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía […] Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).

44. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos en virtud de una facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos administrativos previstos, por regla general, en el artículo 74 del CPACA. Entre otras razones, porque el ordenamiento presume que estas decisiones están orientadas al mejoramiento del servicio, al punto de no exigir su motivación.

45. Esto no significa que se trate se actos arbitrarios, solo que no son susceptibles de la interposición de recursos adm inistrativos, lo que habilita el control directo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de decisiones que, además de atender a los parámetros generales de legalidad, deben ser adecuados a los fines de la norma que los autoriza, proporcionales y razonables.

Estabilidad laboral reforzada: «prepensionados»

46. La Ley 790 de 2002 9 pretendió renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional. Ordenó la liquidación o fusión de algunas entidades públicas, situación que ocasionó la modificación de las plantas de personal de las distintas entidades y el retiro de servidores públicos. Por tal razón, creó una «protección especial» para aquellos que se encontraran en una situación diferencial.

En tal sentido, ordenó:

distintas entidades y el retiro de servidores públicos. Por tal razón, creó una «protección especial» para aquellos que se encontraran en una situación diferencial. En tal sentido, ordenó:

«Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los se rvidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley».

47. Esta garantía de estabilidad reforzada procedía siempre que se acreditaran los siguientes supuestos: i) que existiera una vinculación laboral con una entidad pública del orden nacional; ii) donde se desarrollara el programa de renovación pública y iii) que los servidores públicos se encontraran en cualquiera de las siguientes situaciones: a) madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica; b) personas con limitación física, mental, visual o auditiva y c) servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicios para

9 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

disfrutar la pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la Ley.

48. En relación con estos supuestos, la Corte explicó que «[…] concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reco nocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación […]»10.

49. Concretamente, en lo que refiere a los denominados «prepensionados», debe advertirse que no es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto; sino que tiene raigambre constitucional y, en razón de ello, opera como instrumento para la satisfacción de derechos fundamentales que se verían afectados por el retiro del empleo público.

50. Pese a lo anterior, el alcance de esta condición fue delimitado por la jurisprudencia. En la Sentencia de Unificación 3 de 2018 la Corte Constitucional indicó que , por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Adujo que este tipo de cargos demandan el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores, justificación natural de la discrecionalidad en cuanto al nombramiento y remoción.

Explicó: «[…] extender la protección individual de la garantía de estabilidad laboral

demandan el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores, justificación natural de la discrecionalidad en cuanto al nombramiento y remoción.

Explicó: «[…] extender la protección individual de la garantía de estabilidad laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer, de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, la cual se ha considerado ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de 1994 y C-514 de 1994»11.

51. En el caso analizado, la Corte advirtió que el tutelante ocupaba un empleo de esta naturaleza y, por lo tanto, no se predicaba una garantía de estabilidad laboral.

Sin embargo, estableció otra subregla de unificación, pues precisó que aquella tampoco acreditó la condición de «prepensionable». Sostuvo que el objetivo de dicha figura es proteger la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez y, en esa medida, señaló que cuando el único requisito faltante para acceder al derecho pensional es la edad «[…] no hay lugar a considerar que la pers ona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez […]»12.

52. Posteriormente, en la sentencia T -253 de 2023 ratificó estos criterios, en los

siguientes términos:

10 Corte Constitucional. Sentencia T-186 del 10 de abril de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 11 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

10 Corte Constitucional. Sentencia T-186 del 10 de abril de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 11 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. 12 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 25000-23-42-000-2019-00483-01 (4228-2021)

10 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«De acuerdo con la sentencia SU -003 de 2018, son prepensionados las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de serviciorequeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no tiene la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta cumplir el requisito de la edad para obtener la pensión» (énfasis fuera de texto)13.

53. Fi