CE - Sentencia 25000234200020190060601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dante contra la sentencia de 27 de enero de 2023 emanada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda; anunciando desde ya que dicha decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 12 de abril de 2019 el demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016 y el artículo tercero de la

restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016 y el artículo tercero de la Resolución RDP 022871 del 31 de mayo de 2017 , por las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó : i) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 3 de febrero de 2014; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA ; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) pagar las costas procesales.

4. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 9 de marzo de 1952 y fue nombrado director de la Concentración Urbana Benjamín Herrera en el municipio de Miraflores mediante designación realizada por el gobernador del departamento de

1 En adelante UGPP. 2 Índice 2 de Samai, expediente digital , archivos 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2 y 11_250002342000201900606004EXPEDIENTEDIGI2021128155452_11_ED_03Demanda.pdf NroActua 31_62

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Boyacá, cargo ejercido entre el 2 de febrero de 1972 y el 30 de noviembre de 1972 (1 mes y 29 días) con carácter departamental.

5. Luego se vinculó como educador temporal en el Distrito Especial de Bogotá durante los lapsos comprendidos desde el 11 de mayo de 1990 hasta e l 30 de noviembre de 1990, del 21 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991 y entre el 20 de enero de 1992 y el 30 de noviembre de 1992 (2 años, 3 meses y 8 días). Señaló que, sumados los tiempos de servicios mencionados, da un total de 2 años, 5 meses y 7 días como educador departamental y distrital, tiempo que quedó cobijado por el proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y es válido para acceder a la pensión gracia.

6. Refirió que los tiempos de servicios en Boyacá y en el distrito capital fueron como docente nacional interino según la Resolución 7259 del 31 de mayo de 1978 proferida por el Ministerio de Educación Nacional laborando desde el 28 de abril de 1978 hasta el 28 de junio de 1978 . P osteriormente nombrado en propiedad según Resolución 10185 del 24 de julio de 1978 del Ministerio de Educación Nacional, tomando posesión

el 28 de junio de 1978 . P osteriormente nombrado en propiedad según Resolución 10185 del 24 de julio de 1978 del Ministerio de Educación Nacional, tomando posesión el 2 de agosto de 1978 y sirviendo hasta el 13 de enero de 2015, «lo que significa que en los períodos en que laboró como Educador Distrital y como Educador Nacional, tuvo doble vinculación, permitida por el Decreto Ley 1713 de 1960 y la Ley 4 de 1992 que como excepción al mandato del artículo 64 de la C onstitución de 1886, (actual artículo 128 de la Constitución Política de 1991), permitió que los profesionales con título universitario, (mi mandante los tienen) puede desempeñarse hasta 2 cargos de tiempo completo siempre que el horario permita el ejercicio regular de los mismos. Con vínculo nacional laboró hasta el 9 de julio de 1996.».

7. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a distrital por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber sido certificado el Distrito Capital de Bogotá para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 6144 del 26 de diciembre de 1995 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se le entregó la educación al Distrito Capital de Bogotá (acta del 10 de julio de 1996 ).

Como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio entre el 10 de julio de 1996 y el 13 de enero de 2015 ostentan el carácter de territorial – distrital, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

8. El 26 de julio de 2016 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en

de 1996 y el 13 de enero de 2015 ostentan el carácter de territorial – distrital, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

8. El 26 de julio de 2016 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el prestado desde el 10 de julio de 1996 , fecha de entrega de la educación, que consta en acta suscrita entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Capital de Bogotá (…) por ser tiempo de carácter Distrital».

9. Por medio de la Resolución RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016 , la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de servicio aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional. En contra de esta decisión, interpuso recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo mediante Auto ADP 002516 del 30 de marzo de 2017. Por lo anterior, presentó recurso de queja en contra del acto administrativo en mención, el que fuera decidido mediante la Resolución RDP 022871 del 31 de mayo de 2017, en el cual se resolvió declarar fundado el recurso de queja, se revocó lo decidido mediante Auto ADP 002516 del 303

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

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Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marzo de 2017 y confirmó en todas sus partes la Resoluc ión RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016.

Contestación de la demanda3

10. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demand a. Consideró que el demandante fue nombrado docente inter ino a través de la Resolución 7259 del 31 de mayo de 1978 , sirviendo del 28 de abril al 28 de junio de 197 8; y como docente en propiedad mediante la Resolución 10185 del 24 de julio de 1978, en el período comprendido desde el 2 de agosto de 1978 hasta el 30 de diciembre de 2014, con vinculación de carácter nacional. Estimó que estos tiempos de servicio no pueden ser computados para el reconocimiento de la pensión gracia que se pretende , dado el carácter excepcional con que fue instituida.

11. El demandante no logró acreditar los 20 años de servicio docente en planteles educativos del orden municipal, distrital, departamental o nacionalizado conforme a las certificaciones allegadas al plenario, motivo por el cual la actuación de la entidad demandada se ajustó a derecho.

12. Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción de mesadas, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, no pago de intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

II. SENTENCIA APELADA4

de lo no debido, prescripción de mesadas, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, no pago de intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

II. SENTENCIA APELADA4

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia del 27 de enero de 2023 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho al demandante. Explicó que la vinculación con la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 2 de agosto de 1978 hasta el 13 de enero de 2015 fue de carácter nacional y no territorial como lo exige la norma. Además, dicha vinculación no mutó a distrital en virtud del proceso de descentralización de la educación previsto en la Ley 60 de 1993 debido a que la situación de los docentes estuvo regida por la Ley 91 de 1989, norma que establece a favor de estos servidores una pensión ordinaria de jubilación conforme al régimen de los empleados del orden nacional.

14. Así mismo estableció que los tiempos de servicio prestados en el departamento de Boyacá entre el 2 de octubre de 1972 y el 30 de noviembre de 1972 y en la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colegio Distrital Usme) entre el 11 de mayo de 1990 y el 30 de noviembre de 1990, el 21 de enero de 1991 y el 30 de noviembre de 1991 y desde el 21 de enero de 1992 hasta e l 30 de noviembre de 1992, por tener el carácter de nacionalizado y distrital, respectivamente, no son suficientes para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

3 Ibidem, ver archivo

nacionalizado y distrital, respectivamente, no son suficientes para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

3 Ibidem, ver archivo 25_2500023420002019006060018EXPEDIENTEDIGI2021128155453_25_ED_17ContestacionDemandaUgppCon stanciaEnvioCorreo472.pdf NroActua 31_15. 4 Ibidem, ver archivo 70_250002342000201900606001SENTENCIA20230127062510_70_SENTENCIA NroActua 66_62.4

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

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15. Insistió que del proceso de descentralización de la educación de la Ley 60 de 1993 no es posible deducir la mutación, transformación o cambio de la vinculación de los docentes nacionales a territoriales o departamentales, debido a que la situación de los docentes se encuentra regida por la Ley 91 de 1989.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

16. El demandante presentó recurso de apelación al considerar que después de la descentralización de la educación pasó de trabajar en un plantel del orden nacional a uno distrital en cuanto estos fueron transferidos al Distrito Especial de Bogotá con título traslaticio de dominio, por lo que a partir del 10 de julio de 1996 trabajó en una institución educativa distrital y el nominador dejó de ser la Nación y pasó a ser al Distrito.

traslaticio de dominio, por lo que a partir del 10 de julio de 1996 trabajó en una institución educativa distrital y el nominador dejó de ser la Nación y pasó a ser al Distrito.

17. Alegó que el vínculo laboral mutó porque operó el fenómeno de la sustitución patronal por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en las cuales se estableció que los maestros pasarían a las plantas departamentales, distritales o municipales con ocasión de la descentralización y en cuyo proceso no se requirió que la Nación, Ministerio de Educación Nacional tuviera que hacer un nuevo nombramiento a los docentes que ya venían vinculados, puesto que la nacionalización operó por mandato de la ley.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 21 de septiembre de 20236 se admitió el recurso de apelación y se informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno a la alzada.

19. La UGPP7 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en los actos administrativos y en el curso de la primera instancia , dado que el demandante no demostró el tipo de vinculación como docente durante 20 años conforme lo establece la ley para acceder a la pensión gracia.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO8

20. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia pues está demostrado que la vinculación comprendida entre el 2 de agosto de 1978 y

20. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia pues está demostrado que la vinculación comprendida entre el 2 de agosto de 1978 y el 13 de enero de 2015 con la Secretaría de Educación de Bogotá se realizó a través de un nombramiento de parte del Ministerio de Educación Nacional y que dicho carácter no mutó a territorial por efecto de la descentralización de la educación.

5 Ibidem, ver archivo 72_250002342000201900606001RECIBEMEMORIAL20230213152609_72_Recurso apelaci¾n demandante NroActua 69_64 6 Índice 6 registrado en Samai, ver archivo 6_6_250002342000201900606011AUTOQUEADMITE20230928170314 7 Índice 12 registrado en Samai, ver archivo 12_250002342000201900606011RECIBEMEMORIAL20231021131738 8 Índice 13 de Samar, ver archivo 13_13_250002342000201900606011202310231505055

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

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VI. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

22. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, le corresponde a la Sala e stablecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante mutó a d istrital con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993. En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia pretendida y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes.

Marco legal y jurisprudencial sobre la pensión gracia

23. Para desatar tal cuestionamiento, la Sala verificará si la parte demandante acreditó los requisitos establecidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 para otorgarle la pensión gracia, como son: i) contar con más de 50 años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse desempeñado en l os empleos con honradez, consagración y buena conducta; v) no

calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse desempeñado en l os empleos con honradez, consagración y buena conducta; v) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

24. Igualmente, se tendrán en cuenta las reglas contenidas en tres sentencias de unificación jurisprudencial emanadas de la Sala Plena de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, que se resumen a continuación:

1. Sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 199710, en la que se clarificó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia.

1. Sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811, que estableció las siguientes subreglas que permiten determinar la naturaleza del vínculo docente: a) que los recursos del situado fiscal, aunque eran de origen nacional, se convertían en propiedad exclusiva de las entidades territoriales al incorporarse a sus presupuestos; b) los entes territoriales son

9 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 -23-42000-2013-04683-01 (3805-2014).6

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

000-2013-04683-01 (3805-2014).6

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propietarios de los recursos que reciben de la Nación, según el artículo 356 de la Constitución de 1991; c) la financiación de los fondos educativos regionales dependía de los recursos de la Nación y de los presupuestos locales, por ende, cubrían gastos de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; d) los docentes territoriales/nacionalizados no se convierten en nacionales solo por la intervención del Ministerio de Educación o por el origen de los recursos; e) se requiere prueba del vínculo admini strativo para acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizado, que puede ser mediante el acto administrativo de nombramiento o a través de certificaciones que demuestren de manera inequívoca el tipo de vinculación; f) para el reconocimiento de la pensión gracia, es crucial demostrar que la plaza es territorial o nacionalizada ya que el pago proviene de rentas endógenas de la entidad territorial o de las exógenas provenientes del situado fiscal o el Sistema General de Participaciones, respectivamente.

Caso concreto

25. El a quo negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que el demandante no acreditó los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia, en especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

25. El a quo negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que el demandante no acreditó los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia, en especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

26. La Sala realizará un análisis de lo probado en el proceso, en los siguientes

términos:

1. El señor Gonzalo Rojas Sastoque nació el 9 de marzo de 195212, es decir, cumplió 50 años el 9 de marzo de 2002.

1. Mediante el Decreto 1006 del 20 de octubre de 1972 el demandante fue designado por el Departamento de Boyacá en la Concentración Urbana Benjamín Herrera del municipio de Miraflores, prestando sus servicios docentes desde el 2 de octubre de 1972 al 30 de noviembre de 1972 . De ello da cuenta el Formato Único para Expedición del Certificado de historia Laboral del 10 de mayo de 2016 elaborado por la Secretaría de Educación de Boyacá13, con vinculación del orden nacionalizado.

1. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución 7259 del 31 de mayo de 1978, designó al demandante interinamente en el cargo de prefecto de disciplina en el Colegio Nacional «Sergio Arboleda», a partir del 28 de abril de

12 Índice 2 de Samai , ver expediente digital, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2 – registro civil de nacimiento. 13 Ibidem, ver archivo

10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2 – registro civil de nacimiento. 13 Ibidem, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2, folio 139.7

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1978 mientras dura la licencia ordinaria concedida al titular Franco Humberto Chávez López14. Tomó posesión del cargo el 11 de agosto de 197815.

1. A través de la Resolución 10185 del 24 de julio de 1978 , el Ministerio de Educación Nacional nombró al demandante profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Femenino Superior de Cultura Popular de Bogotá , especialidad psicología, cargo del cual tomó posesión el 2 de agosto de 197816, con el carácter de docente nacional.

1. Por oficio del 8 de marzo de 1990, el jefe de División de Personal del Distrito le comunicó la vinculación como docente temporal 17 a partir del 11 de mayo al 30 de noviembre de 1990 en la Institución Educativa Distrital Francisco

Antonio Zea de Usme18.

1. Por comunicación del 18 de enero de 1991, el jefe de división de personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá le informó al demandante la

Antonio Zea de Usme18.

1. Por comunicación del 18 de enero de 1991, el jefe de división de personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá le informó al demandante la vinculación como docente temporal para el año lectivo 199119, entre el 21 de enero y el 30 de noviembre de 1991, en la misma institución educativa mencionada20.

1. El jefe de división de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá , mediante oficio de enero de 1992, le comunicó al demandante la vinculación para desempeñar el cargo docente maestro XI, en calidad de temporal, entre el 20 de enero y el 30 de noviembre de 199221.

1. El subdirector de Nómina de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá certificó que el demandante entre el 28 de abril y el 28 de junio de 1978 cotizó a la Caja de Previsión Social. Para los años 1990, 1991 y 1992 a la Caja de Previsión Social Distrital y a partir del 2 de agosto de 1978 en el Fondo

Prestacional del Magisterio22.

14 Ibidem, ver archivo 39_250002342000201900606004EXPEDIENTEDIGI202112816044_39_ED_31RespuestaSecretariaDistrital.pdf NroActua 31_26 , folio 5. Acto administrativo aclarado mediante la Resolución 11224 del 4 de agosto de 1978, relacionado con la asimilación a la segunda categoría del Escalafón de Enseñanza Secundaria, para efectos fiscales (folio 6).

relacionado con la asimilación a la segunda categoría del Escalafón de Enseñanza Secundaria, para efectos fiscales (folio 6). 15 Ibidem, ver archivo 43_250002342000201900606001RECIBEMEMORIAL20211118083138_43_Respuesta SecretarÝa de Educaci¾n del Bogotß NroActua 36_35 16 Ibidem, ver archivo 44_250002342000201900606001RECIBEMEMORIAL20211122153828_44_Memorial respuesta MinEducaci¾n NroActua 37_36 RES 10185 DEL 24 JULIO DE 1978 MIN NAL 17 Ibidem, ver archivo 39_250002342000201900606004EXPEDIENTEDIGI202112816044_39_ED_31RespuestaSecretariaDistrital.pdf NroActua 31_26, folio 7. 18 Ibidem, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2 , folio 114. 19 Ibidem, folio 8 20 Ibidem, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2, folio 114. 21 Ibidem, folio 11. 22 Ibidem, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2, folio 117.8

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

folio 117.8

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. La Secretaría de Educación de Bogotá D.C. emitió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 14 de diciembre de 202023, en el cual se registra la vinculación como docente nacional y las diferentes situaciones administrativas por las cuales atravesó el actor entre el 28 de abril y el 28 de junio de 1978 y desde el 2 de agosto de 1978. Asimismo, se refiere a las vinculaciones temporales como docente de tiempo completo durante los siguientes períodos: del 11 de mayo de 1990 al 30 de noviembre de 1990; del 21 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991 ; y del 20 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992.

1. De la misma forma, obra el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 8 de febrero de 2002 en el que se observa que el demandante fue nombrado en propiedad por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 10185 del 24 de julio de 1978, a partir del 2 de agosto de 1978 con vinculación de tipo nacional y que el último establecimiento educativo en donde prestó sus servicios fue la Institución Educativa Distrital Heladia Mejía, retirado por invalidez a partir del 13 de enero de 2015 mediante la

agosto de 1978 con vinculación de tipo nacional y que el último establecimiento educativo en donde prestó sus servicios fue la Institución Educativa Distrital Heladia Mejía, retirado por invalidez a partir del 13 de enero de 2015 mediante la Resolución 14460 del 30 de diciembre de 2014.

1. El 21 de julio de 2016 el demandante radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión24.

1. Mediante la Resolución RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016 25, la UGPP resolvió en forma negativa la solicitud con fundamento en que los tiempos de servicio aportados por el interesado fueron prestados con nombramiento del orden nacional. Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 022871 del 31 de mayo de 201726.

27. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo al no demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.

28. En efecto, se encuentra demostrado que el demandante laboró como docente nacionalizado entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 1972 y como docente distrital entre el 11 de mayo de 1990 y e l 30 de noviembre de 1990 , desde el 21 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991 y de l 20 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992, períodos que pueden computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los años de servicio

noviembre de 1992, períodos que pueden computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los años de servicio comprendidos entre el 2 de agosto de 1978 y el 13 de enero de 2015 (retiro) en que inclusive fue nombrado coetáneamente, ya que fueron del orden nacional.

23 Ibidem, ver archivo 38_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI202112816044_38_ED_30RespuestaRequerimiento.pdf NroActua 31_25, folios 3 a 4 24 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 045474 del 2 de diciembre de 2016. 25 Ibidem, ver archivo 10_250002342000201900606003EXPEDIENTEDIGI2021128155451_10_ED_02CdDemanda.pdf NroActua 31_2, folio 117. 26 Ibidem, folios 255 – 265.9

Radicado: 25000 23 42 000 2019 00606 01 (3401-2023)

Demandante: Gonzalo Rojas Sastoque

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29. Ahora, del Formato Único para a Expedición de Certificado de Historia Laboral

de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. se infiere que el educador fue designado mediante la Resolución 10185 del 24 de julio de 1978 por el Ministerio de Educación Nacional, con tipo de vinculación nacional y que con posterioridad no se expidieron nuevos actos de nombramiento.

30. Como argumento de la apelación, el demandante afirmó que a partir del 10 de

Nacional, con tipo de vinculación nacional y que con posterioridad no se expidieron nuevos actos de nombramiento.

30. Como argumento de la apelación, el demandante afirmó que a partir del 10 de julio de 1996 -por virtud de la Ley 60 de 1993 - ostenta una vinculación del orden territorial, circunstancia que en su sentir le otorga el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

31. La naturaleza de este vínculo es aceptada por el demandante, quien refiere que tuvo la condición de docente nacional por designación realizada por el Ministerio de Educación Nacional desde el 2 de agosto de 1978 al 9 de julio de 1996; sin embargo, a partir del 10 de julio siguiente estima que mutó a territorial, teniendo en cuenta que el Distrito Capital fue certificado en esa fecha por el Ministerio de Educación Nacional para asumir la administración de la prestación de los servicios educativos.

32. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado 27 que la descentralización de la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 200128). En ese sentido resulta consistente sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en educación; con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su

en educación; con todo, lo cie