CE - Sentencia 25000234200020190064702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de junio dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2019-00647-02 (0511-2025)1

Demandante : Mariela Lucrecia Quintero Bacares Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho. Ley 1437 de 2011

Tema : Reconocimiento pensión gracia

Decisión

: Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, que negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

La señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para solicitar la nulidad los siguientes actos3:

1 Expediente digital - puede ser consultado en el aplicativo Samai.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para solicitar la nulidad los siguientes actos3:

1 Expediente digital - puede ser consultado en el aplicativo Samai. 2 Sala conformada por los magistrados: Cerveleón Padilla Linares, Alba Lucia Becerra Avella e Israel Soler Pedroza. 3 La demanda se rechazó contra los demás actos acusados por auto del 26 de agosto de 2019, confirmado por el Consejo de Estado mediante auto del 29 de abril de 20212

Numero interno: 0511-2025

Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares

Demandado: UGPP

1. Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003, mediante la cual la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección So cial UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1. Resolución RDP 08248 del 30 de abril de 2003, mediante la cual resuelve recurso de reposición contra la decisión anterior, confirmándola en todas sus partes.

1. Resolución No. 2942 del 6 de abril de 2004 , que resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003.

A título de restablecimiento del derecho, pide se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia en los términos de la Ley 4ª de 1996, incluyendo todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional, junto con su retroactividad, reajuste e indexación.

incluyendo todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional, junto con su retroactividad, reajuste e indexación.

Que se actualice el vínculo laboral, el certificado de tiempo se servicios y salarios devengados por la señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares , en el sentido de precisar que es una servidora pública (docente), territorial, con vinculación distrital y remunerada.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192, 194 y 195 del CPACA; y se condene en costas.

1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares nació el 24 de enero de 1949, ingresó al servicio educativo como docente el 1 0 de marzo de 1975 hasta el día en que le fue aceptada su renuncia mediante la Resolución No. 2928 del 11 de diciembre de 2012.

Que el 10 de julio de 2002 presentó derecho de petición ante la UGPP solicitando el reconocimiento de una pensión gracia, la cual fue negada mediante Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003.3

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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares

Demandado: UGPP

Contra la anterior decisión interpuso recurso reposición y apelación los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones números 08248 del 30 de abril de 2003 y 2942 del 06 de abril de 2004, confirmando en su totalidad la Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003.

fueron resueltos mediante las Resoluciones números 08248 del 30 de abril de 2003 y 2942 del 06 de abril de 2004, confirmando en su totalidad la Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003.

Indicó que los certificados de tiempo de servicios y salariales devengados expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá no se acompasan a la realidad, en cuanto a la forma de su vinculación, dado que siempre prestó sus servicios para la Secretaría de Educación Distrital, prueba de ello es que dicha entidad fue quien le aceptó su renuncia.

1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación

En la demanda se citan como violadas las siguientes normas: Constitución Política, artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122, 123 y 230. Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 46 de 1973, Ley 43 de 1975, Ley 29 de 1989, Ley 91 de 1989, Ley 33 de 1985, Ley 60 de 1993 , Ley 715 de 2001, Acto Legislativo No. 1 de 2005 , Ley 100 de 1993 y Decreto Ley 2277 de 1979.

Sostuvo que los actos cuestionados están viciados de nulidad, al desconocer la normatividad que rige la pensión de jubilación gracia.

Agregó que la entidad accionada debió aplicar las normas constitucionales, verificando quien es el empleador director de la demandante, esto es, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía Mayor de Bogotá,

Agregó que la entidad accionada debió aplicar las normas constitucionales, verificando quien es el empleador director de la demandante, esto es, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para con base en ello, ordenar e l pago de la pensión ; dado que cumple con los requisitos legales, prestación que se debe reconocer desde el momento en que cumplió 20 años de servicios y 50 años de edad.

2. Contestación de la demanda4

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no tiene la obligación de reconocer la pensión de

4 Índice 0056 SAMAI – Gestión de otros despachos4

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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares

Demandado: UGPP

jubilación gracia a aquellas personas que no cumplan con la totalidad de requisitos señalados en la ley para ser acreedores de la misma.

En el caso de la demandante, no tiene derecho a la prestación puesto que, a pesar que trabajo al servicio del Estado por más de veinte años , su vinculación fue como docente nacional, por lo que no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión solicitada. Ante ello , las resoluciones que negaron el derecho se encuentran ajustadas a derecho y no hay lugar de ordenar su nulidad.

Como excepciones propuso las que denominó : inexistencia de la obligación demandada, ausencia de vicios en los actos administrat ivos demandados, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, buena fe y la

Como excepciones propuso las que denominó : inexistencia de la obligación demandada, ausencia de vicios en los actos administrat ivos demandados, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, buena fe y la innominada o genérica.

3. La sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , mediante sentencia del 24 de o ctubre de 202 4, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Consideró que la demandante no cumple con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y por la jurisprudencia para ser acreedora del reconocimiento de la pensión gracia, esto es, ser docente territorial o nacionalizado vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 y haber prestado sus servicios en planteles territoriales por más de 20 años; lo anterior, por cuanto las pruebas allegadas al plenario dan fe que su vinculación fue nacional.

Ante ello, no es posible acceder a lo pretendido, recalcando que es deber de la parte actora la carga de prueba del derecho que reclama, el cual fue desatendido por dicho extremo procesal.

5 Índice 0018 SAMAI – Gestión de otros despachos5

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4. El recurso de apelación

La parte demandante solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones, esto es, se reconozca la pensión gracia a su favor; lo anterior, co moquiera que fue docente vinculada con el Distrito de Bogotá D.C.

La parte demandante solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones, esto es, se reconozca la pensión gracia a su favor; lo anterior, co moquiera que fue docente vinculada con el Distrito de Bogotá D.C.

Se refirió al empleo público y que toda persona debe tener funciones asignadas.

Señala que en la sentencia no se tuvo en cuenta que su vinculación no fue como docente nacional; lo anterior, por cuanto sí bien fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 1975, posteriormente, prestó sus servicios de forma continua al distrito de Bogotá, donde figuró en su planta de personal, recibió sueldos y prestaciones, fue ascendida por la Oficina de Escalafón Distrital, y luego retirada mediante resolución distrital.

1.6 Trámite de segunda instancia

Con auto de 1 de abril de 20256, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

1.7. Concepto del Ministerio Público7

La Procuraduría Delegada sugirió que se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que no se demostró que el tiempo de servicio fuera prestado en condiciones que habiliten el reconocimiento de la pensión gracia , en el entendido que lo probado es que la vinculación de la demandante fue de carácter nacional, en el Instituto Nacional para Ciegos INCI (sic), desde el 10 de marzo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2012.

vinculación de la demandante fue de carácter nacional, en el Instituto Nacional para Ciegos INCI (sic), desde el 10 de marzo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2012.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

6 Índice 0004 SAMAI. 7 Índice 0008 SAMAI.6

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Demandado: UGPP

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el ar tículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones. Para el efecto, se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues los años en que prestó el servicio como docente lo fue con vinculación de orden nacional, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes

fundamento, pues los años en que prestó el servicio como docente lo fue con vinculación de orden nacional, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia

En principio, debe se ñalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la

recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7

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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares

Demandado: UGPP

El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue comp ensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 190310, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 190310, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192811 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignació n del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual12.

La Ley 37 de 1933 13 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

9 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 10 «[S]obre Instrucción Pública»

de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

9 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 10 «[S]obre Instrucción Pública» 11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 12 «Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas» 13«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».8

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La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 1998 14, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,

Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Es tado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la n orma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducid o en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley»

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les rec onocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario

14 16 M. P. Carlos Gaviria Díaz 15 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los

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mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional».

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambi o de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial

con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de l a pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

[…] 5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vin culados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,

que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad

1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley»16

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar l a interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ -030-CES2-2021 de 11 de

16 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.10

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agosto de 2022, expediente 15001 -23-33-0002016-0027801 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento»

1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento»

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en fallo SU14 de 2020 17, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999,

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles. 3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numera l 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […]

17 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares

Demandado: UGPP

[…]

17 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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Demandado: UGPP

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a ot ros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 198 0, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situac