CE - Sentencia 25000234200020190073801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024)

Demandante: María Marlene Granados Sierra

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 202 4 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Marlene Granados Sierra presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 004214 del 12 de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 004214 del 12 de febrero de 2019; RDP 008283 del 14 de marzo de 2019; y RDP 008805 del 16 de marzo de 2019, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 2, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) reconocer y pagar la pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional ; ii) reconocer y pagar la indemnización moratoria prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189 y 195 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Marlene Granados Sierra nació el 13 de agosto de 1950.

3.2. Se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 22 de mayo de 1980. Adquirió el estatus pensional el 1 de agosto de 2010, fecha en la que tenía más de 50 años de edad y 20 años de servicio como docente

desde el 22 de mayo de 1980. Adquirió el estatus pensional el 1 de agosto de 2010, fecha en la que tenía más de 50 años de edad y 20 años de servicio como docente oficial del orden nacionalizado.

3.3. El 17 de octubre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, mediante las resoluciones RDP 004214 del 12 de febrero de 2019, RDP 008283 del 14 de marzo de 2019 y RDP 008805 del 16 de marzo de 2019, la Ugpp le negó el reconocimiento de la prestación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de

1989.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. Los actos demandados infringieron las disposiciones señaladas, en tanto María Marlene Granados Sierra acreditó los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, debido a que prestó sus servicios de educación formal en el nivel municipal (nacionalizado) por más de 20 años, por lo que debe reconocerse la prestación desde ese momento.

2 En adelante Ugpp3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra 5.2. Se debe aplicar lo señalado en la sentencia T-174 de 2005 y en la de Unificación del 21 de junio de 2018.

Demandante: María Marlene Granados Sierra 5.2. Se debe aplicar lo señalado en la sentencia T-174 de 2005 y en la de Unificación del 21 de junio de 2018.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresaron a continuación3:

6.1. María Marlene Granados Sierra para el 19 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91, acreditó 1 año, 8 meses y 19 días de servicio y contaba con 39 años de edad, razón por la que cual no tenía derecho al reconocimiento pensional solicitado.

6.2. Formuló las siguientes excepciones: i) inexistencia de las obligaciones demandadas; ii) cobro de lo no debido ; iii) buena fe ; iv) legalidad de los actos administrativos demandados; y v) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia proferida el 13 de marzo de 2024 accedió a las súplicas de la demanda y para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente4:

«PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones RDP 004214 del 12 de febrero de 2019, RDP 008283 del 14 de marzo de 2019, y RDP 008805 del 16 de marzo de 2019, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de la Protección Social UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2019, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de la Protección Social UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLÁRESE probada la excepción accesoria de prescripción, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 17 de octubre de 2015.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a títulos de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de la Protección Social UGPP deberá reconocer y pagar la pensión gracia a la señora María Marlene Granados Sierra, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de salarios devengados entre el 18 de agosto 2009 y el 18 de agosto de 2010, lapso que corresponde al año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada de la demandante, pues para esta fecha cumplió los 20 años de servicios. Lo anterior, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 4a de 1966, que modificó, en lo pertinente la Ley 114 de 1913.

3 Samai tribunal, archivo pdf. denominado «9_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_07PoderAnexosContestacionDemandaUgpp.pdf.PDF». 4 Samai tribunal, archivo pdf. denominado «063SENTENCIA_DEFINITIVO0002019007.pdf».4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra CUARTO: DÉSE CUMPLIMIENTO a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 187 a 195 del CPACA.

Demandante: María Marlene Granados Sierra CUARTO: DÉSE CUMPLIMIENTO a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 187 a 195 del CPACA.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas, en la instancia» [Resaltado del texto original].

7.1. No es cierto que María Marlene Granados Sierra debía reunir la totalidad de los requisitos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, pues solo necesitaba acreditar que estuvo vinculada como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, que laboró con buena conducta y que alcanzó 20 años de servicio y 50 de edad.

7.2. Mediante el D ecreto del 19 de mayo de 1980 , se vinculó como docente de primaria, es decir, antes de la expedición de la Ley 91 de 1989. Además, en el Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios y en el Oficio S -2021279241 del 26 de agosto de 2021, suscrito por el Grupo de Certificaciones Laborales de la Secretaría Distrital de Educación, se demostró que entre los años 1980 y 1982, tuvo una vinculación como nacionalizada; asimismo, que los recursos que financiaron sus salarios y aportes fueron del orden «TERRITORIALDISTRITALRECURSOS PROPIOS».

7.3. Nació el 13 de agosto de 1950, lo que indica que el 13 de agosto de 2000 cumplió 50 años de edad. Aunado a lo anterior, no existe prueba que desvirtúe que su labor

RECURSOS PROPIOS».

7.3. Nació el 13 de agosto de 1950, lo que indica que el 13 de agosto de 2000 cumplió 50 años de edad. Aunado a lo anterior, no existe prueba que desvirtúe que su labor como docente la ejerció con rectitud, por lo que se infiere que laboró con buena conducta.

7.4. Del Formulario Único de Salarios se extrae que laboró para la capital de la república como maestra entre el 22 de mayo de 1980 y el 10 de febrero de 1982; el 14 de febrero de 1992 y el 30 de noviembre de 1992; y el 8 de febrero de 1993 y el 2 de agosto de 2015, para un total de 24 años, 11 meses y 12 días.

7.5. Se concluye que la demandante cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, comoquiera que acreditó que su vinculación fue del orden territorial y nacionalizado, y cuenta con más de 50 años de edad, 20 años de servicios y buena conducta.

7.6. Comoquiera que la demandante elevó la petición de reconocimiento el 17 de octubre de 2018, prescribieron las mesadas causadas con anterioridad al 17 de octubre de 2015.

7.7. La pretensión de intereses de mora respecto de las mesadas dejadas de percibir como consecuencia del reconocimiento de la pensión gracia será negada, pues5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra resulta desproporcionada y no acompaña la finalidad con la cual el legislador previó tales intereses.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra resulta desproporcionada y no acompaña la finalidad con la cual el legislador previó tales intereses.

1.4. El recurso de apelación

8. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes

argumentos5:

8.1. El periodo laborado por María Marlene Granados Sierra desde el 22 de mayo de 1980 al 30 de noviembre de 1992 como docente en el distrito especial de Bogotá, no puede ser tenido en cuenta, pues tomó posesión del cargo mediante resolución suscrita y aprobada por el delegado ante el FER del Ministerio de Educación Nacional en una plaza nacional y con asignación de recursos del orden nacional. Las vinculaciones laborales mediante resoluciones son emitidas por parte de entidades de carácter nacional, mientras que los decretos y ordenanzas son de carácter municipal.

8.2. No se aportó al proceso copia auténtica u original de la resolución, siendo este un requisito indispensable para probar la existencia del acto jurídico. Además, no se determinó el tipo de vinculación. Lo mismo sucedió con la certificación emitida por secretaría de educación «del municipio de Arauca » (sic), ya que en ella tampoco se indicó el tipo de vinculación, ni la calidad del trabajador, de tiempo completo, horas extras, o si era para suplir una incapacidad, lo que impide contabilizar estos periodos para efectos del reconocimiento de la prestación.

8.3. Tuvo una vinculación laboral desde el 3 de diciembre de 1996 hasta el momento

extras, o si era para suplir una incapacidad, lo que impide contabilizar estos periodos para efectos del reconocimiento de la prestación.

8.3. Tuvo una vinculación laboral desde el 3 de diciembre de 1996 hasta el momento de presentación de la demanda, conforme se evidencia en el certificado Cetil, en las que consta que estos periodos son de carácter nacional al ser posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

8.4. El fallo no se ajust ó a derecho en la medida que tuvo en cuenta como tiempos laborados para la obtención de la pensión gracia aquellos con posterioridad al 14 de febrero de 1992 en calidad de docente para el distrito capital de Bogotá, y según la certificación de la entidad territorial nominadora, María Marlene Granados Sierra acreditó ser docente de carácter nacional para una plaza territorial.

8.5. La pensión gracia fue creada para suplir una brecha salarial existente para la época; sin embargo, esta fue superada a partir de la promulgación de la Ley 91 de 1989, por lo que a partir del 31 de diciembre de 1980, las relaciones laborales

5 Samai tribunal, archivo pdf. denominado « 065_MemorialWeb_RecursoRECURSODEAPELACION.pdf».6

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra iniciadas con posterioridad no cumplen con el objetivo de la norma.

8.6. La pensión gracia solo subsiste para los docentes con vínculo de servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, pues con posterioridad a la vigencia de la Ley

iniciadas con posterioridad no cumplen con el objetivo de la norma.

8.6. La pensión gracia solo subsiste para los docentes con vínculo de servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, pues con posterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989, se les reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año.

8.7. El tribunal n o realizó una debida valoración probatoria en aplicación de los principios de sana crítica y valoración conjunta de las pruebas obrantes en el plenario, pues únicamente tuvo en cuenta el certificado de salarios y el Oficio S2021-279241 del 26 de agosto de 2021, suscrito por el profesional especializado del Grupo de Certificaciones Laborales de la Secretaría Distrital de Educación, que demuestran que durante el tiempo servido desde el año 1980 hasta el año 1982, tuvo vinculación como nacionalizado , sin que existiera certificación de los demás tiempos laborados por la demandante con posterioridad al 30 de diciembre de 1980.

8.8. Se equivoca el tribunal al tener en cuenta para el cómputo de los 20 años de servicio, el tiempo laborado del 14 de febrero de 1992 al 2 de agosto de 2015 como docente nacional.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció tal y como se observa del informe secretarial del 18 de noviembre de 2024.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

11. Se circunscribe a resolver ¿si María Marlene Granados Sierra acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra 2.2.1. En torno a la pensión gracia

12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores, pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios para el pago de sus e mpleados dedicados a la labor educativa. Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.

13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las

estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.

13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por medio de la Ley 114 de 1913 6 como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 7 y 37 de 19338, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

6 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 7 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024)

Demandante: María Marlene Granados Sierra Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

Las causadas a partir del 29/12/1989

La nación y pagadas por el Fomag

Nacionalizado

Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades

antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. La nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La nación y pagadas por el Fomag

17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para

entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así como la salud.

18. En efecto, la Ley 60 de 19939 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes

9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [...] Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los9

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos . En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación de l personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la res pectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual

91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la res pectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.

19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja10, lo que se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER), creados por el Decreto 3157 de 1968 11, encargados del sostenimiento de los servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y distritos12 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de 199413 (artículo 179, literal d).

20. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las prestaciones causadas y no pagadas.

21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se reglamentó con el Decreto 196 de 1995 14, a través del cual se identificaron las fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación

financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se reglamentó con el Decreto 196 de 1995 14, a través del cual se identificaron las fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación señalada por la Ley 91 de 1989, así:

distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrad o bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política». 10 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropia ciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.» 11 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de la Nación» 12 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1. 13 «Por la cual se expide la ley general de educación» 14 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994»10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra 21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024) Demandante: María Marlene Granados Sierra 21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.

21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres grupos, a saber:

22. Por una parte, el personal que venía pagado c on recursos propios del ente territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los correspondientes aportes.

23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.

Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado fiscal.

24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198915, en la sentencia

recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198915, en la sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 16 se afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 17 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 16 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 17 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024)

Demandante: María Marlene Granados Sierra

17 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00738-01 (3805-2024)

Demandante: María Marlene Granados Sierra

27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que

la jurisprudencia de la Sala18 ha señalado:

«Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional. Artículo 4º. - Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala) El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 19 clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de

alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son l