CE - Sentencia 25000234200020190127001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (03) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 25000-23-42-000-2019-01270-01 (4726-2024) 1

Demandante : Héctor Mario Londoño Ríos Demandado : Nación - Contraloría General de la República.

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de

2011

Tema : Prima técnica y prima de alta gestión.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia de fecha Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1. Pretensiones. El señor Héctor Mario Londoño Ríos, actuando por intermedio de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 2019IE0030828 del 4 de abril de 2019, expedido por la Contraloría General de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 2019IE0030828 del 4 de abril de 2019, expedido por la Contraloría General de la República, a través d el cual s e negó la solicitud elevada mediante petición radicada bajo el número 2019ER0029808 del 27 de marzo de 2019.

1 Expediente híbrido (Samai y físico) 2 Magistrados: Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños. 3 Folios 2 a 30 del expediente físico.2

Numero interno: 4726-2024

Demandante: Héctor Mario Londoño Ríos

Demandado Nación - Contraloría General de la República.

Igualmente, solicitó la nulidad parcial del artículo 5.º de los Decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017 y 344 de 2018, en cua nto dispone que «la prima de alta gestión de qué trata este artículo no constituye factor salarial para ningún efecto legal». A título de restablecimiento del derecho, solicitó: • Que se declare la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 5.º de lo s mencionados decretos reglamentarios, en cuanto excluyen la prima de alta gestión como factor salarial. • Que se reconozca que tanto la prima de alta gestión como la prima técnica constituyen factores salariales, en razón de su habitual reconocimiento y pago mensual como contraprestación directa de los servicios prestados en el cargo de director grado 03 en la Contraloría General de la República, a partir

constituyen factores salariales, en razón de su habitual reconocimiento y pago mensual como contraprestación directa de los servicios prestados en el cargo de director grado 03 en la Contraloría General de la República, a partir del 20 de agosto de 2014. • Que se ordene la reliquidación y el pago de todos los factores salariales y prestaciones sociales desde la fecha antes indicada. • Que se disponga la reliquidación y el pago de los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en pensiones, salud y riesgos laborales (ARL) correspondientes al período mencionado. • Que se condene a la entidad demandada al pago de los gastos procesales y agencias en derecho. 1.2 Hechos Según lo expuesto por el apoderado judicial de la parte actora, su poderdante , el señor Héctor Mario Londoño Ríos, se encuentra vinculado como empleado público a la Contraloría General de la República desde el 20 de agosto de 2014, y actualmente ocupa el cargo de director – Nivel Directivo grado 03, dentro del régimen especial de carrera administrativa de dicha entidad. Manifestó que, desde la fecha de su nombramiento y hasta el momento, ha percibido de manera mensual, habitual, continua y permanente una suma equivalente al 50 % del salario básico mensual, a título de prima técnica y una suma equivalente al 20% del sala rio básico mensual , a título de prima de alta gestión, como parte integrante de la remuneración por los servicios prestados en el mencionado cargo.3

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Demandante: Héctor Mario Londoño Ríos

Demandado Nación - Contraloría General de la República.

mencionado cargo.3

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No obstante, sostuvo que tanto la prima técnica como la prima de alta gestión que ha recibido con regularid ad en el mismo periodo, no han sido reconocidas por la entidad demandada como factores salariales, a pesar de constituir, en su criterio, retribuciones directas derivadas de la prestación personal del servicio. Agregó que, como consecuencia de dicha omisión, se han visto afectados los pagos correspondientes a otros emolumentos legales, tales como la prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios, cesantías e intereses a las cesantías, prima de navidad y los aportes al Sistem a de Seguridad Social Integral, los cuales —afirma— han sido liquidados de manera inferior a lo que legalmente correspondería, desde el 20 de agosto de 2014 hasta la fecha. Indicó, además, que el 27 de marzo de 2019 elevó derecho de petición solicitando el reconocimiento de la naturaleza salarial de la prima técnica y la prima de alta gestión, así como la correspondiente reliquidación de salarios y prestaciones sociales causadas desde el inicio de su vinculación. Sin embargo, dicha solicitud fue resuelta de forma negativa por parte de la Contraloría General de la República. 1.2. Normas violadas y concepto de violación. Como disposiciones presuntamente vulneradas, la parte actora citó los artículos 13, 31 y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978; el Decreto 720 de 1978; el Decreto Ley 268

1.2. Normas violadas y concepto de violación. Como disposiciones presuntamente vulneradas, la parte actora citó los artículos 13, 31 y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978; el Decreto 720 de 1978; el Decreto Ley 268 de 2000; el artículo 2.º de la Ley 4.ª de 1992; así como los artículos 150, ordinal 19, literal e), y 189-10 de la Constitución Política, y el artículo 53 superior. Como concepto de violación, sostuvo en primer lugar que los apartes acusados de los Decretos 1012 de 2013, 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017 y 344 de 2018 fueron expedidos con infracción directa por falta de aplicación de las disposiciones legales en las que debieron fundarse. Alegó igualmente que dicha s normas fueron proferidas por el gobierno nacional sin competencia para ello, en contravención de la cláusula general de competencia del Congreso de la República. Argumentó que los mencionados decretos vulneran el artículo 53 de la Constitución Política, así como los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades, favorabilidad en materia laboral e igualdad material. A su juicio, al excluirse del concepto de salario las sumas recibidas habitualmente como prima técnica y prima4

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de alta gestión, se desconoce su verdadera naturaleza retributiva y se configura una falsa motivación por parte de la administración, que omitió valorar hechos relevantes que, de haberse considerado, habrían generado una decisión sustancialmente distinta.

de alta gestión, se desconoce su verdadera naturaleza retributiva y se configura una falsa motivación por parte de la administración, que omitió valorar hechos relevantes que, de haberse considerado, habrían generado una decisión sustancialmente distinta. Señaló que, pese a que en los decretos anuales de fijación salarial dichas primas son catalogadas como "no salariales", su reconocimiento mensual, habitual y periódico en favor de los funcionarios del nivel directivo de la Contraloría General de la República las convierte , en su criterio, en factores salariales para todos los efectos legales. Añadió que al privar de dicha connotación salarial a tales conceptos, el gobierno nacional no solo desconoció el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, sino que incurrió en un abus o de poder al arrogarse competencias exclusivas del legislador, con infracción del artículo 150 ordinal 19 literal e) superior. Finalmente, manifestó que la actuación de la administración constituye una vulneración del principio de favorabilidad laboral, a l preferir aplicar los artículos 5 y 6 de los decretos acusados —más gravosos para el trabajador— en lugar de acoger los mandatos contenidos en el ordenamiento legal vigente y en los pronunciamientos jurisprudenciales que desarrollan el concepto de salario y los factores que lo integran, contrariando así los criterios previstos en la Ley 4.ª de 1992 para la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda4.

La Nación – Contraloría General de la República, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar

2. Contestación de la demanda4.

La Nación – Contraloría General de la República, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que esta no permite asumir válidamente la existencia de un ataque específico y debidamente sus tentado contra los actos acusados. Señaló que, aunque en la demanda se hace mención al principio constitucional de favorabilidad, dicha invocación resulta insuficiente para controvertir la presunción de legalidad que ampara la respuesta emitida al derecho de petición radicado bajo el número 2019ER0029808 del 27 de marzo de 2019. Adujo que es infundada la pretensión del demandante en cuanto solicita al despacho judicial aplicar la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, toda vez que, a su juicio, la demanda se limita a equiparar los

4 Folios 77 a 96 del expediente físico.5

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conceptos de salario y factor salarial sin cumplir con los requisitos de claridad, certeza, precisión y suficiencia exigidos para exponer adecuadamente los fundamentos de la acción, tanto respecto de las normas constitucionales presuntamente vulneradas como en relación con los argumentos que sustenten los vicios alegados y la inconstitucionalidad que se atribuye a la normativa expedida por el gobierno nacional. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las que denominó: i) falta de competencia; ii) falta de legitimación en la causa material por

vicios alegados y la inconstitucionalidad que se atribuye a la normativa expedida por el gobierno nacional. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las que denominó: i) falta de competencia; ii) falta de legitimación en la causa material por pasiva; iii) indebida escogencia del medio de control; iv) ausencia de causal para demandar – inepta demanda; v) inexistencia de daño antijurídico; vi) cobro de lo no debido; vii) doble presunción de legalidad y veracidad del acto acusado, con el consecuente traslado de la carga de la prueba al demandante; y viii) excepción genérica. Cabe precisar qu e las excepciones previas i) falta de competencia; ii) falta de legitimación en la causa material por pasiva; iii) indebida escogencia del medio de control; y iv) ausencia de causal para demandar – inepta demanda, fueron desestimadas mediante auto del 3 de diciembre de 20215.

3. La sentencia de primera instancia6.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de primer a instancia, negó las pretensiones de la demanda , como fundamento de su decisión, sostuvo que, no s e configuró la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el actor frente al artículo 5 de los Decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017 y 344 de 2018, en tanto no se evidenció una contradicción manifiesta entre dichas disposicione s y las normas constitucionales invocadas como vulneradas, razón por la cual, el tribunal mantuvo la presunción de legalidad de aquellas.

evidenció una contradicción manifiesta entre dichas disposicione s y las normas constitucionales invocadas como vulneradas, razón por la cual, el tribunal mantuvo la presunción de legalidad de aquellas. Sostuvo, además que, la normatividad demandada fue expedida en ejercicio de las competencias conferidas al gobierno nacional por el artículo 189 numeral 11 y el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 4 de 1992, dentro del marco del régimen salarial y prestacional de los

5 Folios 128 a 130 del expediente físico. 6 Ver índice 0041 de Samai.6

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empleados públicos. En ese sentido, precisó que la Corte Constitucional ya había avalado, en sede de control abstracto, normas que excluyen expresamente ciertos conceptos del régimen salarial, como ocurrió en las sentencias C -279 de 1996, C424 de 2006 y C-100 de 1996, entre otras. Adicionalmente, declaró probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, concretamente: la inexistencia de daño antijurídico, el cobro de lo no debido, y la doble presunción de legalidad y veracidad del acto administrativo demandado, por cuanto el actor no logró desv irtuar dichas presunciones ni demostrar el rompimiento de la legalidad del acto cuestionado. En virtud de lo anterior, la primera instancia negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuró una vulneración constitucional que justificara la

demostrar el rompimiento de la legalidad del acto cuestionado. En virtud de lo anterior, la primera instancia negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuró una vulneración constitucional que justificara la inaplicación de la norma ni se acreditó un derecho cierto a reclamar. Finalmente, en aplicación del régimen normativo sobre costas procesales, se abstuvo de imponer condena en costas al no advertirse una actuación de mala fe ni una carencia manifiesta de fundamento legal en la demanda.

4. El recurso de apelación7.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que la sentencia apelada vulneró el debido proceso y desconoc ió los derechos constitucionales y legales del demandante, al no considerar de fondo los motivos de nulidad planteados ni el carácter retributivo de los pagos recibidos. El apelante alegó que la decisión fue adoptada sin distinguir adecuadamente entre “prima técnica” y “prima técnica automática”, y sin realizar un análisis conforme a los límites constitucionales y legales de las facultades del gobierno nacional. En su criterio, la sentencia ignoró que la “prima técnica automática” y la “prima de alta gestión” constituían retribución directa del servicio prestado, lo que, en virtud del Convenio 095 de la OIT y del Decreto 1042 de 1978, les confería naturaleza salarial. Señaló que, se incurrió en violación de los artículos 4, 29, 53, 58, 93 y 230 de la Constitución Política, al desconocer el principio de favorabilidad, la primacía de la realidad sobre las formalidades y los derechos adquiridos del demandante, quien

Constitución Política, al desconocer el principio de favorabilidad, la primacía de la realidad sobre las formalidades y los derechos adquiridos del demandante, quien

7 Índice 0044 de Samai.7

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percibió de manera habitual y periódica dichos pagos como contraprestación directa por su trabajo. Criticó, que la sentencia no hubiera confrontado adecuadamente los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional, que excluían las primas del salario, con las normas superiores vigentes que definen el concepto de salario en el ordenamiento jurídico colombiano. A juicio del recurrente, se prefirió aplicar normas expedidas por el Ejecutivo en exceso de competencia, sin atender lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978 y el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT. Asimismo, cuestionó que , el fallo ignorara el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual ha reconocido que los pagos efectuados en forma habitual y periódica, como retribución del servicio, d eben considerarse salario, independientemente de su denominación. En consecuencia, solicitó la revocatoria integral de la sentencia y el reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

Con auto de 7 de octubre de 2024 8, este despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que

5. Trámite de segunda instancia

Con auto de 7 de octubre de 2024 8, este despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) ; y, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

5.1 El ministerio público no rindió concepto9.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

8 Índice 0003 de Samai. 9 Así se entiende de las antaciones de Samai y de la nota secretaríal de fecha 06 de noviembre de 2024.8

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De conformidad con lo dispuesto en el inciso 110 del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico se circunscribe a establecer si le asiste derecho al señor Héctor Mario Londoño Ríos, en su condición de director grado 03 adscrito a la Dirección de Recursos Financieros de la Contraloría General de la República , a que la prima técnica y la prima de alta gestión que ha percibido de forma habitual desde el 20 de agosto de 2014, sean reconocidas como factores salariales y, sí en consecuencia,

técnica y la prima de alta gestión que ha percibido de forma habitual desde el 20 de agosto de 2014, sean reconocidas como factores salariales y, sí en consecuencia, debe ordenarse su inclusión en la base de cálculo para la reliquidación de sus prestaciones soci ales y los correspondientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

2.2.1. Marco normativo sobre los conceptos de salario y prestaciones sociales

La noción jurídica de salario ha sido delimitada tanto por el derecho internacional del trabajo como por el ordenamiento interno colombiano. En efecto, los Convenios 95 de 1949 y 100 de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporados al derecho interno mediante la Ley 54 de 1962 12, establecen que se entiende por salario toda remuneración sus ceptible de ser valorada en dinero, que un empleador debe al trabajador como gratificación por los servicios prestados, independientemente de su forma, denominación o método de cálculo. Tal definición ha sido acogida por esta subsección de la siguiente manera13: «A la luz del Convenio 095 de la OIT, el término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.» -sic10 modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021 11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las

servicios que haya prestado o deba prestar.» -sic10 modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021 11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 12 Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en las Reuniones 14ª (1930), 23ª (1937), 30ª (1947), 40ª (1957) y 45ª (1961). 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 19 de febrero de 2018, radicación número: 11001-0325-000-2011-00167-00(0580-11) CP. Cesar Palomino Cortes.9

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En consonancia con lo anterior, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia consagra como principio fundamental del trabajo la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, principio que sirve de fundamento a la definición amplia y material del concepto de salario. «ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos

fundamento a la definición amplia y material del concepto de salario. «ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adi estramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.» -sicPor su parte, el Decreto 1160 de 19 47, en su artículo 6, parágrafo 1º, y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo –este último, aunque diseñado para el régimen privado, sirve de criterio orientador –, coinciden en señalar que constituye salario no sólo la asignación ordinaria, sino también cualquier suma percibida habitual y permanentemente como contraprestación directa del servicio, incluyendo primas, bonificaciones, comisiones y pagos por trabajo suplementario.

la asignación ordinaria, sino también cualquier suma percibida habitual y permanentemente como contraprestación directa del servicio, incluyendo primas, bonificaciones, comisiones y pagos por trabajo suplementario. El Decreto 1160 de 1947, por su parte consagra: « Artículo 6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se t omará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses. Parágrafo 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución o rdinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono.» -subrayas de la Sala-10

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Así mismo, el citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo establece: «ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. <Artículo modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye salario

Así mismo, el citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo establece: «ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. <Artículo modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.» 2.2.2 Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Contraloría General de la República Conforme a lo previsto por la Constitución Política de 1991, la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos se ejerce de manera conjunta entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En este esquema: i) el Congreso de la República tiene la función de establecer los marcos generales y los parámetros normativos que delimitan la actuación del Ejecutivo en esta materia; y ii) corresponde al gobierno nacional ejercer la función reglamentaria, lo que implica la determinación direct a de los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, con sujeción a los criterios fijados previamente por el legislador14. En ese contexto, y con fundamento en el marco constitucional previsto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Carta Política15, el gobierno nacional expidió la Ley 4 de 1992 16, cuyo artículo 1 reguló lo relativo al régimen salarial y prestacional

150, numeral 19, literal e) de la Carta Política15, el gobierno nacional expidió la Ley 4 de 1992 16, cuyo artículo 1 reguló lo relativo al régimen salarial y prestacional aplicable a los empleados públicos de la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 1º.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; […]». (Negrilla de la Sala).

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de fecha 5 de mayo de 2022, radicación número: 25000-23-42000-2018-01942-01 (3032-2021) CP. William Hernández Gómez. 15 ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. […] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] e) Fijar

Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. […] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; 16 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.11

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A su turno, el artículo 2 estableció límites precisos a la facultad reglamentaria del Ejecutivo en la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, en los siguientes términos: «ARTÍCULO 2º.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes