CE - Sentencia 25000234200020190153001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

Demandante: Edgar Eliécer Henao Castaño Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro .

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Edgar Eliécer Henao Castaño instauró demanda en contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional -Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de

Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulida d de los Oficios No. S-2019-017413/ANOPA-GRULI-1.10 del 2 de abril de 2019 y No. E-00001-201908018-CASUR del 9 de abril de 2019, por medio de los cuales se negó la reliquidación y el reajuste de la asignación mensual básica y de retiro con base en la inflación causada .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a las demandadas que reliquiden, reajusten y paguen el incremento resultado de la diferencia entre la asignación de retiro pagada en los meses de enero a diciembre de 2004, según lo establecido por el Decreto 4158 de 2004 y la que realmente corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada de 2003.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 2 Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia entre la asignación de retiro pagada en el mes de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución, conforme con los decretos de salarios expedidos por el

2 Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia entre la asignación de retiro pagada en el mes de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución, conforme con los decretos de salarios expedidos por el Gobierno nacional , y la que realmente corresponde por ajustes de actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada entre 1992 y 2004 .

Que una vez se realice el reconocimiento del incremento resultado de las diferencias entre lo pagado y lo dejado de pagar por la Policía Nacional, se hagan las correcciones, adiciones o modificaciones necesarias en la hoja de servicios, donde se evidencie el incremento por el ajuste real de la actualización plena de la asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante, el cual sirve para establecer, conforme con la escala gradual porcentual, el sueldo básico.

Que se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias entre lo pagado y lo dejado de pagar por la Policía Nacional, en lo que respecta a los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales unitarias devengadas en su vida laboral.

Que las sumas reconocidas se indexen desde el momento en que se causó el derecho y hasta que se haga efectivo su pago total, de acuerdo con la variación porcentual del índice de precios al consumidor ─IPC─.

Que, a título de indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, en la modalidad de daño moral, se condene a las demandadas a pagar solidariamente la cuantía equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes , como consecuencia de la aflicción, frustración y congoja del perjuicio sufrido.

daño moral, se condene a las demandadas a pagar solidariamente la cuantía equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes , como consecuencia de la aflicción, frustración y congoja del perjuicio sufrido.

Que, a título de indemnización de perjuicios patrimoniales, en la modalidad de lucro cesante, se condene a las accionadas a pagar solidariamente las sumas retenidas por la Policía Nacional desde el 1° de enero de 2004 y hasta la fecha de retiro de la institución, con los intereses legales.

Que, a título de indemnización de perjuicios patrimoniales, en la modalidad de daño emergente, se condene a las demandadas a pagar solidariamente la cuantía equivalente al 25% sobre el valor de la sentencia que ponga fin al proceso.

Que también se condene a las accionadas a pagar solidariamente las sumas retenidas desde el 8 de octubre de 2018 y hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso, más los intereses moratorios.

Que se condene a las demandadas a pagar la sanción moratoria de la que trata n las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el pago injustificado y desactualizado de las cesantías definitivas, desde la fecha de retiro y hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso .

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 3 Que prestó sus servicios a la Policía Nacional y el 1° de noviembre de 1989, se escalonó en el grado de subteniente , siendo retirado del servicio el 9 de julio de 2012, en el grado de coronel.

Que el 15 de mayo de 2012, le fue reconocida la asignación mensual de retiro , la cual le es cancelada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Que el 20 de febrero de 2019 le solicitó a CASUR la reliquidación y pago de las diferencias entre la asignación mensual de retiro pagada desde que le fue reconocida y la que realmente le corresponde por ajustes de la actualización plena, conforme a la inflación causada y acumulada entre 1992 y 2004. En la misma fecha solicitó a la Policía Nacional efectuar la reliquidación, reconocimiento y cancelación de la diferencia entre la asignación mensual, salarios y prestaciones sociales pagadas desde el 1º de enero de 2004 hasta la fecha del retiro de la In stitución.

Que mediante Oficio No. S-2019-017413/ANOPA-GRULI-1.10 del 2 de abril de 2019 la Policía Nacional le negó la petición; lo cual también ocurrió con el Oficio No. E00001-201908018-CASUR del 9 de abril de 2019 , proferido por el director general de CASUR.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 48, 53,

de CASUR.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 48, 53, 93, 150, 217, 218, 220, 230 y 373 de la Constitución Política; la Ley 4ª de 1992; la Ley 923 de 2004; los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990; el Decreto 1091 de 1995; los decretos del Gobierno nacional que fijaron el régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública .

En el concepto de violación indicó que los actos administrativos demandados se expidieron con infracción de las normas superiores en las que debía fundarse, porque no se tuvieron en cuenta los mandatos constitucionales y legales que sirven para determinar los sueldos básicos del personal uniformado de la Policía Nacional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió en auto del 18 de febrero de 2020 1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se opuso a las pretensiones, expresando que no es la llamada a efectuar el reajuste de las asignaciones de retiro con el índice de precios al consumidor, por cuanto no es la que condiciona el reajuste de esa prestación, al basarse en las normas especiales y vigentes para el caso. Que el reajuste de dicha prestación se dio entre 1997 y 2004, mientras se establecía la escala gradual porcentual, fechas para las cuales el demandante se encontraba en servicio . Que han cumplido con los reajustes ordenados en virtud del principio de oscilación.

prestación se dio entre 1997 y 2004, mientras se establecía la escala gradual porcentual, fechas para las cuales el demandante se encontraba en servicio . Que han cumplido con los reajustes ordenados en virtud del principio de oscilación. Finalmente, propuso como excepción la de inexistencia del derecho 2.

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones, indicando que no ha violado ni transgredido ningún mandato constitucional con la expedición del acto impugnado .

1 Véase a folios 101-102. 2 Véase a folios 119-121.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 4 Propuso como excepciones las de presunción de legalidad, inexistencia del derecho, prescripción extintiva y la genérica 3.

Por auto del 31 de enero de 202 4, decidió impartírsele al proceso el trámite de sentencia anticipada, se tuvo como prueba los documentos aportados por las partes y se fijó el litigio 4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) , negó las pretensiones expresando que al demandante se le pagó su salario conforme con los decretos expedidos por el

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) , negó las pretensiones expresando que al demandante se le pagó su salario conforme con los decretos expedidos por el Gobierno nacional. Que no se configuró la excepción de inconstitucionalidad respecto de estos decretos, por lo que no era procedente acceder al reajuste de la asignación de ret iro conforme con la variación del índice de precios al consumidor porque, para esa época, el accionante se encontraba en servicio activo y el aumento con base en el IPC operaba, exclusivamente, para las pensiones y asignaciones de retiro, pero no para las asignaciones salariales de las personas en actividad.

Que la solicitud de reajuste de salarios resulta improcedente, porque el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 estableció que la fórmula solo aplicaría para pensiones y asignaciones de retiro. Que los aumentos de los salarios del personal en actividad se estableci eron, en su momento, con base en el incremento establecido por el Gobierno nacional.

Que conforme con el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1017 de 2003, es viable que los salarios de los servidores públicos de medianos y altos ingresos tengan un incremento por debajo de la variación del IPC, constituyendo como único límite a esa posibilidad el aumento de los salarios más bajos, el cual no puede ser inferior al salario mínimo.

Que ese no era el caso del accionante, pues su salario básico, al momento del retiro, correspondía a la suma de $2.980.381, valor que excede el monto de los dos salarios mínimos legales vigentes para esa anualidad ─$644.350─ . Que no se

correspondía a la suma de $2.980.381, valor que excede el monto de los dos salarios mínimos legales vigentes para esa anualidad ─$644.350─ . Que no se demostró que, en otras anualidades, el demandante hubiere devengado un salario inferior a dos salarios mínimos y tampoco fue alegado.

Que el hecho que se realicen incrementos salariales inferiores al IPC no constituye vulneración al derecho a la igualdad de los trabajadores. Que la Sentencia C -931 de 2004 hubiera ordenado actualizar los salarios de todos los servidores públicos, no implicaba que debiera actualizarse anualmente el del demandante, comoquiera que el de este, al igual que el de los demás miembros de la fuerza pública, fue establecido legalmente a partir de la escala gradual porcentual que rigió a partir de 1997 y que, año a año, se ha actualizado con los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional y que se encuentran vigentes .

3 Véase a folios 137-143. 4 Véase a folios 173-176.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 5 Que, al no haber lugar al reajuste de salarios con fundamento en la inflación, tampoco había lugar a modificar la hoja de servicios, incluyendo nuevos valores a efectos de que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional reliquidara la asignación de retiro. Que, por ello, se declaraba probada la excepción de inexistencia del derecho y se negaban las pretensiones 5.

efectos de que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional reliquidara la asignación de retiro. Que, por ello, se declaraba probada la excepción de inexistencia del derecho y se negaban las pretensiones 5.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los criterios expuestos por el Tribunal para negar el derecho reclamado no solo contradicen la interpretación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que son contrarios al contexto y a la realidad jurídica establecidos en la Sentencia C931 d e 2004. Que dicha sentencia determinó que debe mantenerse el poder adquisitivo de los salarios con el fin que no se quebrante el núcleo esencial de los mismos y que, por ende, ello es extensivo a las asignaciones de retiro.

Que como los preceptos jurisprudenciales establecidos en la Sentencia C -931 de 2004 no fueron cumplidos ni por el legislador, ni por el ejecutivo, corresponde a la instancia judicial acatarlos, reconociéndole el derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario, el cual se refleja en su asignación de retiro.

Que con los Oficios No. 20144000138271 del 1° de octubre de 2014 y No. 20154000090691 del 29 de mayo de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública , se demostró que la asignación básica y los gastos de representación de un ministro de despacho, con los que se establec ía el sueldo básico de un general o almirante en el periodo comprendido entre 1992 y 2004, tuvieron una pérdida acumulada y, por lo tanto, ello repercutió de manera directa en su sueldo básico.

básico de un general o almirante en el periodo comprendido entre 1992 y 2004, tuvieron una pérdida acumulada y, por lo tanto, ello repercutió de manera directa en su sueldo básico.

Que el fallo de primera instancia está viciado por un defecto sustantivo, al haber analizado, erróneamente, lo pretendido. Que existen fuentes del derecho que determinan el alcance y contenido de las decisiones judiciales, por lo que son ineludibles tanto para la administración, como para los operadores judiciales 6.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 23 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 7.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto .

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

5 Véase a folios 211-220. 6 Véase a folios 232-238. 7 Véase a índice 4 de SAMAI.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 6 De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala consiste n en determinar : i) si el demandante tiene

www.consejodeestado.gov.co 6 De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala consiste n en determinar : i) si el demandante tiene derecho a que se reajuste el salario que devengó durante los años 1992 a 2004, de acuerdo con el IPC establecido para cada anualidad; y ii) si en virtud de lo anterior, hay lugar a reliquidar su asignación de retiro, con fundamento en la nueva base salarial, a partir de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución .

Marco normativo aplicable al análisis del régimen salarial y a la asignación de retiro y pensiones de los miembros de la fuerza pública

De conformidad con lo dispuesto en el literal e, del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos los integrantes de la fuerza pública, no es un asunto privativo de competencia del Congreso de la República, sino que para ello también debe concurrir el Gobierno naciona l. En tal sentido se establece:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]».

Acorde con el precepto constitucional, al legislador le corresponde establecer el marco en el cual deberá actuar el Gobierno nacional para efectos de fijar el régimen

miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]».

Acorde con el precepto constitucional, al legislador le corresponde establecer el marco en el cual deberá actuar el Gobierno nacional para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, a través de leyes marco.

Con fundamento en tal facultad, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992 que en su artículo 1º previó que el Gobierno nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en tal norma, fijar ía el régimen salarial y prestacional de: i) los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; ii) los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; iii) los miembros del Congreso Nacional; y iv) los miembros de la fuerza pública.

A su turno, el artículo 4° de la misma normativa dispuso que el Gobierno modificará, cada año, el sistema salarial correspondiente a los empleados de la fuerza pública, aumentando sus remuneraciones. Igualmente, determinó que podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de aquellos.

Por su parte, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 ─modificado por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003─, el Sistema General de Pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional; no obstante, el artículo 279 preceptuó:Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

aplicará a todos los habitantes del territorio nacional; no obstante, el artículo 279 preceptuó:Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 7 «ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. […]».

Bajo esa lógica, los miembros de la fuerza pública, originalmente, no eran acreedores del ajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de esa norma, esto es, que las mismas debían reajustarse de oficio y anualmente, «[…] el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor […] », con el propósito que mantengan su poder adquisitivo constante, con excepción de aquellas cuyo monto corresponda a un salario mínimo legal mensual vigente, toda vez que el ajuste de estas se efectuará de acuerdo con el incremento ordenado por el Gobierno sobre dicho salario.

No obstante, mediante la Ley 238 de 1995 se adicionó el parágrafo 4° al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció que las «[…] excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos

No obstante, mediante la Ley 238 de 1995 se adicionó el parágrafo 4° al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció que las «[…] excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados».

Corolario de lo anterior, se interpretó que, aun cuando los miembros en uso de buen retiro de la fuerza pública están exceptuados del régimen general de seguridad social, por pertenecer a uno especial, la Ley 100 de 1993 les concedió el derecho a que sus a signaciones de retiro se reajustaran anualmente con base en el IPC del año inmediatamente anterior.

De ese modo, el personal retirado de la fuerza pública comenzó a solicitar el reajuste de las asignaciones de retiro que venían devengando, con el fin de obtener el pago con aplicación de la variación porcentual del IPC pues, a su juicio, este representaba un mayor val or y, en consecuencia, resultaba más favorable a sus intereses. Así, con ocasión de esas reclamaciones en sede judicial, la Sección Segunda de esta Corporación, en pleno, determinó:

«[…] que a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem.

[…]

Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1995 es más favorable para el

lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem.

[…]

Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1995 es más favorable para el demandante que la ley 4ª de 1992 y el decreto 1212 de 1990, porque al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior»8.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 17 de mayo de 2007. Exp. 8464-2005. C.P. Jaime Moreno García.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 8 Sin embargo, el anterior pronunciamiento de la Sala Plena de esta Sección indicó que:

«[…] El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse hasta el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad»9.

volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad»9.

La anterior posición se reiteró en las sentencias que con posterioridad se profirieron, en las que, con el objeto de evitar duda alguna respecto de su interpretación, se sostuvo: i) que una cosa era el reajuste sobre la base de una asignación de retiro hasta el 2004, con fundamento en la variación porcentual del IPC; y ii) que otra cosa era que esos incrementos, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, se harían conforme al principio de oscilación 10.

Por consiguiente, el personal retirado contó con la posibilidad de que sus asignaciones de retiro fueran ajustadas anualmente con la variación porcentual del IPC, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando resultara más favorable. No obstante:

«[…] Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por medio del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, normativa que impuso nuevamente de manera expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con aplicación del principio de oscilación. […].

De acuerdo a la interpretación que la jurisprudencia ha desarrollado, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados excluidos de la aplicación del sistema integral de

De acuerdo a la interpretación que la jurisprudencia ha desarrollado, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social; en consecuencia, es dable concluir que su alcance y objetivos no tienen la vocación de incidir en los ajustes anuales de salario alguno y, en específico, no fijó ningún tipo de modificación al régimen salarial que cobija a los miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Entonces, el reajuste del salario básico que reciben los miembros activos de la Fuerza Pública sigue rigiéndose por los decretos que para el efecto expida el gobierno nacional, teniendo como referente el salario señalado para el grado de general en actividad»11.

Así las cosas, el Decreto 4433 de 2004 consagró en su artículo 42 al principio de oscilación, el cual plantea una «[…] regla de dependencia entre la asignación que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación, ya sea asignación de retiro o pensión de invalidez o los bene ficiarios que reciben pensión de sobrevivientes»12.

9 Ibid. 10 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2009. Exp. 2048-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 27 de enero de 2011. Exp. 1479 -2009. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp. 2167 -2009. C.P. Alfonso Vargas Rincón. 11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de octubre de 2023. Exp. 3951-2022. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de febrero de 2015. Exp. 1316-2010. C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 9 En consecuencia, bajo el actual régimen, las asignaciones básicas del personal de la fuerza pública están sujetas a los decretos que expide el Gobierno nacional en los que se fijan las pautas para determinar el monto que, anualmente, devengarán sus miembros, a través de porcentajes que se definen para cada grado respecto de la asignación básica de un general y que, a su vez, constituyen el referente para reajustar las asignaciones de retiro que se r econocen a tales servidores, en virtud del principio de oscilación. En otras palabras: el incremento ya no depende del porcentaje del IPC que dispone la Ley 100 de 1993, sino que obedece al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza pública.

Resolución del caso concreto

porcentaje del IPC que dispone la Ley 100 de 1993, sino que obedece al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza pública.

Resolución del caso concreto

Está probado que el señor Edgar Eliécer Henao Castaño prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 1° de marzo de 1987 hasta el 9 de abril de 2012, más un periodo de alta de 3 meses 13 y que, por Resolución No. 3671 del 29 de junio de 2012 se ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, en su condición de coronel, a partir del 9 de julio de 2012, en cuantía del 87% el sueldo de actividad correspondiente a su grado 14.

Que, mediante petici ones radicadas el 20 de febrero de 2019 ante la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó el reajuste y pago del incremento salarial por concepto del IPC, entre los años 1992 a 2004; así como el reajuste y reliquidación de su asignación de retiro, a partir de 200515; dichas peticiones fueron negadas a través del Oficio No. S -2019-017413/ANOPA-GRULI1.10 del 2 de abril de 2019 16 y No. E-00001-201908018-CASUR del 9 de abril de 201917.

Así las cosas, para resolver l os problemas jurídicos planteados, se recuerda que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no dejó duda que la aplicación del índice de precios al consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de retiro y, no se refiere, de ninguna manera, a los incrementos

artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no dejó duda que la aplicación del índice de precios al consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de retiro y, no se