CE - Sentencia 25000234200020200020702 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000234200020200020702 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Demanda ejecutiva Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024)
Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: proceso ejecutivo . Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo .
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago. Subtema 4: incidencia de las mesadas pensionales en el restablecimiento del derecho derivado de la nulidad del acto de retiro. Subtema 5: prohibición de percibir simultáneamente asignaciones provenientes del tesoro público. Subtema 6: pagos efectuados durante el trámite del proceso ejecutivo como abonos a la obligación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Flor Margi Malagón Ortiz contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 9 de noviembre de 2023, que declaró de oficio probada la excepción de pago total de la obligación y dio por terminado el proceso.
1. Síntesis del caso
Segunda, Subsección D, el 9 de noviembre de 2023, que declaró de oficio probada la excepción de pago total de la obligación y dio por terminado el proceso.
1. Síntesis del caso
La señora Flor Margi Malagón Ortiz presentó demanda ejecutiva con el propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia del 18 de marzo de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se ordenó el pago de los salarios y demás emolumento s dejados de devengar hasta el nombramiento y posesión de la persona designada en carrera en el cargo del cual fue desvinculada, así como los correspondientes aportes al sistema de seguridad social. La ejecutante sostuvo que la entidad demandada no había satisfecho las obligaciones contenidas en dicho fallo, por lo que solicitó el pago de las sumas causadas entre el 1.° de noviembre de 2005 y el 21 de octubre de 2012, junto con los intereses moratorios.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, declaró de oficio probada la excepción de pago total y dio por terminado el proceso, al considerar que durante el período por el cual se reclamaban los salarios y demás emolumentos la ejecutante recibió una pensión de jubilación, de manera que reconocer ambas asignaciones, provenientes del erario, desconocería la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política. La ejecutante interpuso recurso
emolumentos la ejecutante recibió una pensión de jubilación, de manera que reconocer ambas asignaciones, provenientes del erario, desconocería la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política. La ejecutante interpuso recurso de apelación, al estimar que el pago de la pensión no extinguió la obligación contenida en el título ejecutivo, por provenir de una causa jurídica diferente; asimismo, adujo que la Rama Judicial efectuó un abono parcial que debía imputarse a la obligación para establecer el saldo insoluto y continuar la ejecución.
La Subsección revocará la sentencia de primera instancia, porque el pago de la pensión de jubilación no extinguió la obligación contenida en el título ejecutivo, sino que las mesadas pensionales recibidas deben descontarse de los salarios y demás emolumentos reconocidos a título de restablecimiento del derecho. En consecuencia, se ordenará seguir adelante con la ejecución y se precisará que, en la liquidación del crédito, deberán determinarse las di ferencias adeudadas, su actualización y los respectivos intereses moratorios, así como imputarse los abonos efectivamente realizados por la entidad demandada con fundamento en la Resolución 6807 del 28 de agosto de 2023.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Flor Margi Malagón Ortiz, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva el 12 de febrero de 20201, en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , con el fin de que se librara mandamiento de pago , en los
siguientes términos:
[Por] las siguientes sumas de dinero representada [sic] en la providencia de fecha 18
Administración Judicial , con el fin de que se librara mandamiento de pago , en los siguientes términos:
[Por] las siguientes sumas de dinero representada [sic] en la providencia de fecha 18 de marzo de 2015 proferida por el [sic] Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, siendo Consejero Ponente el Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, providencia proferida dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento […] del derecho, Radicación No. 250002325000200600268002 […] así:
1.1.- A favor de FLOR MARGI MALAGON ORTIZ:
- La suma de $1.502.153.829 discriminados así: $1.456.096.810 por concepto de salarios devengados y no pagados causados desde el primero de noviembre de 2005 al 21 de octubre de 2012, y $46.057.019 por concepto de cesantías. • Más los intereses comerciales moratorios causados desde el 22 de octubre de 2012 sobre el capital total de $1.502.153.829 hasta el 11 de febrero de 2020,
1 Expediente físico, folios 1 y 76 a 80.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3 que equivalen a $3.108.206.631,17, y los que se sigan causando hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.
2.- Que se condene en costas.
2.2. Trámite procesal en primera instancia
3 que equivalen a $3.108.206.631,17, y los que se sigan causando hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.
2.- Que se condene en costas.
2.2. Trámite procesal en primera instancia
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, libró mandamiento de pago en auto del 19 de abril de 2021 2, con fundamento en la liquidación realizada por la contadora de esa corporación, por el monto de $ 3.488.033.534,25, correspondiente a los siguientes conceptos:
- $1.255.370.060,64, por el salario y demás emolumentos dejados de devengar desde el 2 de noviembre de 2005 hasta el 21 de octubre de 2012, menos los descuentos a seguridad social.
- $279.521.014,92, por la indexación del salario y demás emolumentos, menos los descuentos a seguridad social, de conformidad con el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo.
- $1.953.142.458,68, por los intereses moratorios causados sobre el saldo indexado a la ejecutoria de la sentencia base de recaudo, menos los descuentos a la seguridad social, desde el 5 de mayo de 2015 al 12 de febrero de 2020.
3. Para determinar dichas sumas, el tribunal tuvo en cuenta que el cargo que desempeñaba la ejecutante fue provisto en propiedad mediante concurso y que la persona nombrada tomó posesión el 22 de octubre de 2012. Por tanto, con apoyo de la contadora de la Sección Segunda, verificó el valor de los salarios y demás
desempeñaba la ejecutante fue provisto en propiedad mediante concurso y que la persona nombrada tomó posesión el 22 de octubre de 2012. Por tanto, con apoyo de la contadora de la Sección Segunda, verificó el valor de los salarios y demás emolumentos dejados de devengar entre el 2 de noviembre de 2005 y el 21 de octubre de 2012, con los correspondientes descuentos por concepto de aportes a seguridad social, y actualizó el saldo resultante de conformidad con el artículo 178 del C ódigo Contencioso Administrativo (CCA).
4. Asimismo, como el título dispuso su cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA, liquidó los intereses moratorios sobre el capital indexado a la ejecutoria de la sentencia desde el 5 de mayo de 2015 hasta el 12 de febrero de 2020, fecha de presentación de la demanda ejecutiva ; y c on fundamento en esas operaciones, estableció que la obligación ascendía a $ 3.488.033.534,25.
5. La citada providencia fue objeto de recurso de reposición por parte de la entidad ejecutada y confirmada con proveído del 26 de abril de 20233.
2 Expediente físico, folios 72 a 83. 3 Expediente físico, folios 175 a 180.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4 2.3. Contestación de la demanda y auto que prescinde de audiencia
Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4 2.3. Contestación de la demanda y auto que prescinde de audiencia
6. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, omitió contestar la demanda.
7. Mediante auto del 11 de septiembre de 2023 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, advirtió «oficiosamente la configuración de la excepción de pago» , por lo que, en virtud del artículo 278 del Código General del Proceso (CGP), dispuso prescindir de la audiencia prevista en el artículo 372 de la misma normativa4.
2.4. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la sentencia del 9 de noviembre de 2023 5, declaró de oficio probada la excepción de pago total de la obligación, dio por terminado el proceso y se abstuvo de condenar en costas.
9. El tribunal precisó que el título ejecutivo ordenó el reintegro de Flor Margi Malagón Ortiz y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir desde su desvinculación, ocurrida el 1. ° de noviembre de 2005, hasta que se produjera su reintegro o el nombramiento y posesión de la persona que ocupara el cargo mediante concurso, circunstancia que ocurrió el 22 de octubre de 2012, cuando tomó posesión la persona nombrada en propiedad.
10. Advirtió que, pese a lo anterior, la ejecutante tenía concedida una pensión de
concurso, circunstancia que ocurrió el 22 de octubre de 2012, cuando tomó posesión la persona nombrada en propiedad.
10. Advirtió que, pese a lo anterior, la ejecutante tenía concedida una pensión de jubilación con efectos fiscales a partir del 1. ° de noviembre de 2005, según se desprendía de la Resolución 28923 del 23 de agosto de 2011, por la cual se reliquidó esa prestación en cumplimiento de un fallo judicial y se ordenó pagar la suma de $ 1.028.200.887 por concepto de retroactivo pensional. Por ende, comoquiera que tanto las mesadas pensionales como los salarios , cuyo pago se pretendía en la ejecución , provenían del tesoro público y correspondían al mismo período, ordenar el pago de estos últimos implicaría devengar simultáneamente dos asignaciones del erario, con desconocimiento del artículo 128 de la Constitución Política.
11. Concluyó que durante el período comprendido entre el 1. ° de noviembre de 2005 y el 21 de octubre de 2012 se configuró el pago total de la obligación, debido a que la ejecutante había recibido las mesadas pensionales correspondientes a ese mismo lapso.
12. Mediante auto del 1. ° de febrero de 2024 6, el tribunal negó una solicitud de aclaración y adición presentada por la entidad ejecutada, en la que pretendía, por una parte, que se aclarara que el cumplimiento de la obligación no era posible y que
4 Expediente físico, folios 217 y 218. 5 Expediente físico, folios 280 a 288. 6 Expediente físico, folios 297 y 298.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024)
4 Expediente físico, folios 217 y 218. 5 Expediente físico, folios 280 a 288. 6 Expediente físico, folios 297 y 298.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
5 correspondía calcular y liquidar la diferencia, previo descuento de lo recibido por la ejecutante por concepto de pensión; y, por otra, que se adicionara la sentencia para ordenar la devolución de las sumas que afirmó haber pagado en cumplimiento del mandamiento ejecutivo mediante la Resolución 6807 del 28 de agosto de 2023, incluidas aquellas giradas a las entidades administradoras de seguridad social.
13. En la mencionada providencia, el tribunal estimó que no existía aspecto alguno que debiera aclararse, ya que las razones que sustentaron la declaratoria oficiosa de la excepción de pago total fueron desarrolladas en la parte motiva de la sentencia. En cuanto a la adición, adujo que la referida resolución y el consecuente pago no fueron materia de debate en el proceso, dado que solo fueron puestos de presente por la entidad en los alegatos de conclusión ; además, en el fallo no se ordenó el pago de suma alguna a favor de la ejecutante, por lo que no procedía disponer su devolución mediante la adición solicitada, sin perjuicio de que la entidad acudiera a los mecanismos administrativos y judiciales pertinentes para obtenerla.
2.5. Recurso de apelación
14. La señora Flor Margi Malagón Ortiz, mediante apoderada, interpuso recurso de
mecanismos administrativos y judiciales pertinentes para obtenerla.
2.5. Recurso de apelación
14. La señora Flor Margi Malagón Ortiz, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación7 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se ordenara seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento ejecutivo, con reconocimiento del abono efectuado por la entidad demandada , por cuanto la obligación contenida en el título ejecutivo no se encontraba satisfecha en su totalidad y el tribunal confundió el reconocimiento de la pensión de jubilación con el pago de la condena impuesta a la Rama Judicial.
15. Explicó que la adquisición del estatus de pensionada no constituye por sí misma un modo de extinguir la obligación judicial ; además, quien debía cumplir la condena es la Rama Judicial y no la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por lo cual el pago de una pensión por un tercero y con una causa jurídica diferente no equivale al cumplimiento de la prestación contenida en el título.
16. Indicó que los salarios y prestaciones dejados de devengar durante el período de desvinculación t enían naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, pues busca ban reparar las consecuencias del acto ilegal que retiró a la ejecutante del servicio, y no constituían la remuneración derivada del ejercicio simultáneo de otro empleo público.
Para sustentar esta tesis invocó, entre otras, la sentencia del Consejo de Estado del 28 de julio de 1996, radicación S -638, según la cual las sumas reconocidas por salarios y pres taciones dejados de recibir a causa de una desvinculación ilegal no correspondían a otro empleo o asignación del tesoro público. Por ello, la pensión no
28 de julio de 1996, radicación S -638, según la cual las sumas reconocidas por salarios y pres taciones dejados de recibir a causa de una desvinculación ilegal no correspondían a otro empleo o asignación del tesoro público. Por ello, la pensión no impedía cobrar la condena judicial ni configuraba la prohibición constitucional de doble asignación prevista en el artículo 128 superior.
17. Asimismo, invocó una sentencia del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2013, proceso con radicado 25000-23-25-000-2006-05536-02, en la que se dispuso que de
7 Expediente físico, folios 304 a 326.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
6 los valores reconocidos como consecuencia del reintegro no debían descontarse sumas obtenidas por el desempeño de otro cargo durante el período de separación del servicio, por lo que insistió en que la interpretación de la sentencia de primera instancia desconoció el carácter resarcitorio de la condena y precedentes que, a su juicio, impedían efectuar esa clase de descuentos.
18. Arguyó que sí existió un pago realizado por la Rama Judicial, pero únicamente como abono parcial, por valor de $1.390.961.598, y no como satisfacción integral de la obligación ; por tal razón, era improcedente declarar el pago total y terminar el proceso, en armonía con l os artículos 1625 y 1626 del Código Civil, puesto que una obligación solo se extingue por pago cuando se cumple efectivamente la prestación
la obligación ; por tal razón, era improcedente declarar el pago total y terminar el proceso, en armonía con l os artículos 1625 y 1626 del Código Civil, puesto que una obligación solo se extingue por pago cuando se cumple efectivamente la prestación debida. De igual modo, ese abono debía reconocerse y aplicarse conforme a las reglas legales de imputación, para luego determinar el saldo pendiente y continuar la ejecución por ese monto , de conformidad con el artículo 1653 del mismo código. Adicionalmente, manifestó que la entidad no ha bía pagado la correspondiente indexación ni los intereses.
19. Coligió que el tribunal incurrió en defecto fáctico y material, ya que valoró inadecuadamente el material probatorio, partió de la premisa equivocada de que existía una doble asignación y desconoció la fuerza vinculante del título ejecutivo y la prueba del abono parcial.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
20. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 8, el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
21. El citado proveído fue notificado electrónicamente a los sujetos procesales el 2 de septiembre de 20249 y, una vez ejecutoriado, el expediente ingresó al despacho para proferir sentencia; no obstante, la demandante, a través de su apoderada, allegó memorial radicado el 13 de agosto de 2026 10, «para complementar y desarrollar, dentro del marco material de los reparos oportunamente formulados en la apelación,
memorial radicado el 13 de agosto de 2026 10, «para complementar y desarrollar, dentro del marco material de los reparos oportunamente formulados en la apelación, las razones por las cuales debe revocarse la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que declaró de oficio la excepción de pago total y dio por terminado el proceso ejecutivo», esto es, cuando ya había vencido la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el recurso de apelación, establecida en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, razón por la cual fue allegado de manera extemporánea y no será tenido en cuenta.
8 Samai, índice 4. 9 Samai, índice 7. 10 Samai, índice 20.Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
7
3. Consideraciones
3.1. Competencia
22. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 11 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 11 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
24. ¿El pago de la pensión de jubilación a la ejecutante , con efectos desde el 1. ° de noviembre de 2005, exting uió la obligación contenida en la sentencia base de recaudo por concepto de salarios y prestaciones dejados de recibir durante su desvinculación, por configurarse la prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución Política?
25. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿el pago efectuado por la entidad demandada constituye un abono a la obligación y, por tanto, procede seguir adelante con la ejecución para que, en la etapa de liquidación del crédito, se efectúe su correspondiente imputación y se determine el saldo insoluto?
26. Para resolver l os anteriores interrogantes, la Sala abordará l os siguientes temas: (i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii) formulación de excepciones cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una providencia judicial, y (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones , (v) se destacarán los hechos probados relevantes y (v i) en el capítulo del caso concreto se resolverá n los problemas jurídicos planteados.
11 Código General del Proceso , artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
hechos probados relevantes y (v i) en el capítulo del caso concreto se resolverá n los problemas jurídicos planteados.
11 Código General del Proceso , artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin emba rgo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo e l de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
8
3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación
27. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».
28. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuer a de audiencia, deberá precisar brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».
29. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de segunda instancia para determinar la legalidad de esta y decidir si la confirma, revoca o modifica.
30. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»12.
31. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso»13. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-418 de 2019:
La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada
32. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP que, como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010, proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
9
Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
9 resolver el recurso. Ello, porque no le corresponde al fallador asumir cargas ni tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al no corresponder a la realidad procesal.
3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación
33. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos que establece la ley».
34. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia y el recurso de ape lación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»14.
y el recurso de ape lación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»14.
3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de l cobro de obligaciones contenidas en una providencia judicial
35. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza fun ción jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida».
36. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma citada.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25 de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).Radicación: 25000-23-42-000-2020-00207-02 (2268-2024) Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
10
Demandante: Flor Margi Malagón Ortiz Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
10 3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago. Reiteración jurisprudencial15
37. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:
Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo; [...]
38. La anterior disposición normativa
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.