CE - Sentencia 25000234200020200026102 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Ejecutiva de

la Justicia Penal Militar1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Edna Yalile Rodríguez Barragán presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en

1. Edna Yalile Rodríguez Barragán presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20155660470621:MDN -CGFM1 En adelante DEAJ. 2 La demanda fue presentada el 5 de julio de 2013. Folio 32 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai. 3 En adelante CPACA.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10 del 26 de mayo de 2015 proferida por el Ejército Nacional en el que se negó el reconocimiento del 30% del salario básico dejado de pagar o pagado a título de prima especial de servicios y la reliquidación de todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho por haberse desempeñado como juez de instrucción penal militar.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el «reconocimiento» y pago desde el 31 de diciembre de 2004 hasta que ostente el cargo que le dé derecho a percibir: a) la prima especial de servicios en los términos indicados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 4; b) la prima legal de servicios consignada en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo 5 en su calidad de

Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 4; b) la prima legal de servicios consignada en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo 5 en su calidad de juez de la República y no con el rango militar que ostenta; ii) la indexación de las sumas adeudadas; y iii) que se conmine al cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. Edna Yalile Rodríguez Barragán fue designada como juez de instrucción penal militar por medio de la Resolución 279 del 31 de diciembre de 2004 cargo que ha desempeñado hasta la fecha de radicación de la presente demanda.

3.2. El 30 de abril de 2015 s olicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional e l reconocimiento de la prima especial de servicios y de la prima legal de servicios de que tratan los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 360 del CST en los términos descritos en la norma y la jurisprudencia.

3.3. La Sección de Nómina del Ejército Nacional profirió el Oficio 20155660470621: MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10 del 26 de mayo de 2015 , en el que negó la anterior solicitud.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 121, 122, 123 y 237

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 121, 122, 123 y 237 de la Constitución Política; 13, 14, 21, 132, 306 y 340 del CST; 1, 2, 3 y 14 de la Ley

4 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00. 5 En adelante CST. 6 Folios 3 al 5 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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4ª de 1992; y 36, 84, 85, 206 «y siguientes» del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:

5.1. El legislador creó la prima especial de servicios por medio del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , la cual debía ser concedida en una cuantía no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico. Entre los servidores judiciales beneficiarios de dicha prestación se encuentran taxativamente enlistados los jueces de instrucción penal militar.

5.2. La parte demandada no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la norma pues no ha reconocido la prima especial de servicios ni la prima legal de servicios de que trata el artículo 306 del CST , lo cual ha generado un detrimento patrimonial considerable.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar 8 se opuso a las

trata el artículo 306 del CST , lo cual ha generado un detrimento patrimonial considerable.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar 8 se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se expresan a continuación9:

6.1. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prima especial de servicio no tiene carácter salarial razón por la que « corresponde simplemente aplicarla » al salario básico decretado anualmente.

6.2. A pesar de que el Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014 10 declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales que disponían que el 30% de la prima especial de servicios debía ser considerada como prima especial de servicio, los efectos de esa decisión solo pueden aplicarse a situaciones no consolidadas, es decir aquellas que se encuentren en debate ante las autoridades judiciales.

6.3. Antes de la expedición del Decreto 272 de 2021 la entidad solo reconocía la prima especial de servicios como un emolumento adicional a aquellas personas que contaran con una decisión judicial que así lo dispusiera. Por su parte, el reconocimiento del salario antes de la fecha de entrada en vigencia de ese decreto se ajustó estrictamente a lo ordenado en los decretos anuales salariales.

7 Folios 180 al 184. 8 En adelante UAEJPM. 9 Folios 236 al 247 reverso. 10 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

9 Folios 236 al 247 reverso. 10 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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6.4. Son procedentes las excepciones de ineptitud de la demanda, carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.5. La última excepción citada obedece a que la UAEJPM fue creada por medio del artículo 44 de la Ley 1765 de 2015. La entidad solo asumió el pago de la nómina de los servidores judiciales a partir del 1 de enero de 2003 por expresa disposición del artículo 7 del Decreto 314 de 2021, pues antes de esa fecha la liquidación y pago estaba a cargo de la fuerza respectiva en la que desempeñaran sus funciones que para este caso es el Ejército Nacional.

6.6. De acuerdo con lo señalado, en caso de producirse una sentencia condenatoria debe ser el Ejército Nacional quien asuma el pago de lo que corresponda, mientras que la UAEJPM solo tendría el deber de ordenar le a esa fuerza realizar el desembolso que corresponda.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva es del siguiente tenor11:

en sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva es del siguiente tenor11:

«PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente n° 2007-0087-00. C.P. María Carolina Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en c uanto no se considere un aumento sino una disminución, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación SUJ -016CE-S2-2019 del 2 de septiembre del 2019, con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya de Castellanos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Declarar de oficio la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por la demandante, causados con anterioridad al 30 de abril de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. - Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el radicado N°. 20155660470621 del 26 de mayo de 2015, emitido por el Jefe Procesamiento Nómina

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. - Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el radicado N°. 20155660470621 del 26 de mayo de 2015, emitido por el Jefe Procesamiento Nómina Ejército – Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte

11 Folios 296 al 306.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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motiva.

QUINTO.- Condénase a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, a reconocer y pagar a la demandante EDNA YAMILE RODRÍGUEZ BARRAGÁN, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que correspon da al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 30 de abril de 2012, hasta cuando funja como Juez de Instrucción Penal Militar, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud,

ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. […] NOVENO. - No condenar en costas. […]» [sic].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos12:

8.1. El Ministerio de Defensa pagó el salario de la demandante incluyendo la prima especial de servicios como parte de él y no como un emolumento adicional. Debido a que la prima especial de servicio no tiene carácter salarial por manifiesta disposición de la L ey 4ª de 1992, las prestaciones sociales fueron calculadas con base en el 70% del sueldo.

8.2. Con ocasión de lo anterior, tiene derecho a que se le reconozca el 30% de la remuneración mensual faltante con las consecuencias prestacionales que ello implica, con la claridad de que la prima especial de servicio no tiene carácter salarial y que la reliquidación de las prestaciones sociales obedece al porcentaje del salario deducido. Solo hay lugar a ordenar el pago de las sumas causadas a partir del 30 de abril de 2012 por haberse configurado la prescripción trienal de mesadas.

8.3. Los anteriores argumentos son suficientes para desestimar las excepciones de carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación «con la precisión que la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y la falta de legitimación en la causa por pasiva se resolvió en audiencia inicial». «No habrá condena en costas»13.

que la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y la falta de legitimación en la causa por pasiva se resolvió en audiencia inicial». «No habrá condena en costas»13.

12 Documento 16 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai. 13 En la etapa de fijación del litigio solo se estableció lo correspondiente al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales con ocasión de la prima especial de servicios del artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Así, lo relativo a la prim a legal del artículo 306 del CST no fue establecido como objeto a resolver en la sentencia. Ambas partes estuvieron de acuerdo con lo anterior.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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1.4. El recurso de apelación

9. La UAEJPM presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia de acuerdo con las siguientes razones14:

9.1. No está legitimada en la causa por pasiva y quien debe dar cumplimiento a la condena impuesta es el Ejército Nacional porque antes del 1 de enero de 2023 la nómina de los servidores de la justicia penal militar estaba a cargo de la fuerza respectiva en la que prestaban sus servicios , tal como se extrae del artículo 7 del Decreto 314 de 2021.

9.2. La entidad fue creada en el año 2015 por medio de la Ley 1765 de ese año y asumió el pago de nómina de los servidores judiciales en el año 2023, mientras que el periodo reclamado por la demandante se extiende hasta el año 2004.

asumió el pago de nómina de los servidores judiciales en el año 2023, mientras que el periodo reclamado por la demandante se extiende hasta el año 2004.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad16.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscribe a establecer

14 Folios 320 a 322 15 Auto en el índice 3 de Samai. 16 Constancia en el índice 7 de Samai. 17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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¿si hay lugar a emitir un nuevo pronunciamiento en relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva que fue alegada por la parte demandada y resuelta de manera negativa por el a quo en la audiencia inicial celebrada el 29 de agosto de 2023?

2.2. Marco Normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 18 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 18 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 18 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El

cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de

2006, 618 de 200719, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal

19 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar20».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar20».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201921, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201921, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido

20 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)Radicado: 25000-23-42-000-2020-00261-02 (1966-2024)

Demandante: Edna Yalile Rodríguez Barragán

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excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en

corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201922.

24. Asimismo, el Consejo de Estado 23 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el lite ral a) del artículo 2° de la mencionada

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018). 23 Radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00 (1686 -07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto

106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del De creto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;