CE - Sentencia 25000234200020200107601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2020-01076-01 (5719-2023)

Demandante : Marlene Guiselle Téllez Gómez Demandado : Nación – Fiscalía General de Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema

:

Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte deman dada contra la sentencia de l 28 de abril de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

La señora Marlene Guiselle Téllez Gómez , por intermedio de apoderad a judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó lo siguiente:

«Primera: Inaplicar, por ser inconstitucionales e ilegales, o porque ya fue anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el art ículo 6 del Decreto 53 de 1993

«Primera: Inaplicar, por ser inconstitucionales e ilegales, o porque ya fue anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el art ículo 6 del Decreto 53 de 1993 mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, emitida por el Co nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente No. 17021, el artículo 7 del Decreto 108 de 1994 mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda. Expediente No. 17021, el art ículo 7 del Decreto 49 de 1995 mediante sentencia del 3

1 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo 3.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

2 de marzo de 2005, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente No. 17021, el artículo 7 del Decreto 108 de 1996 mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda, Expediente No. 17021, el artículo 7 del Decreto 52 de 1997 mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda, Expediente No. 17021, el artículo 7 del Decreto 50 de 1998 mediante sentencia del 27

por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda, Expediente No. 17021, el artículo 7 del Decreto 50 de 1998 mediante sentencia del 27 de octubre de 2007, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente No. 17021, el art ículo 7 del Decreto 38 de 1999 mediante sentencia del 14 de febrero de 2003, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda, el art ículo 8 del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000 mediante sentencia del 15 de abril de 2004, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Segunda, Expediente No. 712-01, las cuales se encuentran en firme.

Segunda: INAPLICAR, por ser inconstitucionales e ilegales, o por haber sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Decreto Salarial 109 de 1993, el Decreto Salarial 3549 de 2003, Decreto Salarial 4180 de 2004, Decreto Salarial 943 de 2005, Decreto Salarial 396 de 2006, Decreto Salarial 625 de 2007, Decreto Salarial 665 de 2008, Decreto Salarial 1897 de 2009, Decreto Salarial 730 de 2009, Decreto Salarial 1395 de 2010, Decreto Salarial 1047 de 2011, Decreto Salarial 875 de 2012, Decreto Salarial 1035 de 2013, Decreto Salarial 019 de 2014, Decreto Salarial 205 de

Salarial 1395 de 2010, Decreto Salarial 1047 de 2011, Decreto Salarial 875 de 2012, Decreto Salarial 1035 de 2013, Decreto Salarial 019 de 2014, Decreto Salarial 205 de 2014, Decreto Salarial 1087 de 2015, Decreto Salarial 219 de 2016, Decreto 989 de 2017, 343 de 2018 expedidos por el Gobierno Nacional.

Tercera: Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos: Radicado No. 20175640017771 Oficio No. del 24 de abril de 2017, notificado el 09 de mayo de 2017, y la Resoluci ón 22811 del 15 de septiembre de 2017, notificado el 19 de enero de 2018, los anteriores actos fueron expedidos el primero por la Subdirectora Seccional de Apoyo a la Gestión Bogotá, la doctora Isadora Fernández Posada y el segundo por el Subdirector de Talento Humano el doctor Germán R. Castellanos Mayorga mediante la cual se le negó el derecho a la doctora MARLENE GUISELLE TELLEZ GÓMEZ, que tiene de percibir el 30% de la remuneraci ón mensual faltante para un total del 100% del salario, con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 con las consecuencias prestacionales incluidas las cesant ías, intereses a las cesant ías, más la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 (en caso de que se apliquen topes), desde el 01

intereses a las cesant ías, más la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 (en caso de que se apliquen topes), desde el 01 de agosto de 1996 hasta la fecha como Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito.

Cuarta: Como consecuencia de lo anterior, y a t ítulo de restablecimiento del derecho, se condene a la NACI ÓN, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN O LA ENTIDAD QUE LA REEMPLACE EN SUS FUNCIONES, a reconocer y pagar a él (a) demandante el total del 100% del salario con las consecuencias prestacionales incluidas las cesant ías, intereses a las cesant ías, m ás la prima especial de servicios se ñalada en el art ículo 14 de la Ley 4a de 1992 m ás las consecuencias prestacionales que generen dicha prima especial de servicio incluidas las cesant ías, intereses a l as cesant ías, m ás la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde la posesión de mi mandante hasta la fecha que ocupe el cargo, y de conformidad con la liquidación que se hace en capítulo aparte de esta demanda.

Quinta: Que se ordene a la demandada que siga pagando el 100% de los ingresos mensuales a él (a) demandante con sus respectivas consecuencias prestaciones más la prima especial de servicios que se señala en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 con la s consecuencias prestacionales y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

más la prima especial de servicios que se señala en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 con la s consecuencias prestacionales y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

Sexta: Igualmente y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN O LA ENTIDAD QU E LA REEMPLACE EN SUS FUNCIONES, a pagar en forma actualizada (indexada) las sumas adeudadas por concepto del porcentaje del ingreso laboralNúmero Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

3 reclamado y las prestacionales laborales que de él se deriven, de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, con fundamento en el artículo 187 último inciso del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (o la norma que lo sustituya o modifique) y de conformidad con la liquidaci ón que se hace en cap ítulo aparte de esta demanda.

Séptima: Que sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, a título de restablecimiento se reconozcan los intereses (corrientes, moratorios y/o bancarios) mes a mes, desde la fecha en que debieron cancelarse dichas sumas, hasta cuando efectivamente se paguen.

Octava: Que se de aplicación a los artículos 187, 188, 189, 192 incisos 2° y 3°

bancarios) mes a mes, desde la fecha en que debieron cancelarse dichas sumas, hasta cuando efectivamente se paguen.

Octava: Que se de aplicación a los artículos 187, 188, 189, 192 incisos 2° y 3° y 195 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

Novena: Que se condene en costas a la parte demandada».

1.1.2 Hechos La señora Marlene Guiselle Téllez Gómez, indicó que ingresó a la Fiscalía General de la Nación desde el 1° de agosto de 1996, ejerciendo el cargo de Fiscal delegado ante Jueces del Circuito. Dice que, durante el tiempo de su vinculación, no se le ha reconocido el derecho a recibir el 100% de su salario mensual, toda vez que, el 30% de este se paga como prima especial y, por ende, solo recibe el 70% de sueldo básico, por lo que reclama el 30% faltante, j unto con la incidencia en todas las prestaciones sociales asociadas (cesantías, intereses, primas, etc).

Expuso que, el 7 de abril de 2017, solicitó formalmente el reconocimiento y pago del 100% del salario más las consecuencias prestacionales , no obstante, indicó que su petición fue negada por la Fiscalía mediante el oficio radicado No. 20175640017771 del 24 de abril de 2017.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada mediante la Resolución N° 22811 del 15 de septiembre del mismo año.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

Señaló que, inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada mediante la Resolución N° 22811 del 15 de septiembre del mismo año.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: Constitución Política: artículos 1, 13, 25 y 53; Ley 4 de 1992: artículos 14 y 15; Ley 270 de 1996: artículo 152, numeral 7; Ley 1437 de 2011: artículo 84; Decreto 10 de 1993: artículosNúmero Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

4 1, 2 y 4; y Decreto 717 de 1978: artículo 12; y Código Sustantivo de Trabajo: artículo 14. Manifestó que, la Fiscalía General de la Nación, al expedir los actos acusados, vulneró los principios de igualdad y legalidad, al otorgarle un trato discriminatorio reflejado en su asignación salarial. Señaló que dicha entidad, en su calidad de organismo liquidador y pagador, tenía pleno conocimiento que cuando se hace referencia a una prima, esta debe considerarse como un ingreso adicional y no como disminución del salario. Asimismo, cuestiona que ciertos ingresos mensuales sean considerados salario únicamente para efectos de deducciones por salud y pensiones, pero no lo sean para el cálculo y pago de prestaciones sociales, lo cual constituye una contradicción y afectación a sus derechos laborales.

Adujo que, la Fiscalía General de la Nación está obligada a pagarle a la demandante,

sean para el cálculo y pago de prestaciones sociales, lo cual constituye una contradicción y afectación a sus derechos laborales.

Adujo que, la Fiscalía General de la Nación está obligada a pagarle a la demandante, desde que asumió el cargo de Fiscal y durante todo el tiempo que lo ejerció, el 30% del salario (incluyendo prestaciones) correspondiente a la prima.

Sin embargo, mediante decretos salariales hasta el año 2002, dicha prima fue reducida progresivamente, perdiendo su carácter salarial, y más adelante incluso se omitió cualquier referencia a la prima especial de servicio establecida en la Ley 4 de 1992.

Finalmente, indicó que la intención del legislador al establecer la prima fue aumentar la remuneración, no disminuir el salario, por lo que, la Fiscalía desconoció el derecho a las primas estipuladas en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, que benefician a empleados, jueces, magistrados, fiscales y otros funcionarios, con montos entre el 30% y el 60% del sala rio básico. Además, ignoró la prevalencia de este derecho sustancial y el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014 (Radicado N° 11001032500020070008700), en la que se declaró la nulidad de vari os artículos de los decretos reglamentarios emitidos por el Gobierno Nacional sobre esta materia.

1.2 Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación2 se opuso a las pretensiones de la demanda.

2 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo 23.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

La Fiscalía General de la Nación2 se opuso a las pretensiones de la demanda.

2 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo 23.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

5

En la contestación de la demanda , aceptó que, «[...] a partir del año 2003 con ocasión al Decreto 3549 del 10 de Diciembre […], se derogó el Decreto 685 de 2002 en su artículo 17, y suprimió el artículo referente a la prima del 30%, incluyendo este porcentaje dentro del salario; situación que se ha mantenido en cada uno de los Decretos Salariales expedidos año a año por el Gobierno Nacional [...]»; sin embargo, pese a la posible contradicción que ello comporta, también manifestó que «a partir del año 2003 los salarios y prestaciones sociales se han liquidado en el caso concreto con base al 100% del salario, por lo cual carece de objeto la petición». (sic)

Asimismo, expuso que, «[…] no es factible proceder conforme lo hace [el Tribunal] para el caso de jueces y magistrados, ya que como bien señala el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificaci ónSUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, desde el 2003 para la Entidad no se reguló [la prima especial]».

Propuso las excepciones que denominó «carencia de objeto», «prescripción», «inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación », y e

especial]».

Propuso las excepciones que denominó «carencia de objeto», «prescripción», «inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación », y e «improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4 de la Ley 4a de 1992».

1.3 La sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 28 de abril de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, el Tribunal encontró acreditado la vinculaci ón de la demandante a la Fiscal ía General de la Nación, desde 1 ° de agosto de 1996 ejerciendo el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito. De igual manera, conforme a los actos administrativos acusados, la constancia de prestación de servicios , observó que la Fiscal ía General de la Naci ón, pagó a la demandante los valores correspondientes a sus prestaciones, liquid ándolos sobre el 70% de su asignación básica, al incluir la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, dentro del 100% de la misma, cuando debi ó ser adicional a ella, para as í ser considerada como un plus o adici ón tal co mo lo ha señalado el Consejo de Estado, Secci ón Segunda, Sala de Conjueces, en las sentencias precitadas, omitiendo que esa norma la estableció como un 30% adicional

3 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo 61.Número Interno: 5719-2023

sentencias precitadas, omitiendo que esa norma la estableció como un 30% adicional

3 Samai, índice 2, Expediente digital, archivo 61.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

6 al salario. Por lo tanto, determinó que la demandante fue destinataria del derecho a la prima especial del 30% contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en los extremos temporales laborados indicados. En ese sentido, señaló que al no habérsele reconocido y pagado a la accionante el 100% de la asignación básica, le asiste razón jurídi ca para ordenar «[…] el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, ce santías, seguridad social en salud y pensi ón, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 7 de abril de 2014», por prescripción trienal.

1.4 Los recursos de apelación

1.4.1 Fiscalía General de la Nación4 Interpuso recurso de apelación contra el fallo de primer grado , en el que adujo que «[…] a partir del a ño 2003, en los Decretos salariales de la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACI ÓN (distinto a la RAMA JUDICIAL) no se estipul ó porcentaje alguno por concepto de Prima especial de Servicios, toda vez que seg ún los fallos del Consejo de Estado, los Fiscales no eran beneficiarios de

(distinto a la RAMA JUDICIAL) no se estipul ó porcentaje alguno por concepto de Prima especial de Servicios, toda vez que seg ún los fallos del Consejo de Estado, los Fiscales no eran beneficiarios de esta prima, por lo cual desde el a ño 2003 y en adelante la Entidad que represento no continu ó adjudicando el 30% como prima especial y por consiguiente tampoco descont ó el factor prestacional de ese 30%, es decir, el factor prestacional del salario básico de la demandante se pagó en el 100%». Por lo anterior, concluyó que «[…] acceder a lo pretendido por la demandante, desconocer ía de forma abierta e ilegal la presunci ón de legalidad que se predica de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional que fijaron el r égimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscal ía General de la Naci ón para los a ños 2003 en adelante. así mismo, se estaría realizando un reconocimiento al cual no tiene derecho alguno, […] pues se repite, a partir del año 2003, los Decretos salariales no contemplaban la prima especial de servicios». (sic)

1.4.2 Marlene Guiselle Téllez Gómez5

Presentó recurso de apelación parcial, únicamente en lo concerniente a la prescripción parcial de emolumentos declarada en primera instancia, al estimar «[…] que para que se dé la prescripción es necesaria que exista el derecho y la certeza de éste, que en el presente caso no se da, ya que no existe ninguna sentencia de nulidad de nuestro Honorable Consejo de Estado, que se encuentre en firme, en la cual se se ñale que existe la nulidad con respecto a los Decretos Salariales

se da, ya que no existe ninguna sentencia de nulidad de nuestro Honorable Consejo de Estado, que se encuentre en firme, en la cual se se ñale que existe la nulidad con respecto a los Decretos Salariales que hacen referencia al artículo 14 de la Ley 4a de 1992, por ello no existe la certeza absoluta del

4 Samai, índice 4, Expediente digital, archivo 68. 5 Samai, índice 4, Expediente digital, archivo 65.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

7 derecho a mi mandante, en este momento solo existe controversia y duda, por ello las reclamaciones realizadas a ésta fecha no le son aplicables el fenómeno de la prescripción». (sic)

1.5 Trámite de segunda instancia

Con auto de 1º de noviembre de 20246, el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.

1.5.1 La demandante7, reiteró los argumentos expuestos en la demanda e indicó que le asiste el derecho al reconocimiento y pago del 100% de su salario más la prima del 30% señalada en la Ley 4 de 1992 con las consecuencias prestacionales y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 ibídem.

II. CONSIDERACIONES

30% señalada en la Ley 4 de 1992 con las consecuencias prestacionales y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 ibídem.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en l os artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

De igual forma, cabe destacar qué, de acuerdo con el artículo 3288 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación . Sin embargo, cuando ambas

6 Índice 9 Samai. 7 Índice 13 Samai. 8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

alegarse durante la audiencia.»Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

8 partes hayan apelado, como en ese caso; el superior resolverá sin limitaciones.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 reconocida a la demandante, debió ser sufragada como parte i ntegrante de la asignación básica o como un factor adicional a esta, y, luego de ello, establecer, si le asiste derecho a recibir la mencionada prima en cuantía del 30% del salario básico, junto con la reliquidación de los demás factores salariales y prestacionales que devengó teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica y no el 70%, como aparentemente fue realizado.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas recaudadas ; y 2.5. Caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó la pri ma especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de sa larios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de losNúmero Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

9 servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a este.

Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a este.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación» , mientras que la Ley 476 de 1998 aclaró que la excepción que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto» , por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por est a Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005 9, la Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]» .

Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de

servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]» .

Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de diciembre de 2020 10, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993 . En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se

9 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 3 de marzo de 2005; expediente 11001-03-25-000-1997-1702101(17021); consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. 10 Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de

01(17021); consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. 10 Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020; expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18); conjuez ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.Número Interno: 5719-2023

Demandante: Marlene Guiselle Téllez Gómez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

10 hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la pri ma especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022 11, la Sala de Conjueces se

conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022 11, la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios », pues «[…] no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de servici os allí contenida haya también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de e