CE - Sentencia 25000234200020200118801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Fiduciaria la

Previsora S.A.

Tema: Pensión jubilación por aportes a docentes. No aplica Ley 71 de 1988 por cuanto el vínculo es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Se pretende la nulidad de la Resolución 10697 del 1 8 de noviembre de 2021, por medio de la cual la directora de Talento Humano negó el reconocimiento y pago de una pensión jubilación por aportes.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de

2021, por medio de la cual la directora de Talento Humano negó el reconocimiento y pago de una pensión jubilación por aportes.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, por haber acreditado las 1000 semanas de aportes y los 55 años de edad, con los reajustes de ley ; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora María Consuelo Muñoz Pulgarín manifestó que nació el 16 de agosto de 1959, por tanto, cumplió 55 años el 16 de agosto de 2014; que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) , hoy Colpensiones, con un total de 858,43 semanas cotizadas; y que fue vinculada a la docencia oficial en el año 200 7 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda. Así, estima que le es

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Radicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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aplicable las Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988, y cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión por aportes.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

5. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71 de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2° de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.

6. En resumen, citando las disposiciones y jurisprudencia que regulan la pensión de jubilación por aportes, expone que la entidad demandada desconoce el contenido de las normas transitorias; adujo que aunque no se encontraba vinculada a la docencia oficial co n anterioridad al 23 de junio de 2003, lo cierto es que si realizó aportes al antiguo ISS, por lo que cumple con los presupuestos exigidos en la Ley 812 de 2003, a saber, 1000 semanas de cotización y 55 años de edad, sin atender al retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el salario.

1.4. Contestación de la demanda2

7. La Fiduprevisora S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la accionante ingresó al servicio con posterioridad a la entrada

salario.

1.4. Contestación de la demanda2

7. La Fiduprevisora S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la accionante ingresó al servicio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 81 de esa misma ley, no le resulta aplicable el régimen establecido en la Ley 71 de 1988, sino que su situación pensional debe regirse por lo previsto en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

1.5. Sentencia de primera instancia3

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B” en sentencia de 16 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

Se abstuvo de condenar en costas.

9. Como sustento de lo anterior, precisó que, dado que la vinculación de la demandante al servicio educativo oficial ocurrió el 1 9 de enero de 2007, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no le era aplicable el régimen especial del Magisterio establecido antes de esa norma, ni el régimen de transición contemplado en su artículo 81.

10. Por último, agregó que, al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la docente tenía 34 años de edad y menos de 15 años de servicio, por lo que tampoco cumplía con los requisitos del artículo 36 de dicha ley para acogerse al régimen de transición que permitiría aplicar la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988.

2 Visible en el expediente digital de primera instancia en el archivo

régimen de transición que permitiría aplicar la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988.

2 Visible en el expediente digital de primera instancia en el archivo 22_RECIBEMEMORIALES_MARIACONSUELOMUN~O.PDF. Se destaca que la demanda fue presentada el 09 de marzo de 2021, y admitida el 19 de mayo de 2021. 3 Archivo 56_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES.pdf del expediente digitalRadicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

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1.6. Recurso de apelación4

11. La parte actora manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, considerando que el a quo desconoce el verdadero alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, toda vez que había laborado y efectuado aportes al sistema pensional con anterioridad a la vigencia de dicha norma, circunstancia que le otorgaba la expectativa pensional bajo la Ley 71 de 1988.

12. Sostiene que, incurrió en un error de interpretación normativa al examinar el caso únicamente a la luz del régimen de prima media con prestación definida previsto en la Ley 100 de 1993 y modificado por la Ley 797 de 2003. Y que, por el contrario, por haber acumulado más de veinte (20) años de servicios y aportes en entidades públicas y privadas, cumplía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación

por haber acumulado más de veinte (20) años de servicios y aportes en entidades públicas y privadas, cumplía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 2709 de 1994. 1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

13. Mediante auto de 19 de septiembre de 202 3, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

14. En el curso del trámite de segunda instancia el apoderado de la parte actora allegó memorial solicitando la determinación de la situación pensional del docente, conforme al régimen jurídico que le resulte aplicable.

15. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

17. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Consuelo Muñoz Pulgarín, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional

2.2. Problema jurídico

17. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Consuelo Muñoz Pulgarín, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como

4 59_RECIBEMEMORIALES_MARIACONSUELOMUNOZ.pdf

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Radicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

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privado, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes

18. La Ley 812 de 2003 7 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad

a esta. Se destaca:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES

antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad a esta. Se destaca:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

19. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

20. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no

descanso obligatorio.

20. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector

público como en el privado:

“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a

7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitarioRadicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

21. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 8, dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

22. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

23. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la

23. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 19899 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

24. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculació n, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)

de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) 9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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25. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,

Colpensiones.

26. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos10 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio11. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 12 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,

se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 12 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 13, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

27. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes

(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible extenderse a inclu ir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unific ación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

28. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 28.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el

estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

28. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 28.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que los e ducadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.

10 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989. 11 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 12 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) 13 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.Radicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.Radicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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28.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

28.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figuren e nlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo los Decretos 633 14 y 634 de 2007 15, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).

28.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la

Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

29. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 08 de octubre de 2019 a

través de apoderada solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá16 el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la cual fue resuelta desfavorablemente con la Resolución 10697 del 1 8 de noviembre de 20 1917, sustentada en que ingresó al magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 100 de 1993.

30. Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial.

Véase entonces que el material probatorio evidencia que la Secretaría de Educación de Bogotá en Formato Único para la Expedición de Historial Laboral, expedido el 17 de diciembre de 202 018, señaló que aquella se vinculó al magisterio mediante Resolución 5466 de 1° de diciembre de 2006, iniciando labores docentes a partir del 19 de enero de 2007.

de diciembre de 202 018, señaló que aquella se vinculó al magisterio mediante Resolución 5466 de 1° de diciembre de 2006, iniciando labores docentes a partir del 19 de enero de 2007.

31. Ahora, si bien con base en el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones actualizado a 25 de octubre de 201 919, se tiene que la señora Muñoz Pulgarín

14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 15 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto -ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 16 Visible desde la pagina 45 a la 53 d el archivo 43_RECIBEMEMORIALES_5998C3B4F81647B49.pdf expediente digital de primera instancia 17 Visible en las páginas 1 y 2 del archivo 43_RECIBEMEMORIALES_5998C3B4F81647B49.pdf expediente digital de primera instancia 18 Visible en la página 3 del archivo 42_RECIBEMEMORIALES_6D56F98010004FAEB.pdf del expediente digital de primera instancia 19 Visible en el archivo 43_RECIBEMEMORIALES_5998C3B4F81647B49.pdf expediente digital de primera instanciaRadicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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acredita un total de 858,43 semanas, lo cierto es que no obra prueba alguna que permita establecer que se efectuaron en virtud del ejercicio de funciones docente, aspecto que resulta determinante en este caso para la procedencia del estudio del derecho reclamado bajo el régimen especial previsto en la Ley 71 de 1988.

32. En ese orden, la situación jurídica de la actora se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, tal como lo dispuso la entidad en el acto administrativo objeto de censura, y como también lo analizó el a quo , lo cual guarda coherencia con lo señalado en la sentencia de unificación SUJ014 -CE-S2 del 25 de abril de 2019, en la que se indicó que la determinación del régimen prestacional aplicable a los docentes debe partir de la fecha en que se produjo su vincula ción al servicio educativo oficial, por lo que i) a quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003 — fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 — les resultan aplicables las normas que regulaban el régimen de los servidores públicos del orden nacional; mientras que ii) para quienes se incorporaron con posterioridad a dicha data, los cobija el régimen de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, exceptuando únicamente el requisito de edad.

33. Por lo tanto, no le asiste razón a la apelante cuando en el recurso señala que para beneficiarse de la mencionada norma es suficiente acreditar una vinculación o

y 797 de 2003, exceptuando únicamente el requisito de edad.

33. Por lo tanto, no le asiste razón a la apelante cuando en el recurso señala que para beneficiarse de la mencionada norma es suficiente acreditar una vinculación o aportes con anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812, pues, omite que no se t rata de cualquier vinculación, sino que esta fue cualificada de manera expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el sub judice.

34. De otro lado, se advierte que en esta instancia el apoderado de la parte actora allegó memorial con el que solicita se revise el derecho pensional de la señora Muñoz Pulgarín bajo la normativa que corresponda, alegando que cuando presentó la demanda existí a precedente jurisprudencial que daba cuenta que no se debía analizar si el ingresó al servicio docente era antes o después de la Ley 812 de 2003, y que incluso se reconoció pensión por aportes cuyo ingreso había sido posterior a la vigencia de la disposición mencionada.

35. En torno a lo anterior, observa la Sala, primero, que con la reclamación administrativa presentada el 08 de octubre de 201 9, la actora solicitó el reconocimiento de una pensión por aportes, oportunidad en la que de manera clara afirmó tener derecho a la misma, en la medida en que había realizado aportes al sector privado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; inclusive, destaca que quienes hubieren ingresado con posterioridad a dicha data, les sería aplicable la Ley 100 de 1993.

36. Posteriormente presentó la demanda de la referencia, en la cual insistió en el

destaca que quienes hubieren ingresado con posterioridad a dicha data, les sería aplicable la Ley 100 de 1993.

36. Posteriormente presentó la demanda de la referencia, en la cual insistió en el reconocimiento bajo la misma Ley 71 de 1988; y emitida la sentencia por el a quo, presentó recurso de apelación nuevamente alegando que si tiene derecho a laRadicado: 25000-23-42-000-2020-01188-01 (4222-2023)

Demandante: María Consuelo Muñoz Pulgarín

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pensión por aportes; advirtiéndose inclusive que, aun cuando el tribunal analizó el asunto también bajo la Ley 100 de 1993, y concluyó que tampoco acreditaba tales requisitos, la parte actora no presentó argumento alguno con el recurso con miras a oponerse a dicha decisión.

37. En vista de lo anterior, en virtud del respeto al principio de congruencia, no le es posible a la Sala entrar a revisar el asunto en los términos planteados por el recurrente en el escrito anteriormente mencionado, que por demás es extemporáneo, pues, se i tera, no presentó cargos concretos en el recurso de apelación frente al estudio efectuado por el tribunal respecto a la negativa de la prestación al tenor de la Ley 100 de 1993.

2.6. Conclusión

38. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribuna