CE - Sentencia 25000234200020200121102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-42-000-2020-01211-02 (2503-2024)

Demandante: Jaime Eduardo Romero Garay, Estefany Montes

Rivera y Armando Padilla Romero Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992) Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de noviembre de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

Los señores Jaime Eduardo Romero Garay, Estefany Montes Rivera y Armando Padilla Romero, por intermedio de apoderada judicial, acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitaron que se inapliquen por inconstitucionales e ilegales , por haber sido anuladas por la jurisdicción contenciosa administrativa, las siguientes normas:

Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitaron que se inapliquen por inconstitucionales e ilegales , por haber sido anuladas por la jurisdicción contenciosa administrativa, las siguientes normas:

Artículo 6 del Decreto 53 de 1993; artículo 7 de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998 y 38 de 1999; artículo 8 del Decreto 2743 del 27

1 Samai, índice 00015, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.2

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de diciembre de 2000; así como los decretos salariales 109 de 1993, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1897 de 2009, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 019 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017 y 343 de 2018.

Aunado a lo anterior, solicitaron que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Radicado No. 20193100055501, Oficio No. DAP -30110 del 18 de julio de 2019, notificado el 26 de julio del mismo año, mediante el cual se resolvió negativamente un derecho de petición. Este acto fue expedido por el profesional con funciones en el

notificado el 26 de julio del mismo año, mediante el cual se resolvió negativamente un derecho de petición. Este acto fue expedido por el profesional con funciones en el Departamento de Administración de Personal (A), Dr. José Ignacio Angulo Murillo, así como del acto administrati vo ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo, derivado de la falta de respuesta expresa al recurso de apelación radicado bajo el número STH -No. 20196110671102 del 30 de julio de 2019. En estos actos se desconoció el derecho de los señores Romero Garay, Montes Rivera y Padilla Romero a percibir el 30 % restante para completar el 100 % del salario mensual, con sus correspondientes efectos prestacionales, incluidas cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de servicios contemplada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992.

• Radicado No. 20193100055501, Oficio No. DAP -30110 del 18 de julio de 2019, notificado el 26 de julio de 2019, y la Resolución No. 22157, notificada por correo electrónico el 22 de diciembre de 2020, expedida por la Subdirectora de Talento Humano, Dra. Sandra Patricia Silva Mejía, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación. Por medio de dichos actos se negó el reconocimiento del derecho antes mencionado.

A título de restablecimiento del derecho, se solicitó:

Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de cada uno de los demandantes, desde el momento en que se posesionaron como fiscales y mientras permanezcan en el cargo, el 100 % del salario mensual, incluyendo la prima especial de

Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de cada uno de los demandantes, desde el momento en que se posesionaron como fiscales y mientras permanezcan en el cargo, el 100 % del salario mensual, incluyendo la prima especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, con el correspondiente reajuste de las prestaciones sociales, incluidas cesantías e intereses.

Así mismo, que se ordene el pago continuado del 100 % de los ingresos mensua les con sus respectivas consecuencias prestacionales, y que los valores adeudados por concepto3

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de nivelación salarial y prestacional sean pagados debidamente indexados, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, con reconocimiento de intereses m oratorios desde la fecha de causación hasta el pago efectivo, y que se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos relevantes:

La parte actora afirma haber prestado sus servicios a la entidad demandada en calidad de fiscales, percibiendo un salario inferior al que por ley les corresponde, ya que no se les ha reconocido la prima especial del 30 % establecida en la Ley 4ª de 1992, ni se ha tenido en cuenta dicho factor para efectos de la liquidación de sus prestaciones sociales.

Indican que, desde el año 2002, la entidad ha reducido su salario en un 30 %, transformando ese porcentaje en una prima especial sin carácter salarial, afectando sus derechos laborales.

Ante esta situación, presentaron reclamación administrativa solicitando el reconocimiento

transformando ese porcentaje en una prima especial sin carácter salarial, afectando sus derechos laborales.

Ante esta situación, presentaron reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de sus prestaciones desde la fecha de posesión en el cargo. Dicha solicitud fue resuelta negativamente mediante los actos administrativos demandados.

1.2. Concepto de violación:

La apoderada judi cial sostuvo que se vulneraron los artículos 1, 13, 15, 25 y 53 de la Constitución Política, así como los principios generales del derecho reconocidos en la sentencia SU-519 de 1997 de la Corte Constitucional; los artículos 2, 10, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1 992; los artículos 1, 2 y 4 del Decreto 10 de 1993; el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; y el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.

Argumentó que los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la prima especial adolecen de falsa motivación y desviación de poder, al desconocer la normativa que regula dicha prima, afectando las condiciones laborales de los demandantes al reducir su salario en un 30 %, cuando la norma establecía expresamente que ese porcentaje debía sumarse como incremento al salario.4

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2. Contestación de la demanda.

La entidad demandada, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las

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2. Contestación de la demanda.

La entidad demandada, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones, señalando que estas no se ajustan a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020. Asimismo, afirmó que la entidad ha pagado el salario y las prestaciones de los demandantes conforme a la normatividad vigente que regula la materia; por lo tanto, solicitó que sean denegadas las súplicas de la demanda.

Propuso las siguientes excepciones, que denominó de la siguiente manera: prescripción; carencia de objeto; caducidad respecto del demandante Armando Ardila Romero; inaplicabilidad como factor salarial distinto al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación; improcedencia de exceder el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992; y falta de causa para pedir frente al artículo 15 de la misma ley.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, disponiendo estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente radicado bajo el número 73001 -23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018); así mismo, declaró la nulidad de los actos administrat ivos acusados y condenó a la

del expediente radicado bajo el número 73001 -23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018); así mismo, declaró la nulidad de los actos administrat ivos acusados y condenó a la entidad demandada a efectuar el siguiente reajuste: «CUARTO.- Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar a los demandantes JAIME EDUARDO ROMERO GARAY y ESTEFANY MONTES RIVERA, retroactivamente, e l REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 11 de julio de 2016 y hasta cuando funjan como Fiscal Delegado ante los Municipales y Promiscuos, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada, correspondiente para los cargos ejercidos en el tiempo laborado, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO. - En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a los demandantes en los extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.5

extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.5

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SEXTO. - Reconózcase el derecho a la prima especial del 30% establecida en la Ley 4ª de 1992, a ARMANDO PADILLA ROMERO, únicamente para ser tenido en cuenta en la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos, conforme a lo expuesto en la parte motiva.»

Sumado a lo anterior, el a quo dispuso que las sumas adeudadas fueran pagadas debidamente indexadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, y que se reconocieran intereses comerciales y moratorios, tal como lo establece el artículo 195 ibidem, sin condena en costas.

Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que los demandantes ac reditaron la prestación del servicio a la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

• Jaime Eduardo Romero Garay, desde el 6 de octubre de 2008 hasta la fecha, desempeñándose como Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos.

• Estefany Montes Rivera, desde el 6 de junio de 2007 hasta la fecha, desempeñándose como Fiscal Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos.

• Armando Padilla Romero, desde el 15 de julio de 1994 hasta el 31 de marzo de 1998

como Fiscal Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos.

• Armando Padilla Romero, desde el 15 de julio de 1994 hasta el 31 de marzo de 1998 como Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos; del 1 de abril de 1998 al 2 de julio de 1999 como Fiscal Delegado ante los Jueces Regionales; y desde el 3 de julio de 1999 hasta el 1 de febrero de 2005 como Fiscal Delegado ante Jueces

Especializados.

Con base en lo ante rior, concluyó que a los demandantes les asiste el derecho al reconocimiento de la prima especial del 30 % consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. No obstante, la entidad demandada incluyó dicha prima como parte de la asignación básica, cuando lo correcto era haber incrementado en ese porcentaje (30 %) la asignación referida. Además, la entidad ha efectuado el pago de las prestaciones sociales de la actora tomando como base salarial solo el 70 % de su asignación básica.

En consecuencia, estimó procedente ordenar el reajuste salarial y prestacional solicitado respecto de los señores Jaime Eduardo Romero Garay y Estefany Montes Rivera, considerando que la negativa al reconocimiento -plasmada en los actos administrativos demandadosvulnera sus derechos laborales. Sin embargo, precisó que el reajuste de6

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las prestaciones sociales debe realizarse exclusivamente sobre el 30 % que fue indebidamente excluido, sin tomar en cuenta ese porcentaje como prima especial, dado

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las prestaciones sociales debe realizarse exclusivamente sobre el 30 % que fue indebidamente excluido, sin tomar en cuenta ese porcentaje como prima especial, dado que esta no tiene carácter salarial. Así mismo, declaró que operó el fenómeno de la prescripción respecto de los derechos causados con anterioridad al 11 de julio de 2016, considerando que la reclamación administrativa fue presentada el 11 de julio de 2019.

En cuanto al señor Armando Padill a Romero, el Tribunal concluyó que no procede reconocimiento alguno por concepto de las sumas reclamadas, dado que su vínculo laboral con la entidad finalizó el 1 de febrero de 2005, y la reclamación administrativa fue presentada únicamente hasta el 11 de julio de 2019. No obstante, precisó que las sumas reclamadas deben ser tenidas en cuenta para efectos de la reliquidación de la pensión de jubilación o de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, en tanto se trata de un derecho imprescripti ble y que constituye factor salarial respecto del 30 % señalado.

4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación 2, interpuso recurso de apelación señalando que el Tribunal, en la sentencia recurrida, no realizó un análisis de las circunstancias que rodearon el tema salarial y prestacional de los fiscales, a quienes el Gobierno Nacional determinó que el 30 % del salario básico sería cancelado a título de prima especial de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Adujo

determinó que el 30 % del salario básico sería cancelado a título de prima especial de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Adujo que, contrario a lo expuesto en el fallo, las prestaciones sociales de los demandantes, desde el año 2003, se han pagado sobre la base del 100 % de su asignación básica, sin descontar el 30 % referido.

Sostuvo que la parte resolutiva de la sentencia apelada no es clara, toda vez que, si bien señala que se acoge a la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020, no especifica que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para efectos de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, lo cual podría generar confusión.

Afirmó que la entidad demandada ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores con estricta sujeción a lo previsto en los decretos

2 Samai, índice 046, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.7

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expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, y que, desde el año 2003, no existe derecho a percibir la prima especial de servicios reclamada, en tanto las normas que regulan la materia no la han contemplado. Por ende, precisó que no se le ad euda a la actora suma alguna por concepto prestacional.

Alegó, además, que no debió imponerse condena relacionada con las consecuencias prestacionales derivadas de la reliquidación de la prima especial en idéntico porcentaje,

la actora suma alguna por concepto prestacional.

Alegó, además, que no debió imponerse condena relacionada con las consecuencias prestacionales derivadas de la reliquidación de la prima especial en idéntico porcentaje, respecto de conceptos como la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, las cesantías, la bonificación por servicios prestados, entre otros; ni respecto de la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Padilla Romero, dado que ello no fu e previsto en la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020. En consecuencia, consideró que dicha condena excedió lo dispuesto, sin que se hubiesen expuesto argumentos suficientes para justificar tal decisión.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 18 de marzo de 20253, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 4, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

3 índice 04 de Samai. 4 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

4 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispen sable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”8

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En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, la Sala deberá determinar si le asiste el derecho a los demandant es de percibir la nivelación salarial y prestacional ordenada por el Tribunal, consistente en un incremento del 30% en su asignación básica por concepto de prima especial de servicios de qué trata la Ley 4 de 1992, junto con la reliquidación de las prestac iones sociales

percibir la nivelación salarial y prestacional ordenada por el Tribunal, consistente en un incremento del 30% en su asignación básica por concepto de prima especial de servicios de qué trata la Ley 4 de 1992, junto con la reliquidación de las prestac iones sociales teniendo en cuenta la base salarial del 100% de su asignación básica -sin incluir la citada prima especial-, al haberse aquellas liquidado sobre una base salarial del 70% de dicha asignación.

De igual forma, se analizará la procedencia o no del reconocimiento de la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes en favor del señor Armando Padilla Romero, en los términos ordenados en la decisión de primera instancia.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior

miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes de l Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la9

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Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a este.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de 1998

voluntariamente a este.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de 1998 aclaró que la excepción que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005 5, la Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

Luego, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de diciembre de 2020 6, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 d e 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:

cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 d e 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tien en derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de

5 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 3 de marzo de 2005; expediente 11001-03-25-000-1997-17021-01(17021); consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. 6 Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020; expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18); conjuez ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.10

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liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el

que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básic a, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 20227, la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no

En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste », y, al declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de servici os allí contenida haya también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa sentencia» , y reiteró que «[…] la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.

2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sa la a analizar las particularidades

7 Consejo de Estado; Sección Segunda; sentencia de 21 de septiembre de 2022; expediente 11001032500020180110100; conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.11

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del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que regula la materia. En ese

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del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que regula la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio aportado al plenario y