CE - Sentencia 25000234200020210027601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

Demandante: Aida Esperanza Moreno

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Fiscal delegada ante los ju eces municipales y promiscuos, y ante los jueces de circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones con el 100 % de la remuneración mensual . Subtema 2: reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prescripción trienal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 30 de septiembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Aida Esperanza Moreno, en condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito, solicita el reconocimiento y pago de las prestaciones con el 100 % de la remuneración mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 4 de la

Aida Esperanza Moreno, en condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito, solicita el reconocimiento y pago de las prestaciones con el 100 % de la remuneración mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . La entidad demandada se opone al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que no fue reconocida para los fiscales y que desde el año 2003 las prestaciones fueron liquidadas con el 100 % del salario base.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Aida Esperanza Moreno , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 12 de abril de 2021, con las siguientes:Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

Demandante: Aida Esperanza Moreno

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

(i) Inaplicar por inconstitucionales e ilegales los decretos expedidos por el Gobierno nacional desde 1993 , que fijaron la asignación salarial de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en lo relativo a la forma en que regularon la liquidación de la prima especial.

(i) Declarar la nulidad de la Resolución 20173100069171 del 7 de noviembre de

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en lo relativo a la forma en que regularon la liquidación de la prima especial.

(i) Declarar la nulidad de la Resolución 20173100069171 del 7 de noviembre de 2017, mediante la cual el jefe del departamento de personal de la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de la prima especial como adición al 30 % de la remunera ción mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % del salario básico.

(ii) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio de la administración frente al recurso de apelación presentado el 15 de noviembre de 2017.

(iii) Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación , a reconocer y pagar el total del 100 % del salario más la prim a especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con las consecuencias prestacionales, por el tiempo que ocupó los cargos de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos y fiscal delegado ante los jueces de circuito.

(iv) Ordenar a la entidad demandada que actualice l as sumas adeudadas conforme al IPC.

(v) Ordenar al ente demandado cumplir la sentencia en los términos señalados en los artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.

(vi) Condenar en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente1:

(i) La Fiscalía General de la Nación, por el tiempo en que se ha desempeñado

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente1:

(i) La Fiscalía General de la Nación, por el tiempo en que se ha desempeñado como fiscal, ha disminuido el valor del salario básico en un 30 % a título de prima especial sin carácter salarial.

(ii) El 23 de octubre de 201 7, solicitó a la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de la prima especial, equivalente al 30 % adicional a la remuneración mensual, junto con sus correspondientes efectos prestacionales.

1 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «4_250002342000202100276004».Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

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3 (iii) Mediante Resolución 20173100069171 del 7 de noviembre de 2017, la jefe del departamento de personal de la Fiscalía General de la Nación negó la anterior solicitud.

(iv) El 15 de noviembre de 2017, interpuso recurso de apelación frente al cual la entidad demandada guardó silencio, motivo por el cual se configuró el acto ficto o presunto.

(v) El 7 de noviembre de 2018 solicitó audiencia de conciliación para agotar

la entidad demandada guardó silencio, motivo por el cual se configuró el acto ficto o presunto.

(v) El 7 de noviembre de 2018 solicitó audiencia de conciliación para agotar el requisito de procedibilidad dispuesto en la Ley 640 de 2001 . La Procuraduría Judicial II para Asuntos Administrativos declaró fallida la conciliación en la diligencia realizada el 7 de febrero de 2019, por falta de ánimo conciliatorio de las partes.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo, artículos 1, 13, 25, 53 y 121; Ley 4 de 1992, artículos 2, 10, 14 y 15; Decreto 10 de 1993, artículos 1, 2, 4; Código Sustantivo del Trabajo , artículo 14; Código Contencioso Administrativo, artículo 84; Ley 270 de 1996, artículo 152-7; Decreto 717 de 1978, artículo 12.

4. En el concepto de violación, la demandante manifestó que los actos administrativos desconocieron que la prima especial se debe reconocer como una adición al salario básico y no como una reducci ón. Asimismo, afirmó que dicha prima constituye un factor salarial que debe tenerse en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, conforme con lo previsto en la Ley 4 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

5. La apoderada de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de prescripción. Sostuvo que los artículos de los

2.2. Contestación de la demanda

5. La apoderada de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de prescripción. Sostuvo que los artículos de los decretos salariales expedidos en los años 1993 a 2002 que reconocía n la prima especial fueron anulados por el Consejo de Estado, porque los fiscales no eran beneficiarios de dicha prima, al no estar incluidos en la lista del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

6. En consecuencia, consideró que el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al extenderles ese beneficio. Precisó, además, que en la sentencia que declaró dicha nulidad, se aclaró que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que hubieran recibido la prima no estaban obligados a reintegrarla, en atención al principio de buena fe. Sin embargo, estimó que dicho principio no puede presumirse cuando se pretende el reconocimiento de un derecho laboral que, a su juicio, no existe.

7. Afirmó que desde 1993 el salario de los fiscales seccionales (hoy fiscales delegados ante jueces de circuito) ha aumentado de manera progresiva en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Agregó que han sido beneficiarios del Decreto 1251 de 2009 y de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, razón por la cual no era acertado señalar que la exclusión de laRadicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

Demandante: Aida Esperanza Moreno

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4 prima del 30 % vulnerara el principio de progresividad.

8. Finalmente, indicó que conforme a la regla sobre prescripción contenida en la sentencia SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 , «no habría lugar a reconocimiento alguno para periodos anteriores al 23 de octubre de 2017», fecha en la que la demandante presentó la reclamación administrativa2.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante sentencia dictada el 30 de septiembre de 2022, resolvió3:

PRIMERO.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicación 73001 -23-33-000-2017-00568-01 (5472 -2018), Accionante: Nayibe Lorena Pérez Castro contra la Fiscalía General de la Nación. C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba, en cuanto (sic), por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- Declarar la prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por la demandante, causados con anterioridad al 23 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- Declarar la prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por la demandante, causados con anterioridad al 23 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: el contenido en el Oficio N° 20173100069171 del 7 de noviembre de 2017, expedido por el Jefe de Departamento de Personal y el acto ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo, respecto del recurso de apelación, de la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar a la demandante AIDA ESPERANZA MORENO, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 23 de octubre de 2014, en adelante, y hasta cuando funja como Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.- En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO.- Ordenar que los valores a pagar sean actualizados de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

2 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «21_250002342000202100276004». 3 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «37_250002342000202100276004FALLO».Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

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5

SÉPTIMO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del

SÉPTIMO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 195 del C.P.A.C.A., acatando lo ordenado en Sentencia C-188 de 1999.

NOVENO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO.- No condenar en costas.

10. Al realizar el análisis de legalidad de los actos demandados, el tribunal citó apartes de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 y acogió la interpretación según la cual la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un incremento del salario básico.

11. Afirmó que, conforme con los actos administrativos acusados y la constancia de prestación de servicio, la Fiscalía General de la Nación pagó a la demandante las prestaciones sobre el 70 % de la asignación básica, porque el 30 % restante lo pagaba como prima especial, aun cuando ese rubro deb ió ser adicional, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado. En este orden, manifestó que la actora e s destinataria de la prima especial y tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de la remuneración mensual.

12. Concluyó que operó la prescripción trienal de los derechos laborales causados antes del 23 de octubre de 2014, porque la petición de reconocimiento y pago de la prima especial fue presentada el 23 de octubre de 2017.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. De la demandante

antes del 23 de octubre de 2014, porque la petición de reconocimiento y pago de la prima especial fue presentada el 23 de octubre de 2017.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. De la demandante

13. La parte actora presentó reparos frente al pronunciamiento del tribunal sobre la prescripción, al considerar que no existe sentencia del Consejo de Estado en firme que haya declarado la nulidad de los decretos salariales que reglamentan el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Por tanto, a su juicio, no es procedente aplicar la prescripción frente a las sumas reconocidas.

14. Señaló que la certeza sobre el derecho reclamado solo se consolida a partir de las «sentencias constitutivas proferidas por el Consejo de Estado» mediante las cuales declara la nulidad de los decretos que fijaron la asignación salarial, por esto solicita la inaplicación por inconstitucionalidad de los decretos salariales4.

2.4.2. De la entidad demandada

15. La apoderada de la parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia al considerar que la Fiscalía General de la Nación ha liquidado y

4 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «39_250002342000202100276004».Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

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6 pagado las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico , comoquiera que desde el año 2003 la prima dejó de pagarse y, en consecuencia, tampoco se descontó del salario básico . Por tanto, no proced e la c ondena al pago de valores que ya se reconocieron.

16. Señaló que el tribunal debió indicar con precisión que la prima especial constituye factor salaria l solo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, para no generar confusión al momento de efectuar el pago.

17. Finalmente, sostuvo que a partir de la expedición del Decreto 27 2 de 2021, la prima especial se reconoce como un valor adicional a la asignación básica, con efectos desde el 1 de enero de ese mismo año, razón por la cual no debía ordenarse su pago con posterioridad a esa fecha5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. El 25 de enero de 2024, los magistrados integrantes de la Subsección B en esa época manifestaron impedimento al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial en calidad de funcionar ios de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso6.

19. Mediante auto del 26 de septiembre de 2024, la Subsección A declaró infundado el impedimento manifestado , al considerar que no se advertían circunstancias

circunstancia que generaba interés directo en el proceso6.

19. Mediante auto del 26 de septiembre de 2024, la Subsección A declaró infundado el impedimento manifestado , al considerar que no se advertían circunstancias actuales, directas o indirectas, que comprometieran la imparcialidad de los magistrados. Asimismo, señaló que no evidenciaba de manera clara y precisa la existencia de un beneficio o afectación derivado de la calidad de funcionarios judiciales, ni un interés indirecto . En consecuencia, ordenó devolver el expediente al despacho del consejero ponente7.

20. Por auto del 25 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador admitió los recursos de apelación presentados por las partes y ordenó el ingreso del expediente al despacho para proferir sentencia, salvo que las partes solicitaran pruebas en el término de ejecutoria de esa providencia, conforme con el inciso cuarto del artículo 212 del CPACA8. El expediente ingresó al despacho para fallo el 10 de abril de 20259.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación

5 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «40_250002342000202100276004». 6 Samai, índice 6. 7 Samai, índice 16. 8 Samai, índice 24.

5 Samai, índice 2, «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.zip)», archivo «40_250002342000202100276004». 6 Samai, índice 6. 7 Samai, índice 16. 8 Samai, índice 24. 9 Sama, índice 30.Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

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7 interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

22. De acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación interpuestos por las partes10, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

23. ¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de fiscal delegada, con la inclusión del 30 % que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicio?

24. ¿El pago de la prima especial reconocida a favor de la demandante procede hasta el año 2021, fecha en la que la Fiscalía presuntamente empezó a pagar dicho factor como una adición o agregado a la remuneración básica mensual?

25. ¿Las obligaciones derivadas de la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de remuneración mensual y del reconocimiento de la prima especial están sometidas el fenómeno de la prescripción trienal?

25. ¿Las obligaciones derivadas de la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de remuneración mensual y del reconocimiento de la prima especial están sometidas el fenómeno de la prescripción trienal?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

26. La Ley 4 de 19 92, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del s ueldo básico, sin carácter salarial , para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación », con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

27. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación , y previó a favor de las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 , la posibilidad de optar por el régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran por esa escala salarial.

régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran por esa escala salarial.

28. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley , para los funcionarios mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.

10 CGP, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «Competencia del superior».Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

Demandante: Aida Esperanza Moreno

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

29. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima espe cial a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona n,

consecuencia, para estos servidores, la prima espe cial a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona n, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

30. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, mediante sentencia SUJ -023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, fijó las siguientes reglas frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos Fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad , en los siguientes

términos11:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad , tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

se hayan vinculado a la entidad con posterioridad , tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 19[6]8 y 1848 de 1969.

31. La sentencia citada que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico sustentó

las reglas en las siguientes razones:

La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso no puede ser inferior al 30%;

La prima especial otorgada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que

nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso no puede ser inferior al 30%;

La prima especial otorgada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que

11 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).Radicación: 25000-23-42-000-2021-00276-01 (3004-2023)

Demandante: Aida Esperanza Moreno

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9 se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

32. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de

instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

32. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2022 12, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 2003 a 2017 , al considerar que el 30 % del salario básico mensual de los servidores de esa entidad « no puede ser considerado como prima especial, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste».

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán (sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que, expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una persona que aún trabaja,

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que, expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una parte del mismo, como se anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (Cpaca), en sus artículos 10, 102 y 269, porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sen