CE - Sentencia 25000234200020210036201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C, Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 25000234200020210036201 (0523-2025) | | Demandante | : | Jairo Eduardo Jiménez Camelo | | Demandada | : | Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho. | | Tema | : : | Reliquidación de pensión de exmiembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”[[1]](#footnote-2), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Jairo Eduardo Jiménez Camelo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones.

## ANTECEDENTES

• 1. La demanda[[2]](#footnote-3)

El señor Jairo Eduardo Jiménez Camelo, por conducto de apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)[[3]](#footnote-4), para solicitar lo siguiente:

• - 1. Pretensiones

1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. SUB 31303 del 31 de enero de 2020, expedida por la subdirectora de determinación IV de Colpensiones, a través de la cual le fue reconocida pensión de vejez al señor Jiménez Camelo.

2. Declarar la nulidad total de las resoluciones No. SUB 84241 del 31 de marzo de 2020 y DPE 7579 del 07 de mayo de 2020, expedidas por el ente demandado; mediante las cuales se resolvió recurso de reposición y apelación, respectivamente, en contra de la Resolución No. SUB 31303 del 31 de enero de 2020, confirmándola en su integridad.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) se reliquide su pensión especial de vejez por alto riesgo teniendo en cuenta para ello el 75% del promedio de los salarios devengados dentro del último año de servicio esto es, entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017, junto con todos los factores salariales consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y todos aquellos devengados en razón de la prestación de sus servicios a la guardia del INPEC, siendo estos: Sueldo, Sobresueldo, Bonificación de Servicio, Sueldo de Vacaciones, Auxilio de Transporte, Subsidio Alimentación, Prima de Servicios, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones; y, y todos aquellos que apliquen; bajo los parámetros y condiciones señalados en la Ley 32 de 1986, y el Acto Legislativo 01 de 2005 parágrafo transitorio 5 reglamentado por el artículo 1 del Decreto 1950 de 2005; (ii) se reconozca y pague, debidamente indexado, el retroactivo de su pensión especial de vejez por alto riesgo desde el 1 de enero de 2018, día siguiente al retiro del servicio; (iii) se ordene el pago a su favor de los intereses moratorios que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 01 de enero de 2018; (iv) condenar en costas y agencias en derecho a la demandada; y (v) dar aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

1.1.2 Hechos

1.1.2 Hechos

El señor Jairo Eduardo Jiménez Camelo se vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC desde el 24 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2017, en virtud de renuncia que le fue aceptada por medio de la Resolución No. 003514 del 26 de septiembre de 2017; siendo el último cargo por él desempeñado el de dragoneante código 4114 grado 11.

Precisa que, cumplió 20 años de prestación de servicios al INPEC el 24 de octubre de 2016; ante lo cual solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de su pensión especial de vejez, prestación que fue negada en varias oportunidades aduciendo inconsistencias en la historia laboral, en virtud de las cuales no se acreditaba los 20 años de servicios; por tanto, el señor Jiménez Camelo solicitó la corrección de su historia laboral, e incluso presentó acciones de tutela para lograr tal fin.

Posteriormente, el día 27 de agosto de 2019 presentó nueva solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez ante Colpensiones, en esta oportunidad la prestación le fue reconocida a través de la Resolución No. SUB 31303 del 31 de enero de 2020, a partir del 01 de febrero de 2020, en cuantía inicial de $1.656.795; alegándose que su empleador Redes Humanas S.A. le había realizado cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, sin evidenciar novedad de retiro. En contra de dicho acto administrativo el aquí demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con miras a lograr el reconocimiento pensional desde el 1 de enero de 2018, día siguiente al retiro del servicio del INPEC, el pago de intereses moratorios y que la prestación fuera reliquidada teniendo en cuenta el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios a la referida entidad estatal; los cuales fueron resueltos de forma negativa por medio de las resoluciones SUB 84241 del 31 de marzo de 2020 y DPE 7579 del 07 de mayo de 2020, aquí acusadas.

Expone que, si bien realizó cotizaciones con posterioridad al retiro del servicio del INPEC, esto obedeció a la negligencia de la entidad en reconocer su pensión especial de vejez, lo cual lo obligó a buscar su sustento económico a través de vinculaciones laborales; reiterando que, prestó sus servicios al INPEC por más de 20 años, tiempo en el cual realizó cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones sobre los siguientes factores salariales: sueldo, sobresueldo, bonificación de servicios, sueldo de vacaciones, auxilio de transporte, subsidio alimentación, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones; los cuales debieron servir de base en su prestación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, el parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2005, y el artículo 1° del Decreto 1950 de 2005; sin embargo, la entidad no tuvo en cuenta los citados factores salariales, generando con ello una mesada pensional inferior a la que le corresponde.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

En la demanda se citaron como normas violadas las siguientes:

Artículos 2, 29, 53 y 58 de la Constitución Política de Colombia.

Artículos 1 y 96 de la Ley 32 de 1986, inciso 7 y Parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1 del Decreto 1950 de 2005.

Sostuvo que, la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, establecen de manera especial y concreta el régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional -INPEC-, así como los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez para dichos trabajadores, mismas que son aplicables aún en vigencia de la Ley 100 de 1993, por disposición del articulo 140 ibidem y el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 reglamentado por el artículo 1 del decreto 1950 de 2005, a quienes se hayan vinculado al INPEC con anterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), como es el caso del actor.

Que, en aplicación de las normas citadas su pensión especial de vejez debió ser reconocida desde el momento posterior a la fecha de retiro definitivo del servicio, esto es, a partir del 01 de enero de 2018, lo cual no hizo Colpensiones, por el contrario, inicialmente le negó su derecho pensional aduciendo inconsistencias en su historia laboral, actuación con la cual lesionó sus derechos y le obligó a obtener recursos para su subsistencia a través de otras vinculaciones laborales, cuando lo propio era reconocer su pensión, comoquiera que cumplía con los requisitos legales para ello.

• 1. Contestación de la demanda[[4]](#footnote-5).

La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, a través de su apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento que la pensión del demandante fue liquidada conforme a derecho.

Da por cierto que, el demandante ingresó a laborar a la Guardia del INPEC el día 24 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2017; la negativa inicial de la entidad en reconocer la pensión especial de vejez a favor del señor Jiménez Camelo por presentar inconsistencias en su historia laboral; así como, el reconocimiento de la pensión a través de los actos administrativos acusados.

Sostiene que, la pensión del actor debe liquidarse de conformidad con lo reglado por la Ley 100 de 1993, que estipula que el ingreso base de la liquidación -IBL, es el promedio de lo cotizado por el solicitante durante los últimos 10 años de servicio, teniendo en cuenta para ello, los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.

Arguye que, el reconocimiento pensional del demandante se hizo teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 32 de 1986, normatividad que no consagra la forma de liquidación; en consecuencia, dado que el actor adquirió el status de pensionado en vigencia de la Ley 100 de 1993, es esta última normativa la que regula la forma de liquidación; sumado a lo anterior, expone que, no es posible reconocer la pensión desde el 1 de enero de 2018, dado que le figuran cotizaciones en el sistema hasta el 31 de enero de 2020, lo cual conlleva a que no haya retroactivo alguno adeudado.

Finalmente, propuso las excepciones que denomino: cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, prescripción, buena fe y genérica o innominada.

• 1. La sentencia de primera instancia[[5]](#footnote-6).

Finalmente, propuso las excepciones que denomino: cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, prescripción, buena fe y genérica o innominada.

• 1. La sentencia de primera instancia[[5]](#footnote-6).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las prestaciones de la demanda, sin condena en costas, disponiendo:

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. SUB 31303 de 31 de enero de 2020, SUB 84241 de 31 de enero de 2020 y DPE 7579 de 7 de mayo de 2020, proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, mediante las cuales se concedió la pensión de vejez por actividad de alto riesgo a Jairo Eduardo Jiménez Camelo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a RECONOCER, PAGAR Y LIQUIDAR la PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO a JAIRO EDUARDO JIMÉNEZ CAMELO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.324.848 de Girardot, con el 75% de su salario promedio mensual, entre el 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, con la inclusión de los factores salariales, establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, esto es: asignación básica, una doceava parte de la bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, una doceava parte de la prima de navidad, una doceava parte de la prima de servicios, una doceava parte de la prima de vacaciones y sobresueldo, a partir del 1º de enero de 2018, de acuerdo con los considerandos de esta providencia. Al cancelarse las sumas ordenadas, la entidad debe aplicar el ajuste de valores contemplado en el inciso final del artículo 187 del CPACA (…)

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: NIÉNGANSE las demás pretensiones de la demanda (…)”.

Lo anterior con fundamento en:

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: NIÉNGANSE las demás pretensiones de la demanda (…)”.

Lo anterior con fundamento en:

Acreditado quedó que, el señor Jairo Eduardo Jiménez Camelo ingresó a laborar al INPEC a partir del 24 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2017, esto es, un total de tiempo de servicio de 21 años, 2 meses y 8 días, que equivalen a 1.090 semanas cotizadas, en el cargo de Dragoneante, razón por la cual se concluye que al actor le es aplicable el régimen pensional especial contenido en la Ley 32 de 1986, puesto que su vinculación se dio con anterioridad al 28 de julio de 2003 fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.

Por tanto, contrario a lo señalado por la entidad, al demandante se le debió reconocer la pensión especial de vejez dando aplicación a las disposiciones de la citada la Ley 32 de 1986; esto sin tener en cuenta las cotizaciones que el señor Jiménez Camelo debió realizar posteriormente ante la demora por parte de Colpensiones en ordenar el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, comoquiera que tales cotizaciones le generaron afectación en el valor de la mesada pensional; por tanto, la prestación debió ser reconocida a partir del 1 de enero de 2018, día siguiente del retiro definitivo del servicio del demandante del cargo de Dragoneante Código 4114 Grado 11.

En cuanto a los factores salariales base de la liquidación, expuso el A-quo que, como la Ley 32 de 1986 no determinó el IBL aplicable en estos eventos, conforme lo dispuesto en el artículo 114 ibidem, se debe suplir dicho vacío con las normas vigentes para los empleados públicos nacionales, esto es, Ley 4 de 1966 y artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aclarando que la tasa de reemplazo sería el 75% de lo devengado en el último año de servicio. Así las cosas, precisa que, según lo certificado, el demandante devengó en el último año de servicios (31 de diciembre de 2016 a 31 de diciembre de 2017) los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación de recreación prima de navidad, prima de riesgo, prima de seguridad, prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo y vacaciones.

Al confrontar aquellos con los enlistados en el artículo 45 del Decreto No. 1045 de 1978, se deben incluir en la liquidación de la pensión del demandante la asignación básica, bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de servicios, sobresueldo y la prima de vacaciones; esto es, no se pueden tener en cuenta prima de riesgo, prima de seguridad, vacaciones ni la bonificación recreación, por no encontrarse señalados dentro de los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ni se encuentran considerados como factores salariales de acuerdo con los artículos 11 y 15 del Decreto 446 del 24 de febrero de 1994. Precisando que, en el caso de los factores devengados de forma anual, en la liquidación solo se debe tener en cuenta una doceava (1/12) parte.

Insiste en que, la prestación debe ser reconocida a partir del retiro definitivo del servicio, en virtud de lo cual se genera un retroactivo pensional a favor del demandante entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2020. Asimismo, surge una diferencia a partir del 1 de febrero de 2020, respecto del valor que se ha venido cancelando a Jiménez Camelo en virtud del reconocimiento pensional ordenado a través de la Resolución SUB 31303 de 31 de enero de 2020.

Finalmente, expone que, la demanda fue presentada el 18 de mayo de 2021 razón por la cual, no operó el fenómeno prescriptivo sobre las mesadas pensionales, puesto que no pasaron más de 3 años entre la presentación de la reclamación administrativa y la radicación de la demanda.

• 1. Recurso de apelación[[6]](#footnote-7).

La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos:

Que la historia laboral del demandante tenía inconsistencia, lo que conllevó a que la pensión deprecada fuera inicialmente negada; siendo competencia del INPEC acreditar el pago de los periodos faltantes, los cuales, precisó, se debieron a irregularidades en el pago de los aportes cuando el actor estuvo vinculado al régimen de ahorro individual -RAIS. Una vez aclarado el pago de los aportes, la entidad reconoció la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo bajo los parámetros establecidos en la Ley 32 de 1986, por haberse acreditado más de 20 años de servicios a la guardia del INPEC, basada en 1042 semanas; sin embargo, conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, la prestación solo se reconoció desde el 01 de febrero de 2020, sin retroactivo alguno, dado que no se evidenció la novedad de retiro por parte del último empleador del actor.

Considera que, la reliquidación pensional no se puede ordenar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio pues, esto contraria el lineamiento jurisprudencial plasmado en las sentencias T078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-427 de 2016, SU210/2017, SU 395 de 2017, SU 023 de 2018 de la Corte Constitucional y la Sentencia del 28 de agosto de 2018 del Honorable Consejo de Estado, las cuales establecen las reglas para la liquidación pensional del régimen de transición.

En ese orden de ideas, concluye manifestando que la prestación fue reconocida en debida forma por Colpensiones; por tanto, no hay lugar a acceder a lo pretendido y pide que se revoque la sentencia para en su lugar denegar lo deprecado.

• 1. Trámite de segunda instancia[[7]](#footnote-8).

Mediante auto de 30 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.

1. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)[[8]](#footnote-9), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala, establecer si procede la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Jairo Eduardo Jiménez Camelo, en su condición de ex servidor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios; así como, si es procedente el retroactivo pensional ordenado por el A-quo desde el 1 de enero de 2018.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1 Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; 2.2. Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.

Las pensiones de los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se regían por lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, que establece:

ARTÍCULO96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.

Posteriormente, fue expedido el Código Penitenciario y Carcelario - Ley 65 de 1993-, normatividad que en su artículo 172 numeral 6[[9]](#footnote-10) facultó al gobierno nacional para dictar normas sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad del INPEC, precisando que aquél no podía desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese momento ya prestaban sus servicios al instituto.

Con base en dichas facultades, se dictó el Decreto 407 de 1994[[10]](#footnote-11), el cual en su artículo 126 señaló como estaría conformado el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, precisando que sería por oficiales, suboficiales, dragoneantes, alumnos y los bachilleres auxiliares que presten el servicio militar en la institución. Así mismo, en lo referente al régimen pensional de los servidores del INPEC en su artículo 168 consagró:

«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993.»

En ese orden, los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC que, al 21 de febrero de 1994 —fecha en la que entró en vigencia el Decreto 407 de 1994— se encontraban en ejercicio de sus funciones dentro de la entidad, conservaban el derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Por el contrario, aquellos que ingresaron a prestar sus servicios como guardias con posterioridad a dicha fecha, estarían sujetos al régimen que, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, expidiera el Gobierno Nacional en materia pensional.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 139 numeral 2 dispuso que el gobierno nacional tendría que determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión; en ese mismo sentido el artículo 140 de la citada ley consagró que el Gobierno nacional expediría el régimen de los servidores públicos que desempeñaran tales labores teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos; en dicho artículo también se catalogó la actividad desarrollada por el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC como de alto riesgo,.

Con la expedición de la Ley 797 de 2003 se le volvió a revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que modificara el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y, en particular, las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización.

Fue por ello, que en virtud del Decreto Ley 2090 de 2003[[11]](#footnote-12) no solo se definieron las actividades de alto riesgo, entre los cuales se encuentran los que ejercieran la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- (artículo 2), sino también, las condiciones para obtener la pensión especial de vejez de éstos, veamos:

“ ARTÍCULO 3o. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 4o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años (…)”.

Sea esta la oportunidad para mencionar que la citada normativa creó un régimen de transición para aquellos que, al 28 de julio de 2003, ya habían acumulado al menos 500 semanas de cotización, en el sentido que conservarían el derecho a una pensión de jubilación bajo las mismas condiciones que las normas previas regulaban para actividades de alto riesgo, una vez alcanzaran las 1000 semanas cotizadas. Esta norma transitoria fue diseñada para proteger a los empleados que ya habían hecho significativas contribuciones bajo un sistema anterior y garantizarían que sus expectativas pensionales, basadas en la legislación previa, se mantuvieran intactas pese a los cambios legislativos[[12]](#footnote-13).

Con relación a la citada transición del régimen pensional de los servidores públicos que realizan actividades de alto riesgo, la Corte Constitucional[[13]](#footnote-14) destacó que, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, al respecto, expresó:

«(…) En conclusión a la luz de cualquiera de estas interpretaciones, el requisito de las 500 semanas de cotización especial es manifiestamente desproporcionado al establecer una exigencia de acceso imposible de cumplir, que implicaría para los respectivos trabajadores perder las condiciones del régimen de transición o verse obligados durante muchos años, adicionales a los inicialmente previstos por las respectivas normas que los amparaban, a efectuar cotizaciones para cumplir los requisitos del artículo acusado y beneficiarse del régimen de transición en las condiciones del nuevo decreto. Esto va en contravía de la razón de ser del régimen especial establecido precisamente para proteger a estos trabajadores en situación de exposición a riesgos, lo cual es claramente irrazonable por hacer nugatorio el objetivo esencial del mismo régimen pensional especial diseñado por el propio legislador.

6.6. En esos términos se concluye que la exigencia de las quinientas semanas de cotización “especial” propuesta por la norma, en general, es una condición excesivamente gravosa que impide el acceso al régimen de transición para trabajadores que hubieren realizado actividades especialmente protegidas en razón al riesgo asociado con ellas y por lo tanto constituye una afectación desproporcionada de sus derechos constitucionales.» (…)”.

En virtud de lo anterior es dable concluir que la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del requisito de las “(…) 500 semanas de cotización especial (…)”, bajo el entendido que para cumplir con este criterio, las semanas pueden haberse acumulado en cualquier actividad que haya sido legalmente definida como de alto riesgo; además, el Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición específico para aquellos servidores públicos involucrados en actividades de alto riesgo, y consagró que si al 28 de julio de 2003 habían cotizado al menos 500 semanas, tienen derecho a que, una vez cumplan con el mínimo de semanas cotizadas requerido por la Ley 797 de 2003, se les podría reconocer la pensión de jubilación en las mismas condiciones previas aplicables a actividades de alto riesgo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo allí establecido; sin embargo, precisó que «con anterioridad a dicha fecha» se aplicará el régimen que hasta ese entonces se encontraba vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.

Por su parte, el parágrafo 5 delartículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció:

“(…) Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

(…)

Por su parte, el parágrafo 5 delartículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció:

“(…) Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

(…)

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y