CE - Sentencia 25000234200020210064201 de 2025

Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000234200020210064201 (6838-2023)

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Tema: Decisión: Prima de servicios - Ley 4 de 1992

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

La señora Luz Myriam Sáenz Muñoz, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitó se inaplique por inconstitucional

a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitó se inaplique por inconstitucional e ilegales , o por ya haber sido anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa, las siguientes normas:

Artículo 6 del Decreto 53 de 1993, artículo 7 del Decreto 108 de 1994, artículo 7 del Decreto 49 de 1995, ar tículo 7 del Decreto 108 de 1996, artículo 7 del Decreto 52

1Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 2 samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?numproceso=25000234200020210064 200&corporacion=2500023Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

2 de 1997, artículo 7 del Decreto 50 de 1998, artículo 7 del Decreto 38 de 1999, artículo 8 del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000; así como, el Decreto Salarial 109 de 1993, Decreto Salarial 3549 de 2003, Decreto Salarial 4180 de 2004, Decreto Salarial 943 de 2005, Decreto Salarial 396 de 2006, Decreto Salarial 625 de 2007, Decreto Salarial 665 de 2008, Decreto Salarial 1897 de 2009, Decreto

Decreto Salarial 943 de 2005, Decreto Salarial 396 de 2006, Decreto Salarial 625 de 2007, Decreto Salarial 665 de 2008, Decreto Salarial 1897 de 2009, Decreto Salarial 730 de 2009, Decreto Salarial 1395 de 2010, Decreto Salarial 1047 de 2011, Decreto Salarial 875 de 2012, Decreto Salarial 1035 de 2013, Decreto Salarial 019 de 2014, Decreto Salarial 205 de 2014, Decreto Salarial 1087 de 2015, Decreto Salarial 219 de 2016, Decreto 989 de 2017 y el Decreto 343 de 2018.

Sumado a lo anterior, pide también que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Oficio radicado No. 20175920007271 del 26 de octubre de 2017, a través del cual se negó el derecho a percibir el reajuste salarial y prestacional co n base en lo dispuesto en la Ley 4 de 1992; y la Resolución No. 21429 del 16 de mayo de 2018, que resolvió el r ecurso de apelación, confirmando lo decidido en el oficio antes citado.

A título de restablecimiento del derecho , pide que desde cuando se posesionó como fiscal hasta que se lleve a cabo su desvinculación, le sea reconocido y pagado el total del 100% del salario más la prima especial de servicios señalada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992 , con el reajuste sobre las prestaciones devengadas, incluidas las cesantías y sus intereses.

Que los valores que resulten adeudados a su favor producto de la nivelación salarial

artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992 , con el reajuste sobre las prestaciones devengadas, incluidas las cesantías y sus intereses.

Que los valores que resulten adeudados a su favor producto de la nivelación salarial y prestacional antes referida, sean pagados debidamente indexados , conforme lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA; se reconozcan intereses moratorios desde la fecha de causación y hasta su pago efectivo y , se condene en costas a la demandada.

1.1.2 Hechos2

2Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 2Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

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3 Afirma la demandante que ha prestado sus servicios a la entidad demandada en calidad de fiscal; habiendo sido pagado su salario sin reconocer el incremento a que tiene derecho, esto es, la prima especial de servicios del 30% sobre la asignación básica, que trata la Ley 4 de 1992, factor que tampoco ha sido tenido en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.

Sostuvo, que el Consejo de Estado, mediante diversas sentencias dictadas entre los años 2003 y 2014, declaró la nulidad de múltiples disposiciones contenidas en los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, al considerar que , a través de ellas se redujeron indebidamente el ingreso mensual básico de los servidores, entre ellos los fiscales, vulnerando el contenido normativo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Agregó que, a pesar de los pronunciamientos judiciales mencionados, la Fiscalía

servidores, entre ellos los fiscales, vulnerando el contenido normativo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Agregó que, a pesar de los pronunciamientos judiciales mencionados, la Fiscalía General de la Nación continuó omitiendo el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como valor adicional al salario, así como su impacto en las prestaciones sociales.

En virtud de tal desajuste salarial y prestacional , presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada con miras a que le fuera reconocida y pagada la prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992 y la reliquidación de las prestaciones sociales desde que ejerce el cargo de fiscal, la cual fue resuelta de forma negativa a través de los actos administrativos aquí demandados ; mismos que desconocen derechos ciertos e indiscutibles de la parte demandante.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se citaron como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 1, 13, 25 y 53; Ley 4 de 1992; Ley 270 de 1996; CST artículo 14; CPACA artículo 84; Decreto 717 de 1978 y Decreto 10 de 1993.

En el concept o de violación, la demandante señaló que los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación salarial vulneraron normas constitucionales, legales y reglamentarias. Alegó que se desconocieron principi os como la dignidad humana, igualdad, legalidad yRadicación: 6838-2023

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desconocieron principi os como la dignidad humana, igualdad, legalidad yRadicación: 6838-2023

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4 favorabilidad, al tratar la prima como parte del salario y no como un valor adicional, afectando injustificadamente su remuneración.

Además, los actos fueron falsamente motivados dado que se basaron en un a interpretación errónea de la Ley 4 de 1992, contrariando su prohibición de desmejorar salarios; hecho que también generó desviación de poder al aplicar la norma en contra de su finalidad.

1.2 Contestación de la demanda3

La entidad demandada , por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones indicando que aquellas no se ajustan a lo dispuesto en la sentencia de “unificación” SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020 ; además, señaló que la entidad ha pagado el salario y prestaciones de la demandante conforme a la normatividad que rige la materia ; razones por las cuales , solicitó que sean denegadas las súplicas de la demanda.

Propuso las excepciones que denominó: “prescripción, carencia de objeto, inaplicabilidad como facto r salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4 de 1992 y falta de causa para pedir frente al artículo 15 de la Ley 4 de 1992”.

1.3 Sentencia de primera instancia4

La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

4º de la Ley 4 de 1992 y falta de causa para pedir frente al artículo 15 de la Ley 4 de 1992”.

1.3 Sentencia de primera instancia4

La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta y uno ( 31) de agosto de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a las súplicas de la demanda , disponiendo estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023 CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicación 73001 -23-33 000 -2017-00568-01 (5472 -2018); así como ,

3Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 12

4Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 32Radicación: 6838-2023

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5 declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y condenó a la entidad demandada al siguiente reajuste:

«CUARTO.- Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar a la demandante LUZ MYRIAM SÁENZ MUÑOZ, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías,

REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 17 de octubre de 2014, en adelante, y hasta cuan do funja como Fiscal Delegado Ante Jueces de Circuito o sea titular de tales derechos, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva. QUINTO.- En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia».

Sumado a ello, decretó la prescripción de los derechos laborales desde el 17 de octubre de 2014, salvo lo referente al pago de los aportes pensionales, comoquiera que estos son derechos irrenunciables e imprescriptibles ; indicó que las sumas adeudadas fueran pagadas indexadas conforme lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, se reconocieran intereses comerciales y moratorios tal como lo establece el artículo 195 ibidem, sin condena en costas.

Lo anterior con fundamento en que:

adeudadas fueran pagadas indexadas conforme lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, se reconocieran intereses comerciales y moratorios tal como lo establece el artículo 195 ibidem, sin condena en costas.

Lo anterior con fundamento en que:

Se acreditó que la demandante presta sus servicios a la Fiscalía General de la Nación desde el 10 de octubre de 1992, habiendo ejercido los siguientes cargos: técnico judicial II, asistente de fiscal II, fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos y fiscal delegado ante jueces del circuito ; siendo en consecuenciaRadicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

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6 destinataria del derecho a la prima especial del 30% contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, durante los periodos de tiempo que ha ejercido como fiscal.

No obstante, la entidad llamada a juicio incluyó la citada prima como parte de la asignación básica, cuando lo propio era haber incrementado en dicho porcentaje30%- la referida asignación; además, ha pagado a favor de la actora sus prestaciones sociales teniendo en cuenta como base salarial el 70% de su asignación básica.

Por tanto , es viable ordenar el reajuste salarial y prestacional pretendido, considerándose que la decisión de negar aquel, como se hizo en los actos acusados, desconoce los derechos laborales de la actora; aclara que, el reajuste de las prestaciones sociales debe hacerse sobre el 100% del salario, esto es sin disminuir ni sumar el 30% de la prima especial, dado que aquella no tiene el carácter

acusados, desconoce los derechos laborales de la actora; aclara que, el reajuste de las prestaciones sociales debe hacerse sobre el 100% del salario, esto es sin disminuir ni sumar el 30% de la prima especial, dado que aquella no tiene el carácter salarial. Así mismo, dispuso que había operado el fenómeno de la prescripción sobre los derechos causados con anterioridad al 17 de octubre de 2014, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se habí a presentado el 17 de octubre de 2017.

1.4 Recurso de apelación5

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación indicando que el tribunal en la sentencia no realizó un análisis de las circunstancias que rodearon el tema salarial y prestacional para los fiscales , a quienes el Gobierno nacional determinó que el 30% del salario básico sería cancelado a título de prima especial de servicios, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4 de 1992; adujo que, contrario a lo expuesto en el fallo, las prestaciones sociales de la demandante desde el año 2003 se han pagado sobre la base salarial del 100% de su asignación básica, sin descontar el 30% aducido.

Considera que la parte resolutiva de la sentencia recurrida no es clara; lo anterior, por cuanto a pesar que manifiesta que se acoge a la sentencia de unificación del 15

5Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 34Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

7 de diciembre de 2020, no especificó que la prima especial de servicios solo

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

7 de diciembre de 2020, no especificó que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de los aportes pensionales, lo cual puede generar confusión.

Sostiene que la demandada ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal, sin que desde el año 2003 tenga derecho a percibir la prima especial de servicios reclamad a por cuanto las normas que regulan la materia no la contemplaron; precisando que, no se le adeuda ningún concepto prestacional a la actora.

1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 1 de noviembre de 20246, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda instancia debe pro nunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

6 Expediente digital - SAMAI – índice 008

según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda instancia debe pro nunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

6 Expediente digital - SAMAI – índice 008 7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

8 2.2 Problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si le asiste el derecho a la demandante de percibir la diferencia salarial y prestacional ordenada por el Tribunal, consistente en un incremento del 30% en su asignación básica por concepto de prima especial de servicios que trata

deberá determinar si le asiste el derecho a la demandante de percibir la diferencia salarial y prestacional ordenada por el Tribunal, consistente en un incremento del 30% en su asignación básica por concepto de prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992, junto con la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta la base salarial del 100% de su asignación básica -sin incluir la citada prima especial-, al haberse aquellas liquidado sobre una base salarial del 70% de dicha asignación; debiéndose precisar también si dicha prima especial de servicios es factor salarial solamente para el pago de aportes pensionales.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

El artículo 14 faculta al Gobierno nacional para establecer una prima no salarial entre el 30% y el 60% del salario básico a favor de los magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, incluyendo funcionarios del Tribunal Superior Militar y del sistema penal militar, salvo quienes opten por la escala salarial de la Fiscalía General de la Nación. También extiende este beneficio a ciertos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, ordena la revisión del sistema de remuneración judicial bajo criterios de equidad, con base en nivelación o reclasificación8.

a ciertos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, ordena la revisión del sistema de remuneración judicial bajo criterios de equidad, con base en nivelación o reclasificación8.

8 El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orde n de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacion al del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el si stema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”Radicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

9 Por su parte, el Gobierno nacional en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 53 de 19939, norma reguladora del régimen prestacional y salarial de los empleados de la Fiscalía General de la

Por su parte, el Gobierno nacional en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 53 de 19939, norma reguladora del régimen prestacional y salarial de los empleados de la Fiscalía General de la Nación y, el cual, en su artículo 2, dispuso: «Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación podrán optar por una sola vez antes del 28 de febrero de 1993 por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.»

De la norma en cita se desprende que, aquellos funcionarios que optaron por continuar regidos por el Decreto 53 de 1993 no se beneficiarían de la prima especial, dado que seguirían regidos por la normatividad anterior que no la consagraba.

Posteriormente, la Ley 332 de 199610 en su artículo 1 amplió el campo de acción de la citada prima especial a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nacional 11, dicho artículo fue aclarado por el artículo 112 de la Ley 476 de 199813.

Tomando en cuenta las normas citadas, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado 14 estableció unas reglas para determinar la procedencia del reconocimiento de la prima de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley15 y luego se establecieron los siguientes lineamientos:

9 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones 10 Modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones

9 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones 10 Modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones 11 “ARTÍCULO 1. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley. La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación.” 12 “ARTÍCULO 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos

salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.” 13 Mediante la cual se aclara el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996. 14 Sección Segunda, quince (15) de diciembre de dos m il veinte (2020), radicación número: 73001 -23-33-000-2017-0056801(5472-18) Suj-023-Ce-S2-2020, Actor: Nayibe Lorena Pérez Castro, Demandado: Fiscalía General de la Nación. 15 «Como se señaló en el apartado anterior, el reconocimiento a la prima especial se desprende de la regulación realizada en la ley 476 de 1998 y, en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, se estableció que aquello que se había reconocido constituía una parte del salario y no el sobresueldo reclamado por la accionante. Empero, es necesario recordar que desde el año 2003 el Gobierno Nacional en los Decretos que fijan anualmente al régimen salarial de la Fiscalía no reguló este emolumento, por lo que el interrogante que se desprende es si las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen vocación de prosperidad, pues en palabras del juez de primera instancia no existe fundamento normativo para que opere su reconocimiento. La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa por las siguientes tres razones: 1. La ley 4ª de 1992, reconoce el

prosperidad, pues en palabras del juez de primera instancia no existe fundamento normativo para que opere su reconocimiento. La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa por las siguientes tres razones: 1. La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, elRadicación: 6838-2023

Demandante: Luz Myriam Sáenz Muñoz

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

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«Así las cosas, en este punto se puede afirmar, que aunque la discusión jurídica presenta notorías diferencias con aquella que soportan las reclamaciones de los jueces, por todo el recorrido normativo y jurisprudencial que aquí se ha expuesto, en esencia las conclusiones a las que se arriban no difieren de las establecidas en la sentencia de 2 de septiembre de 2019 en la que se preciso el alcance del derecho a la prima especial que se reconoce a los funcionarios judiciales. Por contera, para los empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad se fijan las siguientes reglas :

1. La prima especial de servicios es un incremen to del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía

derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario b ásico y/o asignaci ón b ásica, sin que en ning ún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente. Se subraya que la discusión que se presentó en sede de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, se circunscribió a determinar la naturaleza del 30% que en su momento se descontaba del salario asignándole el carácter de prima especial. Luego de varias contradicciones jurispru denciales finalmente se reconoció que este descuento no era adecuado sino que aquello que se pagaba correspondía en su totalidad a la asignación básica y no al sobresueldo reconocido por el legislador. De igual manera, no se hizo un análisis particularizado de la ley 476 de 1998 sino que la confrontación se realizó entre los decretos del gobierno proferidos desde 1993 hasta el 2002 y el artículo 14 de la ley 4ª de 1992.

3. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consag rado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico

el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% qu e había sido excluido a t ítulo de prima especial.

4. Para la contabilizaci ón de la prescripci ón del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendr á en cuenta én cada caso la fecha de presentaci ón de la reclamaci ón administrativa y a partir de all í se reconocer á hasta tres a ños atr ás, nunca m ás atr ás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».

Siguiendo este precedente, la Sala de Conjueces de esta Sección ha proferido algunas providencias de las que podemos destacar las siguientes:

cual en todo caso no puede