CE - Sentencia 27001233100020130005002 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró y otros Referencia: Acción de grupo

Temas: Acción de grupo – responsabilidad por daños ambientales – daño ambiental puro e impuro o indirecto – minería ilegal – falla del servicio por omisión de control.

Síntesis del caso : Se demanda por la afectación ambiental generada por actividades mineras sin título, en la cuenca del río Iró y sus afluentes . La demanda considera que , la explotación ilegal vulneró derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la salubridad pública y el acceso al agua potable.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por el grupo demandante, por la Agencia Nacional de Minería y la ANDJE, en contra de la Sentencia de 22 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Integración del grupo – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de junio de 2013, Eva María Maturana y otras cuarenta y una personas presentaron demanda1, en ejercicio de la acción de grupo, en contra del Municipio de Río Iró, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó y la Agencia Nacional de Minas , con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones (se transcribe):

“PRIMERA: que se ordene el cese de toda actividad minera ilegal en la cuenca de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada.

SEGUNDA: declarar como responsable de los derechos colectivos violados a los habitantes de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, al MUNICIPIO DE RIO IRÓ, (...); a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCÓ, (...) y al INSTITUTO COLOMBIANO DE MINAS Y ENERGÍA - INGEOMINAS, (...) TERCERA: que se condene a las entidades públicas demandadas a pagar los perjuicios ocasionados que estimo en DOCE MIL MILLONES DE PESOS

($12.000.000. 000.oo).

TERCERA: que se condene a las entidades públicas demandadas a pagar los perjuicios ocasionados que estimo en DOCE MIL MILLONES DE PESOS

($12.000.000. 000.oo).

1 Folios 1-16, c. 1.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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CUARTA: que se condene a las entidades públicas demandadas a las costas del proceso”.

2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

3. (1) Río Iró es un municipio del Departamento del Chocó. El río Iró es la principal vía de comunicación del municipio y es utilizada para llegar a la cabecera municipal. Este río recibe los afluentes de los ríos Tadocitico ,

Chontaduro, Guineo y la Quebrada.

4. (2) Las aguas de los ríos eran cristalinas y en su rivera las tierras eran fértiles, lo que permitía a los habitantes cultivar para comercializar sus productos.

5. (3) Con la entrada en operación de varias minas en el municipio, que usan dragas, se afectó la vida normal de la población . Dicha actividad contaminó el río con mercurio y devastó las tierras ribereñas.

6. (4) Como resultado, los afluentes perdieron sus características físicas de color, olor y sabor; se produjo la desaparición/muerte de peces y de otros

contaminó el río con mercurio y devastó las tierras ribereñas.

6. (4) Como resultado, los afluentes perdieron sus características físicas de color, olor y sabor; se produjo la desaparición/muerte de peces y de otros organismos propios del río, junto con la de algunas especies de flora en la subcuenca. Los cauces pasaron de ser constantes y homogéneos a inestables y sedimentados, lo que redujo su navegabilidad. En las zonas agrícolas del municipio, los cultivos resultaron inundados y contaminados, con la consiguiente pérdida de cosechas y de tierras de labor, mientras que la exposición a mercurio y cianuro utilizados en la extracción afectó el agua y el suelo, ocasionando enfermedades en la población.

7. Como fundamento jurídico de las pretensiones, la parte demandante alegó la vulneración de derechos de carácter colectivo relacionados con el ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres y el acceso al servicio público de agua potable y a condiciones de vida digna. Con base en ello, citó los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y los artículos 7 y 8 del Decreto 2811 de 1974, que consagraron el derecho a un ambiente sano y establecier on un listado no taxativo de factores de deterioro ambiental. En relación con los deberes del Estado, puso de presente el artículo 134 del mismo decreto, que dispuso la obligación de garantizar la calidad del agua para consumo y uso humano.

8. Sobre las Corp oraciones Autónomas Regionales , citó las normas jurídicas que rigen el ejercicio de sus funciones administrativas, en particular el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la naturaleza de estas

8. Sobre las Corp oraciones Autónomas Regionales , citó las normas jurídicas que rigen el ejercicio de sus funciones administrativas, en particular el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la naturaleza de estas entidades; el artículo 31, respecto de sus funciones, con énfasis en el control y seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con recursos no renovables; y el artículo 39 de la misma ley, sobre las funciones y estructura de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Asimismo, refirió los artículos 83 a 85, que les atribuyeron funciones de policía ambiental, facultad sancionatoria y la obligación de denunciar ante la autoridad competente las infracciones que constituyan delito.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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9. Sobre el Instituto Colombiano de Minas y Energía , la parte demandante citó las disposiciones que regulaban su competencia en materia de exploración y explotación de recursos mineros, en especial las relativas a la autorización, seguimiento y control de las actividades de extracción, en desarrollo de lo previsto en la Ley 685 de 2001 —Código de

Minas—.

10. En cuanto al Municipio de Río Iró , indicó que, de conformidad con la Constitución y la ley, le correspondía velar por la preservación del ambiente y la salubridad pública en su territorio. Para ello, refirió lo dispuesto en el

10. En cuanto al Municipio de Río Iró , indicó que, de conformidad con la Constitución y la ley, le correspondía velar por la preservación del ambiente y la salubridad pública en su territorio. Para ello, refirió lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política, que asignó a los concejos municipales la función de dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. También aludió a las competencias ambientales previstas en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y en el artículo 30 de la Ley 136 de 1994, que otorgaron a las entidades territoriales facultades de control sobre el uso del suelo y la protección de los recursos naturales.

1.2. Posición de la parte demandada

11. El Municipio de Río Iró guardó silencio.

12. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó contestó la demanda2 y se opuso a las pretensiones. Argumentó que, aunque su función principal, conforme a sus estatutos (Resolución 1448 de 2005), era la de actuar como máxima autoridad ambiental en el territorio de su competencia, no ostentaba la calidad de autoridad minera, pues ni la Constitución ni la Ley 685 de 2001 le atribuían competencias en esa materia, razón por la cual no estaba facultada para adoptar determinaciones sobre títulos o actividades mineras. Sobre el particular, precisó que, de acuerdo con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, las a utoridades mineras son la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y, a prevención, las alcaldías municipales, correspondiéndoles a estas últimas, la

con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, las a utoridades mineras son la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y, a prevención, las alcaldías municipales, correspondiéndoles a estas últimas, la facultad de suspender la minería ilegal en sus territorios, conforme al artículo 306 del Código de Minas. En consecuencia, sostuvo que la omisión alegada recaía en el municipio de Río Iró.

13. No obstante, afirmó que , dentro de sus competencias ambientales , adelantó actuaciones para controlar la actividad minera sin licencia. En particular, expidió la Resolución 0949 del 19 de junio de 2008, mediante la cual dispuso la suspensión inmediata de actividades de la minería ilegal y ordenó la suspensión inmediata de las explotaciones sin licencia ambiental en su territorio.

14. La Agencia Nacional de Minería contestó la demanda 3 y propuso, como excepción de fondo, el hecho de un tercero. Asimismo, planteó la

2 Folios 116-144 c. 1. 3 Folios 150-172 c. 1.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que el régimen jurídico aplicable no le asignó obligaciones ambientales, por lo cual no podía atribuírsele la causa del daño por la omisión que se le

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excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que el régimen jurídico aplicable no le asignó obligaciones ambientales, por lo cual no podía atribuírsele la causa del daño por la omisión que se le endilgó.

1.3. Integración del grupo

15. El grupo inicial que promovió la acción se componía de cuarenta y una personas. Con posterioridad, t reinta y una personas más fueron reconocidas como integrantes del grupo mediante el Auto del 26 de agosto de 20134. Luego de varias solicitudes de integración de nuevos miembros al grupo demandante, el tribunal de primera instancia solicitó al grupo demandante que allegara, en un solo escrito, la reforma de la demanda con la lista de los nuevos miembros. Así, mediante Auto 151 de 20 de mayo de 2016, luego de verificar los poderes, encontró que se encontraban personas repetidas y concluyó que , los nuevos integrantes del grupo eran setecientas cincuenta y cinco personas, a las que reconoció como parte demandante5. Así, en total, el grupo demandante se encuentra integrado por ochocientas veintiséis (826) personas.

1.4. Sentencia de primera instancia

16. El 22 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó decidió6,

(se transcribe):

“PRIMERO: Declárese no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE EVIDENCIA DEL DAÑO, FALTA DE NEXO DE CAUSALIDAD E INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO,

CAUSA POR PASIVA, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE EVIDENCIA DEL DAÑO, FALTA DE NEXO DE CAUSALIDAD E INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO, propuestas por las entidades accionadas, AGEN CIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, de acuerdo con lo dicho en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Declárese la responsabilidad patrimonial, administrativa y

extracontractual, de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, por el daño ambiental ocasionado en las zonas circunvecinas de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, comunidad de Rio Iró conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, a reparar los perjuicios causados a la comunidad de Rio Iró, como consecuencia del daño ambiental generado por la actividad minera presentada en dicha zona municipal, confo rme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR en consecuencia a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la

presentada en dicha zona municipal, confo rme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR en consecuencia a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ a realizar las siguientes medidas

restaurativas:

4 Folios 180-183 c. 1. 5 Folios 1195 a 1231 c. 5. 6 Documento 31 expediente digital.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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A) Publicar en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, y en el sitio web oficial, al menos por un (1) año, la parte resolutiva de la presente sentencia; B) La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ -CODECHOCÓ y el M UNICIPIO DE RIO IRÓ, de manera conjunta deberán emprender todas las acciones y gestiones necesarias y adelantar un plan de manejo ambiental para la recuperación y restablecimiento del equilibrio ambiental de las zonas circunvecinas de los Rio Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, incluyendo las fuentes hídricas, la fauna y la flora, para lo cual destinaran los recursos económicos, humanos y

Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, incluyendo las fuentes hídricas, la fauna y la flora, para lo cual destinaran los recursos económicos, humanos y científicos que sean necesarios. C) La Corporación Autónoma Regional del Choco, en cumplimiento de sus deber es legales, especialmente de los señalados en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, deberá realizar un continuo y permanente seguimiento y control ambiental a las actividades mineras desarrolladas en dicho sector. D) La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORAC IÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CODECHOCÓ y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ en conjunto con la comunidad del municipio de Rio Iró, dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia, diseñarán y pondrán en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Iró y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región.

Este plan incluirá medidas como: (i) el restablecimiento del cauce del río Iró y sus afluentes, (ii) la eliminación de los bancos de área formados por las actividades mineras y (iii) la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal.

E) Adicionalmente, este plan incluirá una serie de indicadores claros que permitan medir su eficacia y deberá diseñarse y ejecutarse de manera concertada con los pobladores de la zona, así como garantizar la participación de las comunidades étnicas que allí se asientan.

QUINTO: Deniéguense las demás suplicas de la demanda de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

pobladores de la zona, así como garantizar la participación de las comunidades étnicas que allí se asientan.

QUINTO: Deniéguense las demás suplicas de la demanda de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

SEXTO: Por Secretaría, envíese copia de este fallo al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo (art. 80 L 472/98).

SEPTIMO: Condénese en costas a la parte vencida en el proceso. De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y el Acuerdo 1887 de 2003. Tácense por Secretaría, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

OCTAVO. Ordenase la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de ampli a circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior con la prevención de que trata el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

NOVENO: Notifíquese en debida forma la presente providencia a las partes, al Agente del Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

DÉCIMO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente previas anotaciones de rigor.”

17. Para el Tribunal, no había operado la caducidad, porque se trató de un daño que se ha “presentado a lo largo de la historia municipal de esa zona territorial hasta la actualidad ”. Encontró no probadas las excepciones de mérito formuladas por las entidades demandad as, incluyendo la falta de prueba

un daño que se ha “presentado a lo largo de la historia municipal de esa zona territorial hasta la actualidad ”. Encontró no probadas las excepciones de mérito formuladas por las entidades demandad as, incluyendo la falta de prueba del daño, la falta de nexo de causalidad, la inexistencia de falla del servicio y la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque todas las entidades demandadas tenían funciones claras de supervisión, control, prev ención, preservación y mitigación ambiental frente a la exploración y explotación minera en la zona de Río Iró, y se demostró que incumplieron el régimen obligacional al que se encuentran sometidas. Así: la Agencia Nacional de Minería no ejerció las funciones sancionatorias derivadas del incumplimientoRadicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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de obligaciones técnicas ambientales mineras, con fundamento en que las funciones mineras no pueden desligarse de las ambientales; el Municipio de Río Iró no adoptó medidas para evitar la contaminación de sus ríos, aun cuando el artículo 3° de la Ley 136 de 1994 dispone sobre las funciones del municipio: “velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley ”, entre otros citados en la providencia; y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó , pese a sus acciones preventivas, como la expedición de la Resolución 1448

ambiente, de conformidad con la ley ”, entre otros citados en la providencia; y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó , pese a sus acciones preventivas, como la expedición de la Resolución 1448 de 2005, mediante la cual prohibió la minería ilegal, no logró mitigar los daños constatados. Por estas omisiones, se configuró la falla del servicio y se declaró su responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual frente al daño ambiental y los derechos colectivos afectados.

18. Finalmente, el tribunal negó aquellas pretensiones tendientes a la indemnización de los perjuicios materiales reclamados por un valor $12.000.000.000, pues los demandantes no acreditaron su residencia efectiva en Río Iró , ni la vinculación económica que permitiera demostrar daño emergente o lucro cesante. Por lo tanto, denegó sus pretensiones indemnizatorias. No obstante, constatado el daño ambiental causado por la actividad minera, ordenó medidas restaurativas y preventivas para proteger los recursos hídricos y el entorno del municipio.

1.5. Recursos de apelación

18. El grupo demandante interpuso recurso de apelación 7. Reprochó el “exceso ritual manifiesto” en el que habría incurrido el juez, al indicar que en el expediente obra material probatorio destinado a acreditar la residencia o domicilio de cada uno de los integrantes del grupo, como lo demuestran los poderes allegados y autenticados en el juzgado y en la notaría de Río Iró y municipios vecinos. Asimismo, sostuvo que, de no ser suficientes dichas

domicilio de cada uno de los integrantes del grupo, como lo demuestran los poderes allegados y autenticados en el juzgado y en la notaría de Río Iró y municipios vecinos. Asimismo, sostuvo que, de no ser suficientes dichas pruebas, el juez de primera instancia debió, en favor de la búsqueda de la verdad, ejercer sus poderes oficiosos para probar la residencia . Según el grupo, de haberse probado el hecho dañino, la negativa a condenar a la reparación de los perjuicios obedeció únicamente a una barrera formal.

19. La apoderada de la Agencia Nacional de Minería apeló la sentencia 8.

Argumentó que : i) que la entidad no tiene competencias en “ materia de combate directo contra la minería ilegal ”, por lo que atribuir responsabilidad en este caso constituye una violación al principio de legalidad y ii) que la parte actora no satisfizo la carga de la pr ueba, al no acreditar la imputación fáctica entre la actuación de las entidades demandadas y el daño antijurídico alegado. La ANDJE solicitó intervenir en el proceso y presentó apelación adhesiva respecto del recurso presentado por la Agencia Nacional de Minería9. Argumentó que la sentencia de primera instancia fue incongruente, respecto de las pretensiones ya que, concluyó que no se

7 Folios 1706-1710 c. principal del Consejo de Estado. 8 Folios 16951700 c. principal del Consejo de Estado. 9 Expediente digital doc. 9.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo

Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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probaron los perjuicios individuales de los miembros del grupo, pese a lo cual, afirmó que sí existieron daños para la comunidad y or denó medidas que no perseguían la reparación de los perjuicios al grupo demandante. También cuestionó las medidas ordenadas, al ser propias de una acción popular.

20. La apoderada del grupo demandante presentó alegatos de conclusión10. Reiteró los argumentos de la apelación , en los siguientes

términos (se trascribe):

“considero que la decisión tomada por la primera instancia sin duda, constituye según voces de la Corte Constitucional, un verdadero exceso de ritual manifiesto, en tanto que en el expediente existe abundante material probatorio que demuestra la residencia o domicilio de los demandante, que si bien dichos elementos pudieran considerarse como allegados de manera extemporáneas, nada de ello impedía que el a quo, in vestido también de juez constitucional, por la naturaleza y teleología que gravita la acción de grupo, hubiese hecho uso de su poder oficioso y por esa senda solicitar la incorporación regular de las pruebas o introducirlas oficiando a las entidades públicas que poseen base de datos en Colombia, en donde se encuentran registrados los demandantes (sisben, adres, registraduría nacional etc), más aún cuando ello se puede verificar, incluso en la web, lo cual no genera mayor esfuerzo físico o mental, dado que los medios tecnológicos

de datos en Colombia, en donde se encuentran registrados los demandantes (sisben, adres, registraduría nacional etc), más aún cuando ello se puede verificar, incluso en la web, lo cual no genera mayor esfuerzo físico o mental, dado que los medios tecnológicos están a la orden del día, es decir, el Tribunal con la información que tenía a su alcance, antes de negar la acción, por las razones que se adujeron en el fallo, ha debido asumir una actividad proactiva, en defensa del ciudadano que acude a la administración de justicia para defender los derechos que le han sido conculcados, por ello era necesario que la primera instancia hubiese hecho mayor esfuerzo por establecer la verdad real, más allá de la procesal, y no limitarse como en este caso, al rigor de las formas, por encima del derecho sustancial, máxime en este caso, que se repite, se llegó al expediente prueba documental que acredita que cada uno de los demandantes reside o tiene su domicilio, en el municipio de RIO IRO.” (resaltado por fuera del texto original)

21. La ANDJE presentó alegatos de conclusión 11. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia, negar las pretensiones formuladas en la demanda por falta de prueba sobre perjuicios individuales ciertos, personales y antijurídicos, declarar improcedentes las medidas restaurativas ordenadas por el tribunal al no corresponder al objeto de la acción de grupo, y reconocer la falta de legitimación por pasiva de las entidades del orden nacional demandadas, ya que cumplieron con sus funciones de fiscalización sin que ello implicara responsabilidad por actividades de minería ilegal.

22. La Agencia Nacional de Minería presentó alegatos de conclusión 12 y reiteró y reforzó los argumentos de su recurso.

fiscalización sin que ello implicara responsabilidad por actividades de minería ilegal.

22. La Agencia Nacional de Minería presentó alegatos de conclusión 12 y reiteró y reforzó los argumentos de su recurso.

10 Índice 21 SAMAI. 11 Índice 25 SAMAI. 12 Índice 21 SAMAI.Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia, presupuestos procesales y anuncio de la decisión – 2.2. Sobre la condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia , presupuestos procesales y anuncio de la decisión

23. Un grupo de ochocientas veintiséis personas demand ó la responsabilidad de varias entidades p úblicas por la omisión en la que habrían incurrido, al permitir la explotación minera ilegal en la cuenca de varios ríos que circundan el municipio Río Iró, departamento de Chocó y no tomar las medidas necesarias para hacer cesar dicha actividad. La parte demandante afirmó que la actividad minera generó graves afectaciones ambientales, fruto de las cuales, los habitantes del municipio habían sufrido perjuicios de orden material, relativos a la afectación de diversas actividades económicas.

24. La primera instancia negó las pretensiones relativas a la indemnización

ambientales, fruto de las cuales, los habitantes del municipio habían sufrido perjuicios de orden material, relativos a la afectación de diversas actividades económicas.

24. La primera instancia negó las pretensiones relativas a la indemnización de los perjuicios a los miembros del grupo demandante, porque no probaron ser habitantes del municipio en cuestión. Sin embargo, declaró la responsabilidad de las entidades demandadas por el daño ambiental y las condenó a reparar “ los perjuicios causados a la comunidad de Río Iró, como consecuencia del daño ambiental ”. Para ello, les ordenó publicar la sentencia, implementar un plan de manejo ambiental para el restablecimiento del equilibrio ambiental , descontaminar los ríos afectados por la actividad minera, todo con la participación de los pobladores de la zona y , en especial, de las comunidades étnicas que allí se encuentren.

25. Ambas partes apelaron la sentencia. El grupo demandante cuestionó la negativa de pretensiones indemnizatorias porque, a su juicio, bastaba con el otorgamiento de los poderes para demostrar que los miembros del grupo residían en el municipio y, de no ser suficiente, debieron decretarse pruebas de oficio. La Agencia Nacional de Minería argumentó que era ilegal declarársele responsable en este caso, ya que carecía de competencias para combatir la minería ilegal. Adicionalmente, porque no se demostró el nexo causal respecto de la acción u omisión de las entidades públicas demandadas. La ANDJE presentó apelación adhesiva en la que expuso que la sentencia era incongruente porque tomó medidas no solici tadas en la demanda, no destinadas a reparar perjuicios individuales de los miembros

demandadas. La ANDJE presentó apelación adhesiva en la que expuso que la sentencia era incongruente porque tomó medidas no solici tadas en la demanda, no destinadas a reparar perjuicios individuales de los miembros del grupo y que, en realidad, correspondían a una acción popular.

26. No se encuentran reunidos los presupuestos procesales para fallar, por lo que, así se declarará en la parte resolutiva. Esta decisión concierne a todos los demandados, sin consideración de si apelaron o no, teniendo en cuenta que se trata de presupuestos procesales los que, en virtud de su carácter deRadicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa

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orden público, deben ser examinados por el juzgador, incluso si no fue objeto de cuestionamiento en el recurso:

27. (1) la acción de grupo es el medio de control idóneo para reparar los perjuicios ocasionados a un grupo de personas por la omisión administrativa en la que habrían incurrido entidades públicas.