CE - Sentencia 27001233300020160013501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344) Demandantes: Adriana Pérez Pinilla y otros Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – daños causados por minas antipersonales – riesgo excepcional – incumplimiento de la carga de la prueba.

Síntesis del caso: se demanda por la muerte de una persona en una playa de Bahía Solano, como consecuencia de la activación de un artefacto explosivo.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación y trámite procesal relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación y trámite procesal relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de octubre de 2016 , Adriana Pérez Pinilla y otros 1 presentaron una demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (el Ejército ), la Policía Nacional (la Policía) y la Armada Nacional (la Armada) con el fin de que se

hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“1. Declárese que [las entidades demandadas] son administrativamente responsables por los perjuicios antijurídicos ocasionados a los demandantes (…) con ocasión de la muerte del señor NARCILO ACOSTA LOZANO”.

1 En relación con la víctima directa, Narcilo Aco sta Lozano, los demandantes son: Adriana Pérez Pinilla (cónyuge), Samuel, Bryant Frenando y Juan Sebastián Acosta Pérez (hijos); María del Carmen Lozano (madre); Fabio y José Vicente Franco Lozano (hermanos); María del Carmen y Jorge Abelardo Perico Lozano (hermanos), y; Nikolás Acosta Pulgarín (nieto). 2 Páginas 94-189 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

Demandantes: Adriana Pérez Pinilla y otros Demandados: Ejército Nacional y otros Decisión: confirma – niega las pretensiones

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2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

Decisión: confirma – niega las pretensiones

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2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. Narcilo Acosta Lozano (Narcilo Acosta o la víctima directa) murió el 8 de septiembre de 2015 en una playa de Bahía Solano, Chocó. Su cuerpo fue encontrado por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja el 24 de septiembre del mismo año , y trasladado a Quibdó, en donde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte fue causada por un “shock hipovolémico, ocasionado por sección total de grandes vasos sanguíneos en miembros inferiores (…), secundaria amputación traumática de miembros por artefacto explo sivo (mina antipersona)”.

5. El explosivo fue instalado por “los grupos al margen de la ley – guerrilla que operan en dicha región del país ”, con el fin de repeler a la fuerza pública.

La muerte de la víctima directa era imputable a las entidades demandadas porque omitieron proteger a la población civil a través de la demarcación de la zona. Asimismo, porque mediante la Ley 759 de 2002 el Estado se obligó a “aminorar el flagelo de las mi nas antipersona y darles cumplimiento a los compromisos adquiridos en la convención de Ottawa”.

1.2. Posición de la parte demandada

6. El Ejército contestó la demanda 3. Sostuvo que la demanda no fue clara porque no explicó ni demostró “las circunstancias de tiempo, modo y lugar

1.2. Posición de la parte demandada

6. El Ejército contestó la demanda 3. Sostuvo que la demanda no fue clara porque no explicó ni demostró “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos ”. Que resultaba extraño que , si la muerte sucedió en una playa de la cabecera municipal el levantamiento del cuerpo se hubiera hecho más de veinte días después.

7. Afirmó que el Estado traba jaba continuamente en actividades de desminado humanitario, “con prioridad de los municipios que han reportado la existencia de campos minados”. Que no se demostró que la comunidad de Bahía Solano hubiera reportado una zona afectada o formulado una

3 Páginas 386-435 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. Tipo de perjuicio Valor Lucro cesante $1.884.723.750 a favor de la cónyuge y los hijos que dependían económicamente de la víctima directa. Morales 100 salarios mínimos a favor de la cónyuge, los hijos y la madre de la víctima directa. 50 salarios mínimos a favor de los hermanos y el nieto de la víctima directa.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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“solicitud especial de protección a las fuerzas militares”. Por tanto, no estaba demostrado que hubiera incurrido en una falla del servicio.

8. La Policía contestó la demanda4. Señaló que la demanda no fue clara en

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“solicitud especial de protección a las fuerzas militares”. Por tanto, no estaba demostrado que hubiera incurrido en una falla del servicio.

8. La Policía contestó la demanda4. Señaló que la demanda no fue clara en demostrar cómo ocurrieron los hechos, ya que solo mencionó que la muerte sucedió en una playa, y el municipio de Bahía Solano tenía varias debido a su actividad turística. Tampoco demostró que la Cruz Roja hubiera trasladado el cuerpo y hecho la entrega al CTI.

9. Afirmó que el artefacto explosivo fue instalado por un tercero, lo que rompía el nexo de causalidad con alguna actuación de la entidad. En todo caso, que no se demostró que hubiera incurrido en una falla del servicio. El Estado estaba adelantando la tarea de desminado de acuerdo con un marco institucional dispuesto con fundamento en los compromisos internacionales adquiridos.

10. La Armada no contestó la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 28 de octubre de 20225, el Tribunal Administrativo de Chocó negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

12. El daño, consistente en la muerte de Narcilo Acosta, como consecuencia de la activación de un artefacto explosivo, fue acreditado en el proceso de acuerdo con el informe de necropsia del Instituto Nacional

de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

13. Afirmó que, p ara la época de los hechos “ el Estado colombiano se encontraba cumpliendo la obligación gradual y compleja ” de desminado y demarcación de zonas, de acuerdo con la Convención de Ottawa,

13. Afirmó que, p ara la época de los hechos “ el Estado colombiano se encontraba cumpliendo la obligación gradual y compleja ” de desminado y demarcación de zonas, de acuerdo con la Convención de Ottawa, ratificada mediante la Ley 554 de 2000. Que el plazo para cumplir con lo anterior se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.

14. Según el tribunal, en el presente asunto no se demostró que las entidades demandadas hubieran incurrido en “ una falla del servicio capaz de constituirse en la fue nte de los perjuicios sufridos por la parte actora, sino que, por el contrario, dicha fuente se encuentra en el hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Tampoco era aplicable la regla contenida en la Sentencia de Unificación de 7 de marzo de 2018, según la cual, el Estado es responsable por los daños causados con artefactos explosivos cuando se

4 Páginas 522-552 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 5 Páginas 945-966 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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demuestre la “ proximidad evidente a un órgano representativo ” suyo o hubiera ocurrido con un dispositivo instalado por él mismo. En el caso bajo estudio no se esclarecieron las “circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos ”, ni siquiera en la investigación penal. Por tanto,

hubiera ocurrido con un dispositivo instalado por él mismo. En el caso bajo estudio no se esclarecieron las “circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos ”, ni siquiera en la investigación penal. Por tanto, no podía el tribunal, en ese punto, “ realizar conjeturas”, con mayor razón , cuando se demostró mediante prueba doc umental que el municipio de Bahía Solano no tenía antecedentes “de presencia de minas antipersona”.

1.4. Recurso de apelación y trámite procesal relevante

15. La parte demandante interpuso recurso de apelación 6. Cuestionó la valoración probatoria del tribunal: en su concepto, sí estaban probadas las circunstancias de “tiempo, modo y lugar” de la muerte de la víctima directa, con base en el informe de necropsia, según el cual, fue causada por una mina antipersonal en una playa de Bahía Solano.

16. El levantamiento del cuerpo fue realizado por la Cruz Roja, por lo que en la demanda solicitó que se oficiara a esa institución para que remitiera toda la información que tuviera sobre los hechos. A su juicio, esa documentación “era y continúa siendo de gran interés para el proceso ”, para conocer los “pormenores del rescate del cuerpo ”. La prueba fue decretada en la audiencia inicial; no obstante, la instit ución “remitió una respuesta vaga e imprecisa, mejor dicho, no dio respuesta a lo solicitado ”. Por tal motivo, al declarar cerrado el debate probatorio, el apoderado de la parte actora advirtió a la magistrada ponente que la Cruz Roja “no había dado respuesta a la solicitud probatoria ” y que era necesario reiterar la petición . Ante su

declarar cerrado el debate probatorio, el apoderado de la parte actora advirtió a la magistrada ponente que la Cruz Roja “no había dado respuesta a la solicitud probatoria ” y que era necesario reiterar la petición . Ante su solicitud, la magistrada insistió en que ya había concluido la etapa probatoria pero que, de ser necesario para tomar una decisión de fondo, decretaría la prueba. Para su sorp resa, la sentencia concluyó que la parte actora no demostró “ las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del señor Narcilo Acosta”. Por tal motivo, solicitó que se decretará la prueba en segunda instancia.

17. Afirmó, que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta los oficios del Ejército y la Armada, según los cuales, la Brigada de Infantería de Marina

No. 2 era “responsable jurisdiccionalmente de la seguridad del municipio de Bahía Solano, donde ocurrió la muerte ” de la víctima directa. Que, se demostró, además, que en esa región operaban grupos organizados al margen de la Ley que se enfrentaban a la fuerza pública.

18. Con base en lo anterior, indicó, había certeza de que estos grupos fueron los responsables de instalar las minas antipersona con el propósito de “repeler las acciones de la fuerza del Estado”. Así, en su concepto, estaban

6 Documento “ 3_RECEPCIONRECURSOAPELACION_MEMORIALAPELACION2” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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“probados los elementos de responsabilidad del Estado” y que “el Estado no cumplió con la obligación gradual y compleja consistente en desminar o, cuando menos, demarcar las zonas donde tuviese certeza o sospecha de presencia de minas antipersona ”, de acuerdo con el contenido de la Convención de Ottawa.

19. Mediante Auto de 14 de julio de 2025 7 el magistrado ponente negó la solicitud de pruebas de segunda instancia. En la providencia indicó:

“Así las cosas, este despacho advierte que, en la audiencia de pruebas, el tribunal se pronunció respecto de las pruebas decretadas en la audiencia inicial y corrió traslado de las allegadas por el término de 10 minutos, previo a su incorporación al proceso. La parte demandante manifestó estar conforme con lo aportado, por lo que el magistrado declaró cerrada la etapa probatoria y notificó la decisión por estrados (Auto interlocutorio No. 687). Contra esa decisión no se interpusieron recursos”.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

20. La Sentencia de primera instancia será confirmada porque la parte demandante incumplió con su carga de la prueba. La falta de acreditación de las circunstancias en que ocurrió la muerte de la víctima directa impide realizar una imputación de responsabilidad al Estado tanto por falla del

demandante incumplió con su carga de la prueba. La falta de acreditación de las circunstancias en que ocurrió la muerte de la víctima directa impide realizar una imputación de responsabilidad al Estado tanto por falla del servicio, como en los términos de la Sentencia de Unificación de 7 de marzo de 2018 —de la responsabilidad del Estado frente a víctimas de accidentes con minas antipersonales—.

2.2. Análisis sustantivo

21. En el recurso de apelación se cuestionó la valoración probatoria del tribunal, pues la parte actora considera que sí demostró las circunstancias que rodearon la muerte de Narcilo Acosta. Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la parte demandante apor tó una certificación del Comité Internacional de la Cruz Roja8 en la que consta (se trascribe):

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hace constar que, en el marco de su mandato, adelantó gestiones humanitarias en favor de la recuperación de los restos mortales del señor ACOSTA LOZANO NARCILO, en zona rural de Quibdó, Chocó. El día 23 de septiembre de 2015, los presuntos restos mortales del señor ACOSTA LOZANO NARCILO, fueron entregados por miembros de un grupo a

7 Documento “028Autoqueniega_70344Pruebasensegund” del expediente digital. 8 Página 352 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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delegados del CICR, quienes los remitieron para la identificación al CTI de la unidad local de Quibdó, Chocó”.

22. En el reporte de inicio de la investigación, la Fiscalía General de la Nación registró que recibió la información de que en la morgue del cementerio municipal había “un cuerpo sin vida”9. Que, según la inspección técnica fue encontrado en una playa de Bahía Solano y la hipótesis de la causa de muerte era por “mina antipersona – explosivo”. En el relato de los

hechos refirió (se trascribe):

“[E]l cuerpo se encontraba envuelto en una bolsa de color negra, en el lugar no había ningún familiar de la víctima que nos pudiera rendir una entrevista que nos pudiera esclarecer los hechos (…)”.

23. En el informe de necropsia elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se hicieron las siguientes anotaciones 10

(se trascribe):

“[S]egún la información aportada por la autoridad el día 08/09/2015 sufre heridas por artefacto explosivo (mina antipersona) en una playa del municipio de Bahía Solano, no aportan datos sobre las circunstancias de los hechos, solo informan que no hubo otra persona muerta ni lesionada en el mismo hecho. Según acta de inspección las diligencias de rescate del cuerpo fueron adelantadas por CICR. En el acta de inspección no se aportan datos acerca del lugar de los hechos y las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.

Según acta de inspección las diligencias de rescate del cuerpo fueron adelantadas por CICR. En el acta de inspección no se aportan datos acerca del lugar de los hechos y las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA En la necropsia se encuentra un cuerpo semiesqueletizado, amputado de las 4 extremidades, vestido, en quien se evidencian lesiones por explosivos. ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL CONCLUSIÓN PERICIAL: de acuerdo a la información aportada por la autoridad y a los hallazgos al realizar la necropsia se concluye que la muerte es debido a shock hipovolémico, ocasionado por sección total de grandes vasos sanguíneos en miembros inferiores (vasos femorales y safena mayor derecha), secundario a amputación traumática de miembros por artefacto explosivo (mina antipersona).

Causa básica de muerte: explosivos”.

24. En la investigación, la Fiscalía entrevistó a uno de los hijos y a la viuda de la víctima directa. El primero 11 indicó que creía que su padre estaba en Medellín el día de los hechos, que no sabía por qué había ido a Chocó ya que no tenían familiares ni amigos en ese departame nto. Por su parte,

Adriana Pérez Pinilla12 sostuvo (se trascribe):

“PREGUNTADO. Dígale a la Fiscalía si usted tiene conocimiento para que partes de Colombia viajaba su marido o tenía influencia la empresa. CONTESTÓ. Él volaba por todo el país, pero en ese momento estaba de descanso. PREGUNTADO. Dígale a la Fiscalía cuando fue la última vez que tuvo

partes de Colombia viajaba su marido o tenía influencia la empresa. CONTESTÓ. Él volaba por todo el país, pero en ese momento estaba de descanso. PREGUNTADO. Dígale a la Fiscalía cuando fue la última vez que tuvo

9 Página 649 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 10 Páginas 729-733 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 11 Páginas 693-695 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 12 Páginas 779-783 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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comunicación con su esposo y de qué hablaron. CONTESTÓ. La última vez fue el 06 de septiembre, nos saludamos y me preguntó por los niños. PREGUNTADO. Dígale a la Fiscalía si antes de que su esposo viajara le dijo los pormenores del viaje o qué él dijo. CONTESTÓ. Lo único que me dijo fue que iba a hacer unos negocios con oro en Chocó. PREGUNTADO. Dígale a la Fiscalía si su esposo en otras ocasiones había realizado esa clase de actividad de oro. CONTESTÓ. Nunca, pero siempre tuvo la idea de ne gociar con oro porque era un buen negocio. PREGUNTADO . Dígale a la Fiscalía si usted supo de problemas o amenazas que tuviera su esposo. CONTESTÓ. Nunca me dijo que tuviera algún tipo de problema, ni que estuviera amenazado (…)”.

negocio. PREGUNTADO . Dígale a la Fiscalía si usted supo de problemas o amenazas que tuviera su esposo. CONTESTÓ. Nunca me dijo que tuviera algún tipo de problema, ni que estuviera amenazado (…)”.

25. Con base en lo anterior, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, la Sala comparte la sentencia de primera instancia en el sentido de que no existe certeza sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Narcilo Acosta. Aunque está probado que la muerte fue causada por un artefacto explosivo, el hecho no es imputable a las entidades demandadas porque no se demostró, de acuerdo con el criterio unificado, “la proximidad evidente a un órgano representativo del Estado” ni que la explosión hubiese ocurrido dentro de una ba se militar 13. Tampoco se demostró una falla del servicio: no se probó que el Estado hubiera incumplido con sus obligaciones de demarcación y desminado . Como indicó el tribunal, para la época de los hechos el plazo que tenía el Estado para cumplir con las obligaciones de desminado no había expirado.

26. Adicionalmente, no proceden los demás reparos planteados en la apelación. En primer lugar, no tiene incidencia alguna que en Bahía Solano operen grupos armados al margen de la ley, ya que , como se expuso, este no es un fundamento para imputar responsabilidad al Estado. Al proceso se allegó un oficio de la Armada, según el cual, para la época no tenía registros de accidentes de minas antipersona en ese municipio , ni “ registros ni antecedentes recientes de z onas donde se encuentren este tipo de artefactos”14. Lo anterior coincide con el informe de la Dirección para la

de accidentes de minas antipersona en ese municipio , ni “ registros ni antecedentes recientes de z onas donde se encuentren este tipo de artefactos”14. Lo anterior coincide con el informe de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 15, según el cual, entre 1990 y septiembre de 2016, en Bahía Solano hubo tres reportes de accidentes: un militar muerto en 2007 y dos civiles heridos en el 2008 y 2012. Los hechos que dan lugar a esta acción tuvieron lugar en septiembre de 2015.

27. En relación con el oficio del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cierto es que el interesado no interpuso recurso alguno en contra del auto que cerró la etapa probatoria y, como se indicó previamente, por tal motivo

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 7 de marzo de 2018, exp. 34359A. Esta Subsección ha precisado en varios casos el alca nce de la expresión entrecomillada. Al respecto: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 3 de abril de 2020, exp. 49426. Con salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz. También: Sentencia de 13 de diciembre de 2021, exp. 49952. Con aclaración de voto del magistrado Alberto Montaña Plata. 14 Página 375 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 15 Página 459-496 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

14 Página 375 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital. 15 Página 459-496 del documento “004ED_20160013500” del expediente digital.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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un nuevo exhorto a esa institución fue rechazado como prueba de segunda instancia.

28. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba y, al no estar acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que murió la víctima direct a, no es posible realizar la imputación en los términos de la decisión unificada, menos aún mediante falla del servicio, lo que impone negar las pretensiones de la demanda.

2.3. Condena en costas

29. Aunque la parte actora no demostró las circunstancias en que ocurrió la muerte de la víctima directa, en el proceso se logró establecer que fue consecuencia de un artefacto explosivo. Tanto la Fiscalía como Medicina Legal reseñaron que se trataba de una mina antipersonal. Estos dispositivos han sido utilizados en el conflicto armado por grupos al margen de la ley y, en menor medida, por el Ejército Nacional y la Policía Nacional. De allí que, aunque no se acreditaron los elementos necesarios para realizar u na imputación de responsabilidad, sí sea posible concluir que la muerte de Narcilo Acosta fue causada por un explosivo de guerra16. Así, está probado que los demandantes son víctimas del conflicto armado en Colombia. En

imputación de responsabilidad, sí sea posible concluir que la muerte de Narcilo Acosta fue causada por un explosivo de guerra16. Así, está probado que los demandantes son víctimas del conflicto armado en Colombia. En ese entendido, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional y por encontrarse en una condición de vulnerabilidad, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponer una en esta17.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

16 Para una caracterización sobre las minas antipersonal y su uso en la guerra puede verse “La guerra escondida: minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia ”. Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, abril de 2017. 17 En r ecientes pronunciamientos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado esta postura, destacando que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público. Al respecto puede consultarse: Corte Constitucional. SU-241 de 20 de junio de 2024. Con aclaración de voto de los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 6 de diciembre de 2024, e xp. 56.855. Con salvamento parcial de voto del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia de 6 de diciembre de 2024, e xp. 56.855. Con salvamento parcial de voto del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 21 de febrero de 2025. Con salvamento parcial de voto del magistra do José Roberto Sáchica Méndez. Subsección B, Sentencia de 19 de septiembre de 2025, exp. 72697. Sentencia de 18 de julio de 2025, exp. 69981. Con aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez. Sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71061.Radicación: 27001-23-33-000-2016-00135 01 (70344)

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RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó, la cual quedará así:

“PRIMERO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda presentada por la señora ADRIANA PÉREZ PINILLA Y OTROS contra NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el previa (sic) cancélese su radicación”.

SEGUNDO: sin condena en costas.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el previa (sic) cancélese su radicación”.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado