CE - Sentencia 27001233300020189001701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Demandante: Otoniel Cuesta Palacios , Marino Guerrero Roa , J osé Danecy

Palomeque Lemus

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto popular. Nulidad del acto administrativo. Desconocimiento de las normas en las que debe fundarse. CONFIRMA DECISIÓN.

Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 1100103-15-000-2024-04153-00 y acumulados 1, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

Los señores Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero Roa y José Danecy Palomeque Lemus instauraron demanda en contra de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria de primera instancia, expedida el 9 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Regional del Chocó, mediante la cual fueron sancionados con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses2.

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto. 2 Al resolver el caso concreto la Sala precisa cuáles son los actos administrativos demandados.Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Que, como consecuencia, se habilite su derecho a continuar ejerciendo el cargo de concejal o cualquier otro cargo público en el que se encuentren vinculados o se puedan vincular.

www.consejodeestado.gov.co 2 Que, como consecuencia, se habilite su derecho a continuar ejerciendo el cargo de concejal o cualquier otro cargo público en el que se encuentren vinculados o se puedan vincular.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 7 de enero de 2012, luego de elevar varias consultas al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la ESAP y a profesionales del derecho, en su condición de concejales eligieron personero de Lloró (Chocó) al señor Julio César Cuesta Palomeque.

Que el 16 del mismo mes y año una ciudadana radicó una queja disciplinaria, porque este se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de personero, toda vez que el año inmediatamente anterior se desempeñó como concejal del mismo municipio y que, por los mismos hechos, se radicó una demanda de nulidad electoral.

Que, adelantado el procedimiento disciplinario, el 9 de noviembre de 2016 la Procuraduría Regional de Chocó expidió decisión sancionatoria, consistente en ocho (8) meses de su spensión, la cual se confirmó en segunda instancia el 17 de abril de 2017, considerando que existía una inhabilidad en la elección del personero de Lloró (Chocó).

Que la decisión del 17 de abril de 2017 se expidió aproximadamente un mes después de que el Consejo de Estado profirió una sentencia en un caso de iguales condiciones, en el cual se indicó que no existía inhabilidad para ser elegido personero para quien el año anterior hubiera ejercido como concejal del respectivo

después de que el Consejo de Estado profirió una sentencia en un caso de iguales condiciones, en el cual se indicó que no existía inhabilidad para ser elegido personero para quien el año anterior hubiera ejercido como concejal del respectivo municipio, lo que significa que el operador disciplinario desconoció derechos constitucionales y un precedente de obligatoria aplicación.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículo 25; Ley 136 de 1994.

Que los actos demandados transgredieron disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho al trabajo y el derecho a elegir y ser elegido , pues no solo se desconoce el contenido de la Ley 136 de 1994, sino el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, relacionado con la interpretación, alcance y aplicación de las normas relacionadas con el régimen de inhabilidades de los servidores públicos.

Que la decisión sancionatoria se expidió el 17 de abril de 2017, casi un mes después de que la Sección Segunda del Consejo de Estado resolviera un caso de iguales condiciones, indicando, en la sentencia, que no existía inhabilidad para la elección como personero de quien en el año inmediatamente anterior hubiese ejercido como concejal de la misma municipalidad; pronunciamiento desconocido por la autoridad disciplinaria.Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 22 de febrero de 2018 3. Se notificó a la demandada, quien se opuso a las pretensiones, señalando que la entidad acogió las normas que regulan el trámite disciplinario y los mandatos y principios constitucionales, respetando a los demandantes el debido proceso, pues pudieron solicitar y aportar pruebas, controvertir los elementos que obraban en el proceso y contradecir las decisiones tomadas por el operador disciplinario.

Que, si bien el Consejo de Estado ha aludido al amplio control de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, ello no significa que las diferencias hermenéuticas entre el operador disciplinario y el juez de lo contencioso administrativo sean suficientes para invalidar la decisión administrativa sancionatoria.

Que, en las decisiones de primera y segunda instancia , se valoraron las pruebas acudiendo a las reglas de la sana crítica, pues se advirtió que los demandantes eligieron y posesionaron como personero de Lloró (Chocó) a quien se encontraba inhabilitado, porque el elegido se desempeñó como concejal durante el año inmediatamente anterior a su elección.

Que, con lo anterior, incurrieron en la falta gravísima consagrada en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: «actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de interés, de acuerdo con las

del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: «actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de interés, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales» (sic) y que su conducta fue calificada como dolosa, pues procedió de un actuar consciente y voluntario; variando posteriormente el grado de culpabilidad a culpa grave, pues teniendo en cuenta que el panorama respecto al caso no era pacífico, ni siquiera al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debieron realizar mayores esfuerzos y adelantar las consultas pertinentes que les permitieran despejar cualqui er duda y dar sustento a su decisión.

Que el legislador no previó el desconocimiento del precedente jurisprudencial como una causal de nulidad de los actos administrativos y que, en todo caso, la sentencia que los demandantes citan como desconocida no podía tenerse en cuenta, pues fue proferida el 23 de marzo de 2017, mientas que la decisión disciplinaria de primera instancia se expidió el 9 de noviembre de 2016.

Propuso la excepción innominada o genérica4.

3 Véanse páginas 67 a 69 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 de SAMAI. Previamente, la demanda fue remitida por competencia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante auto del 11 de diciembre de 2017 (véanse páginas 59 a 62 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 de

SAMAI).

Quibdó, mediante auto del 11 de diciembre de 2017 (véanse páginas 59 a 62 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 de SAMAI). 4 Véanse páginas 94 A 105 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI.Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Se celebró audiencia inicial el 6 de septiembre de 20185, en la cual se indicó que la decisión sobre la excepción propuesta se tomaría en la sentencia, se fijó el litigio6, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 30 de junio de 2023 , declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 9 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Regional del Chocó y el 17 de abril de 2017 por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y ofició a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación , para que efectuara la desanotación de las sanciones impuestas.

Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y ofició a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación , para que efectuara la desanotación de las sanciones impuestas.

La sentencia resolvió el problema jurídico acudiendo a las providencias del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado , y 6 de julio de 2020, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego Vs Colombia, con fundamento en las cuales analizó desde la convencionalidad las facultades y competencias de la Procuraduría General de la Nación en relación con las sanciones disciplinarias a servidores elegidos por voto popular.

Que, en el ordenamiento interno, la Constitución Política exige a los operadores judiciales interpretar los asuntos que conocen desde una óptica de protección de los derechos fundamentales, con el objetivo de garantizar la justicia material y que, en ese marco interpretativo, el control de convencionalidad, como manifestación de la constitucionalización del derecho internacional , implica realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y los actos internos que conforman un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que, en ese escenario, al analizar el caso concreto, el haberse impuesto una sanción por una autoridad administrativa y no por el juez competente, constituye motivo suficiente para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, porque i) las conductas investigadas no fueron catalogadas como actos de corrupción y ii) solo un juez penal podía restringir los derechos políticos de los demandantes.

porque i) las conductas investigadas no fueron catalogadas como actos de corrupción y ii) solo un juez penal podía restringir los derechos políticos de los demandantes.

5 Véanse páginas 129 a 135 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI. 6 «(…) el despacho propone fijar el litigio de la siguiente manera: Consiste en determinar si debe declararse o no la nulidad del fallo sancionatorio No. IUS-2012-51448 emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante el cual confirma la decisión proferida por la Procuraduría Regional del Chocó, pero que modificó la sanción impuesta de 8 meses, ¿a 6 meses? » (página 133 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI).Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recurso de apelación7, advirtiendo que, de acuerdo con la estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena competencia para investigar y sancionar a los demandantes, pues así se desprende del numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, norma que se ha desarrollado en distintos estatutos legales, como la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 (aplicada al caso

artículo 277 de la Constitución Política, norma que se ha desarrollado en distintos estatutos legales, como la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 (aplicada al caso concreto), la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021.

Que el artículo 277.6 constitucional es posterior a la expedición de la Ley 16 de 1972, mediante la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica y que, por tanto, en el análisis del marco normativo superior debe prevalecer el principio de armonización entre las normas de la Convención y las que integran la Constitución Política , pues lo contrario implicaría predicar una eventual inconvencionalidad de la propia Carta que en virtud del artículo 93 integró la CADH al bloque de constitucionalidad.

Que existe una línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en relación con las competencias de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, de la que destacó las sentencias C-028 de 2006 (en la que se advirtió que la norma interamericana no podía leerse de manera aislada) , SU -712 de 2003 (en la que precisó que las facultades de la Procuraduría General eran compatibles con la CADH), C -111 de 2019 (en la que se aplicó el precede nte vigente sobre las competencias de la Procuraduría General, al examinar los artículos 45.1 literal a) de la Ley 734 de 2022 y 49.1 literal a) de la Ley 1952 de 2019).

Que, además, en sentencias como la C-146 de 2021 (posterior al caso Petro Urrego

y 49.1 literal a) de la Ley 1952 de 2019).

Que, además, en sentencias como la C-146 de 2021 (posterior al caso Petro Urrego Vs Colombia) y C -030 de 2023 la Corte Constitucional ha señalado que la Procuraduría General de la Nación ha tenido, tiene y conserva la facultad de investigar a los servidores públicos, inclusive si fueron elegidos popularmente y de imponer sanciones que limiten sus derechos polític os y que en distintos pronunciamientos del Consejo de Estado se ha señalado que la entidad es competente para investigar y sancionar a este tipo de servidores públicos; línea que se puede rastrear también en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado.

Que en la jurisprudencia de ambos tribunales es claro que el pleito fallado en el caso Petro Urrego Vs Colombia no tiene efectos erga omnes y que la competencia de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar funcionarios públicos elegidos por voto popular no se perdió.

Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su desconocimiento abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra providencia judicial por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa juzgada constitucional, lo que

7 Véase archivo 005_RECEPCIONRECURSOAPELACION_APELACIONSENTENCIA, en el índice 00002 de SAMAI.Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 implica que el Tribunal desconoció la existencia del precedente en la materia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 11 de marzo de 20248 fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

Pronunciamiento de las partes y concepto del Ministerio Público

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestiones previas

• La proposición jurídica completa

Según el texto de la demanda9, la Sala observa que los demandantes no formularon de manera completa la proposición jurídica, porque, en sus pretensiones, únicamente se refirieron a la declaratoria de nulidad de la decisión del 9 de noviembre de 2016 , que impuso la sanción en primera instancia 10 sin solicitar de manera expresa la nulidad de la decisión del 17 de abril de 2017 11, que resolvió el recurso de apelación, modificando el término de la sanción impuesta.

La anterior situación no fue advertida por el Tribunal ni por las partes, no obstante,

recurso de apelación, modificando el término de la sanción impuesta.

La anterior situación no fue advertida por el Tribunal ni por las partes, no obstante, de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011 , si el acto demandado fue objeto de recursos ante la administración, «(…) se entenderán demandados los actos que los resolvieron »; asunto que si bien no se indicó de manera expresa durante el trámite de primera instancia, fue desarrollado en la medida que : i) la providencia apelada resolvió declarar la nulidad de ambos actos ; ii) las partes no objetaron la fijación del litigio; y iii) el recurso de la parte demandada no ataca la integración de la proposición jurídica que llevó al Tribunal a declarar la nulidad de los actos, pues s u inconformidad se basa únicamente en la competencia de la

8 Véase índice 00004 de SAMAI. 9 Véanse páginas 5 a 15 del archivo 011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI. 10 Mediante decisión del 9 de noviembre de 2016 los demandantes fueron sancionados con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de ocho (8) meses, convertidos en salario, pues para la fecha había concluido el periodo para el cual fueron elegidos (véanse páginas 295 a 349 del archivo 009_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI). 11 Mediante decisión del 17 de abril de 2017 se modificó la sanción impuesta a los demandantes, fijándose el

009_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI). 11 Mediante decisión del 17 de abril de 2017 se modificó la sanción impuesta a los demandantes, fijándose el término de la suspensión en seis (6) meses (véanse páginas 382 a 398 del archivo 009_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en SAMAI).Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 autoridad administrativa para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos democráticamente12.

• La sentencia que se reemplaza

El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia 13, confirmando la decisión del Tribunal Administrativo de Chocó, al considerar que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente a los demandantes.

En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido»14. Esto, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los

competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido»14. Esto, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad o de suspensión a funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la sentencia de tutela 15; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de di ciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la importancia de proteger el principio democrático, pues re sulta claro que la imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de

importancia de proteger el principio democrático, pues re sulta claro que la imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar

12 Similar análisis fue realizado por esta Corporación en la Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, con radicado 15001233100020000297701 (2270 -08), del 3 de febrero de 2011. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 13 Véase índice 00011 de SAMAI. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata. 15 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia , la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció

administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará el desconocimiento de las normas superiores en que deben fundarse, luego de lo cual analizará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia de tutela del 24 de febrero de 202516:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación

convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos polít icos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad r especto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH17.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Es tado para los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o

la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil. 17 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.».Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.».Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada