CE - Sentencia 41001233300020190041201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

Demandantes: Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero, Vancast y

Asociados Ltda., Bernard van Hissenhoven Ortiz y Cecilia Botero Álvarez

Demandado: Municipio de Neiva

Referencia: Controversias contractuales

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación es efectuada unilateralmente por la entidad estatal contratante – ineptitud sustantiva de la demanda por solicitar la liquidación judicial de un contrato ya liquidado y no solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de liquidación unilateral del contrato – improcedencia de las pretensiones de enriquecimiento sin causa para reclamar el cumplimiento de prestaciones contractuales respecto de las cuales se configuró la caducidad de la acción o del medio de control pertinente y se formuló una demanda sustantivamente inepta.

Síntesis del caso: la parte demandante solicita, entre otras pretensiones, que se liquide judicialmente un contrato de prestación de servicios profesionales y, como consecuencia de la liquidación, que se condene a la entidad estatal demandada al pago de unas

Síntesis del caso: la parte demandante solicita, entre otras pretensiones, que se liquide judicialmente un contrato de prestación de servicios profesionales y, como consecuencia de la liquidación, que se condene a la entidad estatal demandada al pago de unas comisiones de éxito estipuladas en el contrato. Subsidiariamente, solicita que se declare que se produjo un enriquecimiento sin causa.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 8 de noviembre de 2022 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Huila, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.1

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación – 1.5. Trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de agosto de 201 9, la Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero ,2

Vancast y Asociados Ltda., Bernard van Hissenhoven Ortiz 3 y Cecilia Botero

1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 Conformada por Vancast y Asociados Ltda. y Cecilia Botero Álvarez.

el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 Conformada por Vancast y Asociados Ltda. y Cecilia Botero Álvarez. 3 Representante legal de Vancast y Asociados Ltda.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

Demandantes: Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero y otros

Demandado: Municipio de Neiva Referencia: Controversias contractuales Decisión: Confirmar y adicionar la decisión de primera instancia ______________________________________________________________________________________________________________

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Álvarez presentaron demanda,4 en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del Municipio de Neiva, en cuyas pretensiones solicit aron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“4.- PRETENSIONES.- 4.1. Solicito como PRETENSIÓN PRINCIPAL, conforme los fines que el legislador le impuso al medio de control de controversias contractuales (art. 141 del CPACA), solicito al Tribunal acceder a las siguientes pretensiones: 4.1.1. Que se liquide judicialmente el contrato de prestación de servicios profesionales 025 de 2006 celebrado entre la UNIÓN TEMPORAL VANCASTCECILIA BOTERO y el MUNICIPIO DE NEIVA 4.1.2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al MUNICIPIO DE NEIVA a pagar a la UT VANCAST -CECILIA BOTERO y/o a sus integrantes, sociedad Vancast y Asociados Ltda., y Cecilia Botero Álvarez, y/o Bernard van Hissenhoven Ortíz, la suma de (…) $1.928’.950.435 (…), o la que resulte

sociedad Vancast y Asociados Ltda., y Cecilia Botero Álvarez, y/o Bernard van Hissenhoven Ortíz, la suma de (…) $1.928’.950.435 (…), o la que resulte probada en el proceso, como consecuencia de las comisiones de éxito pactadas en el contrato 025 de 2006 y sus contratos adicionales. 4.1.3. Que se condene al MUNICIPIO a pagar a los DEMANDANTES las costas y agencias en derecho del proceso, en los términos de ley. 4.1.4. Que se ordene al demandante reconocer y pagar las sumas de dinero ajustadas de conformidad con los intereses y actualizaciones a que se refiere el artículo 195 del CPACA. 4.2. Pretensión Subsidiaria En el remoto, e improbable, evento de que el HH Magistrado, considere que el medio de control de controversias contractuales no es procedente, SOLICITO SUBSIDIARIAMENTE, declarar que se ha producido un ENTRIQUECIMIENTO SIN CAUSA en favor del MUNICIPIO y en contra de [la parte demandante], y ordenar a manera de restablecimiento, el pago de las sumas de dinero acreditadas en el proceso.”

2. En el escrito de demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los

siguientes hechos:

3. 1) El Municipio de Neiva y la Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero celebraron el contrato de prestación de servicios profesionales No. 25 de 2006, cuyo objeto comprendía, entre otros as pectos, la representación del Municipio de Neiva en un proceso arbitral a ser adelantado por la entidad territorial contra la Unión Temporal Diselecsa Ltda. – ISM S.A.

2006, cuyo objeto comprendía, entre otros as pectos, la representación del Municipio de Neiva en un proceso arbitral a ser adelantado por la entidad territorial contra la Unión Temporal Diselecsa Ltda. – ISM S.A.

4. 2) En el contrato de prestación de servicios profesionales No. 25 de 2006

(se trascribe): “[S]e estipuló (…) una comisión de éxito del diez por ciento (10%) del valor de las sumas determinadas en el laudo arbitral a favor del MUNICIPIO de Neiva o del seis por ciento (6%) del valor recuperado por dicha entidad territorial en caso de que el proceso concluyera por un acuerdo conciliatorio, sumas que debían ser pagadas a la contratista una vez quedara en firme el laudo arbitral o el acuerdo según fuera el caso.”

5. 3) “En vista de que la unión temporal convocada al tribunal de arbitramento (…) presentó demanda de reconvención, se pactó una modificación al contrato, incluyendo como obligación de la contratista presentar los actos procesales correspondientes a defender al MUNICIPIO.

4 Folios 1-31 del cuaderno principal.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

Demandantes: Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero y otros

Demandado: Municipio de Neiva Referencia: Controversias contractuales Decisión: Confirmar y adicionar la decisión de primera instancia ______________________________________________________________________________________________________________

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Así mismo, se adicionó (…) como comisión de éxito un cinco por ciento (5%) de las sumas dejadas del pagar por el municipio, reclamadas en la demanda de reconvención.”

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Así mismo, se adicionó (…) como comisión de éxito un cinco por ciento (5%) de las sumas dejadas del pagar por el municipio, reclamadas en la demanda de reconvención.”

6. 4) “El 14 de agosto de 2007, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá profirió laudo arbitral accediendo parcialmente a las pretensiones del municipio y negando en su totalidad las pretensiones de la demanda de reconvención”.

7. 5) “Mediante auto No. 28 del 23 de agosto de 2007, el Tribunal de Arbitramento decidió las solicitudes de aclaración del Laudo Arbi tral proferido en 14 de agosto de 2007”.

8. 6) “La UNIÓN TEMPORAL DISELECSA LTDA - I.S.M. S.A. interpuso, ante el Consejo de Estado, recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral (…) El Consejo de Estado, al decidir el recurso de anulación interpuesto (…), mediante sentencia de 13 fecha de mayo de 2009, anuló el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento.”

9. 7) “El 29 de diciembre de 2009, el MUNICIPIO profirió la Resolución 1491 de 2009, por la cual resuelve liquidar unilateralmente el contrato de prestación de servicios, sin reconocer las sumas pactadas por concepto de comisión de éxito, bajo el argumento de que no se causaron 5 (…) Estando en la oportunidad para ello, la UNIÓN TEMPORAL VANCAST -CECILIA BOTERO interpuso recurso de reposición 6 contra la Resolución 1491 de 2009 (…)

de éxito, bajo el argumento de que no se causaron 5 (…) Estando en la oportunidad para ello, la UNIÓN TEMPORAL VANCAST -CECILIA BOTERO interpuso recurso de reposición 6 contra la Resolución 1491 de 2009 (…) Mediante Resolución 0595 de 2010, el municipio de Neiva resolvió el recurso de reposición presentado por la UNIÓN TEMPORAL VANCAST -CECILIA BOTERO contra la Resolución 1491 de 2009 en el sentido de confirmar dicha decisión y liquidar el contrato 025 de 2006 sin reconocer el pago de los honorarios derivados de las comisiones de éxito pactadas.”

10. 8) La Corte Constitucional escogió para su revisión un fallo proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el marco de una acción de tutela interpuesta en contra de la Sentencia de anulación de 13 de mayo de 2009. Mediante Sentencia SU-173 de 2015, la Corte Constitucional (se trascribe): “[D]ejó sin efectos la providencia proferida el 13 de mayo de 2009 por el Consejo de Estado, ordenándole además proferir una nueva que definiera el recurso extraordinario de anulación (…)”.

5 En la demanda se trascribió el siguiente fragmento de las consideraciones de la resolución (se trascribe): “[T]eniendo en cuenta que dichas comisiones se pactaron en un porcentaje sobre el valor de las sumas determinadas a favor del Municipio y en contra del Concesionario, una vez quedara en firme el laudo arbitral supuesto que no acaeció porque el mismo fue anulado por el Consejo de Estado”.

determinadas a favor del Municipio y en contra del Concesionario, una vez quedara en firme el laudo arbitral supuesto que no acaeció porque el mismo fue anulado por el Consejo de Estado”. 6 Según se afirmó en la demanda, el recurso se interpuso (se trascribe): “[P]oniendo de presente que el pago de la comisión de éxito estaba sujeta al acaecimiento de tres (3) supuestos: a) que se profiera laudo arbitral ordenando el pago de sumas de dinero a favor del municipio, b) que se negaran las pretensiones de condena expuestas por el concesionario en la demanda de reconvención, y c) que el laudo quedara en firme. Así las cosas, y como quiera que los tres (3) supuestos estaban debidamente acreditados, la liquidación del contrato debía incluir el reconocimiento y pago de las comisiones de éxito pactadas.”Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

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11. 9) “El Consejo de Estado, en obedecimiento de la sentencia de la Corte, profirió nueva sentencia de fecha 20 de septiembre de 2017, por la cual declaró infundado el recurso, es decir, dejó con plenos efectos jurídicos el laudo arbitral (…) Mediante auto de 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Estado negó la solicitud de adición y complementación del fallo de 20 de septiembre de ese mismo año (…) Frente al auto de 7 de diciembre de 2017,

laudo arbitral (…) Mediante auto de 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Estado negó la solicitud de adición y complementación del fallo de 20 de septiembre de ese mismo año (…) Frente al auto de 7 de diciembre de 2017, el apoderado de la UNIÓN TEMPORAL DISELECSA LTDA - I.S.M. S.A. solicitó su aclaración, solicitud que fue denegada mediante auto de 7 de marzo de 2018, providencia que se notificó mediante estado del 13 de marzo de 2018.”

12. En el acápite de fundamentos de derecho de la demanda se afirmó que

(se trascribe): “[L]as Resoluciones 1491 de 2009 y 0595 de 2010 se encuentran incursas en causal de pérdida de fuerza ejecutoria, específicamente en la que consagra el artículo 91 numeral 2 que se refiere a la desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho del acto administrativo (…) En consecuencia, el contrato 025 de 2006 (…) se encuentra sin liquidar, de suerte que se impone hacerlo y en consecuencia reconocer y pagar (…) las sumas que se derivan de las comisiones de éxito pactadas en el negocio jurídico, ya que el laudo arbitral quedó en firme y ejecutoriado.”

1.2. Posición de la parte demandada

13. El 6 de febrero de 2020, el Municipio de Neiva contestó la demanda. 7

Propuso las excepciones que denominó “caducidad de los medios de control”, “inexistencia del daño o enriquecimiento sin causa” , “culpa exclusiva de la víctima”, “cobro de lo no debido” y “buena fe”, en desarrollo de las cuales se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento,

control”, “inexistencia del daño o enriquecimiento sin causa” , “culpa exclusiva de la víctima”, “cobro de lo no debido” y “buena fe”, en desarrollo de las cuales se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento, esencialmente, en que (se trascribe): “[E]l Contrato Estatal de Prestación de Servicios Profesionales No. 025 del 27 de enero de 2006, se encuentra debidamente liquidad o (…) [y] a la fecha de radicación de la presente demanda, ha operado la respectiva caducidad (…) [A]unado a lo anterior, porque no existe el documento contractual que permita probar, la vigencia del [contrato]. En corolario a lo anterior, porque el contra tista y hoy parte actora, no demostró que [los] recursos hubieran ingresado a las arcas del Municipio de Neiva. Además, porque no fundamenta la tasación de su pretensión, que por demás, se considera exorbitante (…) Adicionalmente, porque no se dan los presupuestos del enriquecimiento sin causa (…)”.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 8 de noviembre de 2022, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Huila profirió sentencia de primera instancia, 8 en la cual

7 Folios 116-128 del cuaderno principal. 8 Índice 41 Samai del Tribunal.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

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y otros

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negó las pretensiones de la demanda (se trascribe): “[A]l concluir que el medio de control de controversias contractuales invocado está afectado de caducidad y porque no es procedente una reclamación por enriquecimiento sin causa, pues mal podría hablarse de un enriquecimiento o empobrecimiento, cuando lo que se presentó corresponde a la reclamación derivada de un contrato; siendo también evidente, que bajo el presunto medio de control de reparación directa no es procedente analizar el presunto enriquecimiento sin causa que se invoca.”

15. Con respecto a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos mediante los cuales el Municipio de Neiva liquidó unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales No. 25

de 2006, el Tribunal consideró (se trascribe):

“En el presente caso, la Sala encuentra configurada la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones Nos. 1491 de 2009 y 0595 de 2010, a partir de la ejecutoria de la sentencia de reemplazo proferida por el Consejo de Estado el 20 de septiembre de 2017; esto, comoquiera que desaparecieron sus fundamentos de hecho, es decir el fallo del laudo arbitral no fue anulado como inicialmente se declaró (…) [T]al como lo ha señalado la jurisprudencia, la pérdida de ejecutoria no es causal de nulidad de los actos, en tanto, su configuración deja incólume su presunción de legalidad, razón por la cual actualmente los actos

[T]al como lo ha señalado la jurisprudencia, la pérdida de ejecutoria no es causal de nulidad de los actos, en tanto, su configuración deja incólume su presunción de legalidad, razón por la cual actualmente los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos 1491 de 2009 y 0595 de 2010 se encuentra vigentes hasta tanto no se declare su nulidad por esta jurisdicción, no siendo posible su desconocimiento como lo pretenden los demandantes.”

16. En relación con el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales promovido por la parte demandante, el Tribunal estimó que deb ía realizarse según lo dispuesto en el cuarto supuesto del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA (se

trascribe):

“Así las cosas, teniendo en cuenta que la liquidación unilateral quedó debidamente ejecutoriada con la expedición de la Resolución No. 0595 del 30 de abril de 2010 que resolvió el recurso interpuesto por la hoy demandante contra el acto de liquidación unilateral –Resolución No. 1491 de 2009-, la cual fue notificada por edicto del 25 de mayo de 2010, dicho término, de acuerdo a la disposición legal, debe contabilizarse a partir de allí; pues no debe desconocerse que a esa fecha ya se había fallado el recurso de anulación por parte del Consejo de Estado, el cual ocurrió el 13 de mayo de 2009; no obstante, la solicitud de conci liación extra judicial fue presentada el 24 de agosto de 2018, el acta fue suscrita el 20 de noviembre de 2018 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2019; es decir, cuando ya había fenecido el término legal dispuesto para ello.”

agosto de 2018, el acta fue suscrita el 20 de noviembre de 2018 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2019; es decir, cuando ya había fenecido el término legal dispuesto para ello.”

17. En todo caso, el Tribunal consideró, de manera “independiente del término de la caducidad del medio de control”, que (se trascribe):

“[L]as actuaciones judiciales que surgieron con posterioridad al fallo del recurso de anulación; es decir, el trámite de la acción de tutela, no fue adelantada por la unión temporal, por lo que, incluso, el fallo de reemplazo proferido por el Consejo de Estado el 20 de septiembre de 2017, ocurrió como consecuencia de las actividades judiciales adelantadas por el congresistaRadicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

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Rodrigo Lara Restrepo, quien es un tercero totalmente ajeno a la parte demandante y la unión temporal a su vez, no tenían conocimiento del trámite adelantado, pues no se probó lo contrario; en tanto, no puede pretender la parte actora beneficiarse, exigiendo el pago de la comisión de éxito, cuando su labor y desarrollo de las acciones judiciales llegó solo hasta el fallo del laudo arbitral (…)”.

18. Por último, en lo atinente a la pretensión subsidiaria de enriquecimiento

sin causa, el Tribunal señaló que (se trascribe):

su labor y desarrollo de las acciones judiciales llegó solo hasta el fallo del laudo arbitral (…)”.

18. Por último, en lo atinente a la pretensión subsidiaria de enriquecimiento

sin causa, el Tribunal señaló que (se trascribe):

“A partir de lo afirmado en la demanda, la relación contractual con base en la cual se prestó el servicio –Contrato de prestación de servicios No. 025 de 2009se ejecutó normalmente y como consecuencia de las decisiones judiciales conforme con las cuales se culminó con la declaratoria de infundado el recurso de anulación, fue que se generó el presente litigio. El advenimiento de esa circunstancia posterior, fue lo que generó que los demandantes consideraran que les nace el derecho a recibir los valores pactados como comisión de éxito por la prestación del servicio, los cuales deben ser pagados por el municipio de Neiva. Así las cosas, esta es una pretensión típicamente contractual en la que, se itera, el derecho se fundamenta en la celebración de un contrato cuya validez no se cuestiona; en tanto, los demandantes no están pidiendo la nulidad del contrato, ni es tán desconociendo la existencia de una relación previa que rigió sus relaciones, con base en la cual recibieron la remuneración del servicio, sin el reconocimiento y pago de la comisión de éxito.”

19. En la parte resolutiva de la sentencia de primera inst ancia se dispuso lo

siguiente (se trascribe):

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: En firme la presente sentencia, en caso de no ser apelada, archívese el expediente, una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.”

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: En firme la presente sentencia, en caso de no ser apelada, archívese el expediente, una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.”

1.4. Recurso de apelación

20. El 28 de noviembre de 2022, la parte demandante interpuso recurso de apelación9 en contra de la Sentencia de 8 de noviembre de 2022. Además de insistir en “el sustrato moral de este asunto”,10 desarrolló sus reparos frente a la sentencia de primera instancia en torno a los siguientes argumentos:

21. 1) “La acción contenciosa administrativa no se encontraba caducada para ejercer pretensiones relativas al medio de control de controversias contractuales y, por consiguiente, debió declararse probada la pretensión concerniente al reconocimiento y [el] pago de la comisión de éxito a [la] que tenía[n] derecho la Unión Temporal y sus miembros” , con fundamento

en que (se trascribe):

9 Índice 49 Samai del Tribunal. 10 En este punto, reiteró lo afirmado al respecto en sus alegatos de conclusión en primera instancia –índice 38 Samai del Tribunal– (se trascribe): “Este es un proceso en el que los hechos y el derecho, a una, claman justicia (…) Se imponen el sentido común y la equidad. El derecho, claramente expuesto en la demanda converge y acreditado en el proceso, con la justicia de las pretensiones (…)”.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

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Demandado: Municipio de Neiva

Referencia: Controversias contractuales

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“[R]esulta insostenible que el fallo de primera instancia reproche que la Unión Temporal no haya ejercido la acción para solicitar q ue se dejara sin efectos la liquidación unilateral dentro de la oportunidad prevista en el artículo 164 numeral 2 ordinal iv) del CPACA, ya que fue con la decisión del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2017, mediante la cual se declaró infundado el recurso de anulación, que el laudo recobró plenos efectos jurídicos, lo que dio lugar a que surgiera el derecho de los aquí demandantes a reclamar la cuota de éxito que les fue negada. Entonces, como quiera que la circunstancia relativa a que se demande l a liquidación judicial por circunstancias sobrevinientes al momento de la liquidación del contrato no se encuentra prevista en el artículo 164 numeral 2 ordinal iv) del CAPCA para determinar el término de caducidad de la acción, en el presente caso se impo ne acudir a la regla general que contiene el artículo 164 literal j) del CPACA (…)”.

22. 2) “A la Unión Temporal le asiste el derecho a reclamar la cuota de éxito aun cuando no promovió la acción de tutela que derivó en la sentencia de reemplazo que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación contra el laudo”, con fundamento en que (se trascribe): “Es (…) en virtud del contrato y de haberse dado las condiciones fijadas en este para reconocer

reemplazo que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación contra el laudo”, con fundamento en que (se trascribe): “Es (…) en virtud del contrato y de haberse dado las condiciones fijadas en este para reconocer y pagar la comisión de éxito que surgió el derecho [de] la Unión Temporal y de sus miembros de recibirla, por lo que no es dable que se niegue ese derecho so pretexto de reprocharle a los demandantes el no haber adelantado actuaciones que les eran ajenas a la luz del contrato y que no estaban previstas en este como condición para que surgiera la obligación en cabeza del municipio (…)”.

23. 3) “La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos que liquidaron el contrato estatal de prestación de servicios profesionales 025 de 2006 hace que estos sean inoponibles”, con fundamento en que (se trascribe): “[L]os actos que liquidaron el contrato de prestación de servicios profesionales 025 de 2006 no tienen fuerza ejecutoria y por tanto no vinculan a la Unión Temporal y tampoco al municipio (…) [E]sa circunstancia deriva en que la liquidación contenida en los actos administrativos decaídos es ineficaz jurídicamente y por consiguiente se abre la posibilidad de la liquidación judicial del contrato, máxime si se tiene en cuenta que en la liquidación unilateral realizada por el municipio se negó el reconocimiento y pago de la cuota de éxito porque el laudo arbitral había sido anulado por el Consejo de Estado, circunstancia que desapareció en virtud de la sentencia de 20 de septiembre de 2017 de esa misma Corporac ión que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación.”

24. 4) “La pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa debía

de septiembre de 2017 de esa misma Corporac ión que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación.”

24. 4) “La pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa debía prosperar al no atenderse las súplicas de la demanda relativas a las pretensiones de controversias contractuales” , con fundamento en que (se trascribe): “[E]stá acreditado en el proceso que se encuentran dados los supuestos para ello.”11

11 En el escrito de apelación se afirmó que (se trascribe): “Fue previendo que eventualmente el Tribunal concluyera que el contrato estaba terminado y liquidado y por tanto que no se podía acceder a las pretensiones principales de controversias contractuales , que se acudió a la pretensión subsidiaria de reparación directa porRadicación: 41001-23-33-000-2019-00412-01 (69.485)

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1.5. Trámite relevante en segunda instancia

25. El 31 de julio de 2023, la Procuradora Delegada de Intervención 6 – Primera ante el Consejo de Estado emitió concepto12 sobre el proceso. La delegada del Ministerio Público compartió el razonamiento del Tribunal y solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas

2.1. Análisis sustantivo

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas

2.1. Análisis sustantivo

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia y la adicionará, en el sentido de declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas “caducidad de los medios de control” e “inexistencia del daño o enriquecimiento sin causa”, por las razones que pasan a exponerse

a continuación:

27. 1) La controversia que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala está relacionada con el derecho de la Unión Temporal Vancast – Cecilia Botero a l pago de las comisiones de éxito pactadas en los parágrafos primero y segundo 13 de la cláusula quinta del c ontrato de prestación de servicios profesionales No. 25 de 2006,14 así (se trascribe):

“CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO: (…) Parágrafo. El Municipio de Neiva reconocerá al Contratista Comisiones de Éxito sobre la labor desarrollada de la siguiente manera: diez por ciento (10%) (sin I.V.A.) sobre el valor de las sumas determinadas en el laudo arbitral a favor del Municipio y en c ontra del Concesionario Unión Temporal Diselecsa S.A. – I.S.A. S.A.; y el seis por ciento (6%) (Sin I.V:A.) sobre los valores ha recuperar por el mismo Municipio si el proceso arbitral concluye por acuerdo conciliatorio. Las anteriores sumas se cancelarán al Contratista una vez quede en firme el fallo o el acuerdo conciliatorio en el proceso arbitral a favor de la entidad

el mismo Municipio si el proceso arbitral concluye por acuerdo conciliatorio. Las anteriores sumas se cancelarán al Contratista una vez quede en firme el fallo o el acuerdo conciliatorio en el proceso arbitral a favor de la entidad territorial, en la cuenta bancaria que para el efecto disponga el Contrati