CE - Sentencia 41001233300020200064601 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dante contra la sentencia del 18 de enero de 2022 emanada del Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda , anunciando desde ya que será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 29 de julio de 2020, el demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 00238 del 8 de enero de 2019 y RDP 006859 del 28 de febrero de

restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 00238 del 8 de enero de 2019 y RDP 006859 del 28 de febrero de 2019 expedidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó : i) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 24 de noviembre de 2017; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA ; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) pagar las costas procesales.

1 En adelante UGPP. 2 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 002. DEMANDA Y ANEXOS.2

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Como sustento de sus pretensiones expuso qu e nació el 28 de junio de 1953 y prestó sus servicios como profesor en el Colegio Regional Juan José R endón en el municipio de Soata (Boyacá) mediante nombramiento realizado por el gobernador del departamento de Boyacá a través del Decreto 662 del 26 de agosto de 1976, cargo

prestó sus servicios como profesor en el Colegio Regional Juan José R endón en el municipio de Soata (Boyacá) mediante nombramiento realizado por el gobernador del departamento de Boyacá a través del Decreto 662 del 26 de agosto de 1976, cargo ejercido entre el 15 de agosto de 1976 y el 7 de febrero de 1977 (5 meses y 23 días).

5. Luego se vinculó como docente de educación básica secundaria en el municipio de San Agustín (Huila) mediante Resolución 9820 del 4 de septiembre de 1989 expedida por el Ministerio de Educación Nacional , a partir del 6 de septiembre de la misma anualidad y con vínculo nacional hasta el 17 de mayo de 1998.

6. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber sido certificado el departamento del Huila para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 3023 del 11 de agosto de 1997 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se le entregó la educación al departamento (acta del 18 de mayo de 1998 ). Como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio entre el 1 8 de mayo de 1998 hasta el 22 de enero de 2018 ostentan el carácter de territorial – departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

7. El 6 de septiembre de 2018 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el

7. El 6 de septiembre de 2018 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el prestado desde el 1 8 de mayo de 1998 , fecha de entrega de la educación al Departamento del Huila , que consta en acta suscrita entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Huila.»

8. Por medio de la Resolución RDP 000238 del 8 de enero de 2019, confirmada por la Resolución RDP 006859 del 28 de febrero de 2019, la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de servicios aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional.

Contestación de la demanda3

9. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demand a al considerar que el demandante no cumple con los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913, al no acreditar los 20 años en la docencia oficial de carácter territorial o nacionalizado. Señaló que no es procedente completar o computar tiempos de servicios cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación por ser incompatibles con los prestados en un departamento, municipio, distrito.

10. Sostuvo que la Ley 60 de 1993 no tuvo la vocación de mutar el vínculo nacional de los docentes a uno territorial por el hecho de haber asumido los entes territoriales competencias de asignación de recursos que provenían de la Nación. Inclusive, asumiendo que la norma manifestara expresamente que el tipo de vinculación de los

de los docentes a uno territorial por el hecho de haber asumido los entes territoriales competencias de asignación de recursos que provenían de la Nación. Inclusive, asumiendo que la norma manifestara expresamente que el tipo de vinculación de los docentes variara, consideró que no se le puede dar un alcance retroactivo.

3 Ibidem, ver archivo 014ContestaciónDemanda.pdf3

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11. Propuso como excepciones las de « caducidad», «inexistencia de la obligación demandada», «ausencia de vicios en el acto administrativo demandado », «prescripción» y la «innominada o genérica».

II. SENTENCIA APELADA4

12. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, previamente a nalizó la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada y encontró que la misma no está probada en aplicación a lo establecido en el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, por cuanto la demanda está dirigida en contra de actos que ne garon el reconocimiento de prestaciones periódicas y estos se pueden demandar en cualquier tiempo.

13. En cuanto al fondo del asunto, explicó que el demandante se desempeñó inicialmente como docente nacionalizado entre el 15 de agosto de 1976 y el 7 de febrero de 1977 (5 meses y 23 días). Sin embargo, entre el 11 de septiembre de 1978 al 26 de

inicialmente como docente nacionalizado entre el 15 de agosto de 1976 y el 7 de febrero de 1977 (5 meses y 23 días). Sin embargo, entre el 11 de septiembre de 1978 al 26 de abril de 1981 y a partir del 4 de septiembre de 1989 ha estado vinculado como docente nacional, nombrado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que le impide acceder a la pensión gracia pretendida.

14. Encontró que no es suficiente que la vinculación inicial hubiere sido como docente nacionalizado, pues dicha circunstancia no suple los requisitos exigidos para acceder a la prestación reclamada ni contribuye a la consolidación del derecho pensional ya que lo verdaderamente importante es que durante los 20 años de servicio hubiese laborado en tal calidad, aspecto que no está probado en este caso.

15. Señaló que el demandante ostenta la calidad de docente nacional desde 1976, por lo que de manera alguna puede inferir se que la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993 implicó un cambio en el tipo de nombramiento, como en forma errada lo planteó la parte demandante.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

16. El demandante presentó recurso de apelación al considerar que los tiempos de servicio acreditados al departamento del Huila desde el 18 de mayo de 1998 al 22 de enero de 2018, ostentan el carácter de territoriales por efecto de la descentralización de la educación por lo que son válidos para el reconocimiento pensional.

17. Consideró que desconocerle el derecho a la pensión gracia a aquellos docentes que con vinculación de carácter territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 y con

de la educación por lo que son válidos para el reconocimiento pensional.

17. Consideró que desconocerle el derecho a la pensión gracia a aquellos docentes que con vinculación de carácter territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 y con tiempos de servicio al inicio fueron nacionales, pero que luego del proceso de descentralización adquirieron el carácter de docentes territoriales, se constituye en una trasgresión a la Constitución y a la ley.

4 Ibidem, ver archivo 031SentenciaPrimeraInstancia.pdf 5 Índice 37 registrado por el Tribunal Administrativo del Huila, ver archivo 9_410012333000202000646001RECEPCIONMEMORACTOR202202022222174

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

18. Insiste en que la vinculación nacional originad a en su nombramiento por autoridad nacional mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en virtud de la descentralización de la educación que operó en el departamento del Huila a partir del 18 de mayo de 1998, cuando se realizó la entrega del servicio educativo a la entidad territorial. De manera que, ente el 6 de septiembre de 1989 y el 17 de mayo de 1998 los servicios prestados fueron de carácter nacional; sin embargo, el comprendido desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 22 de enero de 2018 tiene el carácter de departamental y resulta apto para el reconocimiento de la pensión gracia.

los servicios prestados fueron de carácter nacional; sin embargo, el comprendido desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 22 de enero de 2018 tiene el carácter de departamental y resulta apto para el reconocimiento de la pensión gracia.

19. Afirmó que lo anterior encuentra respaldo en que los dineros con que se le pagaron los salarios provenían del Sistema General de Participaciones, los cuales no tienen el carácter de nacionales, sino que son una fuente exógena de los recursos propios de las entidades territoriales. Así las cosas, en este caso operó una sustitución patronal; empero, el a quo no valoró adecuadamente las pruebas ni aplicó correctamente la jurisprudencia pertinente.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 13 de octubre de 2022 8 se admitió el recurso de apelación y se informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno a la alzada.

21. La UGPP6 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en el curso de la primera instancia.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO7

22. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que los tiempos laborados por el demandante en el departamento del Huila tienen la condición de nacionales, de modo que al no acreditar la totalidad de los requisitos necesarios para el reconocimiento y pago de la pensión gracia no es posible acceder a lo pretendido; máxime que el argumento de la mutación de la vinculación para los docentes de carácter nacional no posee sustento legal alguno.

requisitos necesarios para el reconocimiento y pago de la pensión gracia no es posible acceder a lo pretendido; máxime que el argumento de la mutación de la vinculación para los docentes de carácter nacional no posee sustento legal alguno.

VI. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las

6 Índice 10 registrado en Samai, ver archivo 10_410012333000202000646012MemorialWeb2022111017458 7 Índice 12 registrado en Samai, ver archivo 12_410012333000202000646011202211221459225

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

24. De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, le corresponde a la Sala e stablecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993. En caso afirmativo, se

corresponde a la Sala e stablecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993. En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia pretendida y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes.

Normativa sobre la pensión gracia

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

26. Esta Corporación9 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores

tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio estipulado.

28. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

8 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).6

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

29. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

30. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma mencionada, en el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

31. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S -699 del 26 de agosto de 199710, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

32. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o

nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

32. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-01118 del 21 de junio de 201811, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales

que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).7

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados

Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

33. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202212, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden

situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

33. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202212, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

34. El a quo negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que el demandante no acreditó los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia , en especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

35. La Sala realizará un análisis de lo probado en el proceso, en los siguientes

términos:

1. El señor José del Carmen Roballo Lozano nació el 28 de junio de 1953 13, es decir, cumplió 50 años el 28 de junio de 2003.

1. El gobernador de Boyacá a través del Decreto 662 del 26 de agosto 197614 nombró al demandante como «2°. Sec. Profesor del Colegio Regional JUAN JOSÉ RONDÓN de SOATA ». Tomó posesión el 22 de octubre de 1976 15, con efectos retroactivos a partir del 16 de agosto de 1976, hasta el 7 de febrero de 1977; por un período de 5 meses y 23 días.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

un período de 5 meses y 23 días.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 13 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 002.DEMANDA Y ANEXOS, folios 45 y 168 – cédula de ciudadnía y registro civil –. 14 Ibidem, folios 131 a 133 15 Ibidem, folio 1358

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. La Secretaría de Educación del departamento de Boyacá expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 19 de abril de 2018 16, reportando la condición de docente nacionalizado del demandante durante este lapso.

1. El rector y el coordinador administrativo (Pagador) del Colegio Nacional Custodio García Rovira de Málaga (Santander)17, certificaron que el demandante laboró en dicho establecimiento como docente de tiempo completo en la cátedra de español y literatura desde el 11 de septiembre de 1978 hasta el 26 de abril de 1981, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 14917 de octubre de 1978; es decir, laboró durante 3 años, 7 meses y 16 días.

1. A través de la Resolución 9820 del 4 de agosto de 1989, el demandante se vinculó al Colegio Nacional Laureano Gómez del municipio de San Agustín

1. A través de la Resolución 9820 del 4 de agosto de 1989, el demandante se vinculó al Colegio Nacional Laureano Gómez del municipio de San Agustín

(Huila) desde el 6 de septiembre de 1989 hasta el 22 de agosto de 1991. Más tarde, mediante el Decreto 1067 del 23 de agosto de 1991 se le concedió permuta al Colegio María Auxiliadora en el municipio de Guadalupe, esta vez desde el 23 de agosto de 1991 hasta el 30 de junio de 1997. Después, fue trasladado mediante el Decreto 681 del 17 de junio de 1997 al Colegio Nacionalizado el Rosario en el municipio de Tesalia a partir del 1 de julio de 1997, conforme lo certificó la Secretaría de Educación del Huila18.

1. El 6 de septiembre de 2018 el demandante radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión19.

1. Mediante la Resolución RDP 000238 del 8 de enero de 2019 20, la UGPP resolvió en forma negativa la solicitud con fundamento en que los tiempos de servicio aportados por el interesado fueron prestados con nombramiento del orden nacional. Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 006859 del 28 de febrero de 201921.

36. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo al no demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.

37. Así pues, el demandante laboró como docente de tiempo completo en el Colegio

demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.

37. Así pues, el demandante laboró como docente de tiempo completo en el Colegio Nacional Custodio García Rovira de Málaga (Santander) 22 mediante designación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, cargo que ejerció entre el 11 de septiembre de 1978 hasta el 26 de abril de 1981. Luego , a partir del 6 de septiembre

16 Ibidem, folios 162 a 163 17 Ibidem, folio 46 18 Ibidem, folio 51 19 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 000238 del 8 de enero de 2019. 20 Ibidem, folios 73 – 78. 21 Ibidem, folios 79 – 84. 22 Ibidem, folio 46.9

Radicado: 41001 23 33 000 2020 00646 01 (3261-2022)

Demandante: José del Carmen Roballo Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 1989 , se vinculó en el Colegio Nacional Laureano Gómez previa designación realizada a través de la Resolución 9820 del 4 de septiembre de 1989.

38. Igualmente, de la certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación del Huila se infiere que el educador fue nombrado por la mencionada resolución y que con posterioridad a ella no se expidieron nuevos actos de nombramiento, sino que se dieron incorporaciones, traslados, permutas, organizaciones y distribuciones sin solución de continuidad a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año

con posterioridad a ella no se expidieron nuevos actos de nombramiento, sino que se dieron incorporaciones, traslados, permutas, organizaciones y distribuciones sin solución de continuidad a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año 1989 y que seguía aún el 22 de enero de 2018, cuando se emitió la aludida constancia.

39. Como argumento de la apelación, el demandante afirmó que, a partir del 18 de mayo de 1998, por virtud de la Ley 60 de 1993, ostenta una vinculación del orden territorial que se extendió hasta el retiro del servicio, circunstancia que en su sentir le otorga el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

40. La naturaleza de este vínculo es aceptada por el demandante, quien refiere que tuvo la condición de docente nacional desde el 6 de septiembre de 1989 hasta el 17 de mayo de 1998, sin embargo, a partir del 18 de mayo siguiente estima que mutó a territorial, teniendo en cuenta que el departamento del Huila fue certificado en esa fecha por el Ministerio de Educación Nacional para asumir la administración de la prestación de los servicios educativos.

41. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado 23 que la descentralización de la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales cer