CE - Sentencia 41001233300020250003101 de 2025

Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-00

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP) y otro

Tema: tutela contra en contra de actos administrativos. Subtema 1: tutela en contra de autoridad judicial. Subtema 2: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 3: subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de impugnación interpuest o por Flor de Lis Vargas Carvajal en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Flor de Lis Vargas Carvajal , a través de apoderado, presentó acción de

sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Flor de Lis Vargas Carvajal , a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la UGPP, al expedir las resoluciones i) RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, ii) RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, iii) 002410 del 1 de febrero de 2023 y iv) RDP 009694 del 27 de abril de 2023 , y por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, al no emitir pronunciamiento dentro del proceso con radicado núm. 41001-33-33-009-2024-00309-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela 1 y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 (UGPP), mediante Resolución núm. 019983 del 25 de julio de 2002, reconoció una pensión gracia a favor de la señora Flor de Lis Vargas

1 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2024-04863-00, índice 2, certificado núm. 544590A21915D96D EDD6A5ECEAC2AEED B340D202AD0C36AE 2886B0CFB0977A03. 2 En adelante, UGPP.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Carvajal, liquidada en cuantía de 537 473 de pesos, efectiva a partir del 28 de febrero de 2002.

3. La UGPP, a través de Resolución núm. 040346 del 25 de noviembre de 2005, reajustó la pensión de la accionante, liquidándola en la suma de 628 220 de pesos.

Seguidamente, con la Resolución núm. RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, se dejó sin efectos de forma definitiva la Resolución núm. 040346 de 2005.

4. Posteriormente, la UGPP, con Resolución núm. 030984 del 28 de noviembre de 2022, determinó unos mayores valores recibidos por la accionante , por concepto de mesadas pensionales con cargo a recursos del sistema general de seguridad social en pensiones por conducto del tesoro público . En contra de dicha decisión, la señora Vargas Carvajal presentó recurso de reposición , el cual se resolvió de forma

mesadas pensionales con cargo a recursos del sistema general de seguridad social en pensiones por conducto del tesoro público . En contra de dicha decisión, la señora Vargas Carvajal presentó recurso de reposición , el cual se resolvió de forma desfavorable, mediante Resolución núm. RDP 02410 del 1 de febrero de 2023.

5. Más adelante, la señora Flor de Lis Vargas Carvajal presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución núm. RDP 02410 de 2023. Por su parte, la UGPP, mediante Resolución núm. RDP 009694, decidió no acceder a la petición de la tutelante.

6. La señora Flor de Lis Vargas Carvajal presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se dejaran sin efecto las resoluciones i) RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, ii) RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, iii) 002410 del 1 de febrero de 2023 y, iv) RDP 009694 del 27 de abril de 2023.

7. El Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá , mediante auto de 25 de julio de 2024, inadmitió la demanda y le ordenó a la parte actora que: i) adecuara los hechos y pretensiones de la demanda ; ii) acreditara el cumplimiento del requisito de procedibilidad, iii) estimara razonablemente la cuantía ; y iv) aportara otros documentos.

8. El referido juzgado, a través de auto del 5 de septiembre de 2024, declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir la demanda a los juzgados

documentos.

8. El referido juzgado, a través de auto del 5 de septiembre de 2024, declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir la demanda a los juzgados administrativos de Neiva.

9. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, por medio de auto del 27 de septiembre de 2024, inadmitió la demanda de la señora Flor de Lis Vargas Carvajal.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela3 lo siguiente:

De conformidad con los HECHOS antes narrados y LAS NORMAS VIOLADAS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO que sirven de soporte legal a esta acción de tutela ruegoles [sic] H. Señor (a) Juez (a) ORDENARLE a la Accionada la UGPP -Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se sirva efectuar las siguientes declaraciones, así:

3 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 2, certificado núm. A6EA1AC878480406 4FB716D6FBC296D7 5518C19C6D7B9304 7EC38A6B33019291.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Accionados: UGPP y otro

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• ORDENAR QUE LA ACCIONADA, UGPP-Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social INMEDIATAMENTE ORDENE REVOCAR EL ACTO ADMINI STRATIVO POR EL CUAL ARBITRARIAMENTE SUSPENDIÓ LA PENSIÓN Y DIO LA ORDEN DE NO PAGO DE LA PENSIÓN a la Sra. FLOR DE LIS VARGAS CARVAJAL, con C.C. 36.270.120 de Pitalito (Huila).

- PARA ELLO QUE OFICIE INMEDIATAMENTE AL BANCO POPULAR DE LA

CIUDAD DE PITALITO (HUILA) Y A LOS DEMÁS BANCOS CORRESPONDIENTES.

LO ANTERIOR EN ARAS DE QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADO A MI PROHIJADA A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VITAL; AL DEBIDO PROCESO; AL DERECHO DE DEFENSA; A LA IGUALDAD; A LA SALUD Y A LA VIDA Y DEMÁS QUE SE DESPRENDAN E

IGUALMENTE RUEGOLES SE EFECTÚE ESTO DE MANERA INMEDIATA Y/O EN

EL TÉRMINO PERENTORIO QUE ORDEN ESTE H. DESPACHO JUDICIAL4.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la UGPP, con fundamento en las resoluciones cuestionadas inició proceso de cobro coactivo dirigido a obtener unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la UGPP, con fundamento en las resoluciones cuestionadas inició proceso de cobro coactivo dirigido a obtener unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales. En consecuencia, suspendió de manera irregular y arbitraria el pago de la pensión de la tutelante , lo cual le impidió recibir en forma completa y oportuna la prestación.

12. En este sentido, explicó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, con falsa motivación y desviación de poder, por lo que consideró que la solicitud de amparo es procedente como mecanismo transitorio, para evitar que derechos de rango constitucional como la seguridad social el mínimo vital y la salud, puedan resultar afectados o limitados.

13. Por otro lado, manifestó que el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva vulneró sus derechos fundamentales, porque no ha realizado actuación alguna al interior del proceso ordinario, con el fin de resolver la pretensión de nulidad invocada en contra de los actos administrativos expedidos por la UGPP.

2.3. Trámite procesal

14. El Tribunal Administrativo del Huila , mediante auto del 28 de enero de 2025 5, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación a la UGPP y al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y negó la medida provisional invocada por la parte actora.

2.4. Intervenciones

15. La UGPP6 solicitó que se declare improcedente o , en su defecto , se niegue el amparo de tutela, por cuanto no se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

4 Se transcribe incluso con errores.

15. La UGPP6 solicitó que se declare improcedente o , en su defecto , se niegue el amparo de tutela, por cuanto no se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

4 Se transcribe incluso con errores. 5 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 6, certificado núm. 15EC27D05011E995 8EC49754B7B79430 BDE36D40287B5C19 50749FE7238DE129. . 6 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 12, certificado núm. E08CF6FE15620392 CD01490CAB799930 A34589468CF36041 048AFFF0EABDBDB1.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

16. Así pues, indicó que los actos administrativos cuestionados por la accionante de ninguna manera han suspendido el pago de la pensión de la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, pues mensualmente se ha reportado el pago de las mesadas de la actora al consorcio FOPEP en calidad de pagador.

17. De esta manera, expresó que los actos administrativos , mediante los cuales se constituyó el título ejecutivo para el cobro de mayores valores pagados, se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad , por lo que no procede esta acción

17. De esta manera, expresó que los actos administrativos , mediante los cuales se constituyó el título ejecutivo para el cobro de mayores valores pagados, se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad , por lo que no procede esta acción constitucional para dejarlos sin efectos, pues ante el principio de subsidiariedad, dicha pretensión debe invocarse ante el juez natural.

18. Asimismo, agregó que en el presente asunto tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que las actuaciones administrativas cuestionadas cobraron firmeza hace ya 24 meses.

19. De igual manera, refirió que la accionante no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues en la actualidad la señora Vargas Carvajal percibe otra prestación pensional a cargo de la Fiduprevisora (FOMAG). Adicionalmente, al consultar el registro de propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, se advierte que tiene registro como propietario vigente, por lo que no se configura una situación de desprotección que requiera la protección del juez de tutela de manera excepcional.

20. Por otro lado, manifestó que la entidad está facultada para adelantar el proceso de cobro coactivo el cual se encuentra en etapa previa a la expedición del mandamiento de pago, una vez se agotó la gestión de cobro persuasivo a la deudora sin obtener pago de la obligación ni formalización de una facilidad de este. En este sentido, la Resolución RCC-65187 del 21 de diciembre de 2023 dispuso el embargo de un bien inmueble de propiedad de la deudora sin que se haya perfeccionado su registro.

Además, mediante la Resolución RCC -70491 del 7 de junio de 2024 se decretó el

inmueble de propiedad de la deudora sin que se haya perfeccionado su registro. Además, mediante la Resolución RCC -70491 del 7 de junio de 2024 se decretó el embargo de cuentas bancarias de la accionante, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de la constitución de títulos de depósito judicial en favor del proceso.

21. De este modo, aclaró que, en el acto administrativo y en el oficio de remisión se advierte a las entidades financieras hacer caso omiso del embargo respecto de las cuentas que contengan sumas recibidas por concepto de mesadas pensionales.

22. Adicionalmente, expuso que tutelante por similares hechos y pretensiones presentó tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección B, en la que se emitió fallo declarando la carencia actual de objeto, sin que exista un nuevo hecho, para la procedencia de esta nueva tutela.

23. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva7 informó que mediante auto del 27 de septiembre de 2024 se inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal en contra de la UGPP, el cual se notificó el 30 de septiembre siguiente a la demandante.

7 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 14, certificado núm. DC2E156FA08544D8 BCDC6836DB3C01EB 1D42041D7A998347 885824159D03F9C7.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

5

1D42041D7A998347 885824159D03F9C7.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

24. De igual manera, explicó que los 10 días concedidos para subsanar, transcurrieron entre el 1 y el 15 de octubre de 2024, término que venció en silencio, y el 31 de enero de 2025 se registró auto que rechazó la demanda.

25. Así las cosas, indicó que el despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, el juzgado ha sido diligente y ha emitido l as providencias pertinentes dentro del medio de control judicial.

2.5. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 6 de febrero de 20258, declaró que no se configura la cosa juzgada ni la temeridad de la tutela y declaró improcedente la acción constitucional presentada por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, porque no superó el requisito de subsidiariedad.

27. En este sentido, indicó que, si bien por similares circunstancias presentó tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B 9, lo cierto que no existe identidad de partes, causa y objeto, pues en esa oportunidad se cuestionó la falta de diligencia del Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, dentro de

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B 9, lo cierto que no existe identidad de partes, causa y objeto, pues en esa oportunidad se cuestionó la falta de diligencia del Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho alterno que promovió la tutelante, mientras que en esta ocasión la acción se dirigi ó en contra de la UGPP y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva . En consecuencia, consideró que no se evidencian las figuras de la cosa juzgada y la temeridad.

28. Al respecto , precisó que la acción tiene como último fin obtener el pago de la pensión, cuya suspensión se deriva de una decisión administrativa en firme, que ya fue demandada ante el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva. Este ente judicial, mediante auto del 31 de enero de 2025, resolvió de fondo el asunto, el cual puede ser recurrido a través de los recursos ordinarios que la parte accionante estime pertinentes.

29. De esta manera , explicó que la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial que puede ejercer ante la autoridad judicial accionada y en el mismo proceso coactivo que adelanta la UGPP, entidad que informó aún no se había librado mandamiento de pago. Dichos mecanismos resultan idóneos para adelantar la discusión sobre la legalidad de los actos administrativos, con el fin de resolver su inconformidad y obtener el pago completo de la mesada pensional, como lo pretende en esta instancia constitucional.

30. De otra parte, refirió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable,

inconformidad y obtener el pago completo de la mesada pensional, como lo pretende en esta instancia constitucional.

30. De otra parte, refirió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, pues, si bien la accionante indicó que la omisión del pago de su mesada en diciembre de 2024 afectó su mínimo vital y subsistencia, lo cierto es que no se probó dicho detrimento económi co. Según informó la UGPP, la tutelante cuenta con otro reconocimiento pensional a cargo del FOMAG, situación que no justificaba acceder transitoriamente al amparo de tutela, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa con los que cuenta para garantizar la protección de los derechos que considera vulnerados por las accionadas.

8 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 16, certificado núm. 07C6F2F035B1C114 C0B1966EEA617439 62873B5CA25E7A87 BBCC5676E1F93681. 9 Radicado núm. 25000231500020240050000.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.6. Impugnación

31. La señora Flor de Lis Vargas Carvajal presentó impugnación 10, en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025, al considerar que el juez de primera instancia no

2.6. Impugnación

31. La señora Flor de Lis Vargas Carvajal presentó impugnación 10, en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025, al considerar que el juez de primera instancia no efectuó una valoración adecuada de los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

32. En este sentido, explicó que, si bien cuenta con otros medios de defensa al interior del proceso de cobro coactivo que adelanta la UGPP, lo cierto que el a quo no tuvo en cuenta que la entidad de manera arbitraria e irregular, sin que existiera mandamiento de pago le retuvo una suma de 10 000 000 de pesos , le embargó un predio que figuraba a su nombre y ordenó la retención de 2 000 000 de pesos de su mesada pensional.

33. De este modo, precisó que, aunque la actora cuente con otro reconocimiento pensional por su condición de docente, no se puede desconocer que la UGPP le retiene de su mesada pensional la suma de 2 000 000 de pesos, lo cual forma parte de su mínimo vital. Por consiguiente, se demostró una situación que podría configurar un perjuicio irremediable para la accionante.

34. En este orden, afirmó que en aquellos eventos en los que se solicite el amparo del derecho al mínimo vital y esto se encuentre acreditado, la tutela resulta procedente y corresponde al juez necesariamente garantizar su protección.

35. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en consecuencia, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en consecuencia, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuest a en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

3.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa por activa de Flor de Lis Vargas Carvajal está acreditada porque es la persona a quien se le inició la actuación administrativa promovida por la UGPP, en la cual se expidieron los actos administrativos que, en criterio de la tutelante vulneraron sus derechos fundamentales. Adicionalmente, es la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que, a su juicio, se desconocieron sus garantías constitucionales.

38. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la UGPP, debido a que fue la autoridad que expidió los actos administrativos acusados.

10 Samai, exp. 41001-23-33-000-2025-00031-00, índice 19, certificado núm. A548688CB0F73AC3 45285A5643DB7608 05C3928528607174 5F5FEA896335FE20.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

7

05C3928528607174 5F5FEA896335FE20.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

39. Asimismo, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Noveno Administrativo de Neiva , dado que es la autoridad en la que se adelanta el proceso ordinario cuestionado por la accionante.

3.3. Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la sentencia de primera instancia del 6 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal.

41. En particular, deberá establecer si esta acción constitucional superó el requisito de procedibilidad de subsidiariedad para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo en contra de los actos administrativos expedidos por la UGPP y las posibles omisiones en las que incurrió el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

42. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la

persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la inmediatez11.

43. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable12; y el segundo, consiste en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho

[…]»13.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

44. La señora Flor de Lis Vargas Carvajal presentó tutela con la pretensión principal de que se ordene a la UGPP revocar el acto administrativo , por medio del cual se dispuso suspender y retener el pago de las mesadas causadas con ocasión de la pensión gracia reconocida a la tutelante.

45. Lo anterior supone controvertir las decisiones adoptadas por la UGPP, a través de las resoluciones i) RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, ii) RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, iii) 002410 del 1 de febrero de 2023 y iv) RDP 009694 del 27 de abril de 2023 , por medio de las cuales determinó unos mayores valores recibidos por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, por concepto de mesadas pensionales con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en pensiones, y resolvió un recurso de reposición y una solicitud de revocatoria directa.

por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, por concepto de mesadas pensionales con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en pensiones, y resolvió un recurso de reposición y una solicitud de revocatoria directa.

11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024. 12 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017. 13 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

46. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 1991 14 que el juez constitucional, por u na parte, verifique que la accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso15.

47. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables16.

derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables16.

48. De esta manera , el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaba ser un medio idóneo, pues según el artículo 138 17 de la Ley 1437 de 2011

(CPACA), «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho ». En este sentido, la accionante podía solicitar que se dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, el levantamiento de cualquier medida de embargo que obrara en su contra.

49. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para resolver lo solicitado por vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se dirige a cuestionar los motivos y razones de orden legal en los que se fundamentó la administración para recuperar dineros adicionales pagados con la mesada pensional que recibe la actora.

50. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso -administrativo tiene la competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por la entidad accionada e, incluso, ordenar la reparación de daños.

51. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V

necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por la entidad accionada e, incluso, ordenar la reparación de daños.

51. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:

Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los

14 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela «La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en […]». 15 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017. 16 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017. 17 ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directament e violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directament e violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».Radicado: 41001-23-33-000-2025-00031-01

Accionante: Flor de Lis Vargas Carvajal Accionados: UGPP y otro

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete18.

52. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección» 19. En relación con las medidas cautelares de ur