CE - Sentencia 41001333100520090027901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 41-001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandante: Ana María Álvarez Méndez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y los derechos de las partes. CAUSAL ÚNICA – sentencia impugnada contraría o se opone a una sentencia de un ificación del Consejo de Estado. DECLARA INFUNDADO - no se acreditó el quebrantamiento de reglas de unificación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia 1, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Ana María Álvarez Méndez y otros contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 41001-33-31-0052009-00279-012.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de julio de 2008, Miller Andrés Blandón Álvarez falleció a manos del Ejército Nacional, en el marco de una ejecución extrajudicial. El 2 de octubre de 2009 , el

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de julio de 2008, Miller Andrés Blandón Álvarez falleció a manos del Ejército Nacional, en el marco de una ejecución extrajudicial. El 2 de octubre de 2009 , el grupo familiar de la víctima demandó la responsabilidad extracontractual del Estado y solicitó el pago de perjuicios morales . El 31 de julio de 2015 , el Juzgado 1º Administrativo de Neiva declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y reconoció el pago de perjuicios morales para algunos demandantes. La decisión fue recurrida por ambas partes procesales. En su alzada la parte actora solicitó que se reconocieran los perjuicios denegados en primera instancia y se aumentaran aquellos reconocidos, por tratarse de una grave violación a derechos humanos.

1 Artículo 259 del CPACA. 2 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 201 1, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Arauca confirmó la decisión recurrida, porque consideró que la condena establecida en primera instancia estaba acorde con los parámetros jurisprudenciales.

Los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo de Arauca se apartó de

recurrida, porque consideró que la condena establecida en primera instancia estaba acorde con los parámetros jurisprudenciales.

Los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo de Arauca se apartó de las reglas de unificación establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, radicado No. 32988, sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en eventos de graves violaciones a los derechos humanos.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Los recurrentes indicaron que el 18 de julio de 2008, Miller Andrés Blandón Álvarez falleció en el contexto de una ejecución extrajudicial, a manos del Ejército Nacional.

Afirmaron que el 2 de octubre de 2009, Ana María Álvarez Méndez, Artemo Blandón Vélez, Oscar Yimmy Segura, Carmen Tulia Vélez de Blandón, Eduardo Álvarez, Alexander Álvarez Segura, Joaquín Emilio Blandón Vélez, Edgar Álvarez Méndez, Liliana Marcela Álvarez Segura, Raúl Blandón Vélez, Miriam Blandón Vélez, Jaime Blandón Vélez, Rafael Antonio Blandón Ramírez, Norberto Blandón Vélez, Javier Blandón Vélez, Arnulfo Blandón Vélez, Luz Dary Blandón Vélez y Silvia Segura Manrique interpusieron acción de reparación directa (artículo 86 C.C.A.) contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de Miller Andrés Blandón Álvarez y se

Manrique interpusieron acción de reparación directa (artículo 86 C.C.A.) contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de Miller Andrés Blandón Álvarez y se le condenara a pagar 500 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes , por concepto de perjuicios morales.

Señalaron que m ediante sentencia del 31 de julio de 2015 3, el Juzgado 1º Administrativo de Neiva declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Miller Andrés Blandón Álvarez y, en consecuencia , la condenó al pago de perjuicios morales en cuantía de 200 SMLMV a favor cada uno de los demandantes Ana María Álvarez Méndez y Artemo Blandón Vélez (padres de la víctima) ; 100 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes Carmen Tulia Vélez de Blandón y Eduardo Álvarez (abuelos); 50 SMLMV a favor de Liliana Marcela Álvarez Segura (tía); y 30 SMLMV a favor de Silvia Segura Manrique (tercera damnificada). La primera instancia negó las demás pretensiones de la demanda.

Indicaron que el 20 y el 25 de agosto de 2015, en su orden, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la parte actora interpusieron recurso de apelación . En su alzada, l os demandantes4 insistieron en el reconocimiento de los perjuicios denegados y en el aumento de los montos reconocidos.

3 Fls. 280 a 292, C. 2.

alzada, l os demandantes4 insistieron en el reconocimiento de los perjuicios denegados y en el aumento de los montos reconocidos.

3 Fls. 280 a 292, C. 2. 4 Fls. 306 a 314, C.2.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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Advirtieron que e l 9 de marzo de 2017 5, el Tribunal Administrativo de Arauca confirmó la decisión de primera instancia y estimó que los perjuicios morales reconocidos por el a quo se ajustaron a lo previsto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (rad. 32988).

2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El 25 de abril de 2017 6 y el 13 de junio de la misma anualidad 7, los demandantes en acción de reparación directa formularon el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Solicitaron que se modificara la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca y, en su lugar, se ordenara el pago de 300 SMLMV para cada uno de los demandantes Ana María Álvarez Méndez y Artemo Blandón Vélez (padres de la víctima – primer orden); 150 SMLMV para cada uno de los demandantes Carmen Tulia Vélez de Blandón y Eduardo Álvarez (abuelos – segundo orden); y 100 SMLMV para cada uno de los demandantes Liliana Marcela Álvarez Segura y Silvia Segura Manrique (tía y tercera damnificada – demandantes en el tercer orden).

En sustento, los recurrentes a firmaron que la decisión del Tribunal Administrativo

demandantes Liliana Marcela Álvarez Segura y Silvia Segura Manrique (tía y tercera damnificada – demandantes en el tercer orden).

En sustento, los recurrentes a firmaron que la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca desconoció la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, por la Sección Tercera del Consejo de Estado , dentro del radicado No. 32988 , en donde “la Sala precis[ó], con fines de unificación jurisprudencial, [que] en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre otros, podr[ía] otorgarse una indemnización mayor […] [a 100 SMLMV], cuando exist[iera n] circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pu[diera] superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia“.

Los recurrentes indicaron que esta unificación les era aplicable porque “en el presente caso existen circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño moral, como son el haberlo retenido ilegal e injustificadamente, secuestrado, haberlo conducido contra su voluntad a un lugar lejano, haber hecho todo un montaje para fusilarlo en completo esta do de indefensión y haberlo sometido a innumerables vejámenes, con lo cual se violaron el derecho de la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y otros derechos convencional y constitucionalmente reconocidos”.

Al respecto, consideraron que el Tribunal Administrativo de Arauca: (i) inobservó los topes indemnizatorios fijados en la señalada unificación jurisprudencial para la

constitucionalmente reconocidos”.

Al respecto, consideraron que el Tribunal Administrativo de Arauca: (i) inobservó los topes indemnizatorios fijados en la señalada unificación jurisprudencial para la tasación de los perjuicios morales en 300 SMLMV, y (ii) omitió condenar a la entidad demandada a pagar a favor de los demandantes los perjuicios por afectación relevante a bienes o derechos constitucional o convencionalmente protegidos.

5 Fls. 30 a 46, C. ppal. 6 Fls. 54 a 56, C. ppal. 7 Fls. 64 a 66, C. ppal.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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Adicionalmente, los recurrentes refirieron que el Tribunal Administrativo de Arauca debió aplicar los topes máximos determinados en la mencionada unificación jurisprudencial, como lo hizo la decisión adoptada el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en un caso simil ar reconoció 300 SMLMV. Igualmente, mencionaron que se omitió la obligación de seguimiento por parte de la Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares , frente al cumplimiento de la sentencia condenatoria.

3. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El 23 de agosto de 2017 8 se admitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue debidamente notificado9.

3.1. El procurador primero delegado ante el Consejo de Estado solicitó desestimar

El 23 de agosto de 2017 8 se admitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue debidamente notificado9.

3.1. El procurador primero delegado ante el Consejo de Estado solicitó desestimar el recurso. Conceptuó que el reconocimiento de los perjuicios morales se ajustó a los topes indemnizatorios previstos en la sentencia de unificación referida y se sustentó en las pruebas allegadas al plenario10.

3.2. El consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento 11 para conocer el asunto, porque emitió su concepto como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado. El impedimento fue aceptado mediante auto del 29 de julio de 201912.

3.3. En aplicación del artículo 266 del CPACA, se prescindió de la celebración de la audiencia y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para que emitiera su concepto13.

3.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional estimó que debían negarse las pretensiones, porque para tasar el reconocimiento de los perjuicios morales el tribunal de instancia se fundó en los elementos legalmente aportados al expediente y observó la unificación que los recurrentes invocaron como desconocida. Advirtió que los actores no probaron una mayor intensidad del daño moral sufrido, de modo que no podían emplear este recurso extraordinario como una instancia para suplir la ausencia probatoria14.

3.5. Los recurrentes alegaron extemporáneamente y l a Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

una instancia para suplir la ausencia probatoria14.

3.5. Los recurrentes alegaron extemporáneamente y l a Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

8 Fls. 78 a 80, C. ppal. 9 Fl. 80, anverso y 82 a 107, C.ppal. 10 Fls. 87 a 107, C. ppal. 11 Fl. 123, C. ppal. 12 Fls. 125 a 126, C. ppal. 13 SAMAÍ, índice 041. 14 SAMAÍ, índice 048.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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II. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia , la Sala abordará los siguientes aspectos : (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) verificación de la aplicabilidad de las reglas de unificación al caso concreto, (4) conclusión y (5) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en concordancia con el artículo 14.1 16 del Acuerdo 80 de 2019 17, l a Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

1.2. De acuerdo con el artículo 25718 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es procedente, toda vez que se

recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

1.2. De acuerdo con el artículo 25718 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es procedente, toda vez que se interpuso contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca19, cuya condena equivale a 680 SMLMV20.

1.3. Al tenor del artículo 26121 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación se interpuso y se sustentó oportunamente, toda vez que: (i) el 19 de abril de 2017 cobró ejecutoria la sentencia recurrida22; (ii) el 25 de abril de 201723 los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, es decir, antes del vencimiento de los 5 días legalmente dispuestos; (iii) el 10 de mayo de

15 “Artículo 259. Competencia. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administ rativo de la misma Corporación”. 16 “Artículo 14. Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia para: 1. Tramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. […]”. 17 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 18 “Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra l as sentencias dictadas […] en segunda instancia por los tribunales administrativos.

jurisprudencia. […]”. 17 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 18 “Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra l as sentencias dictadas […] en segunda instancia por los tribunales administrativos. Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda , sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso […] 5. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa […]”. 19 La demanda se presentó el 6 de octubre de 2009. Fl. 64, C. 1. 20 Al respecto ver auto de la Sección Tercera, proferido el 27 de febrero de 2025, Exp. 59.699. 21 “Artículo 261. Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta. En el auto en el que el Tribunal, en Sala de Decisión, conceda el recurso ordenará dar traslado por veinte (20) días al recurrente o recurrentes para que lo sustenten. […]”. 22 Esto, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal se notificó a las partes por edicto que se fijó el 5 de abril de 2017 y se desfijó al término de tres (3) días finalizado el 7 del mismo m es y año. El término de ejecutoria empezó a correr el 17 de abril de 2017. Constancia secretarial. Fl. 53, C. ppal.

El término de ejecutoria empezó a correr el 17 de abril de 2017. Constancia secretarial. Fl. 53, C. ppal. 23 Fls. 54 a 56, C. ppal.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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2017 el ad quem lo concedió y corrió traslado para la sustentación24; y (iv) el 13 de junio de 2017 los demandantes presentaron la debida sustentación, esto es, dentro del término legal de 20 días25.

1.4. De conformidad con el artículo 260 26 del CPACA, Ana María Álvarez Méndez, Artemo Blandón Vélez, Oscar Yimmi Segura, Carmen Tulia Vélez de Blandón, Eduardo Álvarez, Alexander Álvarez Segura, Joaquín Emilio Blandón Vélez, Édgar Álvarez Méndez, Liliana Marcela Álvarez Segura, Raúl Blandón Vélez, Miriam Blandón Vélez, Jaime Blandón Vélez, Rafael Antonio Blandón Ramírez, Norberto Blandón Vélez, Javier Blandón Vélez, Arnulfo Blandón Vélez, Luz Dary Blandón Vélez y Silvia Segura Manrique están legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación, comoquiera que conformaron el extremo demandante del proceso de reparación directa e interpusieron recurso de apelación contra la providencia de primera instancia, confirmada en segunda instancia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la senten cia proferida el 9 de marzo de 2017

providencia de primera instancia, confirmada en segunda instancia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la senten cia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el proceso de reparación directa con radicado núm. 41001-33-31-005-2009-00279-01, contrarió las reglas fijadas en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro d el radicado núm. 32988, para el reconocimiento y tasación de perjuicios morales y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

3. Verificación de la aplicabilidad de las reglas de unificación al caso concreto

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las siguientes razones:

3.1. De conformidad con el artículo 27027 del CPACA, entre otras, son sentencias de unificación las que “ profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”.

En este sentido, una sentencia de unificación es aquella emitida por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, con el propósito de establecer un criterio

24 Fls. 58 a 61, C. ppal. Auto notificado por estado del 16 de mayo de 2017. 25 Fls. 64 a 66, C. ppal. 26 “Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera de

25 Fls. 64 a 66, C. ppal. 26 “Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia […] Parágrafo. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella”. 27Adicionalmente, la norma establece como sentencias de unificación “las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

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jurídico uniforme frente a un asunto que ha generado interpretaciones divergentes, división de criterios o jurisprudencia contradictoria en torno a la aplicación o interpretación de una norma, o de una situación jurídica.

Estas sentencias buscan unificar la jurisprudencia para evitar decisiones judiciales contradictorias sobre un mismo asunto, garantizar la seguridad jurídica, orientar a los jueces de la jurisdicción contencioso administrativ a y consolidar el precedente judicial. El núcleo de estas decisiones lo constituyen las reglas de unificación, que son los criterios jurídicos específicos determinados por el Consejo de Estado sobre cómo debe interpretarse o aplicarse un precepto normativo o situación jurídica especifica.

Ahora bien, conforme a los artículos 25628 y 25829 del CPACA , el recurso

son los criterios jurídicos específicos determinados por el Consejo de Estado sobre cómo debe interpretarse o aplicarse un precepto normativo o situación jurídica especifica.

Ahora bien, conforme a los artículos 25628 y 25829 del CPACA , el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como propósito asegurar la unidad en la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los derechos de las partes y de los terceros que puedan verse perjudicados con la providencia recurrida. Así las cosas, hay lugar a declararlo fundado “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

En consecuencia, los artículos 261 y 26230 del CPACA exigen que este recurso se formule por escrito , debidamente sustentado , con la indicación expresa de la providencia impugnada, la relación de los hechos del litigio y la indicación precisa de la sentencia de unificación que considera inobservada, se itera, con el fundamento razonado que sustenta la solicitud, concretando con claridad la regla de unificación presuntamente vulnerada.

3.2. En el caso bajo estudio, los recurrentes indicaron que la providencia emitida el 9 de marzo de 2017 por e l Tribunal Administrativo de Arauca inaplicó la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del radicación No. 32988, en donde “la Sala precis[ó], con fines de unificación jurisprudencial, [que] en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre otros, podr [ía] otorgarse una indemnización mayor […] [a 100

de unificación jurisprudencial, [que] en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre otros, podr [ía] otorgarse una indemnización mayor […] [a 100 SMLMV], cuando exist[ieran] circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la

28 “Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”. 29 “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”. 30 “Artículo 262. Requisitos del recurso. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá contener. […] 2. La indicación de la providencia impugnada. 3. La relaci ón concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio. 4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento”.Radicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

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indemnización pu[diera] superar el triple de los mo ntos indemnizatorios fijados en dicha sentencia“.

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indemnización pu[diera] superar el triple de los mo ntos indemnizatorios fijados en dicha sentencia“.

Ahora bien, los recurrentes afirmaron que la mencionada sentencia de unificación les era aplicable porque “en el presente caso existen circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño moral, como son el haberlo retenido ilegal e injustificadamente, secuestrado, haberlo conducido contra su voluntad a un lugar lejano, haber hecho todo un montaje para fusilarlo en completo estado de indefensión y haberlo sometido a innumerables vejámenes, con lo cual se violaron el derecho de la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y otros derechos convencional y constitucionalmente reconocidos”.

Frente a lo anterior, sostuvieron que el Tribunal Administrativo de Arauca : (i) desconoció los topes indemnizatorios fijados en la señalada unificación jurisprudencial para la tasación de los perjuicios morales en 300 SMLMV, y (ii) omitió condenar a la entidad demandada a pagar a favor de los demandantes los perjuicios por afectación relevante a bienes o derechos constitucional o convencionalmente protegidos.

Adicionalmente, los recurrentes refirieron que el Tribunal Administrativo de Arauca debió aplicar los topes máximos determinados en la mencionada unificación jurisprudencial, como lo hizo la decisión adoptada el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en un caso simil ar reconoció 300 SMLMV. Igualmente, mencionaron que se omitió la obligación de seguimiento

jurisprudencial, como lo hizo la decisión adoptada el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en un caso simil ar reconoció 300 SMLMV. Igualmente, mencionaron que se omitió la obligación de seguimiento por parte de la Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares, frente al cumplimiento de la sentencia condenatoria. No obstante, aunque el escrito recurrente señala estas circunstancias, conforme al artículo 261 del CPACA esto no representa una debida sustentación.

De manera que, estos últimos argumentos no constituyen un cargo del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, toda vez que este no tiene por objeto la verificación del precedente horizontal de los tribunales administrativos, y la unificación 32988 no fijó regla alguna en lo atinente a la obligación de seguimiento por parte de la Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares, frente al cumplimiento de las sentencias condenatoria. Aunado a lo cual se resalta la falta de argumentación del recurso sobre estos aspectos.

3.2.1. Ahora bien, en lo pertinente al tope indemnizatorio de los perjuicios morales cuando el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la decisión 32988 ostenta el carácter de sentencia de unificación, toda vez que f ue proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su función unificadora, con el propósito de precisar los criterios para el reconocimien to y tasación de la mencionada tipología de perjuicios , y garantizar los principios de igualdad,

Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su función unificadora, con el propósito de precisar los criterios para el reconocimien to y tasación de la mencionada tipología de perjuicios , y garantizar los principios de igualdad, seguridad jurídica, reparación integral y razonabilidad de la decisionesRadicado: 41001-33-31-005-2009-00279-01 (59634)

Demandantes: Ana María Álvarez Méndez y otros

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indemnizatorias, mediante un precedente orientador de la labor de los jueces y tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, la regla de unificación contenida en esta providencia determina la posibilidad de incrementar “con regla de excepción” la indemnización otorgada por perjuicios morales en hasta el triple del respectivo monto general, establecido para el caso de muerte en 100 SMLMV31.

En otras palabras, “en casos excepcionales, como los de [muerte por] graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, la jurisprudencia habilita el reconocimiento de hasta 300 SMLMV , “cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral”.

Esta flexibilidad en el reconocimiento del perjuicio resulta armónica con la autonomía que le asiste al juez de la reparación directa para definir el monto del perjuicio inmaterial, de conformidad con las circunstancias particulares de cada caso concreto y las pruebas que se aportan al expediente.

Así, la sentencia de unificación establece un límite máximo indemnizatorio de 300 SMLMV, el cual no constituye una norma rígida o imperativa, ni estandariza un

concreto y las pruebas que se aportan al expediente.

Así, la sentencia de unificación establece un límite máximo indemnizatorio de 300 SMLMV, el cual no constituye una norma rígida o imperativa, ni estandariza un quantum indemnizatorio único o una tasación automática o idéntica para todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, por lo que el mero señalamiento de precedentes con circunstancias similares en los que se hayan reconocido montos superiores no basta, por sí solo, para demostrar el desconocimiento de la jurisprudencia unificada. Esto es particularmente relevante frente a la interpretación que hacen los recurrentes al citar la decisión proferida el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santand er, en un caso semejante, donde se reconoció el monto máximo excepcional de 300 SMLMV.

Por el contrario, la regla jurisprudencial instituye un criterio ori