CE - Sentencia 44001234000020180010301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Alberto Maestre Guerra

Demandado: Ministerio de DefensaPolicía Nacional

Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Deber de seguridad y control sobre las vías. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN CARRETERA - La obligación de garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes sobre la vía no puede entenderse en términos absolutos, al punto de comprometer la responsabilidad del Estado por la imposibilidad de estar disponible de manera inmediata y adecuada en todo lugar.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de agosto de 2016, un camión sufrió una avería en el kilómetro 29+550 de la vía La Paz – de doble sentido de circulación – ubicada en el departamento de La Guajira, lo que obligó a su conductor a detener la marcha mientras arreglaba

la vía La Paz – de doble sentido de circulación – ubicada en el departamento de La Guajira, lo que obligó a su conductor a detener la marcha mientras arreglaba el automotor. Cuatro horas y media más tarde, un automóvil que transitaba por el mismo carril intentó sobrepasar el camión. No obstante, para hacerlo, invadió el carril contrario, con tan mala suerte que colisionó de frente contra un vehículo que circulaba en dirección opuesta, conducido por Miguel Ángel Maestre Zapata, quien falleció horas después por el impacto.

Los demandantes consideran que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata, pues afirman que esta se produjo porque: i) no adoptaron medidas para retirar el camión de la vía , ii) no señalizaron adecuadamente la carretera y iii) no brindaron atención oportuna a la víctima, luego del accidente.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 30 de julio de 20 181, Miguel Alberto Maestre Sánchez, Albis Mariela Zapata Rodríguez, Yulieth Katherine Maestre Zapata, Edwin Alberto Maestre Guerra, Diana Carolina Maestre Guerra y Miguel Francisco Maestre Guerra , mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio de l medio de control de reparación directa, contra el Ministerio de Transporte y el Ministerio de DefensaPolicía Nacional, para que fueran declarados patrimonialmente responsables por

apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio de l medio de control de reparación directa, contra el Ministerio de Transporte y el Ministerio de DefensaPolicía Nacional, para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata.

En consecuencia, solicitaron condenar a las entidades demandadas a pagar: i) por perjuicios morales, 200 SMLMV a Miguel Alberto Maestre Sánchez y Albis Mariela Zapata Rodríguez , y 100 SMLMV a Yulieth Katherine Maestre Zapata, Edwin Alberto Maestre Guerra, Diana Carolina Maestre Guerra y Miguel Francisco Maestre Guerra; ii) por daño a la vida de relación, 600 SMLMV a cada demandante; iii) por daño emergente , la suma de $14.000.000 para todos los demandantes; y iv) por lucro cesante, la suma de $1.775.000.000 para todos los accionantes.

Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 5 de agosto de 2016, a la 1:00 p.m., un camión se averió en el kilómetro 29+550 de la vía La Paz – de doble sentido de circulación – en el departamento de La Guajira.

Señaló que, posteriormente, a las 5:30 p.m. de ese mismo día, un automóvil que circulaba por la misma carretera intentó sobrepasar el camión que se encontraba detenido y, al realizar dicha maniobra, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un vehículo que circulaba en dirección opuesta, conducido por Miguel Ángel Maestre Zapata,

Afirmó que como resultado del impacto Maestre Zapata quedó atrapado dentro del automóvil durante aproximadamente una hora, hasta que fue rescatado y

frente contra un vehículo que circulaba en dirección opuesta, conducido por Miguel Ángel Maestre Zapata,

Afirmó que como resultado del impacto Maestre Zapata quedó atrapado dentro del automóvil durante aproximadamente una hora, hasta que fue rescatado y trasladado en ambulancia a la clínica Laura Daniela S.A., en Valledupar, donde ingresó sin signos vitales.

Por esta razón, la parte demandante considera que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata, pues afirma que esta se produjo porque: i) no adoptaron medidas para retirar el camión de la vía, ii) no

1 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno1, Fl. 14 a 23.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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señalizaron adecuadamente la carretera y iii) no brindaron atención oportuna a la víctima, luego del accidente.

2. Contestaciones

2.1. El Ministerio de Transporte 2 se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que no ocasionó ningún daño a los accionantes, pues no era competente para realizar el control y mantenimiento de las vías del orden nacional. Como excepciones propuso las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y ii) inexistencia de responsabilidad.

2.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional3 sostuvo que las pretensiones de la demanda no debían prosperar. Indicó que, aunque no había certeza sobre las

por pasiva; y ii) inexistencia de responsabilidad.

2.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional3 sostuvo que las pretensiones de la demanda no debían prosperar. Indicó que, aunque no había certeza sobre las causas de la colisión, el grado de destrucción de los vehículos sugería que transitaban a alta velocidad, lo que pudo haber influido en el desenlace del accidente. Como excepciones propuso las de : i) hecho determinante de un tercero; y ii) ausencia de responsabilidad.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante 4, el Ministerio de Transporte 5 y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de abril de 2023 7, el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y negó las demás súplicas de la demanda, al advertir que en el plenario no obra ban pruebas que dieran cuenta de que la Policía Nacional hubiese tenido conocimiento de la presencia de un camión varado en la vía, ni que hubiera omitido asistir a su conductor luego de que se produjo el accidente. De otro lado, precisó que el informe policial del accidente de tránsito y el levantamiento topográfico del siniestro acreditaron que la Policía Nacional de Carreteras realizó una gestión correcta del siniestro vial.

5. Apelación

levantamiento topográfico del siniestro acreditaron que la Policía Nacional de Carreteras realizó una gestión correcta del siniestro vial.

5. Apelación

2 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 91 a 96. 3 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 104 a 116. 4 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 209 a 214. 5 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 196 a 200. 6 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 202 a 205. 7 Exp. 2018-00103-00, índice No. 31 de SAMAI.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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5.1. La parte actora8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, aduciendo que la Policía Nacional era patrimonialmente responsable del daño alegado, dado que no requería de un aviso ni de una notificación para ejercer sus funciones de control y vigilancia en las vías del orden nacional.

Asimismo, indicó que los testimonios rendidos en primera instancia acreditaban suficientemente “la ausencia de asistencia y apoyo ” de los agentes de tránsito en la atención del accidente.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Asimismo, indicó que los testimonios rendidos en primera instancia acreditaban suficientemente “la ausencia de asistencia y apoyo ” de los agentes de tránsito en la atención del accidente.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 10, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 104 9 del CPACA, porque se demanda la responsabilidad extracontractual del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió

8 Exp. 2018-00103-00, índice No. 34 de SAMAI. 9 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

8 Exp. 2018-00103-00, índice No. 34 de SAMAI. 9 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]”Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

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los 50010 SMLMV, en concordancia con los artículos 15011 y 15212 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14013 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso , el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

En el presente caso , el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue presentada dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 164 14 del CPACA para formular pretensiones en reparación directa, toda vez que: (i) en el presente asunto la demanda se sustenta en los perjuicios que habría sufrido la parte actora por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata, como consecuencia de un accidente de tránsito; (ii) el señor Maestre Zapata falleció el 5 de agosto de 2016 (hecho probado 3. 3.); (iii) el 2 de diciembre de 2016 los accionantes

10 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $1.775.000.000 por concepto de perjuicios materiales, monto que supera los 500 SMLMV para el año 2018 —fecha de presentación de la demanda—, cuando el SMLMV estaba fijado en $781.242. 11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 12 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 12 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”. 13 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputab le a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”. 14 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su

causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 23 de enero de 201715; y (iv) la demanda se presentó el 30 de julio de 2018.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es, de un lado, Miguel Alberto Maestre Sánchez, Albis Mariela Zapata Rodríguez, Yulieth Katherine Maestre Zapata, Edwin Alberto Maestre Guerra, Diana Carolina Maestre Guerra y Miguel Francisco Maestre Guerra , y de otro, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Ministerio de Transporte, se advierte lo siguiente:

(i) Miguel Alberto Maestre Sánchez (padre), Albis Mariela Zapata Rodríguez (madre), Yulieth Katherine Maestre Zapata (hermana), Edwin Alberto Maestre Guerra (hermano), Diana Carolina Maestre Guerra (hermana) y Miguel Francisco Maestre Guerra (hermano), están legitimados en la causa por activa, pues alegaron haber padecido perjuicios por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata, con quien acreditaron tener una relación de parentesco, según da cuenta la copia de sus respectivos registros civiles de nacimiento16.

(ii) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, puesto

la copia de sus respectivos registros civiles de nacimiento16.

(ii) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, puesto que los agentes de tránsito y transporte de esta entidad atendieron el accidente de tránsito ocurrido el 5 de agosto de 2016, en el que murió Miguel Ángel Maestre Zapata, según consta en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C000016-31 y en el levantamiento topográfico del 5 de agosto de 2016.

(iii) Los intereses de la Nación no está n debidamente representados por el Ministerio de Transporte, pues en su contra no se esgrime ni se prueba hecho alguno que lo relacione con los supuestos fácticos que dieron lugar a la presente controversia17.

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala verificar si la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata se produjo porque la Policía Nacional omitió su deber de vigilancia y control del kilómetro 29+550 de la vía La Paz , porque: i) no adoptó medidas para retirar el camión que el 5 de agosto de 2016

15 Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno de pruebas Fl. 58 a 61. 16 Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 28; Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018 -00103-01, índice No. 2 de SAMAI.

16 Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 28; Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018 -00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 24; Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018 -00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 25; Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018 -00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 26; Registro civil de nacimiento que obra en Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Archivo 1 Fl. 27. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Rad. 64090.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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se encontraba en ese punto de la carretera, ii) no señaliz ó adecuadamente la vía y iii) no brindó atención oportuna a la víctima, luego del accidente.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Está demostrado que el 5 de agosto de 2016, a la 1:00 pm, un camión sufrió una avería en el kilómetro 29 + 550 de la vía La Paz – de doble sentido de circulación18, lo que obligó a su conductor a detener la marcha . Asimismo, se

una avería en el kilómetro 29 + 550 de la vía La Paz – de doble sentido de circulación18, lo que obligó a su conductor a detener la marcha . Asimismo, se probó que c uatro horas y media después, un automóvil que transitaba por el mismo carril intentó sobrepasar el vehículo que se encontraba detenido y que al realizar la maniobra invadió el carril contrario, con tan mala suerte que colisionó de frente contra un vehículo que circulaba en dirección opuesta , conducido por Miguel Ángel Maestre Zapata19. De acuerdo con el informe policial de accidente de tránsito No. C -000016-31, la causa del siniestro correspondió a la hipótesis del código 137, relativa a la falta de señalización de un vehículo varado20.

3.2. Asimismo, está acreditado que21, horas después , Miguel Ángel Maestre Zapata fue trasladado en ambulancia a la Clínica Laura Daniela S.A. de Valledupar para recibir asistencia médica . No obstante, al momento de su ingreso, a las 8:56 p. m., no presentó signos vitales.

3.3. Finalmente, consta que el 5 de agosto de 2016, a las 8:42 p.m., Miguel Ángel Maestre Zapata falleció a causa de un politraumatismo severo contundente, como consecuencia del accidente de tránsito22.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda, el extremo activo adujo que la Policía Nacional es

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda, el extremo activo adujo que la Policía Nacional es patrimonialmente responsable del daño alegado, dado que no requería de un

18 Informe policial de accidente de tránsito No C -000016-31 y Levantamiento topográfico. Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno de pruebas Fl. 30 a 33. 19 Minuta de anotaciones del Departamento de Policía de La Guajira, Seccional de Tránsito y Transporte, anotación del 5 de agosto de 2016. Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 118 a 121. 20 Resolución 11268 de 2012, tabla 3, hipótesis de los accidentes de tránsito, 3.2 del conductor en general, código 137, “falta de señales en vehículo varado: no colocar la señal de peligro a una distancia aproximada de 40 metros adelante y atrás”. 21 Historia clínica No. 1065602743. Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno de pruebas Fl. 44 a 45. 22 Informe pericial de necropsia No. 2016010120001000259. Exp. 2018-00103-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno de pruebas Fl. 37 a 42.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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de SAMAI. Cuaderno de pruebas Fl. 37 a 42.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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aviso ni de una notificación para ejercer sus funciones de control y vigilancia de las vías del orden nacional. Asimismo, indicó que los testimonios rendidos en primera instancia acreditaban suficientemente “ la ausencia de asistencia y apoyo” a la víctima, luego de que ocurrió el accidente de tránsito.

Teniendo en cuenta que s olo apeló la parte actora , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del CGP23, exclusivamente habrá lugar a resolverse el asunto en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso24. Por lo anterior, a continuación, se analizará si el Ministerio de Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la omisión en su deber de vigilancia y control sobre el kilómetro 29+550 de la vía La Paz , porque: i) no adoptó medidas para retirar el camión que el 5 de agosto de 2016 se encontraba en ese punto de la carretera, ii) no señalizó adecuadamente la vía y iii) no brindó atención oportuna a la víctima, luego del accidente.

Se anticipa que la conclusión a la que se arribará da cuenta que no se demostró que la Policía Nacional hubiese incurrido en una falla del servicio, dado que no existe prueba que dé cuenta que tuvo conocimiento de la permanencia del camión sobre la vía y, por tal razón, no podía exigírsele ninguna actuación orientada a gestionar su retiro ni a señalizar la vía antes de que ocurriera el

existe prueba que dé cuenta que tuvo conocimiento de la permanencia del camión sobre la vía y, por tal razón, no podía exigírsele ninguna actuación orientada a gestionar su retiro ni a señalizar la vía antes de que ocurriera el siniestro y porque, adicionalmente, se acreditó que arribó al lugar de los hechos para brindar la asistencia necesaria, de acuerdo a sus competencias.

4.1. Análisis de la a tribución de responsabilidad al Ministerio de DefensaPolicía Nacional por la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata

4.1.1. Como el recurso de apelación se ciñó a controvertir la imputación del daño realizada al Ministerio de Defensa - Policía Nacional , debe examinarse si la muerte de Miguel Ángel Maestre Zapata le es atribuible por omisión del deber de vigilancia y control del kilómetro 29+550 de la vía La Paz y/o porque no prestó atención oportuna a la víctima, una vez se produjo el accidente de tránsito en el que ésta falleció.

Es menester poner de presente que el régimen de responsabilidad bajo el cual se analizará el presente caso corresponde al de falla probada, dado que se reprocha el incumplimiento de deberes a cargo de la entidad pública accionada (consagrados en los artículos 6 y 7 de la Ley 769 de 2002 ) y porque, en todo caso, no se advierte que el daño se haya producido por el despliegue que la demandada o uno de sus agentes hubiera realizado de una actividad peligrosa,

23 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que

23 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.” 24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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en cuyo caso habría sido procedente el estudio del caso bajo un régimen objetivo de atribución25.

4.1.2. En ese contexto, resulta necesario identificar los deberes funcionales a cargo de la entidad demandada, con el fin de establecer si su omisión pudo dar lugar al daño alegado. Para ello, es fundamental revisar el marco normativo que regula las funciones de vigilancia y control de los agentes de tránsito en las vías nacionales, así como las obligaciones específicas que les corresponden en situaciones como la ocurrida el 5 de agos to de 2016 en el kilómetro 29+550 de la vía La Paz, donde un camión sufrió una avería y permaneció detenido sobre la carretera, lo que derivó en un accidente de tránsito con consecuencias fatales.

Así pues, en primer lugar, se tiene que el artículo 626 de la Ley 769 de 2002 27 , vigente al momento de los hechos, dispone que corresponde al cuerpo

Así pues, en primer lugar, se tiene que el artículo 626 de la Ley 769 de 2002 27 , vigente al momento de los hechos, dispone que corresponde al cuerpo especializado de carreteras de la Policía Nacional velar por el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías nacionales, lo que implica ejercer labores de vigilancia y control orientadas a preservar la seguridad vial. Esta disposición se complementa con el artículo 7 28 de la misma normativa, que establece que las autoridades de tránsito deben garantizar la seguridad de las personas y bienes en la vía pública, lo que exige una actuación diligente frente a cualquier circunstancia que represente un riesgo para los usuarios.

Por su parte, se advierte que el artículo 529 de la Ley 1310 de 2009 30, –vigente al momento de los hechos – disponía que los cuerpos de agentes de tránsito y transporte cumplen funciones de carácter preventivo, orientad os a regular la circulación vehicular y peatonal. Estas competencias incluyen no solo la reacción ante accidentes, sino también la intervención temprana frente a obstáculos o situaciones anómalas que puedan afectar la normal circulación del tránsito.

El agente de tránsito es, entonces, la persona investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, así como para vigilar, controlar e intervenir en

25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Rad.: 15473; Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Rad.: 16.827. 26 “Artículo 6. C orresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el

Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Rad.: 16.827. 26 “Artículo 6. C orresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos. 27 Ley 769 de 2002. “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". 28 Artículo 7. “Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistenc ia técnica y humana a los usuarios de las vías. (…)” 29 Artículo 5. “(…) 3. Preventiva. De la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito. (…)” 30 Ley 1310 de 2009. “Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones ”.Radicado: 44001-23-40-000-2018-00103-01 (70010)

Demandante: Miguel Ángel Maestre Guerra

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el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, con el fin de proteger la vida e integridad de los usuarios de las vías31.

Aunado a lo anterior , es importante destacar que la jurisprudencia de esta

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el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, con el fin de proteger la vida e integridad de los usuarios de las vías31.

Aunado a lo anterior , es importante destacar que la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido de manera pacífica que las