CE - Sentencia 44001234000020220005301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 44001234000020220005301 (5899-20241)

Demandante : Homero Iguarán

Demandada :

Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Departamento de la Guajira Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Sanción moratoria pago tardío de cesantías – competencia para reconocimiento y pago Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento de la Guajira contra la sentencia dictada el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, relativas al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de unas cesantías retroactivas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

El señor Homero Iguarán, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

El señor Homero Iguarán, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) acto administrativo ficto o presunto originado por la no respuesta a la reclamación administrativa presentada el 7 de marzo de 2018 con radicación interna 2018PQR2681; y (ii) Oficio fechado el 21 de julio de 2020, suscrito por el líder de gestión educativa – Administración Temporal del Sector Educativo Departamento de La Guajira. .

1 Expediente digital consultable en Samai. 2 Expediente digital – índice 00002 Samai – ff2 a 19 archivo PDF 000 -2022-00053-00 dentro de la carpeta ZIP

005ED_EXPEDIENTE_00020220005300zip.2

Número Interno: 5899-2024

Demandante: Homero Iguarán Demandada: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG y el departamento de la Guajira

A título de restablecimiento del derecho, se declare que el señor Homero Iguarán tiene derecho a que se le reconozca, liquide y pague la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 , hoy Ley 1071 del 31 de julio de 2006, equivalente en un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde el día 71 hábil después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el pago – 23 de agosto de 2019-, por

salario por cada día de retardo, contados desde el día 71 hábil después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el pago – 23 de agosto de 2019-, por la suma de: $57.046.043.

Igualmente, se ordene a las entidades demandadas dar estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo establecen los artículos 189, 192, 194 y 195 del Código Contencioso Administrativo.

Se condene en costas y agencias del derecho a la demandada.

1.1.2. Los hechos.

El señor Homero Iguarán inició a prestar sus servicios como celador en el municipio de Barranca el Once (11) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) , luego, desde el Primero (1.o) de enero del año Dos Mil Tres (2003), por disposición legal de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2 del Decreto 3020 del año 2002, fue incorporado , sin solución de continuidad , en la Planta de Personal administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira.

El Diecinueve ( 19) de enero de Dos Mil Quince ( 2015), el señor Iguarán solicitó el reconocimiento y pago de un auxilio parcial de cesantías, petición que fue reiterada el Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) y el Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018); asimismo, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria.

Conforme con las normas aplicables, la Secretaría de Educación de la Guajira tuvo plazo hasta el Treinta (30) de abril del año Dos Mil Quince (2015), para resolver la petición de

Conforme con las normas aplicables, la Secretaría de Educación de la Guajira tuvo plazo hasta el Treinta (30) de abril del año Dos Mil Quince (2015), para resolver la petición de reconocimiento parcial de cesantías, con lo cual a partir del Primero (1) de mayo de Dos Mil Quince (2015), inició a causarse la sanción moratoria referida, con las interrupciones que operaron por las peticiones del demandante. Sin embargo, tan solo a través de la Resolución 1136 del 12 de agosto del año 2019, la administración temporal del sector educativo del departamento de la Guajira reconoció las cesantías solicitadas por el señor Iguarán e hizo efectivo el pago el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019).3

Número Interno: 5899-2024

Demandante: Homero Iguarán Demandada: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG y el departamento de la Guajira

Tomando en cuenta la fecha de petición y la fecha de pago de las cesantías; así como, los términos de la Ley 1071 del 31 de julio del año 2006, se configuró la sanción moratoria por 1583 días de mora.

El Ocho (8) de junio de Dos Mil Veinte (2020), con radicación interna GJR2020ER004385, el demandante reiteró su solicitud del pago de la sanción moratoria establecido en la Ley 1071 de 2006. Esta petición fue resuelta negativamente mediante oficio del Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Veinte (2020).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

1071 de 2006. Esta petición fue resuelta negativamente mediante oficio del Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Veinte (2020).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas se citaron: preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006; artículo 15 de la Ley 962 de

2005.

Señala que , el acto administrativo demandado desconoce los valores que inspiran el ordenamiento constitucional, especialmente los de justicia, igualdad y existencia de un marco jurídico garante de orden económico y social , en tanto, con la negativa al reconocimiento de la sanción moratoria provoca afectación económica al demandante.

También argumentó que, la liquidación y pago de las cesantías legalmente cuenta con un plazo objetivo y razonable que debe ser cumplido.

Expuso que, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-018 del Dieciocho (18) de julio del Dos Mil Dieciocho (2018), determinó las reglas jurisprudenciales para resolver casos similares al de este asunto, tomando en cuenta varias hipótesis sobre la exigibilidad del auxilio de cesantías, la fecha de radicación de la petición, entre otros.

Cerró su concepto de violación planteando que, para el reconocimiento y liquidación de la sanción pretendida, se debe tomar en cuenta el concepto de salario definido jurisprudencialmente y los factores salariales señalados en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.4

Número Interno: 5899-2024

Demandante: Homero Iguarán

jurisprudencialmente y los factores salariales señalados en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.4

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Demandante: Homero Iguarán Demandada: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG y el departamento de la Guajira

1.2. Contestación de la demanda.

Dentro del término del traslado de la demanda, las entidades demandadas – Nación – Ministerio de Educación Nacional y departamento de La Guajira - no presentaron la contestación de la demanda3.

1.3. La sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de la Guajira mediante sentencia del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR la configuración del silencio administrativo ficto negativo generado por el silencio administrativo de la Administración Temporal de la Competencia de la Prestación de los Servicios Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, frente a la petición de fecha 7 de marzo de 2018, en virtud de la cual se tiene por denegada al señor Homero Iguaran la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la ley 244 de 1 995 modificada por la ley 1071 de 2006 y causada por el pago tardío de sus cesantías parciales retroactivas.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: i) el ficto generado por el silencio

sus cesantías parciales retroactivas.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: i) el ficto generado por el silencio administrativo de la Administración Temporal de l a Competencia de la Prestación de los Servicios Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, frente a la petición de fecha 7 de marzo de 2018, en virtud del cual se tiene por denegada al señor Homero Iguaran la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006 y causada por el pago tardío de sus cesantías retroactivas. Y, ii) el Acto Administrativo denominado: Oficio del 21 de julio de 2020, suscrito por el Dr Eduardo Fragozo Daza Líder de Gestión Educativa – Administración Temporal del Sector Educativo Departamento de La Guajira, notificado vía correo electrónico el día 23 de julio del año 2020, por medio del cual se respond ió el derecho de petición calendado abril 1 de 2020, con radicación interna GJR2020ER004385.

TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condena al departamento de La Guajira, a que proceda a reconocer y pagar al señor Homero Iguar án identificado con la cédula

de ciudadanía No. 5.154.104, la sanción por el no pago oportuno de las cesantías retroactivas para mejora de vivienda, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de mora en el pago de las cesantías, sanción que corresponde al período entre el 11 de octubre de 2017 hasta el 25 de agosto

mejora de vivienda, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de mora en el pago de las cesantías, sanción que corresponde al período entre el 11 de octubre de 2017 hasta el 25 de agosto de 2019, teniendo en cuenta para la liquidación y pago la asignación básica devengada en para el año 2017, asignación básica vigente en la fecha en que se produjo la causación de la mora al demandante. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NIÉGUENSE LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por las razones expuestas en la parte motivada».

El Tribunal inicialmente determinó que, las primeras peticiones interpuestas el Nueve (9) de enero de Dos Mil, Quince ( 2015) y Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) fueron incompletas , por lo cual, decidió tener en cuenta como fecha de

3 Así se desprende de la constancia secretarial obrante en el expediente digital – samaigestión de otros despachos – índice 7 4 Expediente digital – Samai – gestión de otros despachos – índice 145

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presentación de la solicitud de cesantías el Veintiocho (28) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), cuando se radicó la petición con el cumplimiento de los requisitos legales.

Expuso que, en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se fija ron los términos para el

(2017), cuando se radicó la petición con el cumplimiento de los requisitos legales.

Expuso que, en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se fija ron los términos para el pago oportuno de cesantías y se establecieron las sanciones en caso de incumplimiento, luego, aclaró que el demandante ostenta la condición de servidor público vinculado al personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira ; por tanto, le resulta aplicable la sanción moratoria dispuesta en las leyes mencionadas.

Acorde con lo anterior aclaró que, el término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr desde el día Once (11) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), ante ello, entre dicha fecha y el momento del pago trascurrieron 687 días de mora. Aplicó las reglas de unificación de la sentencia de unificación CE - SUJS2-012-2018 de l Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciocho ( 2018) y declaró no probada la excepción prescripción.

1.4. El recurso de apelación5.

La apoderada del departamento de La Guajira solicitó se revocara la sentencia proferida por el Tribunal, con fundamento en que:

Mediante la expedición del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES N°3883 del 21 de febrero de 2017 y la Resolución 0459 de 2017 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue ordenada la intervención del sector educativo en el departamento de La Guajira; ante lo cual, el ente territorial en cita perdió competencia en cuanto a la prestación del servicio educativo desde el Veintiuno

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue ordenada la intervención del sector educativo en el departamento de La Guajira; ante lo cual, el ente territorial en cita perdió competencia en cuanto a la prestación del servicio educativo desde el Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), siendo la Nación – Ministerio de Educación Nacional quien asumió tales competencias, de ahí que , para «5 de marzo de 2018 » (sic) cuando el actor solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el reconocimiento de sus cesantías, el departamento no tenía competencia p ara dar respuesta.

Alegó que, e l departamento de la Guajira retomó sus competencias en materia de educación el Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Veintiuno ( 2021); por tanto, no es el

5 Expediente digital – Samai – gestión de otros despachos – índice 176

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obligado al pago de la sanción moratoria aquí reclamadas. A su juicio, lo procedente era imputar la mora al Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta el momento en que sucedieron los hechos de la demanda.

1.5. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto de fecha 30 de mayo de 20256, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 2477 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

de apelación conforme a lo previsto en el artículo 2477 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala, conforme con los argumentos del recurso de apelación, establecer si la competencia para reconocer y pagar la sanción moratoria de las cesantías que solicitó el actor corresponde al Ministerio de Educación Nacional - Administración Temporal del sector educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia o , como lo dispuso el Tribunal el obligado a dicho pago es el departamento de La Guajira.

Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1. Asunción temporal de la competencia; 2.2.2. Hechos p robados; 2.2.3. Caso en concreto y 2.2.4. Condena en costas.

6 Expediente digital– índice 00004 – Archivo Word 006Autoqueadmite_3058992024AdmiteApel. 7 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

7 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispen sable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán aleg arse durante la audiencia»7

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2.2.1 Asunción temporal de la competencia.

La Constitución Política de Colombia consagra en su preámbulo y en el artículo 1º que Colombia está organizada en forma de república unitaria, con independencia de sus entidades territoriales. Ello implica una compleja relación de competencias e interacciones entre el Estado central o la Nación y los entes territoriales que lo componen9.

La autonomía territorial en Colombia está consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política10, y se refiere al conjunto de derechos que tienen los departamentos, distritos y

interacciones entre el Estado central o la Nación y los entes territoriales que lo componen9.

La autonomía territorial en Colombia está consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política10, y se refiere al conjunto de derechos que tienen los departamentos, distritos y municipios para gobernarse y administrar sus recursos. La noción referida implica autogobierno, gestión de recursos y participación en las rentas nacionales, pero está sujeta a límites constitucionales que buscan garantizar el interés general, la eficiencia del gasto público y la protección de derechos fundamentales.

En línea co n lo expuesto, las entidades territoriales conservan las potestades que constitucional y legalmente les han sido asignadas, sin que ello las dote de independencia absoluta o soberanía respecto del Estado central o la Nación, como una manifestación de la descentralización territorial, que también hace parte de los componentes centrales de la estructura orgánica del Estado11.

9 «Del principio de Estado unitario la Corte ha explicado que comprende la forma de organización bajo un solo “centro de impuls ión política”. Es decir, donde “la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es l a persona jurídica de derecho público suprema, el Estado. Todos los individuos convocados bajo la soberanía de éste obedecen a una misma autoridad nacional, viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes”». Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994, reiterada en numerosas ocasiones. 10 ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonom ía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la

Sentencia C-216 de 1994, reiterada en numerosas ocasiones. 10 ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonom ía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4.

Participar en las rentas nacionales. 11 «La descentralización territorial, a diferencia de un criterio funcional, tiene fundamento en que el Estado se organiza tambi én mediante divisiones de carácter espacial, dando lugar a las entidades territoriales, a quienes se les otorgan competencias o funciones administrativas para ser ejecutadas en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad, envolviendo los conceptos de descentralización política y administrativa; la primera entendida como la transferencia de la capacidad de elección de sus gobernantes y de la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo en el ámbito local, y la segunda, como la transferencia de funci ones, recursos y capacidad de decisión del Gobierno Central a los gobiernos territoriales para la provisión de determinados servicios públicos y sociales, así como para la realización de obras públicas. (...) Adicionalmente y en desarrollo del principio de descentra lización, el constituyente reconoció el concepto de autonomía de las entidades territoriales, esto es, la capacidad para decidir sobre sus propios y particulares asuntos, pero sin desconocer el carácter unitario de la República. La configuración básica de esta autonomía, está determinada por la propia Constitución Política, al establecer en su artículo 287 que las entidades territoriales gozan de au tonomía

y particulares asuntos, pero sin desconocer el carácter unitario de la República. La configuración básica de esta autonomía, está determinada por la propia Constitución Política, al establecer en su artículo 287 que las entidades territoriales gozan de au tonomía para la gestión de sus intereses “dentro de los límites de la Constitución y la ley”, y que en tal virtud, tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. A partir de lo anterior, se observa que la autonomía otorgada a las entidades territoriales garantiza a su favor la gestión de los asuntos locales o propios, en contraposición a aquellos de interés nacional (...). El atributo de la autonomía otorgado a las entidades territoriales no es absoluto, sino que en los términos expresos del artículo 287 constitucional, se encuentra sometido a los límites definidos por la Constitución Política y las leyes de la Rep ública, de manera que la autonomía sea ejercida bajo los principios y contornos del Estado unitario». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de julio de 2024. Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez. Expediente: 11001032600020210010200 (66981).8

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Demandante: Homero Iguarán Demandada: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG y el departamento de la Guajira

Las entidades territoriales tienen derecho a recibir recursos del Estado central a través del Sistema General de Participaciones, para financiar servicios públicos como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Esta participación está regulada por la

y el departamento de la Guajira

Las entidades territoriales tienen derecho a recibir recursos del Estado central a través del Sistema General de Participaciones, para financiar servicios públicos como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Esta participación está regulada por la Constitución Política y leyes como la 715 de 2001 y el Acto Legislativo 4 de 2007.

Como parte de sus derechos, los entes territoriales pueden decidir cómo administrar sus recursos, pero dentro de los límites constitucionales y legales , tal autonomía no es absoluta, especialmente cuando se trata de recursos con destinación específica, com o los del Sistema General de Participaciones, en ese sentido, el Gobierno nacional tiene la facultad de definir estrategias de monitoreo, seguimiento y control del gasto territorial con recursos del Sistema General de Participaciones, esto no implica una intervención directa en la autonomía, sino una forma de garantizar que los recursos se usen conforme a su finalidad constitucional.

Para el ejercicio de esas estrategias de monitoreo, seguimiento y control del gasto territorial con recursos del Sistema Gen eral de Participaciones, el Decreto 28 de 2008, diseñó una serie de medidas preventivas y correctivas que buscan salvaguardar el buen uso de los recursos de la nación , tales medidas inician cuando se detectan riesgos respecto al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Los artículos 10, 11, 12 y 13 del Decreto 28 de 2008 consagran una serie de medidas tendientes a normalizar la administración de los recursos de la nación por parte de los entes territoriales, con el objetivo de garant izar la prestación de servicios tales como, la salud, saneamiento básico y educación, entre otros12.

Las referidas medidas comportan una injerencia progresiva en la autonomía de las

entes territoriales, con el objetivo de garant izar la prestación de servicios tales como, la salud, saneamiento básico y educación, entre otros12.

Las referidas medidas comportan una injerencia progresiva en la autonomía de las entidades territoriales, en lo que respecta al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, empiezan por la presentación de un plan de desempeño para validar que el ente territorial objeto de vigilancia tomará autónomamente las medidas propias para mitigar los riesgos de uso indebido de los recursos de la nación, pero avanzan a la

12 Artículo 11. Medida preventiva. Para superar los eventos de riesgo identificados en las actividades de monitoreo o seguimiento, la entidad territorial elaborará y presentará, en un plazo no superior a un mes a partir del momento de la comunicación de la medida, a consideración de la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control, del ministerio del sector, del Departamento Nacional de Planeación, o de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el caso, un plan de desempeño en el cual se obliga a desarrollar las actividades orientadas a mitigar o eliminar los eventos de riesgo en los términos y plazos que allí se fijen. Dentro de los quince días calendario después de haber sido presentado, la entidad territorial adoptará el plan de d esempeño, previa incorporación de los ajustes requeridos por la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control, el ministerio respectivo, el Departamento Nacional de Planeación o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el caso. Los compromisos asumidos por la entidad territorial son de carácter unilateral y serán ejecutados por las distintas administracio nes, mientras el respectivo plan de desempeño se encuentre vigente. […]9

compromisos asumidos por la entidad territorial son de carácter unilateral y serán ejecutados por las distintas administracio nes, mientras el respectivo plan de desempeño se encuentre vigente. […]9

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Demandante: Homero Iguarán Demandada: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG y el departamento de la Guajira

suspensión de giros a la entidad territorial, sigue el giro directo y finaliza con la asunción temporal de competencia , no necesariamente implica que cronológicamente deban tomarse una luego de la otra, simplemente implica una intervención mayor entre unas y otras, respecto de la autogestión del respectivo ente territorial13.

Los artí culos 13 y 16 del Decreto 28 de 2008, fueron objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C -937 de 201014, esta decisión declaró exequibles las normas acusadas y dejó claro que «el Legislador puede adoptar las previsiones necesarias para asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios derivada de su inadecuado manejo o inversión».

Finalmente, debe señalarse que la reglamentación respecto de cómo operan las medidas correctivas establecidas en el Decreto 28 de 2008, se complementa con las reglas fijadas en la sección 2 del Decreto 1068 de 2015, que en cuanto a la asunción temporal de competencia definen el procedimiento, la necesidad de su recomend ación mediante documento CONPES, la aplicación de la medida, sus alcances y las atribuciones del administrador temporal.

2.2.2 Hechos probados

competencia definen el procedimiento, la necesidad de su recomend ación mediante documento CONPES, la aplicación de la medida, sus alcances y las atribuciones del administrador temporal.

2.2.2 Hechos probados

Revisado el caudal probatorio con el que se cuenta en este proceso, la Sala encontró acreditado que:

13 Artículo 13. Medidas correctivas. Con el propósito de ejercer el control a los eventos de riesgo identificados en el presente decreto, además de las previstas para cada sector en las normas vigentes, son medidas correctivas: 13.1. Suspensión de giros a la ent idad territorial. Es la medida p or medio de la cual se suspende el giro sectorial o general de recursos a la entidad territorial, sin que se afecte el derecho jurídico de la misma a participar en los recursos del Sistema General de Participaciones, ni la continuidad en la prestación del servicio, conforme lo determine el reglamento. El restablecimiento del giro no conlleva el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de montos adicionales por mora, intereses o cualquier otro concepto remuneratorio. […] 13.2. Giro directo. Es la medida en virtud de la cual se giran directamente, sin intermediación de la entidad territorial respectiva, los recursos a los prestadores de los servicios de que se trate, o a los destinatarios finales de los recursos, siempre que con ellos medie una relación legal o contractual que con tal fin se haya definido para asegurar la prestación del respectivo servicio. Para tal efecto, se constituirá una fiducia pública encargada de administrar y girar los corre