CE - Sentencia 44001234000020220005401 de 2025

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

Demandante: Carmen Pilar Redondo Pérez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 44001-23-40-000-2022-00054-01 (5669-2023)

Demandante: Carmen Pilar Redondo Pérez

Demandado: departamento de La Guajira.

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Modifica decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 7 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Carmen Pilar Redondo Pérez por intermedio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto de la no respuesta

2. La señora Carmen Pilar Redondo Pérez por intermedio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto de la no respuesta a la petición del 5 de marzo de 2018 y del oficio sin número del 21 de julio de 2020, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde el 71 día hábil después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el pago de la prestación, por un valor de 47.063.143 COP, ii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CódigoRadicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , y iii) se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Carmen Pilar Redondo Pérez fue vinculada como auxiliar de servicios

y iii) se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Carmen Pilar Redondo Pérez fue vinculada como auxiliar de servicios generales por parte del municipio de Barrancas, y a partir del 1° de enero del año 2003 fue incorporada sin solución de continuidad a la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira.

6. El 19 de enero del año 2015 presentó ante la entidad territorial reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas, siéndole asignado el radicado PQR 2015PQR468 . En vista de que no existió respuesta, el 21 de febrero de 2017 reiteró la petición.

7. El 5 de marzo de 2018 elevó una nueva solicitud, insistiendo en el pago de las cesantías y requiriendo la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por el no pago de la prestación.

8. La precitada Secretaría por medio de la Resolución 1135 del 12 de agosto de 2019, reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a la demandante, prestación que fue cancelada el 23 del mismo mes y año.

9. Por último, el 1 de abril de 2020, con radicado interno GJR2020ER04385, exigió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria . S olicitud que fue r esuelta negativamente a través del oficio del 21 de julio de esa anualidad .

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones : el preámbulo y los

negativamente a través del oficio del 21 de julio de esa anualidad .

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones : el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; la Ley 244 de 1995 – modificada por la Ley 1071 de 2006-, y el artículo 15 de la Ley 962 de 2005.

11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso que la conducta asumida por parte de la entidad territorial configura la hipótesis legal establecida en el artículo 6 de la Constitución Política, porque los servidores públicos son responsables por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

12. En este caso, la entidad demandada está en la obligación legal de pagar la sanción moratoria predicada, ya que está demostrada la tardanza en la cancelación de las cesantías retroactivas.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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Contestación de la demanda

13. El departamento de La Guajira 1 por intermedio de apoderada, se pronunció sobre los hechos de la demanda y se opuso a todas las pretensiones, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho para invocarlas.

14. Indicó que la demandante se encuentra amparada por el régimen retroactivo de cesantías, razón por la que no es viable el reconocimiento de la sanción

carecer de fundamentos de hecho y de derecho para invocarlas.

14. Indicó que la demandante se encuentra amparada por el régimen retroactivo de cesantías, razón por la que no es viable el reconocimiento de la sanción moratoria, pues esta penalidad fue consagrada para el sistema de liquidación anual2.

15. Al respecto, el Consejo de Estado en reiteradas providencias ha señalado que los trabajadores vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 que no se hayan acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria .

16. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “cumplimiento del deber constitucional y legal”, “legalidad del acto administrativo”, “inexistencia de la obligación legal”, “inaplicabilidad de normas y precedente jurisprudencial invocado” y “genérica”.

Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 7 de junio de 20233, previa declaratoria de nulidad de los actos demandados, condenó a l departamento de La Guajira a pagar a favor de la señora Carmen Pilar Redondo Pérez una sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2015 y el 22 de agosto de 2019 ; teniendo en cuenta la asignación básica del año 2015.

18. Aclaró el tribunal que la demanda fue admitida en contra del departamento de La Guajira, ya que, mediante las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el

año 2015.

18. Aclaró el tribunal que la demanda fue admitida en contra del departamento de La Guajira, ya que, mediante las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió la competencia a la entidad territorial para la administración del sector educativo . En consecuencia , se consideró que dicho ente estaba legitimado para actuar como extremo pasivo .

19. Dilucidado lo anterior, precisó que l a demandante en este caso es servidor a pública vinculada al personal administrativo de la Secretaría de Educación del

1 Páginas 248 a 257 del expediente digital 2 Así fue expresado por la parte demandada en la contestación. 3 Páginas 335 a 351 del expediente digital.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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departamento de La Guajira, razón por la que se aplica el régimen retroactivo de cesantías según los antecedentes administrativos.

20. A efectos de establecer si se configuró la sanción moratoria, adujo el a quo que la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas el 19 de enero de 2015, razón por la cual la entidad demandada debía resolver la petición y efectuar el pago hasta el 30 de abril de la misma anualidad; sin embargo, el acto administrativo se expidió el 12 de agosto de 2019, es decir por fuera de los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

embargo, el acto administrativo se expidió el 12 de agosto de 2019, es decir por fuera de los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

21. En ese orden de ideas, la penalidad se empezó a causar el 4 de mayo de 2015 y finalizó el 22 de agosto de 2019 , es decir el día anterior al pago de dicha prestación.

22. Aunque es cierto que los actos demandados fueron expedidos por el Ministerio de Educación Nacional a través de la administración temporal para el sector educativo del departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, dichas actuaciones se entienden realizadas por el departamento de La Guajira, pues según el artículo 30 de la Ley 715 de 2001, con la medida de administración temporal se retira al jefe del organismo intervenido y son asumidas las funciones por el administrador designado.

23. De igual manera, el departamento de La Guajira es el empleador de la demandante y en dicha condición, es quien está obligado legalmente a atender en forma oportuna el pago de los emolumentos salariales y prestacionales causados en el curso de la relación laboral que los une, así como a asumir los efectos adversos que se puedan deducir de su conducta omisiva.

24. En ese sentido, resulta desproporcionado que, tras adoptar una medida de asunción temporal de la competencia, se sustraiga al ente territorial empleador de sus deberes como patrono y se imponga una barrera administrativa excesiva e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo.

25. Así las cosas, no está llamado a prosperar el argumento defensivo planteado

de sus deberes como patrono y se imponga una barrera administrativa excesiva e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo.

25. Así las cosas, no está llamado a prosperar el argumento defensivo planteado por la demandada y con el que pretende ser excluida de la causa, máxime atendiendo que no todo el periodo d e mora se causó en vigencia de la medida de asunción temporal; todo ello, independientemente de las acciones de repetición u otras que podrían radicarse en cabeza del departamento de La Guajira, de estimar este que el ejercicio de la competencia por parte del nivel nacional le causó perjuicios y en aras de lograr su reparación.

Recurso de apelaciónRadicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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26. La apoderada del departamento de La Guajira4 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia , argumentando su inconformidad con

base en los siguientes motivos:

27. El Tribunal Administrativo de La Guajira omitió un detalle importante en lo que corresponde al pago de la sanción moratoria solicitada por la actora. Si bien es cierto que el departamento de La Guajira inc urrió en la penalidad, ello solo ocurrió desde el 4 de mayo de 2015 hasta el 21 de febrero de 2017 -fecha en que se dispuso la intervención del sector educativo en dicho departamento -.

28. Por tal motivo, desde la última fecha mencionada en el párrafo anterior hasta el

ocurrió desde el 4 de mayo de 2015 hasta el 21 de febrero de 2017 -fecha en que se dispuso la intervención del sector educativo en dicho departamento -.

28. Por tal motivo, desde la última fecha mencionada en el párrafo anterior hasta el día en que se puso a disposición el dinero, el Ministerio de Educación Nacional y la Administración Temporal para el sector Educativo en La Guajira también incurrió en mora por el pago tardío de la prestación .

29. Mediante el CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 y la Resolución 0459 del mismo año, se ordenó la intervención del sector educativo en el departamento

de La Guajira.

30. En aplicación del artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015 y con ocasión de la expedición de la Resolución 11992 del 14 de junio de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, fue designada la doctora Alba Lucía Marín Villada como administradora temporal para el sector Educación en el departamento de La

Guajira.

31. En ese orden de ideas, es errada la tesis del tribunal en la que sostiene que el departamento de La Guajira, como empleador de la señora Redondo Pérez es el único responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006. Ello obedece a que, de los 1572 días de mora, 912 son atribuibles a la administración temporal.

32. Por lo anterior, se debe revocar la sentencia apelada y en su lugar, declarar solidariamente re sponsable tanto al departamento de La Guajira como al Ministerio de Educación Nacional – Administración Temporal para el sector

Educativo de La Guajira.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

solidariamente re sponsable tanto al departamento de La Guajira como al Ministerio de Educación Nacional – Administración Temporal para el sector Educativo de La Guajira.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

33. Mediante auto del 5 de agosto de 20245 se admitió el recurso de apelación , sin que se haya emitido pronunciamiento de las partes y del agente del Ministerio

Público.

4 Folios 361 a 370 del expediente digital. 5 Actuación visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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34. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

35. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6.

36. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos de l respectivo recurso.

Problema jurídico

lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos de l respectivo recurso.

Problema jurídico

37. Le corresponde a la Subsección determinar si la Nación – Ministerio de Educación – Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, es responsable proporcionalmente en el pago de la sanción moratoria reconocida a la señora Carmen Pilar Redondo Pérez, o tal como lo dispuso la sentencia de primera instancia, el departamento de La Guajira debe responder por la condena impuesta.

38. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria, ii) Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, iii) Hechos probados y iv) Caso concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria .

39. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 200 67,

establece que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Le y 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya fuera del texto)

40. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y

40. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

41. Norma que también dispone una sanci ón cuando se incumplen lo s términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia

en el parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obl igada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de estas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo . Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

42. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se

consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva

consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011 6) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 díasRadicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

43. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se

43. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto

45 días posteriores a la ejecutoria

70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado

10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 9 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

La Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia.

44. El Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 8, recomendó la adopción de una medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potabl e y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, por un periodo de 36

medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potabl e y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, por un periodo de 36

8 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 3883.pdfRadicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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meses, conforme a lo previsto en el artículo 14 del De creto 028 de 2008 9 y los artículos 2.6.3.4.2.1 10 y 2.6.3.4.2.1611 del Decreto 1068 de 2015.

45. En ese marco, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual adoptó la me dida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en el departamento de La Guajira, Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia y se describen los eventos de riesgo identificados en las citadas entidades territoriales certificadas.

46. Posteriormente, a través del CONPES 3984 del 20 de f ebrero de 2020 12, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, extendió la vigencia de la

certificadas.

46. Posteriormente, a través del CONPES 3984 del 20 de f ebrero de 2020 12, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, extendió la vigencia de la medida correctiva adoptada mediante el documento CONPES 3883.

47. Mediante la Resolución 0624 del 21 de febrero de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se extendió por el término de 2 años la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia adoptada mediante la Resolución 0459 del 21 de febrero del 2017 expedida por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el departamento de La Guajira , y los municipios de Maicao,

Riohacha y Uribía.

48. Por su parte, por medio de l artículo 2.6.3.4.2. 22 del Decreto 1068 del 2015, compilatorio del Decreto 2613 del 2009, mediante el cual se reglamentó el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Ley 028 del 2008, se establecieron las facultades y deberes del administrador designado, determinándose que el administrador temporal tendrá las mismas facultades y deberes propios del jefe del organismo intervenido.

49. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial, el artículo 2.6.3.4.2.23 del

mencionado decreto dispuso:

9 «Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y c ontrol integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones» 10 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. Las medidas correctivas, por su naturaleza

con recursos del Sistema General de Participaciones» 10 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. Las medidas correctivas, por su naturaleza cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación del procedimiento respectivo. La medida se surtirá mediante la publicación del acto administrativo en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se entenderá surtida en la fecha de publicación.» 11 « ARTÍCULO 2.6.3.4.2.16. Recomendación Conpes Social. Con sujeción a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Conpes Social recomendará:

1. La adopción o no de la medida de asunción temporal de competencia en la respectiva entidad territorial.

2. La ejecución de actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, con sus respectivos indicadores de evaluación y seguimiento.

3. Las medidas de mejoramiento institucional y de gestión orientadas a asegurar la prestación del respectivo servicio que permitan a la entidad territorial reasumir la competencia.

4. Las actividades de seguimiento durante el periodo de adopción y ejecución de la medida correctiva que deberá realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público». 12 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 3984.pdf.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00054-01

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«ARTÍCULO 2.6.3.4.2.23. Representación judicial y extrajudicial. En el evento de asunción temporal de la competencia, la representación judicial y extrajudicial por actuaciones u omisiones generadas en desarrollo de la aplicación de la medida correctiva, estará a cargo de la entidad que asuma temporalmente la competencia.

Esta representación se ejercerá ordinaria y exclusivamente en relación con situaciones jurídicas originadas durante la ejecución de la medida de asunción temporal de la competencia.

Excepcionalmente a juicio de la Nación o del departamento, según el caso, y con el objetivo de eliminar los eventos de riesgo o de asegurar la continuidad, cobertura y calidad del servicio o sector y la correcta ejecución de los recursos dispuestos para su financiación, podrá coadyuvar en la defensa judicial y extrajudicial con motivo de situaciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor de la medida correctiva, estén o no judicializadas para tal momento.»

50. Finalmente, a través de las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público levantó la medida correctiva a partir del 16 de agosto de 2021 y devolvió la competencia en el manejo del sector educativo al departamento de La Guajira y a sus municipios certificados en educación.

Hechos probados

51. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra

acreditados los siguientes:

departamento de La Guajira y a sus municipios certificados en educación.

Hechos probados

51. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra

acreditados los siguientes:

52. Por medio del Decreto 120 del 2004 13, el gobernador