CE - Sentencia 44001234000020220006401 de 2025

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

Demandante: Jesús María Ibarra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 44001-23-40-000-2022-00064-01 (7114-2023)

Demandante: Jesús María Ibarra

Demandado: departamento de La Guajira.

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por l a entidad demandada contra la sentencia de l 30 de agosto de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. El señor Jesús María Ibarra por intermedio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto , producto de la no respuesta a la

2. El señor Jesús María Ibarra por intermedio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto , producto de la no respuesta a la petición del 5 de marzo de 2018 y del oficio sin número del 21 de julio de 2020, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde el 71 día hábil después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el pago de la prestación, por un valor de 57.046.043 COP, ii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CódigoRadicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi nistrativo (CPACA), y iii) se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. El señor Jesús María Ibarra fue vinculado como celador por parte del municipio

y iii) se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. El señor Jesús María Ibarra fue vinculado como celador por parte del municipio de Barrancas, y a partir del 1° de enero d el año 2003 fue incorporado sin solución de continuidad a la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira.

6. El 19 de enero del año 2015 presentó ante la entidad territorial reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas, siéndole asignado el radicado PQR 2015PQR468 . En vista de que no existió respuesta, el 21 de febrero de 2017 reiteró la petición.

7. El 5 de marzo de 2018 elevó una nueva solicitud, insistiendo en el pago de las cesantías y requiriendo la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por el no pago de la prestación.

8. La precitada Secretaría por medio de la Resolución 1136 del 12 de agosto de 2019, reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales al demandante , prestación que fue cancelada el 23 del mismo mes y año.

9. Por último, el 1 de abril de 2020, con radicado interno GJR2020ER04385, exigió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria . S olicitud que fue r esuelta negativamente a través del oficio del 21 de julio de esa anualidad .

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: el preámbulo y los

negativamente a través del oficio del 21 de julio de esa anualidad .

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; la Ley 244 de 1995 – modificada por la Ley 1071 de 2006-, y el artículo 15 de la Ley 962 de 2005.

11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que la conducta asumida por parte de la entidad territorial configura la hipótesis legal establecida en el artículo 6 de la Constitución Política, porque los servidores públicos son responsables por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

12. En este caso, la entidad demandada está en la obligación legal de pagar la sanción moratoria predicada, ya que está demostrada la tardanza en la cancelación de las cesantías retroactivas.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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Contestación de la demanda

13. El departamento de La Guajira 1 por intermedio de apoderada, se pronunció sobre los hechos de la demanda y se opuso a todas las pretensiones, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho para invocarlas.

14. Indicó que el demandante se encuentra amparado por el régimen retroactivo de cesantías, razón por la que no es viable el reconocimiento de la sanción

carecer de fundamentos de hecho y de derecho para invocarlas.

14. Indicó que el demandante se encuentra amparado por el régimen retroactivo de cesantías, razón por la que no es viable el reconocimiento de la sanción moratoria, pues esta penalidad fue consagrada para el sistema de liquidación anual2.

15. Al respecto, el Consejo de Estado en reiteradas providencias ha señalado que los trabajadores vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 que no se hayan acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria .

16. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “cumplimiento del deber constitucional y legal”, “legalidad del acto administrativo”, “inexistencia de la obligación legal”, “inaplicabilidad de normas y precedente jurisprudencial invocado” y “genérica”.

Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 30 de agosto de 20233, previa declaratoria de nulidad de los actos demandados, condenó al departamento de La Guajira a pagar a favor de l señor Jesús María Ibarra una sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2015 y el 22 de agosto de 2019; teniendo en cuenta la asignación básica del año 2015.

18. Aclaró el tribunal que la demanda fue admitida en contra del departamento de La Guajira, ya que, mediante las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió la competencia a la entidad

La Guajira, ya que, mediante las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió la competencia a la entidad territorial para la administración del sector edu cativo. En consecuencia , se consideró que dicho ente estaba legitimado para actuar como extremo pasivo .

19. Dilucidado lo anterior, precisó que el demandante en este caso es servidor público vinculado al personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira, razón por la que se aplica el régimen retroactivo de cesantías según los antecedentes administrativos.

1 Páginas 253 a 265 del expediente digital 2 Así fue expresado por la parte demandada en la contestación. 3 Páginas 426 a 443 del expediente digital.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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20. A efectos de establecer si se configuró la sanción moratoria, adujo el a quo que el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas el 19 de enero de 2015, razón por la cual la entidad demandada debía resolver la petición y efectuar el pago hasta el 30 de abril de la misma anualidad; sin embargo, el acto administrativo se expidió el 12 de agosto de 2019, es decir por fuera de los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

21. En ese orden de ideas, la penalidad se empezó a causar el 4 de mayo de 2015

fuera de los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.

21. En ese orden de ideas, la penalidad se empezó a causar el 4 de mayo de 2015 y finalizó el 22 de agosto de 2019 , es decir el día anterior al pago de dicha prestación4.

22. Aunque es cierto que los actos demandados fueron expedidos por el Ministerio de Educación Nacional a través de la administración temporal para el sector educativo del departamento de La Guajira, el distrito de Rioh acha y los municipios de Maicao y Uribia, dichas actuaciones se entienden realizadas por el departamento de La Guajira, pues según el artículo 30 de la Ley 715 de 2001, con la medida de administración temporal se retira al jefe del organismo intervenido y son asumidas las funciones por el administrador designado.

23. De igual manera, tal como lo expuso el agente del Ministerio Público en su concepto, el departamento de La Guajira es el empleador del demandante y en dicha condición, es quien está obligado legalmente a atender en forma oportuna el pago de los emolumentos salariales y prestacionales causados en el curso de la relación laboral que los une, así como a asumir los efectos adversos que se puedan deducir de su conducta omisiva.

24. En ese sentido, resulta desproporcionado que, tras adoptar una medida de asunción temporal de la competencia, se sustraiga al ente territorial empleador de sus deberes como patrono y se imponga una barrera administrativa excesiva e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo.

Recurso de apelación

25. La apoderada del departamento de La Guajira5 interpuso recurso de apelación

e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo.

Recurso de apelación

25. La apoderada del departamento de La Guajira5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia , en el cual solicitó se revoque el

numeral tercero por los siguientes motivos:

26. La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira comparte una responsabilidad solidaria con el ente territorial, en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria se refiere.

4 Sic 5 Folios 449 a 452 del expediente digital.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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27. Mediante el CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 y la Resolución 0459 del mismo año, se ordenó la intervención del sector educativo en el departamento

de La Guajira.

28. En aplicación del artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015 y con ocasión de la expedición de la Resolución 11992 del 14 de junio de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, fue designada la doctora Alba Lucía Marín Villada como administradora temporal para el sector Educación en el departamento de La

Guajira.

29. En ese orden de ideas, l a entidad territorial perdió competencia en cuanto a la prestación del servicio educativo desde el 21 de febrero de 2017, siendo la Nación – Ministerio de Educación – Administración Temporal del sector

Guajira.

29. En ese orden de ideas, l a entidad territorial perdió competencia en cuanto a la prestación del servicio educativo desde el 21 de febrero de 2017, siendo la Nación – Ministerio de Educación – Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira, el distrit o de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, la entidad delegada para garantizar la prestación de dicho servicio en el departamento.

30. Dilucidado lo anterior, debe ponerse de presente que a la fecha de expedición del CONPES 3881, habían transcurrido 4 72 días de mora atribuible al departamento de La Guajira, y de ahí en adelante se causaron 652 días hasta que la Administración Temporal acreditó el pago de la prestación.

31. Así las cosas, es claro que el tribunal no realizó un análisis jurídico juicioso de la responsabilidad que recae sobre la Administración Temporal del sector Educativo para el departamento de La Guajira en lo atinente a la mora, lo que implica una condena desproporcionada.

32. Es particularmente grave que no se haya vinculado al Ministerio de Educación Nacional al proceso para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción frente a las situaciones contenidas en la demanda de la referencia, ya que es errado el argumento de que el departamento hoy en día ostenta las competencias del sector educativo con motivo de la expedición de las Resoluciones 1876 y 1914 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.

33. No tendría sentido que en aplicación de los Decretos Ley 028 de 2008 y 1068 de 2015, una entidad del orden nacional intervenga el sector educativo de una territorial, nombre un administrador temporal, y la Administración Temporal no

33. No tendría sentido que en aplicación de los Decretos Ley 028 de 2008 y 1068 de 2015, una entidad del orden nacional intervenga el sector educativo de una territorial, nombre un administrador temporal, y la Administración Temporal no sea responsable de cualquier mora o incumplimiento que se genere durante dicha administración, lo que constituye un desconocimiento del artículo 2.6.3.4.2.22. del Decreto 1068 de 2015.

Trámite correspondiente a la segunda instanciaRadicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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34. Mediante auto del 5 de febrero de 20246 se admitió el recurso de apelación, sin que se haya emitido pronunciamiento de las partes y del agente del Ministerio

Público.

35. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

36. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7.

37. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 d el Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las

37. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 d el Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

Problema jurídico

38. Le corresponde a la Subsección determinar si la Nación – Ministerio de Educación – Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, es responsable proporcionalmente en el pago de la sanción moratoria reconocida al señor Jesús María Ibarra, o tal como lo dispuso la sentencia de primera instancia, el departamento de La Guajira debe responder por la condena impuesta.

39. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria, ii) Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, iii) Hechos probados y iv) Caso concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria .

6 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI. 7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

Demandante: Jesús María Ibarra

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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40. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 200 68,

establece que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya fuera del texto)

41. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y

41. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

42. Norma que también dispone una sanci ón cuando se incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia

en el parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de estas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo . Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

43. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se

consideró en esa oportunidad que:

8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa oportunidad que:

8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011 6) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme l a resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el

que quedó en firme l a resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto

45 días posteriores a la ejecutoria

70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación

ACTO ESCRITO EN

notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 9 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

La Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

Demandante: Jesús María Ibarra

La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

Demandante: Jesús María Ibarra

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44. El Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 9, recomendó la adopción de una medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento de la Guajira, por un periodo de 36 meses, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Decreto 028 de 200810 y los artículos 2.6.3.4.2.1 11 y 2.6.3.4.2.1612 del Decreto 1068 de 2015.

45. En ese marco, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en el departamento de La Guajira, Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia y se describen los eventos de riesgo identificados en las citadas ent idades territoriales certificadas.

46. Posteriormente, a través del CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 13, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, extendió la vigencia de la

certificadas.

46. Posteriormente, a través del CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 13, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, extendió la vigencia de la medida correctiva adoptada mediante el documento CONPES 3883.

47. Mediante la Resolución 0624 del 21 de febrero de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se extendió por el término de 2 años la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia adoptada mediante la Resolución 0459 del 21 de febrero del 2017 expedida por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el departamento de La Guajira, y los municipios de Maicao,

Riohacha y Uribia.

48. Por su parte, por medio de l artículo 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 del 2015, compilatorio del Decreto 2613 del 2009, mediante el cual se reglamentó el

9 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 3883.pdf 10 «Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones» 11 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. Las medidas correctivas, por su naturaleza cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación del procedimiento respectivo. La

11 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. Las medidas correctivas, por su naturaleza cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación del procedimiento respectivo. La medida se surtirá mediante la publicación del acto administrativo en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se entenderá surtida en la fecha de publicación.» 12 « ARTÍCULO 2.6.3.4.2.16. Recomendación Conpes Social. Con sujeción a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Conpes Social recomendará:

1. La adopción o no de la medida de asunción temporal de competencia en la respectiva entidad territorial.

2. La ejecución de actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, con sus respectivos indicadores de evaluación y seguimiento.

3. Las medidas de mejoramiento institucional y de gestión orientadas a asegurar la prestación del respectivo servicio que permitan a la entidad territorial reasumir la competencia.

4. Las actividades de seguimiento durante el periodo de adopción y ejecución de la medida correctiva que deberá realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público». 13 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 3984.pdf.Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01

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numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Ley 028 del 2008, se establecieron las facultades y deberes del administrador designado, d eterminándose que el administrador temporal tendrá las mismas facultades y deberes propios del jefe del organismo intervenido.

49. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial, el artículo 2.6.3.4.2.23 del

mencionado decreto dispuso:

«ARTÍCULO 2.6.3.4.2.23. Representación judicial y extrajudicial. En el evento de asunción temporal de la competencia, la representación judicial y extrajudicial por actuaciones u omisiones generadas en desarrollo de la aplicación de la medida correctiva, estará a cargo de la entidad que asuma temporalmente la competencia.

Esta representación se ejercerá ordinaria y exclusivamente en relación con situaciones jurídicas originadas durante la ejecución de la medida de asunción temporal de la competencia.

Excepcionalmente a juicio de la Nación o del departamento, según el caso, y con el objetivo de eliminar los eventos de riesgo o de asegurar la continuidad, cobertura y calidad del servicio o sector y la correcta ejecución de los recursos dispuestos para su financiación, podrá coadyuvar en la defensa judicial y extrajudicial con motivo de situaciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor de la medida correctiva, estén o no judicializadas para tal momento.»

50. Finalmente, a través de las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de

situaciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor de la medida correctiva, estén o no judicializadas para tal momento.»

50. Finalmente, a través de las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público levantó la medida correctiva a partir del 16 de agosto de 2021 y devolvió la competencia en el manejo del sector educativo al departamento de La Guajira y a sus municipios certificados en educación.

Hechos probados

51. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra acreditados l