CE - Sentencia 44001234000020220012901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Prueba de la plaza docente. Aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Valoración probatoria de certificaciones laborales en contraste con actos administrativos de nombramiento.

Decisión: Se revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2023, emanada del Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se negaron a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. La parte demandante solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 000391 del 9 de enero de 2019 y RDP 012171 del 10 de abril de 2019 , mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia al determinar

000391 del 9 de enero de 2019 y RDP 012171 del 10 de abril de 2019 , mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia al determinar que se desempeñó como docente nacional y no territorial.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a su favor la mencionada prestación, tomando como base el 75% del promedio de los salarios y factores salariales devengados durante el último año de servicios, es decir, desde el 21 de julio de 2011 , fecha en la que adquirió el estatus pensional. Asimismo, requiere el pago de las mesadas dejadas de percibir desde entonces, aplicando los reajustes, incrementos de ley e intereses moratorios correspondientes.

4. Como fundamento de lo anterior, señaló que cumple con los requisitos legales para gozar de la pensión gracia, como son: a) cuenta con más de 50 años de edad; b) demostró honradez y buena conducta; c) se desempeñó como docente del departamento2

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024) Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque de La Guajira como directora seccional de la escuela Inmaculada de Fonseca (La Guajira), desde 5 de abril de 1972 al 12 de agosto de 1976; como docente del municipio de Fonseca, como directora seccional de la escuela Clotilde Povea de Romero, desde el 15 de noviembre de 1994 al 21 de agosto de 2006; y como docente del Colegio Nacional

de Fonseca, como directora seccional de la escuela Clotilde Povea de Romero, desde el 15 de noviembre de 1994 al 21 de agosto de 2006; y como docente del Colegio Nacional de Varones de Fonseca, donde fue trasladada, desde el 22 de agosto de 2006 a la fecha; d) estos periodos le acreditan 20 años de servicios docentes oficiales al departamento y al municipio mencionados; e) cumplió el estatus jurídico de pensionada el 21 de julio de 2011.

5. Finalmente, indicó que presentó múltiples escritos a la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, solicitando la rectificación de la información contenida en su hoja de vida. En dichos escritos, aclaró que su vinculación siempre ha sido de carácter territorial y no nacional, solicitud que fue negada por dicha dependencia.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que la demandante presentó un certificado de tiempos de servicio emitido por la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira en el que se evidencia que la actora prestó sus servicios desde el 5 de abril de 1972 hasta el 15 de noviembre de 2018 como docente con vinculación nacional. En este contexto, la entidad consideró que la demandante no cumplió con uno de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, que exige un mínimo de 20 años de servicio en plazas docentes municipales o departamentales. Por lo tanto , estimó que la demandante no cumplió con su deber de demostrar dicha exigencia legal.

7. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como “ falta de requisitos pensionales o inexistencia de la obligación” y “prescripción”, “prescripción”.

demostrar dicha exigencia legal.

7. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como “ falta de requisitos pensionales o inexistencia de la obligación” y “prescripción”, “prescripción”.

II. SENTENCIA APELADA

8. El Tribunal Administrativo de La Guajira dictó sentencia del 30 de octubre de 2023, mediante la cual negó las pretensiones, sin condena en costas por no observarse carencia de fundamento legal en la demanda.

9. En este sentido, se determinó que, aunque la demandante cumplió con los requisitos de edad y vinculación departamental anteriores al 31 de diciembre de 1980, no logró demostrar los 20 años de servicio como docente territorial y/o nacionalizada.

10. El a quo también examinó los certificados de tiempo de servicio y la historia laboral visibles en el expediente, concluyendo que, si bien se evidencia que los actos administrativos de nombramiento y posesión como docente desde el 15 de noviembre de 1994 en la escuel a Clotilde Povea de Romero y el Colegio Nacional de Varones fueron emitidos por el alcalde de dicha localidad, no se probó la naturaleza de la vinculación o del cargo a ocupar, es decir, si era de carácter nacional, nacionalizado o territorial. Por el contrario, según la certificación emitida por la Secretaría de Educación Departamental de3

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024) Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque La Guajira, se demostró que la vinculación desde 1994 hasta 2023 fue de carácter nacional. En consecuencia, estableció que dichos periodos no pueden ser considerados para el reconocimiento de la pensión gracia.

La Guajira, se demostró que la vinculación desde 1994 hasta 2023 fue de carácter nacional. En consecuencia, estableció que dichos periodos no pueden ser considerados para el reconocimiento de la pensión gracia.

III. RECURSO DE APELACIÓN

11. La demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia alegando que, a pesar de que la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira certificó que su vinculación desde el 15 de noviembre de 1994 fue de carácter nacional, los decretos de nombramiento y las actas de posesión que constan en el expediente sugieren que, en realidad, dicha vinculación fue de orden departamental y municipal. Por lo tanto, al haber cumplido con 20 años de servicio como docente territorial, se debe proceder al reconocimiento de la pensión gracia.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

2. Mediante auto del 29 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

12. El Ministerio Público conceptuó que la sentencia debe ser revocada dado que la actora demostró el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia. En particular, enfatizó que las pruebas evidencian que la actora satisfizo la exigencia legal de haber estado vinculada como docente en el departamento de La Guajira antes del 1° de enero de 1981. Esto implica que contaba con la calidad de docente

exigencia legal de haber estado vinculada como docente en el departamento de La Guajira antes del 1° de enero de 1981. Esto implica que contaba con la calidad de docente territorial, ya que fue nombrada por el alcalde competente con el propósito de prestar sus servicios en instituciones educativas locales, las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

13. En atención a los reparos concretos planteados en el recurso de apelación, corresponde a esta Sala evaluar si la demandante ha demostrado de manera adecuada el requisito de la vinculación docente, ya sea de carácter territorial o nacionalizad a, durante un periodo de 20 años. En particular, se centrará en la discusión probatoria relacionada con el vínculo docente establecido a partir de su nombramiento como directora seccional de la escuela Clotilde Povea de Romero, ubicada en el municipio de Fonseca (La Guajira), desde el 15 de noviembre de 1994 hasta el 21 de agosto de 2006.

14. En caso afirmativo, esta Sala constatará si se acreditaron los demás requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) haberse vinculado como docente nacionalizada y/o territorial (municipal o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; ii) contar con más de 50 años de vida; iii) ejercer la4

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024) Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque docencia con honradez, consagración y buena conducta; iv) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Caso concreto

15. Para resolver el anterior cuestionamiento, la Sala procederá a realizar un análisis detallado del periodo laborado por la actora a partir del 15 de noviembre de 1994 en la

Escuela Clotilde Povea Romero del municipio de Fonseca.

16. En el expediente se observa el Decreto 162 del 2 de noviembre de 1994 1, el cual fue firmado por el alcalde y el jefe de la división de educación municipal de Fonseca. En el encabezado del decreto se establece que el nombramiento fue realizado por el alcalde, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 29 de 1 989 y sus decretos reglamentarios. En la parte considerativa, se indica que el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional (FER) Seccional Guajira certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para el pago de sueldos y otros factores salariales pertinentes.

17. En ese orden de ideas , la actora fue nombrada en propiedad como directora seccional de la escuela Clotilde Povea Romero del municipio de Fonseca, en sustitución de la docente fallecida Bertilda Manjarrez. Además, se dispuso el envío de una copia del acto de nombramiento al delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER. Se adjunta también el acta de posesión del 15 de noviembre de 19942.

acto de nombramiento al delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER. Se adjunta también el acta de posesión del 15 de noviembre de 19942.

18. Ahora bien, a través del auto emitido el 14 de mayo de 2025, esta Sala requirió oficiosamente al alcalde municipal de Fonseca para que proporcionara los documentos relacionados con el nombramiento y cualquier información adicional que pudiera esclarecer la naturaleza de la vinculación de la docente Bertilda Helena Manjarrés Gómez, a quien la demandante reemplazó en su cargo tras su deceso.

19. La Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos de Fonseca, mediante memorial del 24 de junio de 20253, respondió adjuntando copia del Decreto 167 del 4 de abril de 1974, por medo del cual el gobernador de La Guajira, en ejercicio de sus facultades legales, nombró a la profesora Bertilda Manjarr és Gómez (QEPD) como

directora seccional de la Escuela Urbana No. 1 de Fonseca, sin que se evidenciara intervención ni aprobación previa por parte del Ministerio de Educación u otra autoridad competente.

20. También se incluyó el Decreto 150 del 20 de septiembre de 1994, mediante el cual el alcalde municipal de Fonseca declaró vacante, a partir del 29 de agosto de 1994, el cargo que ocupaba la docente Bertilda Manjarrés en la Escuela Nacionalizada Clotilde Povea de Romero, debido a su fallecimiento. Se dispuso que se enviara copia de este

1 SAMAI, índice 002 del 4 de junio de 2024, expediente digitalizado, documento “000 -2022-00129-00.pdf”; págs. 4042. 2 Ibidem; pág. 44. 3 SAMAI, índice 14.5

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024) Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque acto administrativo al delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

Fondo Educativo Regional (FER) Seccional La Guajira.

21. Igualmente, se aportó certificación del 21 de octubre de 1994, en la que el representante del Ministro de Educación en La Guajira comunicó que en el presupuesto vigente del FER de La Guajira había disponibilidad presupuestaria para cubrir los salarios y factores salar iales correspondientes «a una plaza docente de la planta de personal nacionalizada de la Escuela Clotilde Povea de Romero del municipio de Fonseca, la cual veía siendo ocupada por BERTILDA HELENA MANJARRES GOMEZ quien falleció y se declaró vacante la plaza».

22. Se vislumbra en el plenario el Decreto 162 de 2000 4, a través del cual el gobernador de La Guajira, en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes 60 de 1993, 344 de 1996 y el Decreto 955 de 2000, trasladó a la demandante desde la escuela Clotilde Povea al Colegio Nacional de Varones de Fonseca, c omo resultado del Plan de Racionalización de la planta de personal elaborado por el municipio de Fonseca dada la necesidad de reubicar docentes, directivos docentes y/o administrativos en los planteles oficiales de esa localidad.

Racionalización de la planta de personal elaborado por el municipio de Fonseca dada la necesidad de reubicar docentes, directivos docentes y/o administrativos en los planteles oficiales de esa localidad.

23. Al tiempo que se avizora el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido por la Fiduciaria La Previsora S.A. el 15 de noviembre de 20185, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), donde se detalla que la actora fue designada por el alcalde de Fonseca como docente de la Escuela Clotilde Povea Romero de Fonseca a través del Decreto 162 de 1994 y luego fue trasladada al Colegio Nacional de Varones mediante el Decreto 162 del 19 de julio de 2000 expedido por el gobernador de La Guajira ; resaltando que ostentó un vínculo docente con carácter nacional.

24. La demandante inició unas gestiones administrativas con el objetivo de que se corrigiera la certificación que la identificaba como docente nacional durante el periodo analizado. Sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira se negó a esta solicitud señalando que la plaza ocupada tenía un carácter nacional, dado que estaba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a que la entidad de origen le otorgó dicha calidad en el momento de su vinculación6.

25. Valoradas estas pruebas en conjunto, para la Sala es claro que el nombramiento público efectuado por el alcalde de Fonseca mediante del Decreto 162 de 1994 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 tiene para el personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial atendiendo la

público efectuado por el alcalde de Fonseca mediante del Decreto 162 de 1994 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 tiene para el personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial atendiendo la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de Educación Nacional que consagran los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.

4 Op. Cit.; documento “000-2022-00129-00.pdf”, págs. 46-50. 5 Op. Cit.; documento “000-2022-00129-00.pdf”, págs. 362-363. 6 Op. Cit., documento “000-2022-00129-00.pdf”; págs. 876 y 882.6

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

26. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, e n ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

27. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 7, determinó que la

ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

27. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 7, determinó que la condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual forma, no se considera relevante que las autoridades t erritoriales actúen como presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que realmente importa es la plaza que se va a ocupar 8. El criterio interpretativo se unificó en

estos términos:

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

28. La Sala confirma el carácter nacionalizado a partir de las pruebas allegadas en virtud del auto para mejor proveer del 14 de mayo de 2025. Entre estas, destaca el Decreto 167 del 4 de abril de 1974, mediante el cual la hoy finada Bertilda Manjarrés fue nombrada docente en la plaza que posteriormente ocupó la demandante en la Escuela

Decreto 167 del 4 de abril de 1974, mediante el cual la hoy finada Bertilda Manjarrés fue nombrada docente en la plaza que posteriormente ocupó la demandante en la Escuela Clotilde Povea Romero de Fonseca. Del contenido de este acto administrativo se puede deducir que no se trató de un nombramiento de carácter nac ional, ya que no hubo injerencia d el Gobierno Nacional 9; por el contrario, la designación fue realizad a exclusivamente por el gobernador de La Guajira, en ejercicio de sus facultades legales como autoridad nominadora.

29. Posteriormente, de acuerdo con el Decreto 150 del 20 de septiembre de 1994, el alcalde municipal de Fonseca declaró vacante el cargo que ocupaba la docente Bertilda Manjarrés y especificó que la institución educativa se denominaba «Escuela Nacionalizada» Clotilde Povea de Romero. Además, el representante del ministro de

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 8 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019). 9 Ley 91 de 1989, artículo 1: «[..] Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.»7

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

Nacional.»7

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024) Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque educación nacional en La Guajira certificó el 21 de octubre de 1994 que los recursos destinados al pago de los sueldos de esta plaza docente provenían del FER Seccional La Guajira y que se trataba de una «plaza docente de personal nacionalizada».

30. En consecuencia, es diáfano que la plaza docente ocupada por la demandante tuvo, en un primer momento, una connotación territorial en 1974, cuando el gobernador de La Guajira nombró a su predecesora como directora seccional docente. No obstante, los documentos mencionados demuestran que la Escuela Clotilde Povea de Romero fue nacionalizada. Esto se colige a partir del momento en que el alcalde de Fonseca la denominó como «Escuela Nacionalizada» al declarar vacante la plaza tras el fallecimiento de la docente Bertilda Manjarrés. Además, el representante del ministro de Educación la catalogó expresamente como una plaza nacionalizada. No obstante, independientemente de su carácter territorial o nacionalizado, no se evidencia que posea un carácter nacional.

31. Adicionalmente, del Decreto 162 de 1994 se sigue que el fundamento normativo por el cual el alcalde de Fonseca nombró a la actora en la escuela Clotilde Povea Romero fue la Ley 24 de 1988, modificada por la Ley 29 de 1989. Esta ley asignó a los representantes legales de las entidades territoriales la función de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados.

representantes legales de las entidades territoriales la función de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados.

32. Así pues, la Ley 24 de 1988 delegó la competencia a los alcaldes y gobernadores para nombrar docentes nacionales o nacionalizados. En otras palabras, el ejercicio de esta facultad lleva a concluir que el nombramiento realizado mediante el Decreto 162 de 1994 solo pudo ser nacional o nacionalizado. De tal suerte que, según lo estipulado en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, el personal nacional se refiere a los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional, situación que no se observa no se aj usta a dicho nombramiento; por lo tanto, al descartarse el carácter nacional, se confirma que tal designación ostentó naturaleza nacionalizada.

33. Ahora bien, el a quo y la parte demandada le dan el carácter nacional al vínculo con base en la información contenida en la certificación expedida por el FOMAG y las respuestas dadas por la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira. Empero, dichas calificaciones carecen de la entidad necesaria para que la Sala modifique su postura respecto a la nacionalización de la plaza. Esto se fundamenta en que, en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, se establecier on directrices pertinentes a la p rueba de la calidad docente consolidando así la siguiente

regla jurisprudencial:

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha

regla jurisprudencial:

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)8

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

34. De tal suerte que, en estos casos, el juez debe examinar el expediente con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Esto es fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó sujeto el servidor. No obstante, en ausencia de est os documentos, el juez tiene la opción de recurrir a otros que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades nominadoras, constatando que la veracidad de la información cont enida en ellas sea indiscutible.

35. En relación con lo anterior, se considera que, a pesar de que las certificaciones indican que la vinculación iniciada en 1994 fue de carácter nacional, esto no justifica otorgarles un mayor valor probatorio tras el análisis realizado al contenido de los Decretos

35. En relación con lo anterior, se considera que, a pesar de que las certificaciones indican que la vinculación iniciada en 1994 fue de carácter nacional, esto no justifica otorgarles un mayor valor probatorio tras el análisis realizado al contenido de los Decretos 162 del 2 de noviembre de 1994, 167 del 4 de abril de 1974, 150 del 20 de septiembre de 1994 y la certificación del 21 de octubre de 1994. Esta postura se sustenta en que dichos actos administrativos y la certificación ofreciero n una mayor claridad a la Sala, permitiéndole formarse un convencimiento libre de que ese período no era nacional, sino nacionalizado.

36. Por tal motivo, es certero que los aludidos documentos restaron el valor probatorio de las certificaciones del FOMAG y la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, en cuanto al tipo de vinculación de la actora, ya que facilitaron un análisis exhaustivo de las circunstancias f ácticas y jurídicas que rodearon su designación. Sin perjuicio de que este tipo de certificados se fundamentan en los actos administrativos emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que al consultarlos directamente se obtenga una mayor certeza sobre la veracidad del tipo de nombramiento realizado.

37. En definitiva, la información contenida en las referidas certificaciones laborales fue desvirtuada a través de otras pruebas documentales que admitieron lo contrario y que ofrecieron más elementos de juicio al fallador, siendo en este caso los actos administrativos donde constaba el vínculo docente10.

38. Seguidamente, la actora demostró que, mediante el Decreto 162 de 2000 11, el gobernador de La Guajira, en ejercicio de las facultades otorgadas por las Leyes 60 de

administrativos donde constaba el vínculo docente10.

38. Seguidamente, la actora demostró que, mediante el Decreto 162 de 2000 11, el gobernador de La Guajira, en ejercicio de las facultades otorgadas por las Leyes 60 de 1993, 344 de 1996 y el Decreto 955 de 2000, la trasladó desde la escuela Clotilde Povea al Colegio Nacional de Varones de Fonseca. Este traslado fue resultado del P lan de Racionalización de la planta de personal elaborado por el Municipio de Fonseca, en respuesta a la necesidad de reubicar docentes, directivos docentes y/o administrativos en los planteles oficiales de dicha localidad.

10 En aplicación de la regla probatoria contenida en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. 11 Op. Cit. Ibid.; págs. 57-58.9

Radicación: 44001-23-40-000-2022-00129-01 (3208-2024)

Demandante: Carmen Beatriz Hernández Deluque

39. En este contexto, es menester señalar que los planes de racionalización de plantas docentes a nivel departamental, distrital y municipal están regulados por los artículos 17 y 18 de la Ley 508 de 1999. Estos planes tienen como objetivo optimizar la cobertu ra, calidad, eficiencia equidad en el servicio docente. Su finalidad consiste en cumplir con la tasa de asignación de personal docente por alumno, establecida por el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con la densidad de población estudiantil, buscando así una distribución equitativa del personal docente, directivo y administrativo del situado fiscal entre los municipios.

40. Esta normativa también establece que los gobernadores y alcaldes tienen la

densidad de población estudiantil, buscando así una distribución equitativa del personal docente, directivo y administrativo del situado fiscal entre los municipios.

40. Esta normativa también establece que los gobernadores y alcaldes tienen la facultad de gestionar las plazas que se liberan anualmente, así como de trasladar docentes y directivos. En primera instancia, estos traslados deben realizarse dentro del municipio y, como segunda opción, entre municipios del mismo departamento, siempre que se cuente con el concepto previo de las juntas municipales o departamentales de educación, según corresponda. Además, los nominadores pueden gestionar retiros compensados.

41. Con todo, la mencionada ley no contempló el cambio de origen de los recursos ni el tipo de vinculación que tenía el maestro en el momento del traslado, antes bien, el parágrafo del articulo 18 estableció que este se realizaría sin solución de continuidad.

42. En este sentido, para la Sala, el traslado ordenado mediante el Decreto 162 de 2000 no alteró el tipo de vinculación nacionalizada que ostentaba la demandante en la Escuela Nacionalizada Clotilde Povea. En efecto, dado que se demostró que la actora ocupaba una plaza nacionalizada desde el 15 de abril de 1995, el traslado al Colegio Nacional de Varones se llevó a cabo bajo la misma calidad, ya que la Ley 508 de 1999 no contempló un cambio en su naturaleza.

43. Puestas de este modo las cosas, el intervalo comprendido entre el 15 de noviembre de 1994 y el 15 de noviembre de 2018 12, que abarca un total de 24 años, se contabilizará como tiempo de servicio en calidad de docente nacionalizada. Por lo tanto, es suficiente para