CE - Sentencia 47001233300020150013001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130-01 (71775) Demandantes: Matilde Month Pérez y otros Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro Referencia: Acción de grupo

Temas: acción de grupo – conflicto armado – desplazamiento forzado – causa común del daño – condena en costas

Síntesis del caso: se demanda por el desplazamiento forzado de un grupo de personas debido a la supresión de sus cargos en una Empresa Social del Estado.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 7 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d e Magdalena, que declaró de oficio la caducidad de la acción.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de abril de 2015, Matilde Month Pérez y otros1 presentaron demanda2,

1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de abril de 2015, Matilde Month Pérez y otros1 presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de grupo, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de que se hicieran

las siguientes declaraciones (se trascribe):

“1. Se declare que se presentó la vulneración a los derechos individuales de la vida, integridad física y moral, seguridad jurídica, trabajo y mínimo vital de

1 La demanda fue presentada por Miladis Ester Galán Martínez, Gloria María Paz Esparragoza, Anaida Alvear Arango, Hernando Villafañe Peñaloza, Aracelis Florez Rodríguez, Yaneth Villanueva Mejía, María del Rosario Martínez Rodríguez, Julio Enrique Puerta Freyle, Rosario Beleño Barrera, M arina Rosa Pedrozo Leal, Alba Rosa Manjarrés Vásquez, Martha Rosa Ospino Fernández, Luz Adelina Álvarez Arango, Yarid Piñerez Zuluaga, Matilde Month Pérez y Diana Díaz Robles. 2 Páginas 4-58 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

Demandantes: Matilde Month Pérez y otros Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional Referencia: acción de grupo Decisión: revoca – declara la improcedencia

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mis poderdantes, además de los derechos colectivos relacionados con los literales b, e y g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Referencia: acción de grupo Decisión: revoca – declara la improcedencia

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mis poderdantes, además de los derechos colectivos relacionados con los literales b, e y g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

2. Declarar que La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional son responsables por los perjuicios ocasionados por la omisión o falla de su deber de protección de la vida, honra y bienes de mis poderdantes en los hechos descritos en la presente acción.

3. Que a título de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES se ordene el pago de las indemnizaciones, los salarios, aportes parafiscales y demás emolumentos laborales que se causaren desde el día en que arbitraria e ilícitamente fueron separados de la labor o servicio público que prestaban en la E.S.E. Hospital ‘La Candelaria’ de El Banco, Magdalena, hasta la fecha que adquieran su derecho pensional, teniendo en cuenta los salarios y prestaciones que devengaban en el año 2001, ajustando s us respectivos valores en los términos que ha venido observando la jurisprudencia del Consejo de Estado, del CPACA y demás normas que lo adicionen o reformen.

4. Se ordene a la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el Ejército Nacional, pagar a mis defendidos, a título de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, siguiendo los lineamientos trazados a partir de la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 2013, radicación número: 05001-23-31-000-2001-00799-01 (36460) , M.P. Enrique Gil

UNIFICACIÓN del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 2013, radicación número: 05001-23-31-000-2001-00799-01 (36460) , M.P. Enrique Gil Botero, donde el juez podrá tasar hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia del presente proceso a favor de cada uno de los accionantes, toda v ez que los daños causados a ellos fue producto de un hecho punible.

5. Se ordene el pago de perjuicios morales al núcleo familiar de cada uno de mis poderdantes, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la sentencia de unificación de criterios señalada en el numeral anterior.

6. Se ordene el pago de los intereses previstos en el CPACA y demás normas que la adicionen o modifiquen.

Para todos los efectos se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de los accionantes, desde el momento de su ilegal desvinculación hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia de este proceso.

8. Se orden la INDEXACIÓN de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por los accionantes, desde su ilegal desvinculación, hasta la fecha efectiva de la ejecutoria de la sentencia de este proceso, como lo ordena la jurisprudencia del Consejo de Estado y el CPACA y demás normas que la adicionen o modifiquen.

9. Que se ordene la publicación de la sentencia en periódicos de amplia circulación tanto nacional como regional.

10. Que se ordene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional, iniciar y llevar hasta su culminación la acción de repetición de que

circulación tanto nacional como regional.

10. Que se ordene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional, iniciar y llevar hasta su culminación la acción de repetición de que trata la Ley 678 de 2001 contra qui enes hayan sido los autores materiales, intelectuales y determinador de los hechos narrados en la presente demanda.

11. Que se condene en costas y agencias en derecho a la demanda, conforme lo ordena el artículo 38 de la Ley 472 de 1998”3.

2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

3. Los demandantes eran empleados de carrera administrativa de la E.S.E.

Hospital la Candelaria (el Hospital), en El Banco, Magdalena. Mediante la

3 La parte demandante incluyó un acápite que denominó “ estimativo del valor de los perjuicios ocasionados por la vulneración de los derechos ” en el que desglosó lo solicitado por cada demandante.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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Resolución 318 de 19 de junio de 2001 la gerente de la entidad suprimió “33 cargos de carrera administrativa”, incluidos los de los actores.

4. El acto administrativo fue expedido “ siguiendo órdenes estrictas del entonces comandante de las autodefensas de esa zona del departamento del Magdalena, Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafael’”, según lo reconoció en versión libre ante la Fiscalía General de la Nación el 12 de marzo de 2014.

entonces comandante de las autodefensas de esa zona del departamento del Magdalena, Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafael’”, según lo reconoció en versión libre ante la Fiscalía General de la Nación el 12 de marzo de 2014. En su narración consta ba que realizó “amenazas y constreñimiento ” para que se hiciera el “ilegal y arbitrario despido ”, así como el desplazamiento forzado de los actores.

5. Los jefes de las autodefensas, así como algunos funcionarios del Hospital, “les prohibieron ” a los demandantes “ que iniciaran acciones judiciales contra la decisión de retirarlos de sus cargos, o para reclamar algo sobre sus derechos laborales”. Por el temor a represalias, los actores se abstuvieron de hacerlo. Según la demanda, “ era de público conocimi ento el mando y control que tenían las autodefensas en el Sur del Departamento del Magdalena, y la complicidad que encontraban en representantes y/o miembros de órganos del Estado”.

6. Afirmó que, toda vez que el daño no había cesado, no había operado la caducidad, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998. En su concepto, el grupo era víctima de desplazamiento forzado porque, según la Ley 387 de 1997, tenía esta condición quien se ve ía obligado a dejar “su actividad económica habitual ”. En este caso , los actores habían sido “víctimas de desplazamiento laboral”.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Policía contestó la demanda 4. Afirmó que sus obligaciones estaban relacionadas con la salvaguarda del orden público y que no debía

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Policía contestó la demanda 4. Afirmó que sus obligaciones estaban relacionadas con la salvaguarda del orden público y que no debía responder “ante una situación ordinaria de recorte de personal o situaciones laborales de una empresa pública ”. Agregó que el daño reclamado tenía origen en un acto administrativo, que gozaba de presunción de legalidad.

8. Sostuvo que l a parte demandante no demostró que hubiera solicitado protección previa de la entidad. Tampoco que hubiera sido víctima de desplazamiento. Lo anterior implicaba que no se cumplía con el requisito de conformación del grupo. Por tal motivo propuso la excepción de falta de legitimación activa en la causa.

9. Solicitó que se vinculara como litisconsorte necesario al Hospital porque fue la entidad que expidió el acto administrativo que suprimió los cargos.

4 Páginas 306-333 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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10. El Ejército contestó la demanda5. Señaló que no le constaban los hechos de la demanda porque se referían a “ relaciones administrativas laborales”.

Que la desvinculación de los trabajadores fue una decisión del Hospital , justificada, según el acto administrativo, en la crisis económica que atravesaba y en la sobredimensión de la planta de personal . Por tanto, los

Que la desvinculación de los trabajadores fue una decisión del Hospital , justificada, según el acto administrativo, en la crisis económica que atravesaba y en la sobredimensión de la planta de personal . Por tanto, los trabajadores debieron cuestionar la legalidad del acto administrativo a través la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

11. Refirió que la parte demandante no cumplía con los requisitos de conformación del grupo porque no demostró que los actores fueran víctimas de desplazamiento forzado.

12. Solicitó que se vincularan como litisconsortes necesarios al Hospital, al departamento de Magdalena, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, y a la Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas.

13. Mediante a Auto de 30 de junio de 20166 el tribunal ordenó la vinculación de la E.S.E. Hospital la Candelaria . En la misma providencia desestimó la vinculación de las demás entidades.

14. El Hospital contestó la demanda 7. Solicitó que se vinculara como litisconsortes necesarios al municipio de El Banco y a la Procuraduría Provincial del municipio de El Banco.

15. Mediante Auto de 19 de abril de 20188, el tribunal negó la vinculación de las entidades mencionadas porque no fueron “señaladas por los demandantes ni demandados como autores de hechos u omisiones generadores del daño” alegado.

1.3. Sentencia de primera instancia

16. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 20249, el Tribunal Administrativo de Magdalena declaró probada, de oficio, la caducidad de la acción.

1.3. Sentencia de primera instancia

16. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 20249, el Tribunal Administrativo de Magdalena declaró probada, de oficio, la caducidad de la acción.

17. Señaló que los demandantes conocieron de la participación del Estado en “ el hecho victimizante de desplazamiento forzado cometido en su contra” en el 2012, cuando la Fiscalía General de la Nación respondió una petición de Alberto Suárez. El documento entregado por l a entidad contenía la trascripción de la versión libre rendida por Wilson Poveda

5 Páginas 342-396 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital. 6 Páginas 533-536 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital. 7 Páginas 548-549 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital. 8 Páginas 561-562 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital. 9 Documento “32. SentenciaDePrimeraInstancia” del expediente digital.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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Carreño, alias Rafa, en el proceso de Justicia y Paz, en la que constaba que el grupo paramilitar actuó en coordinación con agentes estatales. Agregó que los actores no demost raron situaciones que les hubieran impedido materialmente demandar. Por tanto, al momento de ejercer la acción se había superado ampliamente el término previsto en el artículo 47 de la Ley

que los actores no demost raron situaciones que les hubieran impedido materialmente demandar. Por tanto, al momento de ejercer la acción se había superado ampliamente el término previsto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y la decisión unificada del Consejo de Estado en lo rel ativo a graves violaciones a los derechos humanos.

18. Según el tribunal, se acreditó que, mediante la Resolución 318 de 19 de

junio de 2001 el Hospital suprimió treintaitrés cargos de carrera administrativa, incluidos los de los demandantes. En su declaración, Wilson Poveda aceptó la “ responsabilidad penal por el desplazamiento forzado ”. Por e so, desde 2012, al conocer Alberto Suárez de la trascripción de la versión libre, los actores debieron conocer de la participación activa de agentes del Estado en los hechos victimizantes.

19. Si bien en la demanda se indicó que el postulado aceptó los hechos en una declaración posterior, realizada el 12 de marzo de 2014, la versión libre aportada en medio magnético no pudo ser escuchada porque tenía un bloqueo de seguridad. Sin embargo, era claro que desde 2010 el postulado reconoció los hechos, afirmaciones que reiteró en 2011 y 2012. Aceptar que solo en la última fecha inicia el conteo del término sería extender la caducidad.

20. Finalmente indicó que, si bien el Consejo de Estado había sostenido que el desplazamiento forzado era un daño continuado, cuyo término solo iniciaba una vez cesaba, lo cierto era que “dicha tesis quedó revaluada con la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020”.

el desplazamiento forzado era un daño continuado, cuyo término solo iniciaba una vez cesaba, lo cierto era que “dicha tesis quedó revaluada con la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020”.

21. Por último, el tribunal se abstuvo de condenar en costas porque no se evidenciaba su causación.

1.5. Recurso de apelación

22. La parte demandante interpuso recurso de apelación10. Sostuvo que los demandantes fueron víctimas de desplazamiento forzado “ por cuanto se vieron sometidos a la penosa alteración de sus condiciones de existencia y a la modificación anormal del curso de sus vidas ” al ser “obligados a desvincularse de sus cargos irremediablemente ”, situación que fue ejecutada por autoridades públicas en coordinación con las autodefensas.

En este punto insistió en que, de acuerdo con la definición contenida en la Ley 387 de 1997, el desplazamiento incluía a aquellas personas que se veían forzadas a dejar su “ actividad económica habitual ”. Los demandantes

10 Documento “ 34.1 MemorialRecursoApelacionSentenciaDemandante” del expediente digital.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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fueron desvinculados mediante un acto administrativo que suprimió sus cargos por orden del “comandante político de las autodefensas ” Arturo Ruidíaz, alias Rubén, quien, además, decidió arbitrariamen te sobre sus

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fueron desvinculados mediante un acto administrativo que suprimió sus cargos por orden del “comandante político de las autodefensas ” Arturo Ruidíaz, alias Rubén, quien, además, decidió arbitrariamen te sobre sus liquidaciones, les advertía que debían guardar silencio y no presentar demandas. El hecho fue reconocido por Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, aceptó el 12 de marzo de 2014, ante la Fiscalía General de la Nación. Ante la imposibilidad técnica de abrir el archivo en primera instancia, lo aportaba nuevamente en medio magnético.

23. En relación con la caducidad de la acción solicitó que se tuviera en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en la decisión SU -254 de

2013. Insistió en que el daño no había cesado de acuerdo con la oportunidad para demandar indicada en la Ley 472 de 1998. En todo caso, el término no podía contarse, como lo hizo la sentencia recurrida, desde la respuesta que obtuvo Alberto Suárez Barrientos, ya que se trataba de una persona que no hacía “parte del grupo de accionantes”.

1.5. Trámite procesal relevante

24. Mediante Auto de 16 de junio de 2025 11, el despacho instructor se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud probatoria porque “ la parte actora no indicó qué pruebas pretendía fueran decretadas, ni la causal invocada”, así como el hecho de que se tratara de alguna decretada y no practicada en primera instancia, o que esta no se hubiera realizado por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

2. CONSIDERACIONES

invocada”, así como el hecho de que se tratara de alguna decretada y no practicada en primera instancia, o que esta no se hubiera realizado por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Caducidad de la acción – 2.3. Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

25. La Sentencia de primera instancia será confirmada, por razones similares a las del tribunal. De acuerdo con los hechos narrados en la demanda, los actores supieron de la injerencia del grupo paramilitar en la gestión del hospital desde el momento en que se puso fin a su vínculo laboral. Por tanto, se configuró la caducidad de la acción12.

11 Documento “069Autoqueseabs_71775Pruebasensegund” del expediente digital. 12 El ponente de esta sentencia no comparte este argumento de la mayoría de la Subsección. En su concept o, debió declararse la improcedencia de la acción de grupo porque no existió causa común del daño, requisito previsto en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998. Respecto de cada empleado la administración adoptó una decisión que puso fin a su vínculo laboral y cada uno se encontraba, para ese momento, en una situación específica frente al Hospital —por el tiempo de antigüedad de los servicios prestados, porRadicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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2.2. Caducidad de la acción

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2.2. Caducidad de la acción

26. En el presente asunto, está acreditado que, mediante la Resolución 318 de 19 de junio de 200113 la gerente del Hospital determinó suprimir treintaitrés cargos de la planta de personal.

27. Según lo referido en la demanda, los trabajadores fueron amenazados desde el momento mismo de la supresión de los cargos y, en la región, “era de público conocimiento ” la coordinación entre las autodefensas y las administraciones locales. Es claro, entonces, que desde el momento mismo de los hechos los actores supieron de la actuación conjunta de agentes estatales y el grupo paramilitar.

28. En relación con las amenazas y el temor para demandar que relatan, lo cierto es que, de un lado, con la Ley 975 de 2005 14 (conocida como de Justicia y Paz ), se inició la desmovilización y reincorporación de las estructuras paramilitares, hecho que fue de amplio conocimiento nacional.

Y, en cualquier caso, al menos para el 13 de abril de 2010, Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, quien según la demanda aceptó la responsabilidad en los hechos, se encontraba procesado15.

29. Así, está acreditado que, desde el momento del daño los actores estaban enterados de los vínculos entre las autodefensas de la región y la gerencia del hospital. Además, que , una vez iniciado el proceso de

el tiempo restante para pensionarse, por contar fuero sindical, entre otros —. En

estaban enterados de los vínculos entre las autodefensas de la región y la gerencia del hospital. Además, que , una vez iniciado el proceso de

el tiempo restante para pensionarse, por contar fuero sindical, entre otros —. En consecuencia, la desvinculación de cada empleado se hizo mediante un acto administrativo de carácter particular que, podría, además, debido a las especificidades anotadas, tener vicios diferentes o adicionales a aquellos que coincidirían con la imputación realizada en la demanda (falsa motivación y desviación de poder). En otras palabras, no existe causa común toda vez que la fuente del daño en este caso, la ilegalidad de cada acto administrativo podría fundarse en razones diferentes para cada empleado e incluso resultar infundada para otros. Adicionalmente, la notificación de cada una de las decisiones de desvinculación determinó, de manera individual, el inicio del términ o de caducidad de cuatro meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que confirma que, cada uno de dichos actos administrativos constituye la causa adecuada individual del daño. Por lo anterior, no resulta posible identificar una causa común como condición de procedencia de la acción de grupo. Todo lo anterior de conformidad con el criterio unificado de esta corporación: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Número Catorce. S entencia de 6 de diciembre de 2021, radicado 66001 -33-31-003-200800410-01. Con salvamento de voto del magistrado Milton Chaves García. En relación con la procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencio so Administrativo, Sala Especial de Decisión Número

00410-01. Con salvamento de voto del magistrado Milton Chaves García. En relación con la procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencio so Administrativo, Sala Especial de Decisión Número Catorce. Sentencia de 17 de mayo de 2023, radicado 68001 -33-31-014-2013-00158-01. Con salvamento parcial de voto del magistrado Milton Chaves García. 13 Páginas 89-90 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital. 14 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 15 De acuerdo con la trascripción de la versión libre rendida por Wilson Poveda Carreño en la fecha mencionada. Páginas 283 -285 del documento “ 01. CUADERNO N°1 ” del expediente digital.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

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desmovilización y reincorporación del grupo armado, los interesados podían presentar la demanda. De este modo, es evidente que el ejercicio de la acción, el 8 de abril de 2015, se hizo cuando se había superado ampliamente el plazo legal de dos años.

30. Finalmente, con el fin de despejar la argumentación planteada desde la demanda y reiterada en el recurso de apelación, es necesario indicar que

ampliamente el plazo legal de dos años.

30. Finalmente, con el fin de despejar la argumentación planteada desde la demanda y reiterada en el recurso de apelación, es necesario indicar que la parte actora propone una interpretación equivocada y conveniente sobre la definición de des plazamiento forzado contenida en la Ley 387 de 1997, porque afirma que tiene tal calidad quien debe abandonar su actividad económica habitual, pero omite el elemento central que consiste en: “ toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territo rio nacional”16. De las pretensiones, la reparación de perjuicios pretendida y los hechos narrados en la demanda es claro que el daño alegado es la desvinculación laboral, que es de naturaleza instantánea. Por tanto, tampoco podría aplicarse el término pre visto en la Decisión SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional , pues esa decisión trata sobre desplazamiento forzado.

31. En la misma línea, por la naturaleza instantánea del daño que viene de señalarse, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 17, el plazo para demandar en este caso es de dos años18 y no el supuesto referido a la cesación de la acción vulnerante, como propone la parte recurrente.

32. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la caducidad de la acción.

2.3. Condena en costas

33. De acuerdo con el precedente de esta Subsección, la condena en costas no procede en acciones de grupo 19, sin perjuicio los deberes de

2.3. Condena en costas

33. De acuerdo con el precedente de esta Subsección, la condena en costas no procede en acciones de grupo 19, sin perjuicio los deberes de

16 Artículo 1 de la Ley 387 de 1997: “Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales , porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran d irectamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público” (subrayado fuera del original). 17 Aplicable en el presente asunto porque el término empezó a correr antes de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con el criterio de la aplicación de la ley procesal en el tiempo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 18 De nuevo, el ponente aclara que, en este caso, sería el término de 4 meses, propio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

B. Sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 68712.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)

Demandantes: Matilde Month Pérez y otros Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional Referencia: acción de grupo

Demandantes: Matilde Month Pérez y otros Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional Referencia: acción de grupo Decisión: revoca – declara la improcedencia

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probidad de los abogado s que ejercen la representación judicial y la posibilidad de que se vea comprometida su responsabilidad patrimonial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de febrero de 2024, proferida por el

Tribunal Administrativo de Magdalena.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado