CE - Sentencia 47001233300020200006601 de 2025

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Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) agosto de dos mil veinticinco (2025)

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La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Plato – Magdalena contra la sentencia de 14 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda

## ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Norma Cecilia Álvarez Salcedo, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo 005 del 30 de agosto de 2019 expedido por la alcaldía de Plato y del acto ficto surgido de la no contestación de la petición radicada el 8 de agosto de 2019 ante el Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) reconocer y pagar las cesantías anualizadas por los años 1998 y 1999; (ii) ordenar el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998; (iii) reconocer el pago de los intereses moratorios hasta que se efectué el pago; (iv) cumplimiento del fallo conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA y; (v) condenar en costas a la demandada.

1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones:

La docente Norma Cecilia Álvarez Salcedo, está vinculada al servicio educativo desde 1998 en el Departamento del Magdalena, pero no recibió oportunamente la consignación de sus cesantías correspondientes a los años 1998 y 1999, incumpliendo así el Municipio de Plato con su obligación legal de hacerlo a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

Ante esta omisión, la docente presentó reclamaciones administrativas en 2019 tanto ante el municipio como ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Sin embargo, las decisiones adoptadas por ambas entidades fueron negativas.

Además, el reporte actual del FOMAG no refleja el reconocimiento de dichas cesantías.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política; artículos 13 y 15 de la Ley 344 de 1946; artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 1582 de 1998; artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 1252 del 2000; Ley 91 de 1989 y el Decreto Nacional 3118 de 1968.

El auxilio de cesantía y la sanción por su pago extemporáneo buscan garantizar los derechos a la seguridad social y al pago efectivo de las prestaciones, sin distinción entre trabajadores del sector público o privado.

Asimismo, el artículo 53 reconoce el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, como expresión del derecho fundamental a la subsistencia digna. Esta debe permitir al trabajador satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y recreación, y es indispensable para garantizar su dignidad humana.

En conclusión, el mínimo vital no se limita al salario, sino que abarca todas las acreencias laborales y prestacionales. Por tanto, el incumplimiento en el pago oportuno de cesantías no solo infringe derechos laborales, sino también derechos fundamentales del trabajador y su núcleo familiar.

2. Contestación de la demanda[[2]](#footnote-2).

• El Municipio de Plato en su escrito de contestación se opuso a las pretensiones. Formula como excepciones las que denomina como falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de obligación legal conforme a convenio interadministrativo prescripción extintiva y la genérica. Considera que según el convenio suscrito entre el Municipio, el Departamento del Magdalena y el Ministerio de Educación en el año 2000, la obligación del pago de cesantías corresponde al FOMAG, no al Municipio.

• El Ministerio de Educación Nacional se opone a las súplicas del libelo. Propone como medios exceptivos los de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, ineptitud de la demanda prescripción, caducidad, sostenibilidad financiera e innominada y genérica.

El Municipio de Plato (Magdalena) firmó un convenio interadministrativo que garantizó la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) de 262 docentes pagados con recursos propios, entre ellos la demandante. Sin embargo, el Municipio tiene pendiente el reporte de información necesaria para que el Fondo pague los intereses de cesantías, conforme al Acuerdo 39 de 1998. La Secretaría de Educación municipal, como entidad nominadora, es la responsable de enviar dichos reportes, requisito indispensable para el pago por parte del Fondo.

El Consejo de Estado ha reiterado que los docentes vinculados desde 1990 se rigen por las normas aplicables a empleados públicos del orden nacional. En el caso del accionante, vinculado como docente en 1998 mediante convenio, le aplica el régimen anualizado de cesantías, y no el retroactivo.

Por tanto, las pretensiones del demandante relacionadas con el reconocimiento del régimen retroactivo de cesantías no tienen fundamento jurídico ni probatorio, ya que su vínculo posterior a la Ley 91 de 1989 lo sujeta al sistema anualizado.

3. La sentencia de primera instancia[[3]](#footnote-3).

El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 14 de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

PRIMERO: DECLARAR configurado el silencio administrativo negativo respecto de la petición elevada ante la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de fecha 02 de agosto de 2019, mediante la cual negó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías causadas, los intereses causados en cuanto a las anualidades 1998 y 1999, y la sanción moratoria conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Plato, Magdalena trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, el valor correspondiente al auxilio de cesantías anualizadas e intereses de cesantía de los años 1998 y 1999, causadas a favor de la señora Norma Cecilia Álvarez Salcedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 39.087.415, para que dicho fondo administrado por la Fiduprevisora S.A., efectúe el pago.

TERCERO: DECLARAR la prescripción de la sanción moratoria reclamada sobre la no consignación del auxilio de cesantías causadas a partir del 14 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad y las ocasionadas en el año 1999.

En el caso concreto, se comprobó que el Municipio de Plato no realizó el traslado de los valores correspondientes al auxilio de cesantías de la docente Norma Cecilia Álvarez Salcedo, por los años 1998 y 1999, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Debido a esta omisión, la docente tiene derecho al reconocimiento de las cesantías y sus respectivos intereses legales. Sin embargo, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 prescribió, porque no se reclamó dentro del plazo legal de tres años, contado desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación de cada anualidad, según lo establecido por la sentencia de unificación CE-SUJ-S1I-022-2020.

En consecuencia, se ordena al Municipio trasladar al Fondo los valores correspondientes a las cesantías de 1998 y 1999, con intereses, para su pago a través de la Fiduprevisora S.A., y se declara prescrita la sanción moratoria.

4. El recurso de apelación[[4]](#footnote-4).

El Municipio de Plato interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia argumentando su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, que si bien lo exonera del pago de la sanción moratoria, lo condena al pago de las cesantías anualizadas de los años 1998 y 1999 a favor de la docente Norma Cecilia Álvarez Salcedo.

El Municipio argumenta que, mediante convenio interadministrativo suscrito el 3 de noviembre de 2000 con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento del Magdalena y la Nación, se trasladó la responsabilidad del pago del pasivo prestacional y pensional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. En cumplimiento de ese convenio, el Municipio autorizó el giro de sus recursos del Sistema General de Participaciones al FOMAG, lo cual consta en el expediente y en el anexo donde figura la demandante en el orden 98 de 262 docentes beneficiados.

La razón del convenio fue la incapacidad financiera de los municipios, incluido Plato, para asumir el pago de dichas obligaciones, situación común en muchas entidades territoriales. Por tanto, el FOMAG asumió el compromiso de reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes desde su fecha de nombramiento, en este caso desde 1998.

El Municipio señala que si se le obliga a pagar directamente a la demandante, se generaría un doble pago y un detrimento patrimonial al Estado, pues esos recursos ya fueron transferidos al FOMAG. Además, la FIDUPREVISORA ha confirmado que el Fondo está obligado a cubrir estas obligaciones incluso si el Municipio no ha pagado la totalidad del pasivo.

Por lo anterior, el Municipio solicita al Adquem:

Valorar el convenio y las pruebas que demuestran que no es el responsable directo del pago.

Decretar pruebas para aclarar quién debe asumir la obligación: requerimientos a la FIDUPREVISORA, al Ministerio de Hacienda y al FOMAG.

En conclusión, el Municipio pide revocar la condena impuesta y dejar en firme la declaratoria de falta de responsabilidad, con fundamento en el convenio interadministrativo que transfiere la obligación al FOMAG.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 16 de octubre de 2024[[5]](#footnote-5), el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

Mediante providencia[[6]](#footnote-6) del 21 de abril de 2025, el consejero ponente negó[[7]](#footnote-7) las pruebas solicitadas por el ente territorial demandado con el recurso de alzada. Este auto quedó ejecutoriado según la constancia secretarial que descansa en el registro 00014 de Samai.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)[[8]](#footnote-8), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena que condenó al pago de las cesantías de los años 1998 y 1999 a favor de la docente Norma Cecilia Álvarez Salcedo.

De la misma manera, se debe valorar el efecto jurídico del convenio interadministrativo para establecer la responsabilidad para el pago de las cesantías.

Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos., 2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes, 2.3. Caso en concretoy 2.4. Condena en costas.

2.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos.

La Ley 6ª de 1945, en el literal a) del artículo 17, estableció para los empleados y obreros nacionales el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año de acuerdo a lo señalado por el literal f) del numeral 12 de la misma disposición legal.

Mediante el Decreto 2767 de 1945, se extendió la prestación social a los empleados y obres al servicio de los departamentos, intendencias, comisarias, o municipios que tiene derecho a la totalidad de prestaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.

Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para indicar que:

«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma Ley.»

Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación, así:

«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses».

Luego, el Decreto 1160 de 1947 estableció que los empleados al servicio de la Nación, de cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho a recibir el auxilio de cesantías y señaló que para liquidar las cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal a menos que este haya sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de 12 meses (artículo 6 ibidem).

Por otra parte, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo de efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores oficiales (artículo 2, literal a) y proteger este auxilio frente a la depreciación monetaria (artículo 2, literal b). A su vez, el artículo 3 de esta norma, estableció que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Público y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían liquidarse y entregarse al Fondo. Por otro lado, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar la liquidación del auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Por su lado, los artículos 27[[9]](#footnote-9), 28[[10]](#footnote-10) y 33[[11]](#footnote-11) se establecieron a partir del 1 de enero de 1969, el sistema de liquidación de cesantías anualizadas para los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades antes enunciadas.

Posteriormente, la Ley 344 de 1996, dispuso en su artículo 13 que las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán un régimen anualizado de cesantías, cuya liquidación se hará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la que debe realizarse cuando finalice la relación laboral.

Por su lado, la Ley 432 de 1998, reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, pero preservó la administración eficiente de las cesantías con las funciones de recaudar y pagar a los afiliados y proteger el auxilio de las cesantías de la pérdida del valor adquisitivo (artículo 3 literales a, b y c).

A su vez, el Decreto 1582 de 1998[[12]](#footnote-12) destacó que la liquidación anual de los empleados de nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías se debe hacer con aplicación de la Ley 50 de 1990; mientras que la liquidación de quienes están vinculados al Fondo Nacional del Ahorro debe efectuarse teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 432 de 1998.

Por otro lado, el Decreto 1252 de 2000, estableció que los servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 venían disfrutando del régimen retroactivo de cesantías, conservarán dicho beneficio hasta la terminación de la relación laboral.

Por último, el Decreto 1919 de 2002 en el artículo 3 extendió el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, a los servidores del orden territorial y determinó que quienes son beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías, continuarán disfrutando del mismo.

2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes.

La Ley 91 del 29 de diciembre 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta (…)» para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la citada disposición legal y los que se vinculen con posterioridad a ella, serán automáticamente afiliados a este Fondo.

El artículo 2 de esta disposición especial estableció que la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones prestacionales con los docentes, en ella destacó:

«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.»

Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada Ley, el artículo 15 hizo la siguiente precisión sobre la vinculación, así:

«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]»

Especialmente, en lo referente a las cesantías el numeral 3 de este mismo artículo, destacó:

«3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Destaca la Sala]

Con fundamento en las disposiciones normativas que anteceden, se identifica una distinción de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para ellos, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio efectuará el pago de un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de laborado, en relación con el último salario devengado, en otras palabras, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, a quienes este Fondo pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas en la anualidad y sin retroactividad, en conclusión, las cesantías serán reconocidas con el régimen anualizado.

Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación en sentencia del 30 de noviembre de 2017[[13]](#footnote-13), señaló:

«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.»

Siguiendo en esa misma dirección, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 7 de febrero de 2019[[14]](#footnote-14), precisó que los docentes que ingresen con posterioridad al 1 de enero de 1990, las cesantías serán liquidadas bajo el sistema anualizado, en ese sentido, destacó:

«(…) se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de enero de 1990, por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, y ostentar la calidad de cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 1996[[15]](#footnote-15) que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.».

En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen laboral de los docentes oficiales en el cual los equiparó al de los empleados del orden nacional, es decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con excepción de los educadores que estuvieren vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 que se les respetara los derechos adquiridos, en otras palabras, el régimen de retroactividad de esta prestación social.

2.3. Caso en concreto

De acuerdo a lo hechos probados en el expediente, que descansan en el expediente, se tiene que Norma Cecilia Álvarez Salcedo se vinculó con el departamento del Magdalena desde el 14 de julio de 1998.

2.3. Caso en concreto

De acuerdo a lo hechos probados en el expediente, que descansan en el expediente, se tiene que Norma Cecilia Álvarez Salcedo se vinculó con el departamento del Magdalena desde el 14 de julio de 1998.

La anterior se logra establecer a partir de la Resolución No. 0155 del 29 de enero de 2018, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para comprar una vivienda.

De ella podemos destacar lo siguiente:

Que mediante solicitud radicada 2017-CES-512313 del 04/12/2017, la Docente NORMA CECILIA ALVAREZ SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.087.415 de Plato, solicita el reconocimiento y pago de una Cesantía Parcial con destino a Compra de Vivienda, que le corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación MUNICIPIO – RECURSOS PROPIOS, por el tiempo laborado en la Institución Educativa Departamental Rosa Cortinas Hernán (Magdalena).

Se liquida la prestación del 14/07/1998 al 30/12/2016.

…

Se liquida la prestación del 14/07/1998 al 30/12/2016.

…

| | | | --- | --- | | Reportes Anuales de Cesantías | Valor | | Cesantías año 2000 | $510.115,00 | | Cesantías año 2001 | $555.217,00 | | Cesantías año 2002 | $592.758,00 | | Cesantías año 2003 | $633.718,00 | | Cesantías año 2004 | $671.098,00 | | Cesantías año 2005 | $721.265,00 | | Cesantías año 2006 | $730.127,00 | | Cesantías año 2007 | $1.285.540,00 | | Cesantías año 2008 | $1.610.909,00 | | Cesantías año 2009 | $1.734.166,00 | | Cesantías año 2010 | $1.769.157,00 | | Cesantías año 2011 | $1.825.239,00 | | Cesantías año 2012 | $1.916.502,00 | | Cesantías año 2013 | $2.148.920,00 | | Cesantías año 2014 | $2.199.501,00 | | Cesantías año 2015 | $2.699.732,00 | | Cesantías año 2016 | $2.967.693,00 | | TOTAL CESANTÍAS ACUMULADAS: | $25.172.257,00 | | AVANCES CESANTÍAS RES. 103-30/04/2008 | $5.292.344,00 | | AVANCES CESANTÍAS RES. 732 11/09/2013: | $8.227.920,00 | | AVANCES CESANTÍAS RES. 289 13/05/2015: | $3.485.067,00 | | TOTAL AVANCES CESANTÍAS: | $17.005.331,00 | | TOTAL CESANTÍAS A RECONOCER: | $8.166.926,00 |

Que el proyecto de Acto administrativo fue aprobado por la entidad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Que son normas aplicables entre otras la Ley 91 de 1989, Decreto 2755 de 1966 y su Decreto reglamentario No. 888 de 1991 y reglamentos de Cesantías Parciales emanados del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a NORMA CECILIA ÁLVAREZ SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.087.415 de Plato, la suma de $25.172.257,00, por concepto de liquidación parcial de cesantías, solicitada conforme a la parte motiva de la presente resolución que le corresponde por el tiempo de servicios como MUNICIPAL – RECURSOS PROPIOS.

PARÁGRAFO 1: De la suma reconocida descontar $17.005.331,00 por concepto de cesantías parciales pagadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Girar la suma de $8.166.926,00, como anticipo de Cesantía Parcial con destino a Compra de Vivienda, valor que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad Fiduciaria La Previsora S.A., según acuerdo suscrito entre la Nación y esta entidad a JULIO CÉSAR ARCOS MURILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.329.908 de I\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

PARÁGRAFO 2: El pago se realizará cuando le corresponda el turno y exista la disponibilidad presupuestal, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando el cobro lo realice por intermedio de tercera persona, deberá comprobar su supervivencia.

ARTÍCULO CUARTO: Reconocer personería jurídica al Dr. IGNACIO DAVID VIANA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.965.633 de Montería, y Tarjeta Profesional No. 204409 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para efectos del poder concedido.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez revisado en el sistema HUMANO y teniendo en cuenta certificación emitida por Alexander Jiménez Barros, Auxiliar administrativo del área Administrativa y Financiera, se pudo constatar que la (el) Docente NORMA CECILIA ÁLVAREZ SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.087.415 de Plato, NO posee embargo alguno a la fecha.

PARÁGRAFO 3: Si existiere embargo activo aplicable a la prestación, se harán los descuentos correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante el Secretario de Educación del Departamento del Magdalena.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

[…]

De la Resolución que antecede, se indica el reporte de las cesantías por el interregno comprendido entre los años 2000 a 2016, empero no están las correspondientes a los años 1998 a 1999, lo cual coincide con lo que reclama