CE - Sentencia 47001233300020200049801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta Temas: Insubsistencia en cargo de libre nombramiento y remoción.

Acoso laboral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo d el Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular el Decreto 099 de 9 de mayo de 2019 1, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento que el señor Adolfo Nicolás Torne Stuwe detentaba en el cargo de director administrativo, código 09, grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital de Santa Marta.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al citado empleo, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir

grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital de Santa Marta.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al citado empleo, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y la indemnización de los perjuicios morales -por daño a la honra y el buen nombrecausados con aquella decisión. Asimismo, pidió condenar en costas y agencias en derecho al ente accionado.

4. Hechos. Mediante Decreto 287 de 30 de noviembre de 2018 , el accionante fue nombrado como «director administrativo, código 09, grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital de Santa Marta ». Posteriormente, a través del Decreto 062 de 20 de marzo de 2019, y atendiendo el disfrute de su periodo vacacional, el alcalde distrital lo encargó de sus funciones en el periodo comprendido 21 de marzo y el 2 de mayo de 2019.

5. Por medio del Decreto 570 del 1° de abril de 2019 , el presidente de la República encargó al señor Andrés José R úgeles Pineda -secretario de

1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 2», documento «01.1.- PRUEBAS Y ANEXOS», folios 61-62.Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transparencia de la presidencia de la República - como alcalde del Distrito

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transparencia de la presidencia de la República - como alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta . Ese acto administrativo no derogó el decreto señalado en el párrafo anterior.

6. Al asumir las riendas del distrito, el señor Rúgeles Pineda manifestó públicamente que venía a acabar con la corrupción al interior de la alcaldía, tildando a los miembros de su gabinete de ese modo, prejuzgándolos y atentando contra la honra y buen nombre de aquellos.

7. Por tal motivo, algunos miembros del gabinete distrital, entre los que se cuenta el actor, presentaron el 8 de abril de 2019 una queja ante el Comité de Convivencia Laboral de la alcaldía distrital de Santa Marta , por hechos constitutivos de acoso laboral por parte del alcalde encargado. Tres días más tarde, el demandante amplió esa denuncia2.

8. Sin haberse resuelto la queja, y estando dentro de los 6 meses establecidos en la Ley 1010 de 2006, el alcalde distrital, de manera arbitraria, dictó el acto administrativo demandado. Por tanto, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del ar tículo 11 ejusdem, tal decisión carece de sustento. Lo anterior, por cuanto, el burgomaestre debió esperar seis meses desde la presentación de la queja por acoso laboral, para proceder con la desvinculación del accionante.

anterior, por cuanto, el burgomaestre debió esperar seis meses desde la presentación de la queja por acoso laboral, para proceder con la desvinculación del accionante.

9. A raíz de los comentarios malintencionados del señor Rúgeles Pineda, la declaratoria de insubsistencia afectó directamente la hoja de vida y el buen nombre del demandante, pues la comunidad en general entendió que su retiro del servicio obedeció a actos de corrupción, más no al hecho de que, por detentar un empleo de libre nombramiento y remoción, podía ser desvinculado para dar paso al personal de confianza del nominador.

10. El 12 de junio de 2019, el señor Jorge Miguel Guevara Fragozo -otrora director de contratación del distrito-, solicitó al Comité de Convivencia Laboral reevaluar la decisión de archivo de la queja por acoso laboral y que, en caso de persistir en la negativa de que los hechos denunciados no se adscriben a ese fenómeno, remitir las diligencias a la Procuraduría General de la Nación.

11. El 1.° de agosto de ese año, el órgano colegiado desarchivó el expediente y ordenó su remisión a la Procuraduría General de la Nación . Esa actuación evidenció que, a la fecha de presentación de la demanda, tal queja no había sido resuelta y, por dem ás, el actor conservaba la estabilidad laboral establecida en el numeral 1.° de la Ley 1010 de 2006 que, por cierto, no está vedada para los servidores de libre nombramiento y remoción.

12. Fundamentos de derecho . Se señalaron como vulneradas las siguientes

establecida en el numeral 1.° de la Ley 1010 de 2006 que, por cierto, no está vedada para los servidores de libre nombramiento y remoción.

12. Fundamentos de derecho . Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 15 y 29 de la Constitución Política y

2 En los hechos de la demanda no se señaló en qué consistió esa ampliación.Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Ley 1010 de 2006 . Al desarrollar el concepto de violación, expuso lo siguiente:

13. El acto demandado fue emitido con desviación de poder por cuanto, si bien es cierto el alcalde encargado detentaba la potestad para declarar insubsistente el nombramiento del actor, también es innegable que dicho ejercicio no lo autorizaba a quebrantar la prohibición de despido y/o retiro del servicio contenida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

14. Así mismo, tal determinación infringió las normas en que debió fundarse y vulneró e l debido proceso del demandante , pues no le garantizó su permanencia en el cargo, pese haber presentado una queja por acoso laboral en contra del nominador. Esta denuncia lo arropó con una estabilidad laboral que no le podía ser desconocida, aunque ejerciera un empleo de libre

permanencia en el cargo, pese haber presentado una queja por acoso laboral en contra del nominador. Esta denuncia lo arropó con una estabilidad laboral que no le podía ser desconocida, aunque ejerciera un empleo de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, es evidente que esa desvinculación provino como un acto de retaliación, circunstancia expresamente prohibida por la ley.

15. El Consejo de Estado anuló el decreto mediante el cual el presidente de la República designó al señor Andrés Rúgeles Pineda como alcalde encargado del distrito de Santa Marta, por no haberlo escogido de una terna enviada por el movimiento político que avaló al alcalde elegido por voto popular. Esta decisión puso en entredicho las determinaciones adoptadas por aquel, entre ellas, el acto que ahora se demanda.

16. El acto cuestionado también afectó la honra y el buen nombre del demandante, pues antes de su emisión, el alcalde encargado hizo declaraciones en medios de comunicación locales y nacionales, en los que se expre só que, en el gabinete distrital se habían presentado casos de corrupción. Por tanto, la decisión demandada generó en la comunidad la falsa creencia de que el retiro del servicio se produjo como consecuencia de esos hechos y no como una determinación norma l frente a un empleado de libre nombramiento y remoción.

17. Contestación de la demanda . Dentro de la oportunidad de ley, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta contestó la demanda 3, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con

tales fines alegó:

18. El acto administrativo demandado no es ineficaz, pues nunca se consolidó la

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines alegó:

18. El acto administrativo demandado no es ineficaz, pues nunca se consolidó la estabilidad laboral pregonada por el actor a la luz del numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006. Lo anterior, por cuanto, en voces de dicha norma, la aludida garantía solo se activa en la medida en que la respectiva autoridad administrativa, judicial o de control verifique los hechos constitutivos de acoso laboral, lo que aquí no tuvo ocurrencia.

3 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 2», documento «14.1 CONTESTACIÓN DEMANDA».Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

19. Los artículos 2.° y 7 de la Ley 1010 de 2006 prevén que las conductas de acoso laboral deben ser persistentes, repetitivas y demostrable s, y que excepcionalmente un solo acto hostil es suficiente para dar por sentado ese fenómeno.

20. En el caso de marras, entre la fecha de posesión de l alcalde encargado -4 de abril de 2019y la data de radicación de esa denuncia -8 de abril de ese mismo año-, solo trascurrieron 3 días hábiles, sin que con posterioridad se denunciarán hechos nuevos, ni mucho menos se señalara que, con un solo

de abril de 2019y la data de radicación de esa denuncia -8 de abril de ese mismo año-, solo trascurrieron 3 días hábiles, sin que con posterioridad se denunciarán hechos nuevos, ni mucho menos se señalara que, con un solo acto hostil el nominador incurrió en acoso laboral.

21. Por tal motivo, la regla general establecida en la ley es que las conductas constitutivas de acoso laboral son persistentes y repetitivas en el tiempo y que solo excepcionalmente, cuando la autoridad competente considere que una sola acción es lo suficientemente grave para ofender la dignidad, la vida, la integridad y demás derechos fundamentales de trabajador, se tendrá por acreditado ese hecho.

22. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la nulidad del acto de elección y/o designación de un servidor público no se extiende a los actos emitidos por él, pues tales decisiones conservan, por seguridad jurídica, la presunción de legalidad que solo puede ser levantada en la medida en que, frente a cada uno de ellos se demuestre el incumplimiento de los requisitos previstos en la ley para su expedición.

23. Sentencia de primera instancia . El 10 de mayo de 2023 4, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió sentencia en la que negó las súplicas de la demanda. Con tales fines, luego de referenciar la naturaleza, forma de

provisión y desvinculación de los cargos de carrera y de libre nombramiento y remoción, afirmó que:

24. Las pruebas incorporadas a la actuación dan cuenta de que:

1. El demandante fue nombrado como director administrativo, código 09, grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital a través del Decreto 287

y remoción, afirmó que:

24. Las pruebas incorporadas a la actuación dan cuenta de que:

1. El demandante fue nombrado como director administrativo, código 09, grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital a través del Decreto 287 de 30 de noviembre de 2018.

1. Mediante Decreto 099 de 9 de mayo de 2019, el alcalde encargado del distrito de Santa Marta declaró insubsistente esa designación , invocando la potestad discrecional existente frente a los empleos de libre nombramiento y remoción.

1. El demandante, en asocio con otros miembros del gabinete distrital, formuló queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y denuncia por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral

4 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 2», documento «39SentenciaAnticipada».Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del distrito de Santa Marta en contra del alcalde encargado, señor Andrés Rúgeles Pineda.

1. Que el 1.° de agosto de 2019, el Comité de Convivencia Laboral del distrito, en respuesta a una petición formulada por un ex funcionario de la entidad, desarchivó el expediente contentivo de la denuncia por acoso laboral y ordenó su remisión a la Proc uraduría

del distrito, en respuesta a una petición formulada por un ex funcionario de la entidad, desarchivó el expediente contentivo de la denuncia por acoso laboral y ordenó su remisión a la Proc uraduría General de la Nación.

1. Los relatos de los testigos Alberto Rodríguez Akle y Wilfred José Santrich Abello fueron uniformes cuando aseguraron que desconocían la realización, por parte del actor, de actos de corrupción y/o que en su contra se hubieren adelantado investigaciones disciplinarias.

1. Que, aunque en el momento en que el señor Rúgeles Pineda fue designado como alcalde encargado del distrito se presentaron enfrentamientos políticos, no precisaron comentarios soeces por parte de aquel en contra del accionante. Que el actor les manifestó sentirse acosado laboralmente, pero desconocen los motivos que condujeron a su desvinculación.

25. Entre las garantías para evitar actos de retaliación en contra de las personas que presentan las denuncias por acoso laboral y/o intervienen en esos procedimientos en calidad de testigos, el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 estableció que carecerá de efecto la terminación del vínculo laboral de la víctima que se produzca dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la queja . Sin embargo, tal prerrogativa quedó condicionada a que la respectiva autoridad -administrativa, de contr ol o judicialverificara la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.

26. Al expediente no se aportaron los elementos de juicio suficientes que permitieran inferir sumariamente las situaciones constitutivas de acoso laboral de las que supuestamente fue objeto el accionante, pues no se

26. Al expediente no se aportaron los elementos de juicio suficientes que permitieran inferir sumariamente las situaciones constitutivas de acoso laboral de las que supuestamente fue objeto el accionante, pues no se acreditó la persistencia y/o repetición de la conducta denunciada.

27. Además, no se acreditó que la autoridad administrativa, judicial o de control competente hubiere verificado que, en efecto, tales acciones tuvieron lugar, por lo que la aludida garantía de estabilidad laboral no se activó.

28. El cargo ejercido por el actor era de lib re nombramiento y remoción, por lo que la falta de verificación de los hechos constitutivos de acoso laboral habilitaba al nominador para retirarlo del servicio sin explicar las razones de esa determinación.

29. En consecuencia, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que orbita sobre el acto administrativo cuestionado, pues no prosperaron los cargos deRadicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad formulados con base en la desviación de poder, la infracción de las normas en que deberían fundarse y violación al debido proceso.

30. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en apelación5. Para ello, alegó:

31. El cargo ejercido por actor es de libre nombramiento y remoción y, por tanto, la insubsistencia provino del hecho de ser un empleo de

la parte demandante la recurrió en apelación5. Para ello, alegó:

31. El cargo ejercido por actor es de libre nombramiento y remoción y, por tanto, la insubsistencia provino del hecho de ser un empleo de confianza. Aunque nunca se discutió la potestad discrecional con que cuenta el nominador para declarar insubsistente la designación en este tipo de ocupaciones, el a quo se inclinó por esa tesis y, consecuentemente negó las súplicas de la demanda.

32. Lo que se puso en tela de juicio fue el desconocimiento, por parte del alcalde encargado, de la garantía de estabilidad laboral establecida en la Ley 1010 de 2006 que, por cierto, resulta aplicable a los servidores de libre nombramiento y remoción.

33. La denuncia de acoso laboral. Para el tribunal, como la denuncia por acoso laboral no fue verificada, no se activó la garantía establecida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

34. Tal interpretación es ajena a la literalidad de la norma, pues no es competencia del a quo corroborar si por parte de la Procuraduría General de la Nación se emitió alguna decisión, ni mucho menos calificar la conducta del alcalde encargado.

35. La disposición en cita concibió una presunción legal en favor de la víctima de acoso laboral, consistente en que, si la ruptura del vínculo se produce dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la queja, ha de entenderse que tal decisión devino como un acto de retaliación por esa denuncia. Y eso precisamente fue lo que ocurrió en este caso, pues el retiro del servicio fue ordenado dentro de ese lapso.

de los seis meses siguientes a la presentación de la queja, ha de entenderse que tal decisión devino como un acto de retaliación por esa denuncia. Y eso precisamente fue lo que ocurrió en este caso, pues el retiro del servicio fue ordenado dentro de ese lapso.

36. Por tanto, la estabilidad laboral reclamada en la demanda se activó con la simple denuncia de acoso, por lo que no era necesario esperar una decisión definitiva sobre esos hechos para consolidar aquella protección.

37. Finalmente, en la demanda se invocó y desarrolló la causal de nulidad por desviación de poder, soportada en que el alcalde encargado, durante el periodo de protección dispensado por la Ley 1010 de 2006, retiró del servicio al demandante. A pesar de ello, en la sentencia se analizó el cargo de nulidad de falsa motivación.

5 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 2», documento «41.1 RecursoDeApelacionSentenciaDemandante».Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Trámite correspondiente a la segunda instancia

38. La admisión del recurso. Mediante auto de 17 de octubre de 202 46 se admitió el recurso de apelación . Dentro de la oportunidad prevista en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 del C.P.A.C.A ., solo intervino el

admitió el recurso de apelación . Dentro de la oportunidad prevista en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 del C.P.A.C.A ., solo intervino el procurador delegado ante esta corporación.

39. En su concepto, solicitó confirmar la providencia impugnada, al considerar que la garantía de estabi lidad laboral prevista en la Ley 1010 de 2006, solo se activa en la medida en que los hechos constitutivos de acoso laboral sean verificados por la autoridad competente, tal y como lo concluyó el a quo.

40. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

41. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 8 esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

42. Marco de análisis de la segunda instancia . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.

43. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el

es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.

43. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el recurrente, le corresponde a la Sala establecer sí ¿En favor del actor se consolidó la garantía de estabilidad contenida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 y, por tanto, solo podía ser retirado del servici o después de los seis meses siguientes a la queja que, por acoso laboral, presentó en contra de su nominador?

44. Así mismo, se determinará si en la sentencia apelada el a quo no resolvió el cargo de nulidad por desviación de poder y, además, si el retiro del servicio

6 Actuación visible en el índice 13 de la plataforma SAMAI. 7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes». 8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]»Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

por la ley […]»Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del demandante fue estudiado desde la óptica de la potestad discrecional con que cuenta el nominador para desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción.

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

45. Primer interrogante: ¿En favor del actor se consolidó la garantía de estabilidad contenida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 y, por tanto, solo podía ser retirado del servicio después de los seis meses siguientes a la queja que, por acoso l aboral, presentó en contra de su nominador?

46. Acoso laboral . El artículo 2.° de la Ley 1010 de 2006 10, define el acoso

laboral11 como:

«[…] toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.»

47. Ese mismo dispositivo contempló, de manera no taxativa, las diversas modalidades de ese fenómeno en los siguientes términos:

«1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o

47. Ese mismo dispositivo contempló, de manera no taxativa, las diversas modalidades de ese fenómeno en los siguientes términos:

«1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el tr abajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento

10 «[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo»

para el tr abajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento

10 «[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo» 11 En sentencia de 19 de agosto de 2010 ( 25000-23-15-000-2010-01304-01(AC)), la Sección Cuarta de esta corporación, afirmó que: «En suma, el acoso laboral puede ser una práctica tristemente presente en los sectores público y privado, en la que, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que, además, pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar»Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)

Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.»

48. Sobre la aludida figura, esta corporación12 afirmó que su configuración

requiere:

«[…] 43. Asimismo, para que se presuma la existencia del acoso laboral, debe acreditarse la ocurrencia repetida y pública de conductas como: (i) la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; (ii) la imposición de deberes ostensiblemente extraños a l as obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada; (iii) el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.

44. Sobre esta figura, la Corte Constitucional ha señalado que las conductas constitutivas de acoso laboral deben ser acreditadas y que se concreta en una persona que ejerce sobre otra una «vio lencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado [...] sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo». Igualmente, los

redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo». Igualmente, los comportamientos que lo caracterizan son: «ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas»13.

45. En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que, «[a]l ser un proceso de situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo, se pueden evidenciar una serie de fases que comprenden: (i) un conflicto; (ii) una etapa de estigmatización; (iii) la posible intervención de la empresa o jefe inmediato; (iv) la posterior marginación de la víctima y, finalmente, (v) la exclusión de la vida laboral o terminación del vínculo contractual»14

49. A su turno, la Corte Constitucional, en sentencia T-141 de 2024 afirmó que:

«63. En conclusión, el acoso laboral se define como cualquier conducta destinada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. La ley precisa que estas conductas deben ser persistentes y demostrables e incluye diversas