CE - Sentencia 50001233100020080006101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio – Ilegalidad de la medida de aseguramiento

Síntesis del caso: el demandante fue capturado en aparente flagrancia mientras transportaba una sustancia química que supuestamente era utilizada en la producción de estupefacientes .

Después de practicarse la diligencia de indagatoria, la fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva que, posteriormente, fue revocada. El proceso finalizó con preclusión de la investigación a su favor.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5 Trámite relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de marzo de 2008 , Divar Izquierdo Martínez , con su grupo familiar2, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa , en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación , Ministerio de DefensaEjército Nacional y la Procuraduría General de la Nación , con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de su libertad,

1 La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). Asimismo, debido a que la resolución de este asunto atañe al estudio pretensiones formulados con motivo de una privación injusta de la libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para

que la resolución de este asunto atañe al estudio pretensiones formulados con motivo de una privación injusta de la libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 y el acta de 10 del 25 de abril de 2013 de la Sección Tercera de esta Corporación.

2 Sandra Liliana Leal Herrera en calidad de cónyuge y Paula Valentina Izquierdo Leal como su hija.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos3.

2. En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Primera. - DECLARAR que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor DIVAR IZQUIERDO MARTÍNEZ en calidad de directo afectado y de los perjuicios morales oc asionados a su señora esposa SANDRA LILIANA LEAL HERRERA y a su menor hija PAULA VALENTINA IZQUIERDO LEAL por falla en la administración de justicia / ERROR JUDICIAL por haber estado el señor DIIVAR

LILIANA LEAL HERRERA y a su menor hija PAULA VALENTINA IZQUIERDO LEAL por falla en la administración de justicia / ERROR JUDICIAL por haber estado el señor DIIVAR IZQUIERDO MARTÍNEZ privado de la libertad, mediante captu ra realizada por las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional, posteriormente por orden de la Fiscalía General de la Nación, sin que la Procuraduría General de la Nación hubiera cumplido con sus funciones constitucionales respecto a intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos o garantías fundamentales”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Monto Perjuicios morales Para la víctima directa 400 SMLMV Para la cónyuge de la víctima directa 200 SMLMV Para la hija de la víctima directa 100 SMLMV Lucro Cesante Para la víctima directa $1.200.000 Daño emergente Para la víctima directa $6.000.0004

4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 29 de abril de 2003 , Divar Izquierdo Martínez fue capturad o en aparente situación de flagrancia cuando transportaba en su vehículo una

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 29 de abril de 2003 , Divar Izquierdo Martínez fue capturad o en aparente situación de flagrancia cuando transportaba en su vehículo una sustancia química que requería autorización para circular por la región . Luego, 2) se dispuso la práctica d e su diligencia de indagatoria y 3 ) el 7 de mayo de 2003, la Fiscalía 15 delegada ante los Juzgados Especializados de San José del Guaviare le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos . 4) El 23 de julio de 2003, la Fiscalía revocó dicha medida y, finalmente, 5) el 28 de abril de 2006, dictó resolución de preclusión de la investigación a su favor. En contra de esta decisión no se interpusieron recursos.

1.2. Posición de la parte demandada

3 Folios 3 a 24 cuaderno 2. 4 Por los gastos en que incurrió el demandante “para el pago de honorarios profesionales por su defensa técnica”.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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7. El Ejército Nacional al presentar su contestación a la demanda5, expuso su falta de legitimación pasiva en la causa porque su intervención se limitó a llevar ante la autoridad competente a los sujetos que , en apariencia, ejecutaban

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7. El Ejército Nacional al presentar su contestación a la demanda5, expuso su falta de legitimación pasiva en la causa porque su intervención se limitó a llevar ante la autoridad competente a los sujetos que , en apariencia, ejecutaban conductas ilícitas. Descartó la configuración de falla alguna en la prestación del servicio y explicó que “las medidas de aseguramiento no originan responsabilidad patrimonial del Estado porque éste hace uso de su soberanía para investigar”. En todo caso, precisó que los indicios de la participación de Divar Izquierdo Martínez en actividades ilícitas motivaron su detención, por lo que estaba en la obligación de soportarla. Adujo la caducidad de la acción puesto que “el hecho se presentó el día 29 de abril de 2003 y con fecha 12 de marzo de 2008, se presentó la demanda”.

8. La Procuraduría General de la Nación presentó contestación a la demanda6. Indicó que, en el marco del proceso penal, la intervención del Ministerio Público es facultativa y sólo se justifica por razones de importancia social, frente a graves violaciones de los derechos humanos o cuando el sujeto pasivo de la acción es un menor de edad, circunstancias que no se presentaron en este caso. Advirtió que, en cualquier caso, dicha intervención no resultaba vinculante pues le atañe al funcionario judicial resolver lo relativo a la libertad del procesado. Propuso las excepciones de cad ucidad de la acción , en consideración a que el daño sucedió del 29 de abril al 23 de julio de 2003 y, desde esta última hasta la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron

del procesado. Propuso las excepciones de cad ucidad de la acción , en consideración a que el daño sucedió del 29 de abril al 23 de julio de 2003 y, desde esta última hasta la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron más de dos años. Igualmente, alegó la ineptitud sustantiva de la demanda puesto que de su contenido no podía inferirse una “ actuación dolosa o gravemente culposa”, por lo que tampoco se constató la falla en la prestación del servicio.

9. La Fiscalía General de la Nación no presentó contestación a la demanda7.

En la oportunidad para alegar de conclusión, indicó que el ejercicio de la persecución penal no fue “ ilegal, arbitrario, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ” y, en cambio, actuó en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, por lo que advirtió la inexistencia de una falla en la prestación del servicio. En este sentido, resaltó que se abstuvo de imponer una medida privativa de la libertad luego de indagar al sindicado. Alegó la “ineptitud sustantiva de la demanda con ocasión de la ausencia de nexo causal” y el hecho de un tercero debido al señalamiento directo que se hiciera al hoy demandante como autor material del delito8.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 30 de junio de 2020 , el Tribunal Administrativo de Arauca profirió Sentencia de primera instancia , en la que accedió parcialmente a las pretensiones9. Sostuvo que la privación de la libertad de Divar Izquierdo Martínez fue ilegal puesto que no cumplió con los fines exigidos por la norma penal.

Sentencia de primera instancia , en la que accedió parcialmente a las pretensiones9. Sostuvo que la privación de la libertad de Divar Izquierdo Martínez fue ilegal puesto que no cumplió con los fines exigidos por la norma penal.

5 Folios 143 a 148 del cuaderno 1. 6 Folios 164 a 170 del cuaderno 2. 7 Auto de 31 de octubre de 2012. Folios 172 a 176 del cuaderno 2. 8 Folios 243 a 252 del cuaderno 4 9 Folios 12 a 41 del cuaderno 2.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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Aunque advirtió la posibilidad de construir “ más de dos indicios graves de responsabilidad”, la Fiscalía se dedicó a desvirtuar la existencia de casuales de ausencia de resp onsabilidad, pero omitió indicar la razón que justificaba la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad la medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga.

11. Condenó únicamente a la Fiscalía General de la Nación pues fue la entidad que ordenó y mantuvo la detención preventiva. En relación con el Ejército, encontró que su actuación se limitó a ejecutar la captura en flagrancia del ahora demandante y de, inmediato, poner lo a disposición de la Fiscalía.

Sobre la Procuraduría concluyó que no tenía competencia para revocar la

Ejército, encontró que su actuación se limitó a ejecutar la captura en flagrancia del ahora demandante y de, inmediato, poner lo a disposición de la Fiscalía. Sobre la Procuraduría concluyó que no tenía competencia para revocar la medida de aseguramiento como tampoco la “ obligación perentoria de cuestionarla”.

12. En consecuencia, en la parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable por los perjuicios causados a los demandantes con la privación injusta de la libertad de Divar Izquierdo Martínez.

SEGUNDO: CONDENAR en consecuencia a la Nación -Fiscalía General de la Nación a pagarle a los demandantes las siguientes sumas de dinero: 2.1. Perjuicios morales: en SMLMV equivalentes en pesos a la fecha de ejecutoria de la sentencia a Divar Izquierdo Martínez, Sandra Liliana Leal Herrera y Paula Valentina Izquierdo Leal: 50 SMLMV a cada uno de ellos. 2.2. Perjuicios materiales-Lucro cesante: para Divar Izquierdo Martínez $2.808.969.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR que no hay condena en costas”.

1.4. Recurso de apelación

13. La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia 10. Solicitó la aplicación de un régimen subjetivo de responsabilidad en el cual debía demostrarse que la privación de la libertad fue “ abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”. Aseguró que la medida de aseguramiento dictada en

subjetivo de responsabilidad en el cual debía demostrarse que la privación de la libertad fue “ abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”. Aseguró que la medida de aseguramiento dictada en contra de Divar Izquierdo se ajustaba a las exigencias sustanciales y formales de la ley, así como al principio de investigación integral que le imponía el deber de investigar lo favorable y desfavorable respecto del comportamiento del sindicado. Señaló que la carga para establecer la verdad procesal correspondía tanto al fiscal como al juez. Finalmente, cuestionó el reconocimiento de los perjuici os ya que no e staban acreditados y, mucho menos, se comprobó la actividad económica del demandante principal.

1.5. Trámite relevante

10 Índice 56 de SAMAI del Tribunal.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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14. Mediante Auto de 1 de julio de 2021, el Tribunal declaró la interrupción del proceso con fundamento en la segunda causal del artículo 168 del CPC, debido al fallecimiento de la apoderada de la parte demandante 11. Luego, el 21 de febrero de 2024, constató que Divar Izquierdo Martínez falleció el 21 de diciembre de 2012 12, por lo que ordenó seguir adelante con el trámite de notificación de la Sentencia a través de la fijación de edicto. Asimismo, ordenó enviar la providencia a los correos electrónicos de notificación informados por

diciembre de 2012 12, por lo que ordenó seguir adelante con el trámite de notificación de la Sentencia a través de la fijación de edicto. Asimismo, ordenó enviar la providencia a los correos electrónicos de notificación informados por la demandante Sandra Liliana Leal Herrera13, comunicación que fue enviada el 22 de febrero de 202414.

15. El 3 de octubre de 2025, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia 15, que fue aceptado mediante auto de 29 de octubre del mismo año 16. Al momento de discutir en Sala el proyecto de decisión, se realizó el sorteó de conjuez y se designó al

magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. El daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5.

Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda17. En esta providencia, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia. Por una parte, mantendrá la declaratoria de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Divar Izquierdo Martínez, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para

instancia. Por una parte, mantendrá la declaratoria de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Divar Izquierdo Martínez, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para su imposición. Por otra, ajustará el monto de los perjuicios morales y materiales reconocidos a los demandantes , de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación y negará las demás pretensiones.

17. No habrá pronunciamiento sobre la responsabilidad de las entidades demandadas que fueron exoneradas en primera instancia , ni la negativa al reconocimiento de los demás perjuicios solicitados en la demanda, porque estos aspectos no fueron objeto de apelación.

18. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá

11 Índice 17 de SAMAI del Tribunal. 12 Registro civil de defunción. Índice 52 de SAMAI del Tribunal. 13 Los cuales fueron informados mediante comunicación telefónica. 14 Índice 55 de SAMAI del Tribunal. 15 Índice 18 de SAMAL 16 Índice 23 de SAMAI 17 La providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2006 y la demanda fue presentada el 12 de marzo de 2008, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136,

numeral 8, del C.C.A. Esto, si se tienen en cuenta los artículos 179 y 187 de la Ley 600 de 2000, dicha resolución se notificó por estado el 22 de junio de 2006, por lo que debió quedar ejecutoriada, el 30 de junio siguiente. Página 334 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta d e la libertad, imputará el daño, únicamente, a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. El daño

19. Está probado que Divar Izquierdo Martínez fue privad o de su libertad, desde el 29 de abril de 200318 hasta el 5 de agosto del mismo año19, es decir, por un periodo de 3 meses y 8 días. También está probado que, el 28 de abril de 2006, la Fiscalía 15 Especializada de San José del Guaviare dictó la preclusión de la investigación a su favor20.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

2006, la Fiscalía 15 Especializada de San José del Guaviare dictó la preclusión de la investigación a su favor20.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

20. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se definía solo en aquellos casos en que era procedente la detención preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se imponía: 1) cuando se tratase de un delito que tuviera prevista pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de 4 años, si se encontraba dentro del listado indicado por la ley o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada proferida por ciertos delitos ; 2) si aparecieran, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad y 3) si resultaba necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines21.

21. Inicialmente, se advierte que la medida de aseguramiento dictada en contra de Divar Izquierdo Martínez por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos fue adoptada por una conducta respecto de la cual procedía la detención preventiva , al encontrarse incluida dentro de la hipótesis establecida por el artículo 357, numeral 1, del C.P.P22. No obstante, la Sala precisa que, la Fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para inferir la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no justificó la necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales y legal es, por

Sala precisa que, la Fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para inferir la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no justificó la necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales y legal es, por lo que la medida de aseguramiento fue ilegal.

18 Acta de derechos del capturado e informe de captura rendido por el Ejército Nacional, así como la orden de encarcelamiento librada por la Fiscalía 15 especializada del Meta. Páginas 2 a 3, 12 y 16 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal. 19 Acta de compromiso. Página 240 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal. 20 Páginas 325 a 333 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal. 21 Artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Fines. “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”. 22 La pena mínima de prisión contemplada para el delito investigado supera los 4 años.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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22. Mediante la Resolución de 7 de mayo de 2003 , la Fiscalía 15 delegada ante los Juzgados Especializados de San José del Guaviare definió la situación jurídica de Divar Izquierdo Martínez y dos sujetos más, quienes fueron capturados en aparente flagrancia mientras transportaban “ 80 bultos de urea ” distribuidos en tres vehículos, en una “ carretera paralela que del municipio de El Retorno conduce a San José del Guaviare”, sin que portaran la autorización que permitiera la circulación de dicha sustancia en la región 23. E l hallazgo fue

reportado por la Cuarta División de la Brigada Móvil No. 7 del Ejército Nacional , durante las labores de control y patrullaje adel antadas en el l ugar. Los uniformados relataron que, aproximadamente a las 6:45 de la mañana del 29 de abril de 2003, los ve hículos fueron encontrados en la vía, inspeccionados en el lugar y, luego, trasladados al puesto de observación militar para determinar el contenido de la carga. Cerca de las 9 de la mañana, Fredy Ríos Álvarez se presentó al puesto de observación y se identificó como el propietario de la sustancia transportada24.

23. Luego de su c aptura, al rendir indagatoria 25, Divar Izquierdo Martínez aceptó que transportaba la sustancia incautada, pero que desconocía la ilicitud de la conducta porque la urea era un insumo utilizado como abono para cultivos

aceptó que transportaba la sustancia incautada, pero que desconocía la ilicitud de la conducta porque la urea era un insumo utilizado como abono para cultivos agrícolas. Que no habían sufrido inc onvenientes en el trayecto , pues, al atravesar los retenes militares anteriores, avanzaron sin dificultad y que, el dueño de la carga era quien indicaba la ruta.

24. Para establecer los indicios de participación criminal de los entonces procesados, la Fiscalía explicó que “ aunque los rela tos son coherentes en este punto [sobre la normalidad del transporte de estos insumos] , también debe considerarse que la urea es una sustancia controlada no sólo en el departamento del Guaviare sino también en el departamento del Meta y hacia los departamentos de la Orinoquía ”. El hecho de que los transportadores debieran “cumplir engorrosos procedimientos” para autorizar el desplazamiento de ciertas sustancias por las vías del departamento, así como “ la subterfugi a manera en que el cargamento es llevado por una trocha en el municipio de El Retorno”, resultaban relevantes para evidenciar la ilicitud de la operación que realizaban. Tampoco le resultó creíble el argumento exculpatorio acerca del desconocimiento del destino de la carga pues “la seguridad de haber acordado un precio justo o aproximado en el flete tiene precisamente el soporte de tener una idea de la región a donde se dirigían ”. Además, sostuvo, que “el hecho de que hay un gran número de retene s militares entre el municipio de Granada y Puente del Nowen significa o que se utilizaron también vías alternas para esquivar dichos controles o que se empleó alguna forma de corrupción para poder pasar

que hay un gran número de retene s militares entre el municipio de Granada y Puente del Nowen significa o que se utilizaron también vías alternas para esquivar dichos controles o que se empleó alguna forma de corrupción para poder pasar la notoria carga sin los requisitos legales”. Así, la Fiscalía concluyó que no existía una causal de exclusión de responsabilidad.

23 Folio s 29 a 33 del cuaderno 1. 24 Mediante providencia de 27 de mayo de 2003, la Fiscalía 15 delegada ante los Juzgados Especializados de San José del Guaviare decretó la ruptura de la unidad procesal debido a que Fredy Ríos Álvarez se acogió al trámite de sentencia anticipada. Página 110 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal. 25 Páginas 29 a 33 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal.Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584) Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

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25. Sobre este punto, se debe reprochar que la Fiscalía, cuando tuvo la oportunidad de exponer la construcción para indicar la responsabilidad de los procesados, omitió acudir a las normas reglamentarias quebrantadas y que armonizaban la aplicación del Código Penal, pues la formulación del tipo penal no contemplaba expresamente la sustancia incautada –urea– como una

procesados, omitió acudir a las normas reglamentarias quebrantadas y que armonizaban la aplicación del Código Penal, pues la formulación del tipo penal no contemplaba expresamente la sustancia incautada –urea– como una comúnmente utilizada para “el procesamiento de cocaína, heroína, drog as de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia ”. Lo anterior, hacía indispensable indicar los supuestos que habilitaban la aplicación de las exigencias dictadas en la Resolución 005 de noviembre de 2002 por la Comisión Nacional de Estupefacientes, en el sentido de dictaminar como ilegal el transporte de este elemento químico o de requerir la autorización de las entidades competentes para su circulación en el departamento del Guav iare. Por ello , los hallazgos hasta esa instancia evidenciaban la insuficiencia de los elementos para estructurar la comisión de una conducta punible.

26. Como se sostuvo en la resolución de calificó el mérito de la investigación26, la Fiscalía no contaba con elementos de juicio suficiente s que permitieran construir los indicios graves de responsabilidad en contra del procesado. En esa oportunidad, e l mismo instructor cuestionó que la sustancia incautada correspondiera a alguna indicada como prohibi da o con restricciones en su comercialización y transporte en el país, pues para el momento en que se resolvió la situación jurídica no existía certeza de sus componentes químicos.

Tampoco se logró establecer que la cantidad transportada superar a los topes que hacían exigible la autorización para su circulación en la región, de acuerdo con la Resolución 005 de noviembre de 2002 dictada por la Comisión Nacional de Estupefacientes que permitía el transporte de hasta 100 kilos de UREA

que hacían exigible la autorización para su circulación en la región, de acuerdo con la Resolución 005 de noviembre de 2002 dictada por la Comisión Nacional de Estupefacientes que permitía el transporte de hasta 100 kilos de UREA AMONIACAL, “ pues si bien se habla de una totalidad de 80 bultos, no se dete