CE - Sentencia 50001233300020140001702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

BogotÆ D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)1

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Tema: Condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 30 de agosto de 20 24, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

El accionante quien ejerció como procurador judicial II solicita la nulidad del acto administrativo expedido por la Procuraduría General de la Nación que le negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, la bonificación por compensación del 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, junto con la reliquidación de las prestaciones sociales. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El seæor JosØ Tarcisio Celis Rincón, mediante apoderado judicial, presentó

pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El seæor JosØ Tarcisio Celis Rincón, mediante apoderado judicial, presentó demanda, el 27 de noviembre de 2013 , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, con las

siguientes pretensiones:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio SG 2804 del 24 de julio de 2013 de la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, que negó la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario mensual,

1 Expediente digital.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 incluyendo la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, como salario.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, así como la reliquidación de todas las prestaciones sociales. AdemÆs, pidió la reliquidación de las cesantías, los intereses de cesantías y la sanción moratoria.

4. Adicionalmente, pidió que los valores adeudados sean actualizados, que se condene en costas y que la sentencia se cumpla en los tØrminos de los a rtículos 192

4. Adicionalmente, pidió que los valores adeudados sean actualizados, que se condene en costas y que la sentencia se cumpla en los tØrminos de los a rtículos 192 y 195 del CPACA2.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El seæor JosØ Tarcisio Celis Rincón prestó sus servicios en el cargo de procurador judicial II, en la Procuraduría 27 Judicial II Penal de Villavicencio, desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 20143.

7. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, ordenó al Gobierno nacional establecer una prima no inferior al 30%. Por otra parte, el ejecutivo creó una bonificación por compensación en los decretos 610 y 1239 de 1998.

8. El 3 de julio de 2013, el actor solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario mensual, teniendo en cuenta como factor salaria l la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Esta petición fue negada en el oficio demandado.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 116, 150 (num. 19 lit. e), 228, 277 (numerales 1 y 7) y 280. La Ley 22 de 1967.

(num. 19 lit. e), 228, 277 (numerales 1 y 7) y 280. La Ley 22 de 1967. Del Decreto 717 de 1978, artículo 12. De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 10, 14, 15 y 16. De la Ley 244 de 1995, el parÆgrafo del artículo 2. De la Ley 270 de 1996, el artículo 152, numeral 7. Decreto 610 de 1998. De la Ley 1071 de 2006, el parÆgrafo del artículo 5. De la Ley 1437 de 2011, el artículo 10.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que acorde con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 «ademÆs de la asignación bÆsica m ensual fijada

2 Samai, plataforma Tribunal, proceso con radicado 50001233300020140001700, expediente digital, doc. 003. 3 Esta œltima fecha se incluye porque aparece acreditada en el proceso.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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3 por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las su mas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribu ción por sus servicios». Por consiguiente, segœn los principios de progresividad y favorabilid ad la

3 por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las su mas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribu ción por sus servicios». Por consiguiente, segœn los principios de progresividad y favorabilid ad la prima especial de servicios del 30% de la Ley 4 de 1992 y la bonificación p or compensación del Decreto 610 de 1998, son salario, dado que se pag an mensualmente como contraprestación del servicio. Por lo tanto, la entida d debe reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales.

2.2. Contestación de la demanda

11. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. En este sentido, indicó que el actor se desempeæó como procurador 27 judicial II del 5 de noviembre de 2009 al 31 de diciembre de 2014. Afirmó que la prima especial de los procuradores II no estÆ estructurada sobre un porcentaje que disminuya la asignación bÆsica, por tanto, es improcedente la reliquidación de las prestaciones sociales. En cuanto a la bonificación por compensación, seæaló q ue no resulta ilegal ni lesivo de los derechos laborales que el Gobierno nacional haya establecido que aquella solo tendrÆ efectos salariales para las cotizaciones en salud y pensiones4.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de agosto de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo demanda do. A título de

restablecimiento del derecho ordenó lo siguiente:

• Se condena a la parte demandada a reconocer y pagar en favor del seæor JosØ Tar cisio

agosto de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo demanda do. A título de restablecimiento del derecho ordenó lo siguiente:

• Se condena a la parte demandada a reconocer y pagar en favor del seæor JosØ Tar cisio Celis Rincón identificado con C.C. No. 13.246.752 en el cargo de Procurador Judicial II, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidÆndola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario bÆsico, a partir del 5 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2014 – fecha de su desvinculación -, en todo caso segœn los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como agente del Ministerio Pœblico (procurador judicial II), sin que en ningœn caso sumados todos los ingresos laborales que le corresponden incluyendo la bonificación por compensación pueda superarse el tope mÆximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un magistrado de alta corte,

(incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas, que a su vez debe percibir el magistrado de alta corte) tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberÆ ser estrictamente acatada por la entidad demandada.

-La parte demandada tambiØn deberÆ reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demÆs emolumentos percibidos) del

-La parte demandada tambiØn deberÆ reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demÆs emolumentos percibidos) del seæor JosØ Tarcisio Celis Rincón identificado con C.C. No. 13.246.752, a partir del 5 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración bÆsica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo tambiØn que, en ningœn caso, puede superarse el tope mÆximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un magistrado de alta corte.

4 Samai, plataforma Tribunal, proceso con radicado 50001233300020140001700, expediente digital, doc. 23.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

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4 -La parte demandada deberÆ asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa

de diciembre de 2014 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación bÆsica.

-TambiØn se deben incluir en el tope del 80% las sumas que por concepto de bonificación por compensación y bonificación de gestión judicial, haya recibido el beneficiario debido a la relación laboral y las causadas con origen en reclamaciones por vía administrativa o judicial tales como, transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras, por razón del ejercicio del cargo de procurador judicial II.

-El pago de las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por compensación considerando el auxilio de cesantías devengado por un congresista dentro del cÆlculo de lo que por todo concepto devengue anualmente un magistrado de alta corte.

• La parte demandada deberÆ tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en la presente providencia, no podrÆ en ningœn caso llevar a superar el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que como ya se precisó, es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

• La entidad demandada debe realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social, ademÆs, queda facultada para realizar a la parte demandante los respectivos descuentos de ley.

• Declarar no probada la excepción de prescripción œnicamente en relación con el restablecimiento del derecho de que trata la bonificación por compensación.

ademÆs, queda facultada para realizar a la parte demandante los respectivos descuentos de ley.

• Declarar no probada la excepción de prescripción œnicamente en relación con el restablecimiento del derecho de que trata la bonificación por compensación.

• La parte demandada tambiØn deberÆ reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales a partir del 5 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración bÆsica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo tambiØn que, en ningœn caso, puede superarse el tope mÆximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un magistrado de alta corte.

-La entidad no debe pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación bÆsica.

• Declarar probada de oficio la excepción de prescripción œnicamente en relación con el restablecimiento del derecho de que trata la prima especial y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales, de las sumas anteriores al 3 de julio de 2010.

• Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada.

13. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que debía negar la pretensión de la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la bonificación por compensación, dado que no es factor salarial. En cuanto a la liq uidación de esta bonificación, consideró que debe tener en cuenta los ingresos laborales anuales

pretensión de la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la bonificación por compensación, dado que no es factor salarial. En cuanto a la liq uidación de esta bonificación, consideró que debe tener en cuenta los ingresos laborales anuales percibidos en su totalidad por un magistrado de alta corte, que son iguales a los de unRadicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

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5 miembro del Congreso, y que deben estar conformados por todo lo que comprenda salario y prestaciones sociales.

14. Precisó que «para efectos del cumplimiento de la condena, a la parte demandada le corresponderÆ revisar que, con motivo de la reliquidación de la bonificación por compensación ordenada, no se supere el límite del 80% determinado por el Gobierno Nacional». Agregó que «dentro de la operación que conlleva a determinar el valor de los ingresos anuales de un miembro del Congreso de la Repœblica deben incluirse las cesantías por hacer parte del grupo de las prestaciones sociales y ser consideradas como ingresos anuales permanentes».

15. En cuanto a la prima especial de servicios, el Tribunal afirmó que no tiene carÆcter salarial, pues œnicamente incide en las cotizaciones al sistema de se guridad social en pensiones. Agregó que la prima especial es un rubro adicional a la asignación bÆsica mensual y, al haberse fraccionado este emolumento en el 70% como sa lario

social en pensiones. Agregó que la prima especial es un rubro adicional a la asignación bÆsica mensual y, al haberse fraccionado este emolumento en el 70% como sa lario bÆsico y el 30% a título de prima especial, es evidente que se configuró un menoscabo en ese porcentaje a la asignación bÆsica mensual, al igual que en las presta ciones puesto que su base salarial se redujo en un 30%.

16. Consideró que no operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación; sin embargo, respecto a la prima especial de servicios adujo que «la parte demandante radicó su reclamación administrativa el 3 de julio de 2013, es decir, cuando habían transcurrido mÆs de tres aæos desde la exigibilidad del de recho (5 de noviembre de 2009). Así entonces, se encuentran prescritas las sumas que resulte n por este rubro y reliquidación anteriores al 3 de julio de 2010»5.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

17. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación contra el numeral noveno de la sentencia porque dispuso condena r en costas a la entidad de conformidad con la regla prevista en el artículo 36 5 del Código General del Proceso. Seæaló que no le resta valor a la labor profesional del apo derado de la parte demandante, pero ello corresponde al giro normal del proceso. AdemÆs, la totalidad de las pretensiones no prosperaron, en tanto, se declaró que ope ró la prescripción parcial6.

2.5. TrÆmite procesal en segunda instancia

totalidad de las pretensiones no prosperaron, en tanto, se declaró que ope ró la prescripción parcial6.

2.5. TrÆmite procesal en segunda instancia

18. A travØs de auto del 23 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que el expediente ingresara al despacho para proferir sentencia7.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150

5 Idem, doc. 62. 6 Idem, doc. 63. 7 Samai, índice 4.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

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6 del CPACA. 3.2. Problema jurídico

20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra e l fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, corresponde a la Sala definir si procede condenar en costas a la entidad.

3.3. Caso concreto

21. En el asunto bajo anÆlisis, el Tribunal accedió a las pretensiones de la de manda y

a la Sala definir si procede condenar en costas a la entidad.

3.3. Caso concreto

21. En el asunto bajo anÆlisis, el Tribunal accedió a las pretensiones de la de manda y condenó en costas a la Procuraduría General de la Nación. Como funda mento de la decisión, consideró que el juez administrativo debe valorar aspectos obj etivos para condenar al pago de las costas, como lo prevØ el artículo 365 del CGP.

22. Asimismo, el Tribunal indicó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 20 11 fue adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, con el fin de estab lecer que, en todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

23. Por consiguiente, el fallador de primera instancia consideró que la demandada fue la parte vencida y las pretensiones prosperaron plenamente, por ello, correspond ía imponerle las costas conforme al criterio objetivo.

24. Inconforme con esta decisión, la entidad apeló al indicar que las pret ensiones prosperaron parcialmente, y ello conlleva a que no sea condenada en costas.

-De la condena en costas

25. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costa s procesales estÆ asociado a «todos los gastos necesarios o œtiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expe nsas del proceso»8. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como

procesales estÆ asociado a «todos los gastos necesarios o œtiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expe nsas del proceso»8. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la prÆctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»9.

26. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ell o, se debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley

2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc ión Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, rad. nœm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William HernÆndez Gómez. // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2025, rad. nœm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. 9 Ibidem.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

Demandado: Procuraduría General de la Nación

9 Ibidem.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

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7 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirÆn por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

-Del «criterio subjetivo» en la condena en costas

27. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer» hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 10 —de acuerdo con la Real Academia Espaæola —. En ese orden, «disponer» en la sentencia «sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirÆ a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»11.

28. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citad o, la condena no es «automÆtica» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el

generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»11.

28. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citad o, la condena no es «automÆtica» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el proceso12, puesto que se ha considerado necesario el anÆlisis de otros factores, t ales como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía pon derar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de anÆlisis mínimo en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»13.

29. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida conden a, en materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes 14. En ese sentido, antes de su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección15 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida estØ revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas

10 https://dle.rae.es/disponer. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, rad. nœm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo CuØter. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, rad. nœm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William HernÆndez Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2024, rad. nœm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2016, rad. nœm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo CuØter. 15 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes pro videncias, proferidas con posterioridad a la expedición de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de l o Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. nœm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,

Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. nœm. 76 001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de l o Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. nœm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. nœm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

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8 del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o

hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la prÆctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)16.

-Del «criterio objetivo valorativo» en la condena en costas

30. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo – valorativa, segœn la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales

(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo) , independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

31. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley 446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, con la Ley 14 37 de 2011, el legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asu mida por las partes», para implementar un criterio objetivo-valorativo , con salvedad de los procesos en los que se ventile un interØs pœblico. Finalmente, en el aæo 2 021, la Ley 2080 adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, segœn el cual la condena en costas procede en los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento legal».

2080 adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, segœn el cual la condena en costas procede en los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento legal».

32. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una variación al rØgimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo ant erior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o ad ición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo 17 para su imposición (adoptado desde el aæo 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «d ispondrÆ» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento18.

16 Ibidem. 17 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 1100103250002 0170007300 (0301-2017), M.P. William HernÆndez Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas, el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El

legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» — CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sen tencia se «dispondrÆ» sobre costas, es decir, se decidirÆ, bien sea p ara condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, segœn las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y co mo lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]». Sobre esta temÆtica tambiØn puede verse el auto de 7 de ab ril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-0002201 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación. 18 En este mismo sentido pueden consultarse las siguiente s providencias de esta corporación: i) Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. nœm. 050 01-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,Radicación: 50001-23-33-000-2014-00017-02 (6217-2024)

Demandante: JosØ Tarcisio Celis Rincón

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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33. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivovalorativo, porque en la sentencia «se dispondrÆ» sobre la condena en costas de acuerdo con las reglas del C