CE - Sentencia 50001233300020160055101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Demandado: CARLOS ALIRIO GÓMEZ VILLARRAGA

Tema: Medio de control de repetición. Ley 1437 de 2011. Se declara de oficio la excepción de cosa juzgada. Sin costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

En fecha indeterminada Claudia Cecilia Rúgeles Flórez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Villavicencio para que se declarara la nulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por Carlos Alirio Gómez Villar raga en su calidad de alcalde (e) de Villavicencio. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio , quien llamó en garantía con fines de repetición al señor Gómez Villarraga. Mediante sentencia del 22 de junio de 2012 , el referido Juzgado declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006,

señor Gómez Villarraga. Mediante sentencia del 22 de junio de 2012 , el referido Juzgado declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba, ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro y estableció que no se probó que el llamado en garantía, actuó con dolo y/o culpa grave al expedir el referido acto administrativo . Dicha decisión judicial fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Meta a través de sentencia del 18 de febrero de 2015.2

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

El municipio de Villavicencio afirma que pagó la suma de $1.535.452.565, correspondiente a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta . Además, sostiene que el entonces alcalde (e) Carlos Alirio Gómez Villarraga actuó con dolo al expedir el Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, cuya nulidad fue declarada y dio lugar al daño que originó la condena.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de julio de 20161, el municipio de Villavicencio, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Carlos Alirio Gómez Villarraga para que se le declarara patrimon ialmente

El 29 de julio de 20161, el municipio de Villavicencio, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Carlos Alirio Gómez Villarraga para que se le declarara patrimon ialmente responsable del pago de $ 1.535.452.5652 a Claudia Cecilia Rújeles Flórez, el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia del 18 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha indeterminada el gobernador del Meta designó a Carlos Alirio Gómez Villarraga como alcalde encargado del municipio de Villavicencio.

Refiere que mediante Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, Carlos Alirio Gómez Villarraga en calidad de alcalde (e) de Villavicencio nombró a Lina Carolina Díaz Jaramillo como Secretaria de Gobierno y con dicha actuación declaró “ tácitamente insubsistente” el nombramiento de Claudia Cecilia Rújeles Flórez , quien hasta esa fecha ejercía el cargo de Secretaria de Gobierno del referido municipio.

1 Págs. 2 a 12 y 64 del archivo “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6 063fb9f4b.pdf.pdf” expediente digital, Samai. 2 Este valor surge de las sumatorias de las pretensiones, las cuales en la demanda se discriminaron de la siguiente Manera: i) $1.079.084.964 por concepto de “ sueldos y prestaciones sociales” ; ii) $81.664.800 “ a favor del sistema de seguridad sociales y pensión deducidos previamente del

de la siguiente Manera: i) $1.079.084.964 por concepto de “ sueldos y prestaciones sociales” ; ii) $81.664.800 “ a favor del sistema de seguridad sociales y pensión deducidos previamente del empleado Claudia Cecilia Rújeles Flórez por concepto de aportes del trabajador a salud y pensión” ; iii) $185.493.000 “ por concepto de aportes patronales a salud y pensión” ; iv) $87.884.300 por concepto de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA, ESAP e Institutos Técnicos; v) $81.995.001 por concepto de retención en la fuente en favor de la DIAN; y, vi) $19.330.500 por concepto de perjuicios morales.3

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

Señala que, en fecha indeterminada, Claudia Cecilia Rújeles Flórez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se declarara la nulidad de la decisión administrativa que la declaró tácitamente insubsistente.

Manifiesta que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012 , el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del artículo tercero del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado el nombramiento de Lina Carolina Díaz Jaramillo como Secretaria de Gob ierno de Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos

Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro.

Destaca que contra la anterior decisión el municipio de Villavicencio y Claudia Cecilia Rújeles Flórez presentaron recurso de apelación.

Sostiene que, a través de sentencia del 18 de febrero de 2015 el Tribuna l Administrativo del Meta confirmó la nulidad parcial del artículo tercero del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 y , en consecuencia, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez “a un cargo igual o de superior categoría al que venía desempeñando” y el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir hasta la fecha de su reintegro.

El municipio de Villavicencio afirma que pagó a Claudia Cecilia Rújeles Flórez la suma de $1.535.452.565 correspondiente a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta. Además, sostiene que el entonces alcalde (e) Carlos Alirio Gómez Villarraga actuó con dolo al expedir el Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, pues para el momento de su exped ición estaban vigentes las prohibiciones de que tratan los artículos 32 y 38 inciso 4 de la Ley 996 de 2005, esto es, modificar la planta de personal de la “rama ejecutiva” y modificar la nómina del ente territorial dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de cargos de elección popular, respectivamente.

la planta de personal de la “rama ejecutiva” y modificar la nómina del ente territorial dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de cargos de elección popular, respectivamente.

Textualmente, el municipio de Villavicencio sostuvo: “Tal y como se ha venido indicando, la actuación desplegada por el agente estatal hoy demandado al expedir4

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

el acto administrativo que fue objeto de declaratoria de nulidad, se realizó con dolo, pues es entendido que su actuación se realizó con voluntad y conocimientos y que se comportamiento violó manifiestamente los fines del estado al haber actuado con desviación de poder como claramente lo reconoce dicho fallo”.

2. Contestación

El 10 de octubre de 2016 3, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.

2.1. Carlos Alirio Gómez Villarraga 4 a través de curador ad litem contestó la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que no existía prueba de la conducta dolosa del señor Gómez Villarraga. Por ello, propuso las excepciones que denominó “falta de dolo en la presunta actuación del demandado” y “presunción de inocencia”.

3. Audiencia inicial

El 5 de julio de 20225 el Tribunal Administrativo del Meta realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso , decretó pruebas y fijó el objeto del litigio. Frente a este último punto, señaló que se circunscribiría a determinar:

en la que declaró saneado el proceso , decretó pruebas y fijó el objeto del litigio. Frente a este último punto, señaló que se circunscribiría a determinar:

“1. Que se declare la responsabilidad patrimonial de Carlos Alirio Gómez Villarraga, quien con su actuar gravemente culposo dio lugar a la condena que ordenó el reconocimiento indemnizatorio a cargo del municipio de Villavicencio, proveniente de la sentencia condenatoria del 22 de junio de 2012, proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro del expediente 50001233100020060067000, de Claudia Cecilia Rújeles Flórez contra el municipio de Villavicencio, modificada por el T ribunal Administrativo del Meta mediante sentencia del 18 de febrero de 2015.

2. Que se condene a Carlos Alirio Gómez Villarraga a reconocer y pagar al municipio de Villavicencio, como reparación patrimonial, las siguientes sumas pagadas a

3 Págs. 66 del archivo “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6 063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai. 4 Págs. 158 a 161 del archivo “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6 063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai. 5 Archivo “6_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_50001233300020160.pdf”, expediente digital, Samai.5

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

5 Archivo “6_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_50001233300020160.pdf”, expediente digital, Samai.5

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

Claudia Cecilia Rújeles Flórez por la condena impuesta en las sentencias mencionadas:

a. $1.079’084.964, por sueldos y prestaciones dejados de pagar. b. $81’664.800, por concepto de aportes de seguridad social en salud y pensión en beneficio de Claudia Rújeles. c. $185’493.000, a favor del sistema general de seguridad social. d. $87’884.300, por concepto de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA, ESAP e institutos técnicos. e. $81’995.001, por concepto de retención en la fuente por salarios. f. $19’330.500 por concepto de perjuicios morales.

3. Que se condene al demandado a pagar a favor del municipio de Villavicencio los intereses comerciales o moratorios a que haya lugar.

4. Que se condene al demandado a pagar la indexación de las sumas que pagó el municipio por las condenas que le fueron impuestas.

5. Se condene a Carlos Alirio Gómez Villarraga a pagar las costas del proceso.”

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 5 de julio de 2022 6 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El municipio de Villavicencio 7 y Carlos Alirio Gómez Villarraga 8, reiteraron los

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El municipio de Villavicencio 7 y Carlos Alirio Gómez Villarraga 8, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de julio de 20249 el Tribunal Administrativo del meta negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó que Carlos Alirio Gómez Villarraga actuó con dolo, pues la sentencia a través de la cual se declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2016 -por medio de la cual el señor Gómez Villarraga declaró insubsistente táctilmente a Claudia Cecilia Rújeles Flórez-, no era per se prueba de la responsabilidad patrimonial del demandado.

6 Archivo “6_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_50001233300020160.pdf”, expediente digital, Samai. 7 Archivo “8_AGREGARMEMORIAL_ALEGATOSMUNICIPIOVIL.pdf”, expediente digital, Samai. 8 Archivo “9_ALEGATOSDECONCLUSION_ILOVEPDF_MERGED1.pdf”, expediente digital, Samai. 9 Archivo “018Sentencia_Niega sent_F3500012333000201600.pdf”, expediente digital, Samai.6

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

Al efecto, sostuvo que: “[…] Entonces, es claro que, si bien se determinó que el acto administrativo proferido por el demandado en su condición de Alcalde Encargado de Villavicencio estaba viciado de nulidad por infracción a las normas que debía

administrativo proferido por el demandado en su condición de Alcalde Encargado de Villavicencio estaba viciado de nulidad por infracción a las normas que debía fundarse, dicha situación no encuadra en las «presunciones» de dolo previstas en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001. (…) En ese orden, para afirmar la responsabilidad patrimonial del accionado por dolo, la anulación del acto que profiere es apenas la introducción al juicio de responsabilidad subjetiva, precisamente, porque lo que se cuestionó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue la lectura y alcance que el acto atacado tuvo en relación con la orden judicial que pretendía acatar o cumplir, más no las motivaciones subjetivas que pudo tener la determinación adoptada por el demandado, que es el análisis que c orresponde en la acción de repetición, las cuales, a juicio de la sala, tienen en el presente caso falencias probatorias, pues no obran en la actuación los elementos de convicción necesarios para aproximarnos a la subjetividad del accionado, tampoco milita n los medios de prueba que permitan incluso derivar indicios de dolo o culpa grave.”

El Tribunal Administrativo del Meta no condenó en costas por cuanto la parte demandada actuó a través de curador ad litem.

6. Recurso de apelación

El 2 8 de agosto de 2024 10 el municipio de Villavicencio interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 10 de septiembre de 202411 y admitido el 15 de noviembre de 202412.

6.1. La demandante13 reiteró los argumentos de la demanda, en el sentido de señalar

apelación, el cual fue concedido el 10 de septiembre de 202411 y admitido el 15 de noviembre de 202412.

6.1. La demandante13 reiteró los argumentos de la demanda, en el sentido de señalar que las pruebas daban cuenta del actuar doloso de Carlos Alirio Gómez Villarraga cuando declaró insubsistente a Claudia Cecilia Rújeles Flórez, razón por la que debía darse aplicación a la pre sunción prevista en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

10 Archivo “019_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”, expediente digital, Samai. 11 Archivo “ 021Autoconcedeap_concedeap_F300020160055100Auto.pdf”, expediente digital, Samai. 12 Índice 3, expediente digital, Samai. 13 Archivo “019_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”, expediente digital, Samai.7

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

Textualmente, el municipio de Villavicencio sostuvo: “Así las cosas a prima facie ha de indicarse, que contrario a las elucubraciones de la primera instancia, en cuanto a que no encontró en la foliatura certeza de la responsabilidad subjetiva del accionado, para este extremo procesal la prueba está dada. Como se indicó desde la demanda de acción de repetición, la conducta por la cual se repite contra el señor Carlos Alirio Gómez Villarraga consiste en haber desvinculado a la señora Claudia Cecilia Rújeles Flórez, servidora de libre nombramiento y remoción, estando en

Carlos Alirio Gómez Villarraga consiste en haber desvinculado a la señora Claudia Cecilia Rújeles Flórez, servidora de libre nombramiento y remoción, estando en periodo de restricciones derivadas de la Ley de garantía electorales (996 de 2005). Conducta sin duda alguna eminent emente dolosa, por cuanto el burgomaestre era consciente de su actuar, esto es, quiso firmar el acto administrativo, sabía lo que estaba haciendo, de las consecuencias jurídicas del mismos, que no era otro que separar de su cargo, no a cualquier funcionari o, sino a la Secretaría de Gobierno municipal. En punto de este requisito, queda claro que hasta aquí no hay duda de la actividad cognitiva del accionado, pues dentro del plenario no se demostró que haya actuado de manera errática, por fuerza, enajenado o bajo insuperable coacción ajena. Superado el grado de responsabilidad, es menester determinar bajo que numeral del artículo 5 de la ley 678 de 2001 actúo, para el caso de la especie, emerge diáfano que lo hizo bajo la efigie del numeral 2, es decir, ‘Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento’.”

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 14 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 14 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

14 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, par a lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”.8

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro

condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 15 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200116.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de julio de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso a delantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 17, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

15 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dent ro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de

pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dent ro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será pru eba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 16 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 17 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $1.535.452.565 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2016 el SMLMV ascendía a la suma de $689.455, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $344.727.500.9

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se encuentra configurada la cosa juzgada frente a la conducta del demandado.

3. De la cosa juzgada

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a la asistencia de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem.

de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem. A su turno, el artículo 303 del CGP consagra que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Por su parte, el artículo 189 del CPCA prevé, entre otras cosas, que la sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Lo anterior supone que una de las tantas manifestaciones del derecho al debido proceso se configura precisamente en el cumplimiento del principio de cosa juzgada y del non bis in ídem , pues ambos tienen en común prohibir al juez resolver dos veces el mismo asunto18.

Sobre la definición y efectos de la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en sentencia C-100 de 2019, tuvo la oportun idad de pronunciarse en los siguientes términos:

“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el

18 Corte Constitucional, Sentencia T-652, del 27 de noviembre de 1996. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.10

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

18 Corte Constitucional, Sentencia T-652, del 27 de noviembre de 1996. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.10

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposic ión expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…). Los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.”

Así las cosas, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso judicial anterior19.

Precisamente el Consejo de Estado en reciente sentencia sostuvo que el principio de cosa juzgada busca que los hechos y conductas que han sido dirimidas por un juez no vuelvan a ser debatidos en un juicio posterior, porque lo decidido es obligatorio para las partes. Textualmente indicó:

de cosa juzgada busca que los hechos y conductas que han sido dirimidas por un juez no vuelvan a ser debatidos en un juicio posterior, porque lo decidido es obligatorio para las partes. Textualmente indicó:

“El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener plena eficacia jurídica20.”

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada 21; (ii) identidad de objeto, esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada22; y (iii) identidad de causa, que

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 51066. 20 “Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente N°50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).” 21 Corte Constitucional, sentencia C-100-19. 22 Ibídem.11

20 “Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente N°50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).” 21 Corte Constitucional, sentencia C-100-19. 22 Ibídem.11

Radicado: 50001233300020160055101 (72068)

Demandante: Municipio de Villavicencio

conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento23.

En el presente caso se observa que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 5001-23-31-000-2006-00670-00, promovida en fecha indeterminada por Claudia Cecilia Rúgeles Flórez contra el municipio de Villavicencio, para que se declarara la n ulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por el alcalde (e) Carlos Alirio Gómez Villarraga , se llamó en garantía al señor Gómez Villarraga, quien se vinculó en debida forma al proceso, ejerci ó el derecho de defensa y present ó oposición al llamamiento, según consta en la copia de la sentencia proferida el 22 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio24, la cual posteriormente fue confirmada mediante sentencia del 18 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal Administrativo del Meta25.

En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado

el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado el nombramiento de Lina Carolina Díaz Jaramillo como Secretaria de Gobierno de Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de Claudia Cecili a Rújeles Flórez a un cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro. Asimismo, frente al llamado en garantía, Carlos Alirio Gómez Villarraga , indicó que no se había demostrado su actuación dolosa o gravemente culposa, según da cuenta copia de la mencionada providencia26. El contenido de la misma es el siguiente:

23 Ibídem. 24 Págs. 24 a 43 del archivo “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6 063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai: “ Debido al concepto que en su oportunidad hiciere el Ministerio Público de solicitar la nulidad de lo actuado desde la etapa probatoria, motivado por la no vinculación del llamado en garantía solicitado por la entidad demandada, el Despacho mediante auto del 09 de diciembre de 2011, se pronunció negando dicha solicitud de declarar la nulidad de lo actuado y ordenó vincular al señor Carlos Alirio Gómez Villarraga en calidad de llamado en garantía. (fl. 252-253)”. 25 Págs. 44 a 52 del archivo

actuado y orden