CE - Sentencia 50001233300020250022901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 50001-23-33-000-2025-00229-011

(acumulado 50001-23-33-000-2025-00238-00)

Demandante : Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica

Demandado : Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio y

Gobernación del Vichada.

Vinculados : Alirio Huertas Burgos

Acción : Tutela Derecho presuntamente vulnerado : debido proceso y al acceso a la administración de justicia Decisión : Confirma fallo de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada por Luis Eduardo Rojas Herrera 2 y Jaideir Camacho Malpica 3 contra el Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por los tutelantes frente a la vulneración alegada . L uego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

1 Expediente digital disponible en Samai.

acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

1 Expediente digital disponible en Samai. 2 50001-23-33-000-2025-00229-00. 3 50001-23-33-000-2025-00238-00.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

Demandante: Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica Demandada: Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio y otro

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Los señores Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica , actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por el Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio . Por consiguiente, requirieron que se deje sin efectos la sentencia del 17 de julio del 2025, y se ordene su vinculación en el trámite judicial.

1.3 Hechos4.

1.3.1 Expediente 2025-00229-00 (Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera)

El señor Alirio Huertas Burgos interpuso una acción de cumplimiento, de radicado 5000133-33-001-2025-00151-00, contra el Gobernador del Vichada, con la que pretendía que se le ordenara aplicar el art ículo 6 de la Ley 190 de 1995 para retirar del cargo a Luis Eduardo Rojas Herrera como Alcalde de La Primavera - Vichada, argumentando que, se

se le ordenara aplicar el art ículo 6 de la Ley 190 de 1995 para retirar del cargo a Luis Eduardo Rojas Herrera como Alcalde de La Primavera - Vichada, argumentando que, se habría configurado una inhabilidad sobreviniente por haber perdido previamente su investidura como Concejal del mismo municipio.

El Juzgado Primero Administrativo admitió la demanda pero solo notificó al Gobernador y a la Procuraduría, omitiendo vincular al propio Rojas Herrera, quien era el funcionario directamente afectado por la pretensión. Luego, el 17 de julio de 2025, profirió sentencia en la que le ordenó al Gobernador retirar de inmediato a Rojas Herrera del cargo de alcalde.

Como consecuencia de ello, el 21 de julio de 2025, el Gobernador del Vichada expidió el Decreto 0491 de 2025, en el que declaró la falta absoluta de Rojas Herrera y lo destituyó del cargo, en cumplimiento de la sentencia que, para ese momento, aún no estaba ejecutoriada; e se mismo 21 de julio, Rojas Herrera, a pesar de no haber sido parte, presentó incidente de nulidad e impugnación contra la sentencia, argumentando ser litisconsorte necesario.

1.3.2 Expediente 2025-00238-00 (Accionante: Jaideir Camacho Malpica)

La controversia se origin ó en la sentencia del 17 de julio de 2025, mediante la cual se

4 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documentos 38 y 33.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

Demandante: Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica

4 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documentos 38 y 33.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

Demandante: Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica Demandada: Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio y otro

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ordenó la destitución del alcalde Rojas Herrera. Frente a esta decisión, Jaideir Camacho Malpica, actuando en nombre propio y como representante del Resguardo Indígena Campoalegre – Ripialito, alegó que el Juzgado vulneró el derecho a la consulta previa y a la participación política de la comunidad indígena. Sostuvo que la sentencia afectó el mandato político del alcalde destituido, pues este había sido elegido por votación popular en la que participó la comunidad, la cual no fue vinculada formalmente al pr oceso de acción de cumplimiento.

La tutela se presentó inicialmente ante el Juzgado Promiscuo de La Primavera, que declaró la falta de competencia y la remitió al Tribunal Administrativo del Meta.

1.4 Argumentos de la tutela

Los accionantes coincidieron en afirmar que sus derechos fueron vulnerados al no haber sido vinculados a la acción de cumplimiento , bien sea , porque se trataba del alcalde destituido, o, porque representan a una comunidad indígena que ayudó a elegir al alcalde destituido.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 25 de julio del 2025, admitió la tutela de radicado 2025 -00229-00 y ordenó notificar a la

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 25 de julio del 2025, admitió la tutela de radicado 2025 -00229-00 y ordenó notificar a la Gobernación del Vichada y al Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio como accionados y al señor Alirio Huertas Burgos como tercero con interés. Posteriormente, el 29 de julio del 2025, el Tribunal decidió acumular la acción de tutela de radicado 202500238-00.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio5 informó que a ese despacho judicial le correspondió conocer de la acción de cumplimiento de radicado 50001-33-33-001-2025-00151-00, dentro del cual, profirió la sentencia del 17 de julio del 2025, en la que ordenó «[…] dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 190 de 1995, retirando de manera inmediata del cargo de alcalde

5 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documento 29.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

Demandante: Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica Demandada: Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio y otro

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municipal de La Primavera (Vichada) al seño r LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, conforme se indicó en la parte motiva de esta decisión», pero la apoderada judicial del señor Luis Eduardo Rojas Herrera propuso un incidente de nulidad por indebida

conforme se indicó en la parte motiva de esta decisión», pero la apoderada judicial del señor Luis Eduardo Rojas Herrera propuso un incidente de nulidad por indebida notificación, razón por la cual, estaba próximo a pronunciarse sobre la misma.

2.1.2 Alirio Huertas Burgos 6 solicitó se declare la improcedencia del trámite constitucional, debido a que , el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la validez del Decreto que lo separó del cargo de alcalde del municipio de La Primavera – Vichada. Además, refirió que no existe infracción alguna de derechos fundamentales, dado que, el demandante resultó vencido en un proceso de pérdida de investidura.

2.2 Sentencia de primera instancia7

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 11 de agosto del 2025, declaró la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de Luis Eduardo Rojas Herrera, por encontrar que el juzgado accionado declaró la nulidad del trámite judicial y ordenó su vinculación al mismo . P or otra parte, declaró que las pretensiones del señor Jaideir Camacho Malpica eran improcedentes, por no cumplir el requisito de subsidiariedad de la acción, al no haber acudido directamente ante el Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio para solicitar ser vinculado a la acción de cumplimiento.

2.3 Impugnación8

El señor Jaider Camacho Malp ica, inconforme con la decisión, manifestó que la misma no resulta improcedente, dado que , los mecanismos ordinarios eran ineficaces para alcanzar la protección de sus derechos fundamentales, por lo que, la acción de tutela es el medio idóneo para obtener tal finalidad.

no resulta improcedente, dado que , los mecanismos ordinarios eran ineficaces para alcanzar la protección de sus derechos fundamentales, por lo que, la acción de tutela es el medio idóneo para obtener tal finalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

6 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documento 28. 7 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documento 10. 8 Expediente digital de segunda instancia en SAMAI, índice 2, documento 8.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

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En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo 80 de 12 de marzo del 201912 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; y, de ser así, se deberá establecer si al señor Camacho Malpica se le ha vulnerado su derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al no haber sido vinculado como parte al proceso de radicado 50001 -33-33001-2025-00151-00.

En ese sentido, es pertinente aclarar que, el problema jurídico se limita al reproche formulado por el señor Camacho Malpica, en tanto, este fue el único que formuló impugnación contra el fallo de primera instancia.

En ese sentido, es pertinente aclarar que, el problema jurídico se limita al reproche formulado por el señor Camacho Malpica, en tanto, este fue el único que formuló impugnación contra el fallo de primera instancia.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que , no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal

9 “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”. 10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

al superior jerárquico correspondiente (…)”. 10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 11 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 12 “Reglamento interno del Consejo de Estado”.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

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magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho13.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de

irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común.14

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico. 15 Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.16

En consecuencia, la Corte Constitucional ha manifestado que:

«(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo».17

No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la inminencia de un perjuicio

afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la inminencia de un perjuicio

13 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 14 Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 15 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 16 Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub. 17 Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

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irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados

Demandada: Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio y otro

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irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal.18

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las circunstanc ias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.19

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de u n perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

«(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;

para evitar la ocurrencia de u n perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

«(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad» 20.

3.5 Caso Concreto.

3.5.2 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de tutela.

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; sin embargo, no debe perderse

18 Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 19 Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 20 Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

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de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los

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de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar que se cause un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia SU -026 del 2021 de la Corte Constitucional 21 y ante la naturaleza eminen temente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya] agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable».

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de tutela procede de m anera transitoria22.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el actor no cumplió con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad respecto de las pretensiones del proceso 50001transitoria22.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el actor no cumplió con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad respecto de las pretensiones del proceso 5000123-33-000-2025-00238-00. Cabe precisar que, cuando se pretenda el amparo constitucional, el accionante debió haber agotado previamente la solicitud directa ante las entidades involucradas en la posible vulneración de los derechos fundamentales, para con ello respetar el derecho a la defensa que tienen los mi smos, pero de ello no hay evidencia en este expediente.

En efecto, la Corte Constitucional ha indicado frente a la subsidiariedad que debe agotarse de manera previa por parte del actor, lo que unido a la residualidad de la acción permiten que el mismo deb a ejercer la defensa de sus derechos inicialmente con otros medios distintos a la tutela, lo que incluye la solicitud directa ante la corporación accionada:

« El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando

21 M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 22 Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

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el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de i mprocedencia de la tutela la

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de i mprocedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A continuación, la Sala se ocupa de analizar el cumplimiento de este requisito»23.

En este caso, el impugnante solicita que se declare la nulidad del proceso 50001-33-33001-2025-00151-00, toda vez que no fue vinculado a este en su condición de gobernador del Resguardo Indígena Campoalegre-Ripialito. No obstante, como se ha indicado, al no existir una solicitud previa ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, no existe pronunciamiento expreso o implícito de parte de dicho despacho judicial al cual endilgarle la alegada vio lación de los derechos fundamentales del señor Camacho Malpica.

Si el accionante considera que no fue vinculado al trámite, a pesar de tener derecho a ello, pudo solicitar al juzgado la nulidad del proceso en uso del contenido normativo del artículo 133.8 del CGP, para que el demandado se pronunciara según lo que en derecho corresponda, sin que sea dable al juez constitucional inmiscuirse en el marco competencial del juez natural en el caso del asunto.

En conclusión, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia que determinó que la solicitud del señor Jaideir Camacho Malpica es improcedente y que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela del señor Luis Eduardo Rojas

En conclusión, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia que determinó que la solicitud del señor Jaideir Camacho Malpica es improcedente y que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela del señor Luis Eduardo Rojas Herrera por las razones consignadas en esta providencia.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que , en el presente asunto el señor Camacho Malpica no acredit ó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de subsidiariedad de la acción, motivo por el cual , se confirmará la sentencia impugnada, por las consideraciones aquí esbozadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

23 Corte Constitucional, sentencia T 206 del 2018.Acción de tutela: 50001-23-33-000-2025-00229-01

Demandante: Luis Eduardo Rojas Herrera y Jaideir Camacho Malpica Demandada: Juzgado 1° Administrativo de Villavicencio y otro

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FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de agosto del 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de l Meta , de conformidad con los argumentos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)

ELIZABETH BECERRA CORNEJO