CE - Sentencia 52001233300020130035402 de 2025

## CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 52001-23-33-000-2013-00354-02 (4027-2022) | | Demandante | : | Giovanni Laureano Betancourt Chicaiza | | Demandada | : | Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP[[1]](#footnote-2) | | Medio de control | : | Ejecutivo | | Tema | : | Reliquidación de pensión de jubilación – intereses moratorios | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada en contra de la sentencia del Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones de pago y compensación y se ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de Ocho Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos ($8.179.778), por concepto de los intereses moratorios generados desde el 14 de octubre de 2006 hasta el 27 de febrero de 2013, en virtud de lo dispuesto en la sentencia dictada por esa corporación el 22 de septiembre de 2006.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda[[2]](#footnote-3)

• - 1. Hechos

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda[[2]](#footnote-3)

• - 1. Hechos

El señor Giovanni Laureano Betancourt Chicaiza interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, en adelante, Cajanal, con miras a obtener la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante los últimos seis meses en que prestó sus servicios. Dentro de dicho proceso se profirió la sentencia del 22 de septiembre de 2006 por el Tribunal Administrativo Nariño, que accedió a las pretensiones y ordenó la reliquidación pensional en los términos deprecados; así como, se dispuso el cumplimiento de la providencia siguiendo lo dispuesto por los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo, CCA; providencia que quedó en firme el 13 de octubre de 2006.

Posteriormente, Cajanal expidió las Resoluciones número 36422 del 31 de julio de 2007 y UGM 049447 del 12 de junio de 2012, dando cumplimiento al fallo antes mencionado, adicionalmente, la citada entidad en febrero de 2013 reportó al Fondo de Pensiones públicas del Nivel Nacional, Consorcio Fopep, la novedad de inclusión en nómina de la última resolución mencionada, ordenando el pago de un retroactivo pensional por la suma de $4.673.463,27; sin embargo, no se incluyó lo referente a los intereses corrientes y moratorios establecidos en el artículo 177 del CCA, ordenados en la sentencia.

Dichos intereses se causaron así: i) los corrientes desde el 14 de octubre de 2006 y hasta el 13 de abril de 2007 y, ii) los moratorios del 14 de abril de 2007 al 28 de febrero de 2013.

Señala el actor que, el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. Luego, el 23 de septiembre de 2009 el aquí ejecutante presentó ante dicha entidad la solicitud de cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Nariño, haciéndose de esta manera parte del proceso liquidatorio; sin embargo, dicha solicitud fue rechazada mediante Resolución No. 0893 del 26 de julio de 2011, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición, resuelto este último por medio de la Resolución No. 3434 del 1 de abril de 2013, notificada el 11 del mismo mes y año.

Que en virtud de la supresión de Cajanal, conforme lo dispuesto en los Decreto 4107 y 4269 de noviembre de 2011, es la entidad ejecutada quien debe asumir la obligación.

1.1.2 Pretensiones

El señor Giovanni Laureano Betancourt, a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva[[3]](#footnote-4) con miras a que se diera cabal cumplimiento a la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, y en consecuencia se librara mandamiento de pago así:

«1) Por la suma de CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($408.260.77) M/CTE, por concepto de intereses corrientes derivados de la sentencia judicial proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, debidamente ejecutoriada con fecha 13 de octubre de 2006, los cuales se causaron en el periodo del 14 de octubre (sic) al 13 de abril de 2007, de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma.

1. Por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7.794.333.89) MCTE, por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, debidamente ejecutoriada con fecha 13 de octubre de 2006 los cuales se causaron en el periodo del 14 de abril de 2007 al 28 de febrero de 2013, de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma.

1. Se condene en costas a la demandada».

• 1. Mandamiento ejecutivo[[4]](#footnote-5)

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto del 14 de agosto del 2018, libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de $4.386.121, por concepto de intereses liquidados sobre la suma que adujo el ejecutante le fue pagada por la entidad demandada como reliquidación de su pensión[[5]](#footnote-6).

Contra el mandamiento de pago la UGPP presentó el 22 de agosto de 2018 recurso de reposición[[6]](#footnote-7) aduciendo que la demanda fue presentada por fuera de los términos de caducidad, toda vez que el proceso liquidatorio de Cajanal no suspendió dichos plazos, además adujo no ser la llamada a responder por los intereses reclamados; no existir título ejecutivo idóneo para librar el mandamiento de pago; no tener el juez competencia para conocer de la demanda ejecutiva dado que Cajanal fue liquidada e indebida forma de liquidación en el mandamiento de pago, al haberse suspendido el reconocimiento de intereses por cuanto el ejecutante no allegó en debida forma el cobro de la sentencia ante Cajanal.

El anterior recurso fue resuelto a través del auto del 4 de marzo de 2021[[7]](#footnote-8) dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño donde se dispuso no reponer.

1.3 Contestación de la demanda[[8]](#footnote-9)

Dentro del término de traslado de la demanda la UGPP contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones incoadas, aduciendo no adeudar ningún concepto al ejecutante.

En el escrito formuló las excepciones de fondo que denominó: i) pago, ii) compensación, iii) cobro de lo no debido, iv) solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones.

1.4 Sentencia de primera instancia[[9]](#footnote-10)

En el escrito formuló las excepciones de fondo que denominó: i) pago, ii) compensación, iii) cobro de lo no debido, iv) solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones.

1.4 Sentencia de primera instancia[[9]](#footnote-10)

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia proferida el 23 de mayo de 2022, declaró no probadas las excepciones de pago y compensación, ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de ocho millones ciento setenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos ($8.179.778), por concepto de los intereses moratorios generados desde el 14 de octubre de 2006 hasta el 27 de febrero de 2013, en virtud de lo dispuesto en la sentencia dictada por esa corporación el 22 de septiembre de 2006, sin condena en costas, por las siguientes razones:

El A-quo señaló que la sentencia base de recaudo contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma liquida y determinable de dinero;(,) la cual quedó ejecutoriada el 13 de octubre de 2006, habiéndose solicitado su cumplimiento por parte del aquí ejecutante ante la extinta Cajanal el 2 de noviembre de 2006; entidad que, por medio de la Resolución No. AMB 36422 del 31 de Julio de 2007, modificada y adicionada por la Resolución UGM 049447 del 12 de junio de 2012, dio cumplimiento parcial a la orden judicial en el sentido de: i) reliquidar la pensión de jubilación del señor Betancourt Chicaiza elevando la cuantía de la misma a partir del 16 de abril de 1995 pero con efectos fiscales a partir del 14 de abril de 2004 ii) estableció que, previa liquidación del área de nómina, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, pagara al interesado las diferencias por la reliquidación pensional ordenada; y, iii) precisó que el pago al que se refiere el artículo 177 del CCA. estaba a cargo de Cajanal EICE en liquidación y los contemplados en el artículo 178 del CCA. a cargo del Fopep.

Indicó que en los desprendibles de nómina de los meses de enero y febrero del año 2013 se evidencia el pago de la reliquidación ordenada a favor del demandante; sin embargo, no se observa desembolso alguno por concepto de intereses moratorios consagrados en el artículo 177 del CCA.

Hizo uso del control de legalidad y manifestó que al revisar el expediente administrativo allegado por la ejecutada se logró acreditar que la primera reclamación hecha por el demandante fue dentro del término de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, esto es, el 2 de noviembre de 2006; por tanto, se debía ajustar la orden de mandamiento de pago, liquidando aquellos desde esa data.

Se indicó que el capital sobre el cual corría los intereses era por la suma de $4.673.463,27, que corresponde a lo efectivamente pagado por reliquidación a favor del actor en febrero de 2013, aplicó los intereses moratorios correspondientes a una y media veces el interés remunerativo establecido por la Superintendencia Bancaria, teniendo como extremo inicial el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia -14 de octubre de 2006y como final el 28 de febrero de 2013, en que se alegó se realizó el pago. Efectuada la operación se precisó que por los intereses consagrados en el ya citado artículo 177 del CCA se adeudaban a favor del actor la suma de $8.179.778, monto por el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.

Se concluyó que no había sido demostrado el pago de los intereses moratorios antes indicados, habiendo solo prueba del pago de la reliquidación pensional, esto es, un pago parcial; por ello, no prosperaba la excepción de pago; además, se dijo que no había lugar a declarar la excepción de compensación por cuanto el alegado pago en exceso que se pregonó se realizó a través de las Resoluciones Nos. UGM 36422 del 31 de julio de 2007 y UGM 049447 del 12 de junio de 2012 no fue acreditado.

1.5 Recursos de apelación[[10]](#footnote-11)

La apoderada de la UGPP, durante la audiencia inicial llevada a cabo el 23 de mayo de 2002, una vez dictada la sentencia, procedió a interponer y sustentar el recurso de apelación en contra de dicha providencia, con base en los siguientes argumentos:

Arguye que lo adeudado por intereses moratorios corresponde a la suma de $806.621,66, cifra que ya fue reconocida por la UGPP, mediante la Resolución RDP 009297 del 19 de abril de 2021, acto administrativo que se encuentra en ejecución y continuará su trámite ordinario para cumplimiento y pago de la obligación.

Reitera que en el caso concreto ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción; ahora, en cuanto a los intereses deprecados entre el 12 de junio de 2009 al 2 de junio de 2013, considera que aquellos no se causaron por el proceso de liquidación de CAJANAL.

Finalmente, pide sea revocada la sentencia proferida.

En la misma diligencia, la parte actora también presentó recurso de apelación, la inconformidad de este sujeto procesal radica en que no se haya ordenado la indexación sobre los montos adeudados por intereses moratorios, precisando que aquellos fueron liquidados hasta febrero de 2013, momento en el cual debieron ser pagados, al no haberse reconocido para aquella época, lo propio es que su pago se haga indexado, con miras a que no pierda el poder adquisitivo.

1.6 Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto 21 de noviembre de 2023[[11]](#footnote-12), de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

1. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA[[12]](#footnote-13), en concordancia con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de esta Corporación[[13]](#footnote-14).

2.2 Problema Jurídico

Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por ambos sujetos procesales, corresponde a esta Subsección determinar si la decisión de ordenar seguir adelante con la ejecución por la suma de $8.179.778, correspondiente a los intereses moratorios causados generados desde el 14 de octubre de 2006 hasta el 27 de febrero de 2013, en virtud de lo dispuesto en la sentencia dictada por esa corporación el 22 de septiembre de 2006, está ajustada a derecho o, en su defecto, le asiste razón a la UGPP en lo manifestado en el recurso de apelación respecto a que por tal concepto solo se debía pagar la suma de $806.621,66 dado que durante el tiempo en que se llevó a cabo el proceso de liquidación de Cajanal no se causaron aquellos intereses; así como, si sobre la suma que resulte adeudada por intereses moratorios es viable ordenar la indexación, como lo depreca la parte actora.

2.3 Marco jurídico

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

2.3 Marco jurídico

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó”[[14]](#footnote-15).

El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo, que se define como el “documento que representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”[[15]](#footnote-16).

Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que constituyen título ejecutivo: 1) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias; 2) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible; 3) sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones; y 4) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa, debiendo la autoridad que expida el acto administrativo hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso[[16]](#footnote-17) establece que “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]”

De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la obligación, esto es que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un documento y, finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor o causante, las sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva son títulos ejecutivos.

En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación. Y, es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido[[17]](#footnote-18).

Estos requisitos sustanciales, han sido abordados por la jurisprudencia de esta corporación[[18]](#footnote-19) y reiterados recientemente[[19]](#footnote-20) de la siguiente manera:

«La doctrina ha precisado que el requisito de ser expresa la obligación puede entenderse mejor si se analiza etimológicamente el concepto, es así como de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra expresar significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso “lo que es claro, patente, especificado”, conceptos que si se aplican al título ejecutivo, debe entenderse como expreso que “se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación” y explica que “de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva” [[20]](#footnote-21).»

La obligación es clara cuando, además de expresa, aparece determinada en el título, de modo que sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido y será exigible cuando puede demandarse su cumplimiento, por no estar pendiente el agotamiento de un plazo o de condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió.» [se subraya]

También se ha dicho, que los títulos ejecutivos pueden ser simples o complejos, serán simples cuando la obligación se encuentra vertida en un único documento y complejos si se requieren varios documentos para que surja la obligación clara expresa y exigible[[21]](#footnote-22).

En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar en cada caso si el título ejecutivo es simple o complejo, y si aquel cumple con los requisitos legales, esto es, contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado.

2.3.2 La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago, esta subsección sostuvo[[22]](#footnote-23):

«81. Aunque este acápite no hace parte de las etapas del proceso ejecutivo, sí guarda estrecha relación con las excepciones y la orden de seguir adelante con la ejecución, pues del ejercicio probatorio que realice la entidad para sustentar las excepciones y, por consiguiente, desvirtuar las pretensiones, dependerá si se declaran probadas o no aquellas previstas en el artículo 442 del CGP. Es recurrente que el Estado, cuando actúa como deudor en procesos de esta naturaleza, acuda a la excepción de pago, en razón a la obligación contenida en el título [entregar sumas de dinero].

82. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 1° Por la solución o pago efectivo; [...]»

83. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

84. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar que, efectivamente, se entregó la acreencia.

[...]

86. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de extinguir las obligaciones, así[[23]](#footnote-24):

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar, solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de dinero.»

87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil[[24]](#footnote-25).

88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente[[25]](#footnote-26):

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»

90. Asimismo, la doctrina[[26]](#footnote-27) ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

91. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de 2016[[27]](#footnote-28), consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago, para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo 442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del mismo […]»

Conforme a lo expuesto, se tiene que, en los procesos ejecutivos derivados de sentencias judiciales, la excepción de pago total o parcial debe ser acreditada plenamente por la parte ejecutada, quien tiene la carga de la prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103 del CPACA y 1757 del Código Civil. El pago efectivo, entendido como la satisfacción íntegra de lo adeudado, solo extingue la obligación si incluye tanto el capital como los intereses moratorios, cuando hay retardo en el cumplimiento.

Así, la sola existencia de actos administrativos que indiquen la intención de pago no es suficiente; se requiere evidencia documental clara y concluyente de la entrega efectiva del dinero al acreedor. Si no se demuestra el cumplimiento total de la obligación, el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título ejecutivo conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

2.4 Análisis del caso concreto

Del análisis del material probatorio que conforma el sub judice, se tiene acreditado que el demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la extinta Cajanal, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto o presunto surgido ante la no respuesta a la petición elevada el 14 de abril de 2004; a título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante los últimos seis meses en que prestó sus servicios -1 de mayo a 30 de octubre de 1993-. Dentro de dicho proceso se profirió la sentencia del 22 de septiembre de 2006[[28]](#footnote-29) por el Tribunal Administrativo Nariño – Sala Cuarta, que accedió a las pretensiones y ordenó la reliquidación pensional en los términos deprecados, efectiva a partir del 16 de abril de 1995, pero con efectos fiscales desde el 14 de abril de 2004; así como, se dispuso el cumplimiento de la providencia siguiendo lo dispuesto por los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo, CCA; providencia que quedó en firme el 13 de octubre de 2006.

La extinta Cajanal, con miras a dar cumplimiento al citado fallo, expidió la Resolución No. 36422 del 31 de julio de 2007, a través de la cual reliquidó la prestación, elevando la mesada pensional a la suma de $263.705,68 efectiva al 16 de abril de 1995, pero con efectos fiscales desde el 14 de abril de 2004. Este acto administrativo fue modificado por la UGPP a través de la Resolución No. UGM 049447 del 12 de junio de 2012, elevando la cuantía de la mesada pensional a la suma de $273.727; además, se dispuso que «el área de nómina realizara las operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los artículos, 177 del CCA, precisando que este pago estará a cargo de CAJANAL E.I.C.E. - EN LIQUIDACION, y 178 del CCA, pago que estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional»[[29]](#footnote-30).

Obra en el plenario desprendible de pago expedido por Fopep a favor del ejecutante de febrero de 2013, donde se reflejan pagos únicos por reliquidación pensional por los siguientes valores: $3.576.432,78; $420.324; 676.706,49[[30]](#footnote-31); sumados dichos pagos se logra concluir una suma total de $4.673.463,27.

Sea lo primero precisar que en este asunto no se discute el pago de la obligación principal impuesta en la sentencia que sirve de base al ejecutivo, esto es, la reliquidación pensional, el cual se ha indicado se realizó en febrero de 2013; tampoco hay discusión sobre la fecha en que quedó ejecutoriado dicho fallo, esto es, el 13 de octubre de 2006, habiendo quedado también establecido en la providencia aquí recurrida que el cobro de la sentencia dictada dentro del proceso ordinario se realizó por el ejecutante ante la extinta Cajanal de forma oportuna, esto es, el 2 de noviembre de 2016, aspecto sobre el cual no hubo oposición alguna por los extremos procesales.

En este punto debe indicarse que, la sentencia objeto de esta ejecución fue proferida el 22 de septie