CE - Sentencia 52001233300020140000603 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandado: Félix Domingo Cabezas Prado Temas: Nulidad de acto administrativo propio. Pensión gracia. Devolución mesada pensional. Prescripción.

Decisión: Revocar parcialmente sentencia en lo que tiene que ver con las costas y se confirmará en todo lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 2 de febrero de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

2. El 19 de diciembre de 20142 la entidad demandada ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en orden a que se declar e la nulidad de la

I. ANTECEDENTES

Demanda1

2. El 19 de diciembre de 20142 la entidad demandada ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en orden a que se declar e la nulidad de la Resolución RDP 035350 del 5 de agosto de 2013, a través de la cual en cumplimiento de una acción de tutela emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué

(Bolívar)3 se le reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia de jubilación al demandado. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de todos los recursos desembolsados a l demandad o en virtud del reconocimiento ilegal de la pensión gracia, debidamente indexados y con el respectivo retroactivo.

3. Como sustento de sus pretensiones , expuso que el demandado nació el 8 de diciembre de 1950 y nunca prestó sus servicios como docente del orden territorial. Pese a lo anterior, el 19 de febrero de 2001 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social

(CAJANAL EICE), hoy liquidada, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de 1913.

1 Ver expediente digital, archivo 5_520012333000201400006002EXPEDIENTEDIGI20220622155005, folios 9 a 37. 2 Ibidem, folio 7. 3 De fecha 6 de octubre de 20062

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

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Demandante: UGPP

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4. CAJANAL EICE, a través de la Resolución 014383 emitida el 1 de junio de 2001, negó el reconocimiento de la prestación solicitada porque no se cumplían los requisitos establecidos en la ley, específicamente la exigencia de contar con 20 años de servicios docentes en el ámbito territorial. En respuesta a esta decisión, el accionado interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron decididos mediante las Resoluciones 01 4383 del 1 de junio de 2001 y 8485 del 24 de diciembre de 2002, respectivamente. Ambas resoluciones ratificaron la decisión inicial, sustentándose en los mismos argumentos explicados.

5. Agregó que, como consecuencia de la negativa al reconocimiento de la pensión gracia, el demandad o junto con otros accionantes, instauraron acción de tutela en contra de la entidad demandante ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, con radicado No. 2006 – 0194. Además, señaló que mediante sentencia del 6 de octubre de 2006 se le tutelaron al demandado y demás actores los derechos al debido proceso, igualdad y a la pensión de jubilación.

6. La demandante indicó que, a través de la Resolución 31893 del 3 de julio de 2007, se decidió no ordenar el reconocimiento de la pensión gracia, ya que en ese momento se encontraba en proceso la posible revisión del fallo de tutela ante la Corte Constitucional. Sin embargo, se vio llamada a cumplir con el fallo de tutela mencionado,

momento se encontraba en proceso la posible revisión del fallo de tutela ante la Corte Constitucional. Sin embargo, se vio llamada a cumplir con el fallo de tutela mencionado, lo que dio lugar a que se emitiera la Resolución RDP 035350 del 5 de agosto de 2013, mediante la cual se otorgó la pensión gracia al demandado.

Contestación de la demanda4

7. El demandado se opuso a las pretensiones al considerar que el acto acusado se expidió en cumplimiento de una sentencia de tutela , motivo por el cual solicita se condene en costas a la entidad demandante quien acudió sin fundamento válido ante la jurisdicción (en aplicación a lo previsto en el artículo 188 del CPACA).

8. Refirió que se vinculó al servicio educativo en 1971 como maestro departamental, acreditó tener más de 50 años, observó buena conducta y reunió los 20 años de servicios docentes, razones por las cuales tiene derecho al reconocimiento pensional.

9. Añadió que el acto administrativo acusado es de ejecución, por lo que no puede ser demandable en tanto fue expedido en cumplimiento de una acción de tutela, por lo tanto, no amerita control jurisdiccional.

10. Propuso las excepciones que tituló como «inepta demanda por falta de requisitos formales», «falta de legitimación material en la causa para demandar», «caducidad de la acción impetrada», «cosa juzgada» y «prescripción».

4 Ver expediente digital, archivo 5_520012333000201400006002EXPEDIENTEDIGI20220622155005, folios 209 a 235.3

4 Ver expediente digital, archivo 5_520012333000201400006002EXPEDIENTEDIGI20220622155005, folios 209 a 235.3

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Medida cautelar de suspensión provisional

11. Mediante decisión tomada a través de providencia del 15 de enero de 2016 5, el a quo decretó la suspensión provisional de la Resolución RDP 035350 del 5 de agosto de 2013 al advertir una clara transgresión del ordenamiento jurídico y el perjuicio al erario por haberse reconocido una pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos legales.

12. Contra de esta decisión , el accionado interpuso recurso de apelación6 que fue decidido por esta Corporación mediante providencia del 17 de octubre de 2019 7 confirmando la providencia impugnada al advertir que el reconocimiento no se ajustó a derecho, además de no estar cobijad o por el principio de cosa juzgada en tanto esta jurisdicción puede asumir el conocimiento de la controversia suscitada.

Decisión de excepciones previas

13. En el marco de la audiencia inicial celebrada el 30 de junio de 201 68, el magistrado ponente en la primera instancia declaró no probadas las excepciones previas y perentorias nominadas de inepta demanda por falta de requisitos formales ,

13. En el marco de la audiencia inicial celebrada el 30 de junio de 201 68, el magistrado ponente en la primera instancia declaró no probadas las excepciones previas y perentorias nominadas de inepta demanda por falta de requisitos formales , falta de legitimación material en la causa para demandar, caducidad y cosa juzgada.

En contra de esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, dando lugar a la providencia del 17 de octubre de 20199 que la confirmó.

II. SENTENCIA APELADA10

14. El Tribunal Administrativo del Nariño accedió a las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 2 de febrero de 2022 . En consecuencia, ordenó la nulidad del acto administrativo acusado y condenó al demandado al reintegro a favor de la entidad demandante de las sumas que hubiera podido devengar por concepto de la pensión gracia, debidamente indexadas, previa certificación que para tal efecto emita la entidad.

15. Asimismo, ordenó mantener la medida cautelar decretada mediante providencia del 15 de enero de 2016, confirmada por auto del 17 de octubre de 2019 hasta que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada. Además, se condenó en costas a la parte demandada conforme a las previsiones del artículo 188 del CPACA.

16. El a quo sostuvo que, aunque el acto administrativo demandado se clasifica como un acto de ejecución emitido en cumplimiento de una sentencia de tutela, el Consejo de Estado ha establecido que este puede ser objeto de controversia ante esta jurisdicción, con fundamento en la distinción de la naturaleza de las acciones judiciales ejercidas.

Consejo de Estado ha establecido que este puede ser objeto de controversia ante esta jurisdicción, con fundamento en la distinción de la naturaleza de las acciones judiciales ejercidas.

5 Ver expediente digital, archivo 12_520012333000201400006001EXPEDIENTEDIGI20220622155130, folios 143 a 150. 6 Ibidem, folios 157 a 161. 7 Índice 12 del Consejo de Estado dentro del proceso No. 52001233300020140000601 8 Ibidem, folios 273 a 278. 9 Ibidem, folios 285 a 302. 10 Ver expediente digital , índice 46 del Tribunal Administrativo de Nariño , archivo 9_520012333000201400006006EXPEDIENTEDIGI20220622155005.4

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

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17. Asimismo, determinó que dentro del proceso no se demostró el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. Aunque se acreditaron servicios como docente departamental entre los años 1971 y 1973, no ocurrió lo mismo desde el 1 de octubre de 1973 hasta el 9 de enero de 2001, período en el cual el docente se desempeñó en la Escuela Normal de Señoritas La Inmaculada del municipio de Barbacoas cargo que ejerció gracias a un nombramiento de carácter nacional.

18. Encontró que el demandado laboraba en el municipio de Barbacoas (Nariño) y

Barbacoas cargo que ejerció gracias a un nombramiento de carácter nacional.

18. Encontró que el demandado laboraba en el municipio de Barbacoas (Nariño) y residía en la ciudad de Cali; sin embargo, presentó acción de tutela sin observar el factor territorial necesario para este tipo de actuaciones. Inclusive, en ocasiones anteriores había solicitado el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada por la entidad de previsión bajo el argumento de que ostentaba el carácter de docente nacional.

19. Así, se comprobó que estos hechos son indicativos de mala fe en su actuar, dado que la prestación fue concedida en virtud de una decisión judicial manifiestamente contraria a la ley, obtenida tras diversas actuaciones cuestionables del demandado. En consecuencia, condenó al accionado a la devolución de las sumas indexadas que hubiera podido devengar por concepto de la prestación . Al respecto, advirtió que la administración deberá suscribir un acuerdo de reembolso conforme a las condiciones socioeconómicas del docente, que preste mérito ejecutivo, además de poder establecer la exigencia de garantías que considere necesarias para su cumplimiento.

20. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada ante la prosperidad de las pretensiones, dado que la actuación a través de apoderado conlleva la causación de agencias en derecho y costas procesales, de acuerdo con el artículo 365 del CGP.

III. RECURSO DE APELACIÓN

21. El demandado11 presentó recurso de apelación tendiente a obtener la revocatoria de la decisión de primera instancia solicitando que se nieguen la nulidad del acto, el restablecimiento del derecho y la condena en costas , al considerar que la entidad

21. El demandado11 presentó recurso de apelación tendiente a obtener la revocatoria de la decisión de primera instancia solicitando que se nieguen la nulidad del acto, el restablecimiento del derecho y la condena en costas , al considerar que la entidad demandante no desvirtuó su presunción de buena fe ni que se hubieran causado las costas procesales.

22. Alegó que el acto a través del cual se dio cumplimiento a lo orden emitida por el juez de tutela tiene la condición de ejecución, el cual no puede ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, al no existir medio de defensa judicial ordinario que permita discutir su legalidad (artículos 45 y 135 del CPACA).

23. Mencionó que la entidad demandante fue negligente y obró de mala fe al esperar más de 7 años para cumplir la acción de tutela, cuando pudo demandar el propio acto de manera inmediata a efectos de no emitir las resoluciones de recono cimiento si consideraba que el derecho fue adquirido en forma fraudulenta.

24. Insistió que las vías judiciales procedentes eran la revocatoria directa o el recurso

11 Ver archivo digital, índice 46, archivo 11_520012333000201400006008EXPEDIENTEDIGI20220622155005.5

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de revisión previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 , vigente para el

www.consejodeestado.gov.co de revisión previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 , vigente para el momento en que se emitió la sentencia de tutela, por lo que es improcedente el mecanismo procesal escogido por la entidad demandante para demandar el acto administrativo.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

25. Mediante auto de 7 de diciembre de 202212 se admitió el recurso de apelación y se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

26. A pesar de lo anterior, la partes y el Ministerio Público guardaron silencio13.

27. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 14 presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, en los cuales solicitó confirmar la decisión del a quo al insistir que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para estudiar la legalidad del acto demandado por tratarse de una decisión impugnable «a través de la lesividad y dictada en cumplimiento de una decisión judicial». Refirió que se realizó una adecuada valoración frente a la mala fe del demandado al establecer que la sentencia de tutela a través de la cual se le concedió el derecho fue manifiestamente ilegal, al desconocer el principio de subsidiarie dad y de juez natural , por no tener ninguna relación con el municipio de Magangué (Bolívar).

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

28. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde

ninguna relación con el municipio de Magangué (Bolívar).

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

28. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si esta Corporación tiene competencia para ejercer el control de legalidad sobre la Resolución RDP 035350 del 5 de agosto de 2013, emitida por la entidad demandada en cumplimiento de la sentencia de tutela dictada por el Ju ez

Segundo Civil del Circuito de Magangué.

29. En caso afirmativo, será necesario analizar si se ha desvirtuado la presunción de buena fe que protege al demandado y, como consecuencia de ello, si es procedente el reintegro de las sumas de dinero pagadas en virtud de la prestación otorgada de manera irregular.

30. A su vez, la Sala evaluará la procedencia de resolver los reparos relacionados con la supuesta mala fe y negligencia de la entidad demandada al expedir el acto administrativo, a sabiendas de su ilegalidad; así como si las vías procesales adecuadas para anular dicho acto eran la revocatoria directa y la acción especial de revisión contemplada en la Ley 797 de 2003 , en razón a que estos aspectos no fueron

12 Índice 9 de Samai. 13 Ver informe secretaria del 16 de febrero de 2023. 14 Índice 3 de Samai, archivo 3_520012333000201400006036MemorialWeb20228162159.6

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abordados por la demandada durante las etapas procesales llevadas a cabo en primera instancia.

Del control de legalidad de los actos expedidos por la administración en cumplimiento de acciones de tutela.

31. En relación el primer reparo, la jurisprudencia de esta Corporación 15 ha reconocido que el medio de control de nulidad y restablecimiento es procedente para controvertir la legalidad de actos administrativos emitidos en cumplimiento de sentencias de tutela que ordenan el reconocimiento de una pensión.

32. Efectivamente, se ha sostenido que a pesar de que los actos administrativos emitidos en cumplimiento de una orden de tutela son, en principio, de ejecución, no puede obviarse que la acción de tutela tiene como objetivo la protección de derechos fundamentales. En este sentido, al tener un objeto diferente, no puede el juez de tutela privar ni sustituir al juez natural para decidir si los actos enjuiciados se ajustan a la legalidad, radicándose así la competencia en el juez contencioso administrativo.

33. De esta manera, es posible demandar los actos expedidos en cumplimiento de una orden de tutela, dado que la naturaleza de dicha acción es distinta a la contenciosa administrativa, permitiéndose así el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez que esta jurisdicción es la competente para conocer la nulidad de los actos administrativos.

administrativa, permitiéndose así el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez que esta jurisdicción es la competente para conocer la nulidad de los actos administrativos.

34. Así las cosas, cuando un acto administrativo es expedido en cumplimiento de un fallo de tutela, el juez contencioso puede examinar su posible nulidad mediante los medios de control contemplados en la Ley. Por lo tanto, a pesar de tratarse de un acto administrativo en el que no interviene la voluntad de la Administración, dado que fue expedido por un juez que en principio no era el natural del asunto, precisamente esta circunstancia habilita al competente para conocer y control ar si dicho acto se ajusta a derecho.

35. En conclusión, se despachará de manera desfavorable el reparo presentado por la parte demandada, dado que la entidad de previsión tiene el derecho, conforme a la ley, de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de su acto admin istrativo. Además, no está en facultades del juez rechazar la demanda o abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo argumentando que el acto no es enjuiciable, ya que ello vulneraría el derecho de la parte a acudir ante el juez natural de la controversia.

Sobre la devolución de mesadas percibidas de buena fe

36. Para desatar el segundo cuestionamiento, es necesario indicar que el artículo 83 de la Constitución Política prevé que « [l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en

36. Para desatar el segundo cuestionamiento, es necesario indicar que el artículo 83 de la Constitución Política prevé que « [l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en

15 Al respecto, ver: i) Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, fallo del 14 de febrero de 2013, radicación 25000-23-25-000-2011-00245-01(2634-11); ii) sentencia del 9 de febrero de 2017, radicación 05001 -23-33-0002013-00343-01(0952-14); iii) sentencia del 7 de febrero de 2019, radicación 2016-01596-02(1521-18).7

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

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37. Sobre el particular, se ha señalado que el principio de buena fe es un postulado que «tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía»16.

38. El literal c) del ordinal 1° del artículo 164 del CPACA regula que la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que

economía»16.

38. El literal c) del ordinal 1° del artículo 164 del CPACA regula que la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Esta disposición reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del antiguo CCA.

39. En ese contexto, la norma ampara a aquellas personas que han percibido prestaciones periódicas por las decisiones adoptadas de manera errónea por la administración. Sin embargo, este principio no es aplicable en los casos en los que se accedió al reconocimiento de la pensión gracia a través de actuaciones dudosas. Es importante considerar que el principio de buena fe conlleva una presunción de hecho y por tanto admite prueba en contrario. Al no provenir de un error por parte de la Administración, es necesario analizar cada caso de manera particular para determinar si procede o no la devolución de los dineros.

40. Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que:

1. Por medio de las Resoluciones 014383 del 1 de junio de 200117, 26072 del 15 de noviembre de 200118 y 8485 del 24 de diciembre de 200219 a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL rechazó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del demandado, motivado en que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley, específicamente los 20 años de servicio en la docencia oficial a nivel departamental, municipal o distrital.

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) mediante fallo

los requisitos establecidos por la ley, específicamente los 20 años de servicio en la docencia oficial a nivel departamental, municipal o distrital.

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) mediante fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, con radicado 2006 – 19420, amparó los derechos fundamentales del demandado, incluyendo el debido proceso, igualdad y derecho a la pensión de jubilación, ordenando a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1. A pesar del fallo de tutela, mediante la Resolución 31893 del 3 de julio de 2007, CAJANAL negó la solicitud de cumplimiento, arguyendo que la orden de reconocimiento de la pensión gracia no se ajustaba a la legalidad toda vez que se condenaba a reconocer una prestación a un educador con vinculación

16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1 de septiembre de 2014, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren dentro del expediente con radicado 25000232500020110060902 (3130 – 2013). 17 Ver expediente digital, archivo 5_520012333000201400006002EXPEDIENTEDIGI20220622155005, folios 67 a 72. 18 Ibidem, folios 73 a 78. 19 Ibidem, folios 79 a 86. 20 Ibidem, folios 88 a 122.8

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

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Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nacional. Además, se informó que se estaba tramitando ante la Corte Constitucional la selección de la sentencia para su revisión.

1. El 28 de mayo de 2013, el demandado solicitó el cumplimiento del fallo de tutela. En respuesta, la entidad demandante, a través de la Resolución RDP 035350 del 5 de agosto de 201321, le reconoció la pensión gracia, efectiva a partir del 8 de diciembre de 2000.

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal, en sentencia del 7 de octubre de 201522, condenó al juez Arnedys José Payares Pérez por el delito de prevaricato, imponiéndole 63 meses de prisión y una multa de 175 salarios mínimos legales mensuales. Asimismo, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena y dejó sin efecto la sentencia de tutela con radicado 2006 – 194 del 6 de octubre de 2006, así como las resoluciones expedidas en cumplimiento de dicha orden que contravenían la ley.

41. Con base en los hechos probados, resulta indiscutible la ilegalidad de la Resolución RDP 035350 emitida el 5 de agosto de 2013 por la entidad demandante, la cual otorgó al demandado una pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué.

cual otorgó al demandado una pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué. Además, destaca la Sala, el apelante no sustentó reparos específicos de inconformidad que pudieran cuestionar las conclusiones del a quo en relación con su vinculación como docente de car ácter nacional y, por ende, aceptó que no tiene derecho al beneficio pensional.

42. El punto de desacuerdo radica en la conclusión del a quo de que actuó de mala fe para obtener la pensión gracia a través de una acción de tutela. Argumenta que no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que rige sus acciones. No obstante, esta Corporación ha determinado , en múltiples casos análogos de fraude global 23, la existencia de mala fe por parte de los docentes. A continuación, se presentan algunos

de los argumentos que llevaron a esa conclusión:

«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T -218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado 24 asumir el conocimiento de este mecanismo constitucional, porque además de desconocer

21 Ibidem, folios 133 a 139. 22 Ver expediente digital, archivo 6_520012333000201400006003EXPEDIENTEDIGI20220622155005, folios 11 a 173. 23 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001 -23-33-000-2013-00231-03(1024-2016)

173. 23 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001 -23-33-000-2013-00231-03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001 -23-33-000-2014-00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001 -23-33-000-2014-00371-02 (6522 -2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000 -23-42000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024 / Radicado 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881– 2017) Sentencia de 13 de febrero de 2025 / Radicado 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002 – 2024) Sentencia de 29 de mayo de 2025. 24 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…». Y, a rtículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»9

de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»9

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00006 03 (4179-2022)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el principio de la subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamen to del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en Bogotá.

Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó25.»26

43. Corolario a lo anterior, en torno a la configuración de la mala fe, la Corte

deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó25.»26

43. Corolario a lo anterior, en torno a la configuración de la mala fe, la Corte Constitucional en la sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 revisó la providencia de tutela del 11 de diciembre de 2006 emanada también del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, con contornos fácticos y jurídicos similares al aquí estudiado, señalando que «[…] está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia». Asimismo, advirtió la insuficiencia probatoria para demostrar la historia laboral o el tipo de vinculación de los accionantes, lo que era necesario para establecer si cumplían con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Concluyó que la decisión del Juz