CE - Sentencia 52001233300020140056301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020)

Demandante: Jesús Alberto Andrade Mejía

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto popular. Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso. Alcance. Prescripción de la acción disciplinaria.

Estructura de la responsabilidad disciplinaria . CONFIRMA DECISIÓN. Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 1100103-15-000-2024-04153-00 y acumulados 1, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

El señor Jesús Alberto Andrade Mejía instauró demanda contra la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la decisión del 25 de febrero de 2014, expedida por la Procuraduría Provincial de Pasto, mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 11 años; así como la nulidad de la decisión

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 disciplinaria del 29 de mayo de 2014, expedida por la Procuraduría Regional de Nariño, que confirmó la decisión de primera instancia.

Que se condene a la demandada a pagarle la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de indemnización por los perjuicios morales causados

Nariño, que confirmó la decisión de primera instancia.

Que se condene a la demandada a pagarle la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de indemnización por los perjuicios morales causados por la expedición irregular de los actos administrativos ; monto que deberá actualizarse en la forma prevista en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, devengando intereses comerciales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que fue elegido alcalde del municipio de Tangua (Nariño) para el período 20082011.

Que se abrió una indagación preliminar en su contra, con ocasión de los hallazgos con incidencia disciplinaria que remitió la Contraloría Departamental de Nariño, por el pago de la prima de servicios que se hizo en el mes de julio de 2009 al personal del municipio, porque presuntamente no estaba facultado para ello , teniendo en cuenta que la citada prima se encontraba prevista para servidores públicos del orden nacional y no territorial.

Que mediante auto del 29 de noviembre de 2013 la Procuraduría Provincial de Pasto resolvió iniciar la investigación disciplinaria.

Que la actuación culminó con la sanción que se demanda, al encontrarse probado el incumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 1, 2, 3 y 21 del artículo 34; la infracción de la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 35, así como la falta disciplinaria gravísima prevista en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la cual, según se concluyó, fue ejecutada a título

35, así como la falta disciplinaria gravísima prevista en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la cual, según se concluyó, fue ejecutada a título de dolo; forma de culpabilidad que, en segunda instancia disciplinaria, se varió a culpa gravísima.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 1°, 5°, 13, 25, 29, 53, 83, 121, 122, 123, 209 y 230.

Ley 734 de 2002: artículos 13; 14; 18; numerales 2° y 6° del artículo 28; numerales 1°, 2° y 8° del artículo 34; numeral 14, del artículo 35; numerales 3°, 42, 43 y 50 del artículo 48.

Ley 1437 de 2011: artículos 137 y 138.

Decreto 1042 de 1978: artículos 1°, 42 y 58.

Que los actos administrativos deben declararse nulos porque incurrieron en vía deRadicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 hecho por defecto material o sustantivo, al no aplicar el principio de la proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva previsto en el artículo 29 Superior y en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002.

Que en las decisiones disciplinarias no se analizaron las causales excluyentes de

de toda forma de responsabilidad objetiva previsto en el artículo 29 Superior y en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002.

Que en las decisiones disciplinarias no se analizaron las causales excluyentes de responsabilidad reguladas por los numerales 2 y 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y que tampoco se valoró que, en el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, actuó en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

Que, en todo caso, actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria; no obstante, en los actos demandados no se aplicó el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 constitucional; que se desconoció el principio de favorabilidad en la calificación jurídica de la falta disciplinaria, según dispone el artículo 14 de la Ley 734 de 2002 y que se lesionó el principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción, vulnerando los artículos 29 constitucional y 18 de la Ley 734 de 2002.

Que las decisiones demandadas adolecen de irregularidades sustanciales, porque no se debió tramitar la actuación de manera verbal, por tratarse de un proceso sumario que restringe el derecho de defensa y contradicción.

Que los actos administrativos incurrieron en un defecto sustantivo porque aplicaron una disposición absolutamente impertinente, esto es, lo regulado en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 ; así como por interpretación inaceptable y violación de principios constitucionales; que también se configuró un defecto fáctico, pues se omitió la valoración de medios probatorios que fueron aportados.

de la Ley 734 de 2002 ; así como por interpretación inaceptable y violación de principios constitucionales; que también se configuró un defecto fáctico, pues se omitió la valoración de medios probatorios que fueron aportados.

Que la autoridad disciplinaria desconoció el precedente del Consejo de Estado, en cuanto al reconocimiento y pago de la prima de servicios a los empleados públicos del orden territorial.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por auto del 9 de junio de 20152 y notificada a la entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones tras objetar el concepto de violación contenido en la demanda, por referirse a las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (defecto fáctico, sustantivo, defecto procedimental, defecto orgánico), equivocadamente combina das con las causales de nulidad de los actos administrativos.

Que en los actos acusados se examinó la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria consistente en actuar con la convicción errada e invencible de que su comportamiento no es constitutivo de falta, sin que se pudiera concluir su configuración, pues por su formación (abogado especialista en derecho público) y experiencia (se desempeñó como alcalde en dos oportunidades previas) no

2 Véanse folios 470-471 del cuaderno 3.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 resultaba posible argumentar si quiera el asalto de duda en relación con la existencia de la falta disciplinaria.

Que, por el contrario, en su condición de alcalde, tenía la facultad de presentar el proyecto de presupuesto para su aprobación por el concejo y que ello desestimaba el argumento según el cual se limitó a cumplir con el acto administrativo contenido en el Acuerdo a ejecutarse en 2009, pues lo cierto es que este se expidió cuando el demandante ya era alcalde, teniendo en cuenta que se posesionó el 1 de enero de 2008.

Que el demandante desconoce que las actuaciones de la administración pública son regladas y que por ello nada queda al arbitrio del servidor, de modo que no puede excusar el ejercicio de sus funciones en la buena fe constitucional.

Que la falta disciplinaria por la cual fue sancionado se refiere al «incremento patrimonial injustificado», concepto en el que resulta irrelevante el monto de dicho incremento (como parece darse a entender en la demanda) y en el cual lo «injustificado» provino, en el caso concreto, del pago de una prima de servicios sin tener derecho a ella, pues el Decreto 1042 de 1978 excluía de la misma a los servidores del orden territorial.

Que en la jurisprudencia del Consejo de Estado no existía un criterio uniforme sobre el reconocimiento de la prima de servicios para los empleados territoriale s, por lo que no se contaba con una providencia de unificación en la materia.

Que no se puede dar el alcance que pretende el demandante al principio de favorabilidad cambiando la tipicidad y la culpabilidad , ni al principio de

que no se contaba con una providencia de unificación en la materia.

Que no se puede dar el alcance que pretende el demandante al principio de favorabilidad cambiando la tipicidad y la culpabilidad , ni al principio de proporcionalidad, pues la sanción impuesta correspondió con la gravedad de la falta y la forma como esta se calificó.

Propuso como excepción la inepta demanda3.

Se celebró audiencia inicial el 26 de mayo de 20164, en la que se declaró no probada la excepción, fijó el litigio y, tras agotar el período probatorio 5 y dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019) 6, negó las pretensiones , indicando que no operó la prescripción de la acción disciplinaria, toda vez que la decisión de primera instancia se profirió y notificó el 25 de febrero de 2014, dentro de los cinco años siguientes a la ocurrencia de los hechos (julio de 2009) . Advirtió, sobre este punto,

3 Véanse folios 480 a 489 del cuaderno 3. 4 Véanse folios 501 a 504 del cuaderno 3. 5 La audiencia de pruebas se celebró el 4 de agosto de 2016. Véanse folios 510 a 513 del expediente.

6 Véanse folios 536 a 554 del cuaderno 3.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 que si bien se expuso en el escrito de alegatos de conclusión se analizaría en virtud del control integral de los actos administrativos sancionatorios.

Que el trámite del procedimiento verbal que se imprimió a la investigación estaba justificado en lo señalado en el inciso 3, del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 ; además, la autoridad disciplinaria demostró que se cumplían los requisitos sustanciales previstos en dicha norma para su procedencia.

Que, para la época de ocurrencia de los hechos, no existía una línea jurisprudencial decantada que justificara el pago de una prima de servicios para los servidores del municipio de Tangua, porque los pronunciamientos no eran uniformes al conceder tal beneficio a los servidores del orden territorial y, por esta razón, el demandante debía atenerse a lo previsto en el Decreto 1042 de 1978 y 1919 de 2002, que solo previa su reconocimiento a los funcionarios del orden nacional.

Que la autoridad disciplinaria realizó un análisis adecuado de la tipicidad y culpabilidad, pues la norma que se consideró como infringida resultaba acorde con la conducta desplegada por el actor y que, en igual medida, se estableció la culpa acorde con lo señalado en la Ley 734 de 2002 para el efecto , sin encontrar acreditadas la causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria invocadas

la conducta desplegada por el actor y que, en igual medida, se estableció la culpa acorde con lo señalado en la Ley 734 de 2002 para el efecto , sin encontrar acreditadas la causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria invocadas por el demandante , pues no actuó en cumplimiento de un deber de mayor importancia que el sacrificado, porque su cargo le imponía la obligación de manejar adecuadamente los recursos públicos y tampoco incurrió en error invencible, en la medida en que existía una disposición que solo contemplaba el emolumento para los servidores públicos del orden nacional o, de otro modo, resultaba claro que no existía norma que previera el pago de la prima especial de servicios en el orden territorial.

Que se valoraron adecuadamente las pruebas allegadas al expediente por el demandante y las que requirió en su momento la primera instancia al momento de emitir el fallo. Que de ese mismo modo se actuó en la segunda instancia, en la cual se analizaron y evacuaron todas las solicitudes elevadas en el escrito de apelación.

Que la sanción de destitución e inhabilidad general resultaba acorde con lo señalado en la Ley 734 de 2002, pues la falta disciplinaria se calificó como gravísima, ejecutada con culpa gravísima y, en esa medida, la normativa no contenía una sanción diferente a la impuesta, misma que se graduó atendiendo a los antecedentes disciplinarios del señor Andrade Mejía.

Por último, condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante7 interpuso recurso de apelación, señalando que el fallo desconoció el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica en materia de fuentes del derecho,

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante7 interpuso recurso de apelación, señalando que el fallo desconoció el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica en materia de fuentes del derecho, pues al haber considerado que no existe una línea jurisprudencial uniforme en torno

7 Véanse folios 557 a 570 del cuaderno 2.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 al reconocimiento de la prima especial de servicios para los empleados del orden territorial, por ausencia de una sentencia de unificación jurisprudencial sobre esa materia, desconoce que fue el mismo legislador quien estableció la teoría del precedente judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los artículos 10, 102, 103, 269, 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011.

Que conforme a dicha teoría los precedentes del Consejo de Estado no solo están contenidos en las sentencias de unificación, sino en las demás providencias de la Corporación, como las expedidas entre los años 2007 a 2014, en las que se extendió el reconocimiento y pago de la prima de servicios a los empleados públicos del orden territorial y que dichas sentencias debieron tenerse en cuenta para abordar el caso concreto.

Que el fallo apelado desconoció una de las características del poder disciplinario en el sentido de que se trata de una competencia reglada y no discrecional y, en consecuencia, no se ejerció un control jurisdiccional integral de las decisiones

Que el fallo apelado desconoció una de las características del poder disciplinario en el sentido de que se trata de una competencia reglada y no discrecional y, en consecuencia, no se ejerció un control jurisdiccional integral de las decisiones sancionatorias, pues se omitió el ejercicio de subsunción típica, teniendo en cuenta que su conducta debió calificarse como grave, en el peor de los casos, no como gravísima, y el grado de culpabilidad debió determinarse como culpa grave y no como dolo.

Que no se tuvo en cuenta que sí operó la figura de la prescripción, en la medida que la norma que debía aplicarse era la contenida en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 y no la reforma que introdujo la Ley 1474 de 2011 y, en esa medida, como los hechos ocurrieron en el 2008 y la decisión disciplinaria data del 29 de mayo de 2014, la acción disciplinaria prescribió.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 3 de agosto de 2020 se admitió el recurso de apelación 8 y por auto del 18 de noviembre de 2020 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Púbico para que presentara su concepto9.

El demandante10 alegó de conclusión solicitando que se revoque la sentencia apelada, dando aplicación al control de convencionalidad, a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs Colombia.

La demandada11 alegó de conclusión indicando que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 disponía que la acción disciplinaria prescribía en 5 años, contados para las

Colombia.

La demandada11 alegó de conclusión indicando que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 disponía que la acción disciplinaria prescribía en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

Que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha seguido la tesis de

8 Véase índice 03 de SAMAI. 9 Véase índice 10 de SAMAI. 10 Véase el índice 15 de SAMAI. 11 Véase índice 14 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 conformidad con la cual el término de 5 años se interrumpe con la expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado , por ser este el que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la voluntad de la administración.

Que los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación se sujetaron a la constitucionalidad y legalidad y , por tal razón , son eficaces y deben producir sus efectos normales por haber guardado las formas prescritas para ello.

Que dentro del trámite del proceso disciplinario se observaron las reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponden al debido proceso establecidos en beneficio del administrado, previstas por la ley como garantía para asegurar la vigencia de los

legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponden al debido proceso establecidos en beneficio del administrado, previstas por la ley como garantía para asegurar la vigencia de los fines estatales y salvaguardar los derechos de los asociados.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

El 6 de junio de 2023, el demandante presentó oferta de revocatoria directa de los actos administrativos demandados , argumentando la falta de competencia para sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular 12. De dicha oferta se le dio traslado por auto del 20 de septiembre de 2023 13, pero la demandada no se pronunció.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 9 de mayo de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia 14, revocando la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, al considerar que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente al demandante.

En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido»15.

Lo anterior, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos

consideración a lo aquí decidido»15.

Lo anterior, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los cuales impuso sanciones de

12 Véase índice 18 de SAMAI. 13 Véase índice 20 de SAMAI. 14 Véase índice 00011 de SAMAI. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 destitución e inhabilidad o de suspensión a funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la sentencia de tutela 16; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de

los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la sentencia de tutela 16; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de di ciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la importancia de proteger el principio democrático, pues re sulta claro que la imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará el alcance de la violación al debido proceso, luego de lo cual analizará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué

sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia de tutela del 24 de febrero de 202517:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación

16 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia , la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala). 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala). 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00563-01 (1732-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras , la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH18.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Es tado para los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución

Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias

comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU -712 de 2013, en la que estudió, vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En

esa oportunidad, señaló (se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) En efecto, según fue explicado anteriorme