CE - Sentencia 52001233300020170052501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 437 de 2011

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente: alfabetizador y hora cátedra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la UGPP contra la sentencia del 10 de abril de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, anunciando desde ya que será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. El 2 6 de septiembre de 201 7, la demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 022819 de 31 de mayo de 2017 y RDP 031553 de 8 de agosto de

nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 022819 de 31 de mayo de 2017 y RDP 031553 de 8 de agosto de 2017 emitidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad estatal demandada a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a partir del 24 de octubre de 2007, fecha en que consolidó el estatus pensional, con inclusión de todos los factores salariales devengados y teniendo en cuenta que prescribieron las mesadas causadas antes d el 3 de marzo de 2014; ii) reconocer los reajustes y demás beneficios, como la mesada semestral y la prima de navidad; iii) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC 3; y, iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos legales.

3. Como sustento de sus pretensiones expuso que ha prestado sus servicios

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 a 14. 3 Índice de Precios al Consumidor.2

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co docentes de la siguiente forma:

ACTO ADMINISTRATIVO DESDE HASTA TIPO DE

VINCULACIÓN

TOTAL

TIEMPO

DÍAS

www.consejodeestado.gov.co docentes de la siguiente forma:

ACTO ADMINISTRATIVO DESDE HASTA TIPO DE

VINCULACIÓN

TOTAL TIEMPO DÍAS Resolución 044 del 5 de marzo de 1979 01/03/1979 febrero/1980 Alfabetización departamental 360 Resoluciones departamentales 331 de 1986, 018 de 1987, 060 de 1988 y 139 de 1989 01/09/1987 30/06/1990 Hora cátedra departamental 427 Decreto departamental 335 del 11 de abril de 1990 17/04/1990 Hasta la actualidad Propiedad municipal 9632

4. Además, relató que cumplió 55 años de vida el 30 de julio de 2006, fecha para la cual no reunía los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia, lo cual fue alcanzado en 2007.

5. El 3 de marzo de 2017 solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través de las decisiones administrativas enjuiciadas bajo el criterio de que la vinculación desde 1990 es de carácter nacional y porque no es computable para estos efectos el tiempo de servicio prestado bajo la modalidad de hora cátedra entre 1986 y 1990.

Contestación de la demanda4

6. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones esgrimiendo que la demandante se desempeñó como alfabetizadora, docente de hora cátedra y de tiempo completo en virtud de nombramientos efectuados con la intervención de un delegado

demandante se desempeñó como alfabetizadora, docente de hora cátedra y de tiempo completo en virtud de nombramientos efectuados con la intervención de un delegado del Ministerio de Educación; por lo tanto, estas vinculaciones son del orden nacional, así como los recursos con los cuales se sufragaron los salarios de la interesada.

7. Refirió que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior, teniendo en cuenta que la demandante no demostró haberse desempeñado durante 20 años como profesora territorial o nacionalizada, ni la vinculación en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980; sumado a que los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990 ostentan la condición de nacionales.

8. Propuso las excepciones de fondo que tituló como «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales », «cobro de lo no debido », «prescripción» y «solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones».

II. SENTENCIA APELADA5

9. El Tribunal Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda

4 Folios 78 a 82. 5 Folios 296 al 305.3

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. Expuso que el tiempo que la demandante laboró como alfabetizadora es computable para acceder a

www.consejodeestado.gov.co y condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. Expuso que el tiempo que la demandante laboró como alfabetizadora es computable para acceder a la pensión gracia ya que se trata del ejercicio de la profesión docente y la vinculación fue del orden territorial. De la misma forma los lapsos durante los cuales se desempeñó como docente catedráti ca, cuya vinculación fue de l orden departamental , son aptos para computarse conforme lo ha determinado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

10. Finalmente, encontró probado que la vinculación a partir del 1° de enero de 1990 tiene el carácter de docente nacionalizada de tiempo completo y al haber desempeñado la docencia por más de 20 años, con ingreso anterior al 31 de diciembre de 1980, contar con más de 50 años de edad y no registra r antecedentes disciplinarios , la hacen acreedora a la prestación que reclama.

11. Por lo anterior, declaró la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la UGPP reconocer a la demandante la pensión gracia, «en una cuantía equivalente al 75% por ciento, calculado sobre el promedio mensual de la asignación básica y demás factores salariales cotizados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos legales, es decir, el 24 de octubre de 2007. De la misma forma, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 3 de marzo de 2014 teniendo en cuenta la fecha en que realizó la reclamación a la entidad y condenó en costas a la UGPP.

III. RECURSO DE APELACIÓN6

causadas antes del 3 de marzo de 2014 teniendo en cuenta la fecha en que realizó la reclamación a la entidad y condenó en costas a la UGPP.

III. RECURSO DE APELACIÓN6

12. La demandada presentó recurso de apelación al considerar que la demandante se desempeñó como docente del orden nacional por haber sido nombrada con intervención de un delegado del Ministerio de Educación Nacional y sus salarios fueron sufragados con recursos provenientes del situado fiscal y/o sistema general de participaciones, por lo que se incumple con el requisito de haber percibido una recompensa de la Nación.

13. Encontró que, para la época en que la demandante ostentó la condición de alfabetizadora, dicho programa y la educación para adultos eran administrados por el Ministerio de Educación Nacional y se trataba de una educación no formal. Además, el tiempo que se desempeñó como profesora de hora cátedra no puede computarse para acceder a la pensión gracia y su vinculación a partir del 1 ° de enero de 1990 tiene el carácter de nacional, por expresa disposición de la Ley 91 de 1989.

14. Por último, alegó que el a quo no debió condenarla en costas ya que no actuó de manera temeraria; por el contrario, ha ejercido su defensa con fundamentos razonables. Tampoco se probó su causación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 2 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación y fue notificado a las partes por estado del 10 de septiembre de 2020.

6 Folios 307 a 309.4

15. Mediante auto del 2 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación y fue notificado a las partes por estado del 10 de septiembre de 2020.

6 Folios 307 a 309.4

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

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16. A través del auto de 25 de febrero de 2021 se corrió traslado a las partes , de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

17. La demandante7 presentó alegatos de conclusión indicando que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada carece de fundamento jurídico y fáctico al haberse logrado demostrar que ostentó una vinculación territorial y nacionalizada que le otorga el derecho a acceder a la pensión gracia que pretende, motivo suficiente para que se confirme la sentencia de primera instancia.

18. Por su parte, la UGPP8 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación.

19. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio9.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

21. Corresponde a esta Sala determinar si la señora Teresa de Jesús Solarte Eraso tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial, los 20 años como docente territorial o nacionalizado y la vinculación en dicha calidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; o si, por el contrario, no acredita sendas exigencias legales.

22. Igualmente, se constatará si resulta o no procedente la condena en costas de conformidad al reparo efectuado por la entidad recurrente frente a ese tópico.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

23. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

7 Índice 21 registrado en Samai. 8 Índice 22 registrado en Samai.

otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

7 Índice 21 registrado en Samai. 8 Índice 22 registrado en Samai. 9 Según constancia de la Secretaría de esta Sección, obrante en el folio 336.5

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

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24. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio estipulado.

25. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin

conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

26. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 37 de 1993 y demás normas concordantes.

27. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S -699 del 26 de agosto de 199710, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

28. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-01118 del 21 de junio de 2018 11, el Consejo de Estado estableció estas pautas

jurisprudenciales que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban

territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).6

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los

(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo

suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

29. Debe recalcarse, que mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 202214, la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición normativa, en consonancia con la jurisprudencia constitucional expedida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989. Al respecto, en la providencia se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía

12 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989. 13 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990. 14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).7

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

30. Con base en esta última interpretación , tienen derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las

gracia».15

30. Con base en esta última interpretación , tienen derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio; es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989 , tal y como lo preciso esta Corporación en la mencionada sentencia.

31. El anterior escenario normativo y jurisprudencial permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar los 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en sim ilar condición. A su vez, no se les puede exigir el cumplimiento de todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 ni impedirles el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada»16.

Caso concreto

32. En aras de resolver el problema jurídico planteado en precedencia, la Sala verificará si en el presente asunto la demandante acreditó los requisitos consagrados en la ley para acceder a la pensión gracia.

Caso concreto

32. En aras de resolver el problema jurídico planteado en precedencia, la Sala verificará si en el presente asunto la demandante acreditó los requisitos consagrados en la ley para acceder a la pensión gracia.

33. La señora actora aportó su documento de identidad 17 y registro civil de nacimiento18, en los que se observa que nació el 30 de julio de 1956, es decir, cumplió 50 años de edad el 30 de julio de 2006. Con esto se da por satisfecho el requisito de la edad.

34. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplida la exigencia de la honradez, consagración y buena conducta19.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado: 2016-0027801 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 2013-04683-01 (3805-2014). 17 Folio 28. 18 Folio 29. 19 Folio 148 Secretaría de Educación y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Nariño8

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

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35. También está probada la vinculación territorial y/o nacionalizada anterior a 1980 pues a través de la Resolución 044 del 5 de marzo de 1979 20, expedida por el secretario de Educación Pública del departamento de Nariño y un delegado del Ministerio de Educación Nacional, se nombró a la demandante como alfabetizadora en el Centro «ENRIQUE HENSEN» del municipio de Pasto (Nariño), con efectos a partir del 1 de marzo de 1979 y validez hasta febrero de 1980 21. Sin embargo, la misma demandante aclaró que laboró hasta el 30 de agosto de 1979, ratificado por la Secretaría de Educación de Nariño mediante constancia del 4 de diciembre de 201522, por lo que se tomará dicha fecha como referente para limitar el período en que la docente se desempeñó en tal condición.

36. En este punto, es menester señalar que a través del Decreto 1830 de 1966 se reglamentó la educación para adultos , cuyo artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación general básica y a los de formación profesional». Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para adultos en todo el territorio nacional y mediante el artículo 2 del Decreto 2277 de

ingreso a los cursos de educación general básica y a los de formación profesional». Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para adultos en todo el territorio nacional y mediante el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 se dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.

37. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que la labor docente de alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia,

así23:

«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como ya se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los maestros que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en establecimientos del nivel educativo antes mencionado.»

38. De otra parte, el mencionado acto administrativo está suscrito por el secretario de Educación Pública del Departamento de Nariño y un delegado del Ministerio de Educación Nacional, por lo que la firma de este último funcionario se encaminó a garantizar la disponibilidad de los recursos para sufragar los salarios de la educadora,

20 Folio 37 a 45. 21 Ver certificación visible a folio 30. 22 Folio 200. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001 -23-3320 Folio 37 a 45. 21 Ver certificación visible a folio 30. 22 Folio 200. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001 -23-33000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001 -23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001 -23-33000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-0317301(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001 -23-33-0002016-00462-00 (1503-2021).9

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

2016-00462-00 (1503-2021).9

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00525-01 (3882-2019)

Demandante: Teresa de Jesús Solarte Eraso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sin que con ello sea viable sostener la condición de docente nacional que la entidad le endilga.

39. Por el contrario, esta situación se ajusta a los preceptos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 , en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

40. De este modo, la firma del delegado del Ministerio de Educación evidencia que el nombramiento atendió a los mandatos de la Ley 43 de 1975, la cual dispuso que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educaci ón Nacional». Además, no se observa que la autoridad territorial haya actuado como delegada del Gobierno Nacional, ni que la plaza a ocupar o la institución educativa sean de carácter nacional.

41. Conjuntamente, debe mencionarse que en un caso de contornos similares al

autoridad territorial haya actuado como delegada del Gobierno Nacional, ni que la plaza a ocupar o la institución educativa sean de carácter nacional.

41. Conjuntamente, debe mencionarse que en un caso de contornos similares al presente24 esta Subsección tuvo la oportunidad de analizar el mismo acto administrativo de nombramiento concluyendo que la vinculación era nacionalizada y el tiempo laborado en la modalidad de alfabetización e ra computable para acceder a la pensión gracia por tratarse del ejercicio de la profesión docente.

42. En suma, es diáfano que la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada desde el 1 de marzo de 1979 hasta el 30 de agosto de 1979 en razón a su nombramiento por medio de la Resolución 044 del 5 de