CE - Sentencia 52001233300020180033301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2018-00333-01 (0943-2023)

Demandante: Teresa de Jesús Segura Dájome Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

No se configuró excepción de cosa juzgada ante falta de identidad de partes. Condena en costas en primera instancia en vigencia de la Ley 2080 de 2021. REVOCA SENTENCIA

PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

la sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Teresa de Jes ús Segura D ájome instauró demanda1 en contra de la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 005922 del 15 de febrero de 2018; y (ii) RDP 022568 del 18 de junio de 2018 ; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante y se resolvió desfavorablemente el respectivo recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la actora la mencionada dádiva en cuantía equivalente al 75% del promedio

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 18 de marzo de 2015, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 18 de marzo de 2015, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la demandante nació el 18 de marzo de 1965. Que durante su vida laboral se desempeñó al servicio del municipio de Tumaco (Nariño) como docente oficial con unas vinculaciones legales y reglamentarias sostenidas durante los siguientes períodos: (i) del 2 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1983, y (ii) del 1.º de septiembre de 1997 al 11 de julio de 2018.

Que, el 6 de septiembre de 2017 radicó ante la autoridad demandada una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la referida entidad negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 005922 del 15 de febrero de 2018, aduciendo que no se había demostrado adecuadamente el vínculo laboral como docente antes del 31 de diciembre de 1980.

Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución RDP 022568 del 18 de junio de 2018, ello en el sentido de confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.

Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución RDP 022568 del 18 de junio de 2018, ello en el sentido de confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 53 de la Constitución Política; 1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 5 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1993; 4 de la Ley 4.ª de 1966; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que la UGPP desconoció el valor probatorio de los certificados de tiempos de servicio, donde se indica el tipo de nombramiento, el plantel, el decreto de nombramiento y el origen de los recursos ; violando flagrantemente la Constitución y la ley, así como las sentencias del Consejo de Estado; ya que al solicitar documentos que no son idóneos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, como son el acta de posesión y los decretos de designación, se está en contra de la jurisprudencia de dicha corporaci ón que ya que ha manifestado que tales documentos no son necesarios para demostrar los períodos de labor educativa, pues lo importante es la acreditación de la plaza, lo cual sí fue comprobado.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 19 de noviembre de 2018 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP, quien manifestó3 que, luego de analizar los medios probatorios, se concluye que la parte actora de forma precaria probó los 20 años de servicio, pues desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el entendido que las certificados que se expidan para acreditar los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia deben ser precisos y contener datos fundamentales que reflejen la realidad de la vinculación y el desarrollo de la función docente , lo cual no se desprendió de la documentación allegada en esta oportunidad.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales , (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción , y (iv) genérica.

El 11 de junio de 2021 4 se determinó que se emitiría sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio, se decretaron las pruebas solicitadas y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que conceptuara si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 8 de septiembre de 2021 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 8 de septiembre de 2021 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la reclamante a partir del 18 de marzo de 2015, liquidada sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el año anterior a esta fecha. Adicionalmente condenó en costas a la parte demandada con fundamento en la aplicación de un criterio objetivo por haber sido vencida en juicio.

Que está debidamente acreditado que la demandante se vinculó al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980 mediante una vinculación del orden municipal, según formato único para la expedición de la historia laboral de la señora Teresa de Jesús Segura Dájome , así como del acta de posesión respectiva del 2 de septiembre de 1980, en la que se indica que fue nombrada por el municipio de Tumaco en virtud del Decreto 060 de esta misma fecha.

Que también es computable el período de labor de la actora acumulado a partir del año 1997, pues en la certificación aportada con los antecedentes administrativos expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco, se advierte que el vínculo como docente fue en propiedad y es de carácter territorial, lo cual se ratifica

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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con base en el Decreto 313 del 1 de septiembre de 1997 a través del cual dicha entidad territorial nombró al reclamante bajo tales condiciones.

Que, al 18 de marzo de 2015 la accionante había cumplido un tiempo de 17 años, 6 meses y 17 días, los cuales, sumados a los 2 años, 8 meses y 28 días del período entre 1980 y 1983 , da un total de 20 años, 3 meses y 15 días, lo que implica que cumplió con el requisito temporal, así como con el de la edad y el buen comportamiento que le permiten acceder al reconocimiento de una pensión gracia desde la primera data en comento.

Que la prescripción de 3 años empezó a correr desde el 18 de marzo de 2015 , siendo interrumpida entre el 6 de septiembre de 2017 y el 6 de septiembre de 2020, cuando se solicitó el reconocimiento pensional , por lo que como la demanda se presentó en una fecha anterior, concretamente el 2 de agosto de 2018, es claro que en este caso no operó el fenómeno bajo estudio.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación afirmando que, la reclamante no demostró adecuadamente tener un vínculo antes del 31 de diciembre de 1980, y, en todo caso, si en gracia de discusión este se aceptara, se debe tener en cuenta que no se dilucidó qué tipo de vinculación tenía en su momento, así como tampoco el origen de los recursos con que se pagaron las asignaciones.

y, en todo caso, si en gracia de discusión este se aceptara, se debe tener en cuenta que no se dilucidó qué tipo de vinculación tenía en su momento, así como tampoco el origen de los recursos con que se pagaron las asignaciones.

Que el documento idóneo para demostrar la vinculación como docente es el original o copia auténtica del decreto de nombramiento, los cuales no fueron aportados en vía administrativa para demostrar dicha relación legal y reglamentaria. Además, los diferentes certificados de información laboral obrantes en el cuaderno pensional no son de recibo, ya que para demostrar tiempos de labor oficial estos deben expedirse en formato CETIL por la autoridad competente para tal fin, que en este caso era la secretaria de educación del ente territorial correspondiente.

Que para conceder el derecho en litigio no basta que la educadora tenga la condición de docente territorial, o que haya cumplido los 20 años de servicio oficial, sino que además se exige cumplir también el requisito de “no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional” ; razón por la cual, si la solicitante percibía sus salarios de la Nación (Situado Fiscal / Sistema General de Participaciones) no tendrá derecho a ser beneficiaria de esta dádiva.

Que, por otra parte, no se comparte la condena en costas impuesta contra la UGPP, ya que la oposición de esta entidad no ha sido temeraria, por el contrario, se acomoda a un adecuado ejercicio de la garantía de contradicción, sin que la defensa haya implicado un abuso de la misma , pues siempre se ha argumentado con un

6 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

haya implicado un abuso de la misma , pues siempre se ha argumentado con un

6 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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fundamento razonable y claramente el recurso interpuesto no es dilatorio, lo que implica que nunca ha habido una conducta reprochable que obligue a la parte accionada a correr con los gastos realizados por la actora para obtener un pronunciamiento judicial.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de marzo de 20237 se admitió el recurso de apelación , y se dispuso que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

La parte demandante 8 se pronunció en esta oportunidad para solicitar que se confirme el fallo apelado, asegurando que quedó demostrado el cumplimiento de todos los requisitos para adquirir la pensión gracia.

La parte demandada9 reprodujo los argumentos de su recurso de apelación.

El 29 de agosto de 202410 se decretó una prueba de oficio tendiente a verificar la posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada, por lo que se solicitó a la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño que remitiera la totalidad del expediente con radicado 52001-23-33-000-2014-00179-00, en el que

secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño que remitiera la totalidad del expediente con radicado 52001-23-33-000-2014-00179-00, en el que presuntamente figuraban las mismas partes del presente litigio.

A través de la plataforma SAMAI, el 1.º de octubre de 2024 11 la mencionada autoridad judicial allegó la documentación solicitada, de la cual se corrió traslado a las partes el 31 de octubre de este mismo año.12

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de

1980. También se deberá establecer si era procedente la condena en costas de primera instancia a cargo de la entidad demandada.

7 Ver índice 4 de SAMAI. 8 Ver índice 9 de SAMAI. 9 Ver índice 10 de SAMAI. 10 Ver índice 15 de SAMAI. 11 Ver índice 22 de SAMAI. 12 Ver índice 24 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, es de destacar que el 29 de agosto de 202413

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Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, es de destacar que el 29 de agosto de 202413 esta Subsección decretó como prueba de oficio el envío por parte del Tribunal Administrativo de Nariño de la copia del expediente 52001-23-33-000-2014-0017900, esto con el fin de verificar la posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada.

Ahora, luego de analizar la documentación allegada se puede establecer que esta excepción no se configuró.

Al respecto, se observa que el presente proceso fue promovido por la señora Teresa de Jesús Segura Dájome, identificada con cédula de ciudadanía 59.666.740 de Tumaco (Nariño), en calidad de actual demandante, en contra de la UGPP.

Por el contrario, en el proceso con radicado 2014-00179-00, se aprecia que la parte accionante fue la UGPP, formulando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, contra la señora Teresa de Jesús Dájome de Segura, identificada con cédula de ciudadanía 27.498.913 de Tumaco (Nariño), quien actuó en calidad de demandada.

Ahora, al comparar las cédulas y registros civiles de nacimiento de la actual accionante y de la entonces demandada en el segundo litigio, lo que se corrobora es que, a pesar de la coincidente similitud de nombres y apellidos entre las dos, lo cierto es que se trata de personas completamente diferentes, pues no solo tienen números de identificación y fechas de nacimiento distintas, sino que, además, los

es que, a pesar de la coincidente similitud de nombres y apellidos entre las dos, lo cierto es que se trata de personas completamente diferentes, pues no solo tienen números de identificación y fechas de nacimiento distintas, sino que, además, los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión gracia en cada asunto son totalmente independientes los unos de los otros.

Precisamente por la semejanza en los nombres, la Sala consideró necesario descartar cualquier posibilidad de error de digitación en el orden de los apellidos dentro del sistema SAMAI, de manera que, al advertir que , en realidad de trata de personas disímiles en cada actuación, se concluye que no hay identidad de partes entre ambas controversias judiciales, lo que hace improcedente declarar probada la excepción de cosa juzgada por falta de configuración de uno de sus elementos.

En consecuencia, habrá de resolverse de fondo el actual proceso bajo los siguientes planteamientos:

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de

13 Ver índice 15 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio

servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

De igual forma , el artículo 3 .° de dicha norma estableció que : «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó» , mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 14. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00333-01 (0943-2023)

sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante

Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta

de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos re cursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

16 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00333-01 (0943-2023)

con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de