CE - Sentencia 52001233300020180061401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023)

Demandante: Ana Gabriela Narváez Leitón Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia a masa sucesoral de docente fallecida. Docente territorial. Tiempos en plazas del orden territorial con contratos de prestación de servicio. Incorporación no cambia la naturaleza de la vinculación. Declara de oficio la excepción de falta de decisión previa respecto de la s ustitución

pensional. REVOCA PARCIALMENTE, MODIFICA Y

CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMAS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Nariño por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

sentencia proferida el veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Nariño por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Ana Gabriela Narváez Leitón instauró demanda1 en contra de la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 008736 del 7 de marzo de 2017 y RDP 019346 del 11 de mayo de 2017 , por medio de la cual la UGPP negó una pensión gracia a la señora Rebeca Amada Leitón Benavides por considerar como nacional el periodo laborado desde el 23 de noviembre de 1994.

1 Páginas 3 a 17 del expediente digital, visible en el índice 15 de SAMAI-Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023)

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a que reconozca la pensión gracia post mortem a la señora Rebeca Amada Leitón Benavidez (q.e.p.d.) y que la misma sea sustituida en favor de la señora Ana Gabriela Narváez Leitón, hija de la causante.

Que la pensión gracia post mortem debe ser reconocida a partir del 5 de octubre de

(q.e.p.d.) y que la misma sea sustituida en favor de la señora Ana Gabriela Narváez Leitón, hija de la causante.

Que la pensión gracia post mortem debe ser reconocida a partir del 5 de octubre de 2006 pero con efectos fiscales a partir del 21 de octubre de 2013 por prescripción trienal de mesadas, mismo fenómeno que aplica a la sustitución.

Que en el pago de las mesadas de ben incluirse las primas, aumentos anuales y la actualización del valor de acuerdo con el IPC.

Que la entidad demandada dé cumplimiento al fallo según lo establecen los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA, y que la misma sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Rebeca Amada Leitón Benavidez (q.e.p.d.), laboró como docente municipal desde el 5 de mayo de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984 en Córdoba, Nariño, nombrada por el alcalde de dicha entidad territorial ; que su situación administrativa fue modificada, y pasó a prestar sus servicios mediante contrato desde el 1.° de enero de 1985 hasta el 30 de mayo de 1992.

Que continuó trabajando entre el 1.° de octubre y el 31 de diciembre de 1992, y entre el 1.° de enero y el 30 de junio de 1993, bajo la modalidad de contratación administrativa, esta vez en el municipio de Ipiales.

Que mediante Decreto 083 de 1994 fue incorporada al situado fiscal como docente nacionalizada para continuar con la pr estación del servicio que ejercía como

administrativa, esta vez en el municipio de Ipiales.

Que mediante Decreto 083 de 1994 fue incorporada al situado fiscal como docente nacionalizada para continuar con la pr estación del servicio que ejercía como docente contratada, esto en vigencia de la Ley 60 de 1993, artículo 6, y que laboró desde la fecha de su nombramiento (23 de noviembre de 1994) hasta el 9 de febrero de 2017, fecha de su muerte.

Que la historia laboral de la causante señala equivocadamente que su vínculo fue nacional, contrariando los artículos 1.° de la Ley 91 de 1989 y 2.° del Decreto 196 de 1995 que la clasificaría como nacionalizada.

Que la causante solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el 21 de octubre de 2016 pero la entidad negó el derecho a través de la Resolución RDP 008736 del 7 de marzo de 2017 argumentando que el tiempo laborado a partir del 23 deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) noviembre de 1994 fue de carácter nacional; y confirmó su dec isión en Resolución RDO 019346 del 11 de mayo de 2017.

Que durante el trámite administrativo le sobrevino un cáncer terminal y falleció el 9 de febrero de 2017, y quedó como beneficiaria su hija Ana Gabriela Narváez Leitón, quien al menos para la fecha de la demanda contaba con 20 años de edad y tenía la condición de estudiante, por lo que debe ser considerada incapaz por estudio y

de febrero de 2017, y quedó como beneficiaria su hija Ana Gabriela Narváez Leitón, quien al menos para la fecha de la demanda contaba con 20 años de edad y tenía la condición de estudiante, por lo que debe ser considerada incapaz por estudio y en consecuencia tiene derecho a suceder de manera excepcional la pensión gracia hasta que cumpla 25 años de edad, condicionada a demostrar la continuidad de los estudios superiores.

Que su padre nunca ha asumido las obligaciones morales y económicas, y que no cuenta con los recursos suficientes para garantizar la continuidad de sus estudio s en el programa técnico laboral por competencias de mantenimiento-red informática del centro System Plus Pasto.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgreden los artículos: 1, 2, 13, 25, 42, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del Código Civil; 2 de la Ley 153 de 1887 ; 75 y 92 del Decreto 1848; 3 de la Ley 71 de 1989 ; 13 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 y los Decretos 1160 de 1989 y 2277 de 1979.

Que los actos incurren en una falsa motivación, pues se advierte un error en la calificación de la plaza ocupada a partir del 23 de n oviembre de 1994, la cual es contraria a los tipos de vinculación consagrados en la Ley 89 de 1990 y el Decreto 196 de 1995.

calificación de la plaza ocupada a partir del 23 de n oviembre de 1994, la cual es contraria a los tipos de vinculación consagrados en la Ley 89 de 1990 y el Decreto 196 de 1995.

Que al ser incorporada por nombramiento desde la data señalada, por el municipio de Ipiales, el vínculo de la causante fue nacionalizado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 18 de febrero de 2019 fue admitida la demanda 2, se notificó a la UGPP, quien manifestó3 que en sede administrativa no se allegó copia original o autentica de los decretos de nombramiento y actas de posesión como docente municipal antes del 31 de diciembre de 1980 ni con posterioridad, para acreditar una vinculación legal y reglamentaria. Que, además, no se allegó copi a de los contratos de prestación de servicio en los periodos comprendidos entre el 1.° de enero de 1985 y el 30 de mayo de 1993.

2 Página 68, Ibid. 3 Página 175, Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) Que el nombramiento realizado el 23 de noviembre de 1994 fue de carácter nacional, esto teniendo en cuenta el certificado de información laboral con consecutivo n.° 298 del 23 de mayo de 2016.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la vulneración de

nacional, esto teniendo en cuenta el certificado de información laboral con consecutivo n.° 298 del 23 de mayo de 2016.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la vulneración de principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, (iv) solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones.

En la audiencia inicial4, se determinó que la excepción de prescripción sería resuelta en la sentencia; se fijó el litigio; se declaró fracasada la etapa de conciliación, y se efectuó el decreto de pruebas y el tribunal ofició a las secretarías de educación de Ipiales y de Córdoba para que allegaran certificaciones sobre los nombramientos de la causante y la procedencia de los dineros con los que se pagaron los salarios, así como las constancias sobre la naturaleza de la vinculación, el tiempo de servicios y las posibles sanciones de tipo disciplinarios.

En audiencia de pruebas 5 se incorporaron los documentos allegados por parte de la Secretaría de Educación de Ipiales y de Córdoba; se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento ; se corrió traslado a las par tes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público, para que , si a bien lo considerase, emitiera concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 22 de enero de 2020 , accedió a las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida.

Expuso que, la docente fallecida laboró desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 31

accedió a las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida.

Expuso que, la docente fallecida laboró desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984 bajo una calidad municipal, nombrada por Decreto 24 del 5 de octubre de 1977 que fue reconstruido por Decreto 017 AMC -2011, y que sus salarios fueron pagados con recursos propios de la entidad territorial . Que de manera posterior, se vinculó por medio de contratos de prestación de s ervicios, suscritos con el municipio, entre el 1.° de enero de 1985 y el 30 de mayo de 1992 , y entre el 1.° de octubre de 1992 y el 30 de junio de 1994.

Que su última relación legal y reglamentaria fue desde el 23 de noviembre de 1994 hasta el 1.° de enero de 2017, ocupando una plaza de naturaleza territorial, nombrada por Decreto 83 del 23 de noviembre de 1994 expedido por el alcalde de Ipiales.

Que la educadora cumplió con los 20 años de servicio exigidos en la norma, con los

4 Página 196, Ibid. 5 Página 275, Ibid. 6 Página 341, Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) 50 años de edad y que se acreditó que no fue sancionada ni se desvirtuó que su labor se ejerciera con honradez y consagración. Que en consecuencia, su derecho

50 años de edad y que se acreditó que no fue sancionada ni se desvirtuó que su labor se ejerciera con honradez y consagración. Que en consecuencia, su derecho se configuró el 5 de octubre de 2006 pero las mesadas anteriores al 21 de octubre de 2013 fueron declaradas prescritas.

Que respecto al alegato del procurador judicial, en el cual advierte que de manera previa a radicar la demanda ante la jurisdicción la accionante debió solicitarle a la entidad que la pensión de su madre le fuera sustituida, estimó el tribunal que tal presupuesto era imposible de cumplir para la actora , porque en consideración a la negativa del derecho de la causante en sede administrativa, no tenía esta ninguna prestación para sustituir.

Que la demandante como única hija tiene derecho hasta los 25 años de edad a que se le sustituya la pensión gracia reconocida en la sentencia a su madre fallecida , esto por demostrar que a la fecha de la sentencia contaba con 22 años de edad y acreditó cursar estudios en la Institución Educativa para Tra bajo y Desarrollo Humano System Plus Pasto, en el programa técnico laboral para competencias en «mantenimientored informática». Por tanto, le reconoció el derecho pensional por sustitución a partir del 21 de diciembre de 2013.

RECURSO DE APELACIÓN7

La demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que no existe certeza sobre los tiempos de servicio alegados porque no se aportó la prueba idónea en la que conste el tipo de vinculación de la causante, en la que se especificara el carácter nacional, nacionalizado o territorial, la fecha, y el origen de los recursos con los que

los tiempos de servicio alegados porque no se aportó la prueba idónea en la que conste el tipo de vinculación de la causante, en la que se especificara el carácter nacional, nacionalizado o territorial, la fecha, y el origen de los recursos con los que se financió su plaza, así como la copia original de los actos de nombramiento ni la reconstrucción de los actos administrativos conforme a la normatividad aplicable.

Que los contratos de prestación de servicios no generan una vinculación directa con el municipio contratante y no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento del derecho, esto además porque no existe soporte documental de los mismos, por lo que no puede establecerse el régimen prestacional . Que no existe una declaración judicial previa que reconozca la existencia una relación legal y reglamentaria para los periodos en los que se desempeñó bajo esta modalidad.

Que respecto a su última vinculación, del 1.° de octubre de 1994 al 1.° de enero de 2016, la docente laboró bajo una relación legal y reglamentaria de naturaleza nacional, esto según consta en el certificado laboral del 23 de mayo de 2016.

Que no existe certeza sobre el origen de los recursos con los que se cancelaron sus salarios, esto es, si fueron financiados por la Nación a través del situado fiscal, y en

7 Página 364, Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) que en caso de ser así, no se cumpliría con el requisito del artículo 3.° de la Ley 114 de 1913.

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) que en caso de ser así, no se cumpliría con el requisito del artículo 3.° de la Ley 114 de 1913.

Que en cuanto a la condena en costas, la misma solo procede cuando la conducta de la parte vencida ha sido temeraria o abusiva, y en el proceso actual no se observa conducta dilatoria de por parte de la entidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de agosto de 20238 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, la demandada allegó memorial de alegatos de conclusión en el que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación ; la parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público se abstuvo de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si la causante , en vida, cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, y en consecuencia, declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 008736 del 7 de marzo de 2017 y RDP 019346 del 11 de mayo de 2017, por las cuales se le negó el reconocimiento de su derecho. En caso de acreditarse dicho supuesto, corresponderá verificar si la demandante, como hija mayor de edad de la causante , reúne las condiciones necesarias para sustituir el derecho pensional.

Cuestión previa

En el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la entidad manifiesta su

mayor de edad de la causante , reúne las condiciones necesarias para sustituir el derecho pensional.

Cuestión previa

En el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la entidad manifiesta su desacuerdo con la totalidad de las declaraciones y condenas del fallo de primera instancia, y aunque no expone de manera literal los fundamentos de inconformidad frente a la sustitución pensional, es evidente que al afirmar que la causante no cumplía con los presupuestos exigidos para acceder a la pensión gracia, y que, por tanto, esta no debía reconocerse, de la misma manera se está en desacuerdo con la eventual sustitución, por tanto es congruente proceder con su estudio en segunda instancia.

Además, se precisa que en uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, los jueces deben declarar cualquier excepción que

8 Ver índice 4 en SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) encuentren pr obada de oficio , incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus).

Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de j ubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ -030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023)

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de in strucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

de in strucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernado r pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

b. Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación

En atención al proceso de descentralización planteado en la Constitución de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continu idad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y munici pal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) A partir de lo expuesto, las plantas de per sonal comenzarían a formar parte de la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto l a intención de la norma era que

incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto l a intención de la norma era que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16 ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»

De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del país, generado por « la duplicidad de funciones entre los niveles municipal, departamental y nacional» y en aras a « pasar a una nueva etapa de la descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación […]», se expidió la Ley 715 de 2001.

Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas disponen:

territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios. Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requ isitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

[…]»

En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que

administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

Diferencias entre sustitución pensional, pensión de sobrevivientes y pensión gracia post mortem

En el marco de la regulación general del Sistema de Seguridad Social Pensional, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 consagró de manera amplia el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo los siguientes supuestos:

«[…] ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez , o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca , siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

PARÁGRAFO . Para efectos del cómputo de las semanas a que se refi ere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley. […]» (Líneas de la Sala).

Como se observa, pese a que la norma en comento señala indistintamente que la

presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley. […]» (Líneas de la Sala).

Como se observa, pese a que la norma en comento señala indistintamente que la mencionada figura opera tanto para el p ensionado por vejez como para el afiliado que fallezca, lo cierto es que esa errada redacción ha conllevado una confusión que jurisprudencialmente ya fue zanjada 9 al evidenciar que el espíritu de dicha disposición es completamente diferenciador, es decir, prevé dos supuestos divergentes conforme a los cuales la muerte de un empleado que tenga o no el

9 En sentencia de unificación SUJ -029-CE-S2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda el 11 de agosto de 2022.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023) derecho a tal prestación, podría generar situaciones jurídicas accesorias para sus beneficiarios supérstites.

Al respecto, cuando se presenta el deceso del jubilado, es decir, de quien tenía consolidada la pensión por haber reunido y acreditado todos los requisitos para la adquisición de su estatus jurídico habilitante, bien sea con o sin el acto administrativo que formalmente le reconoce la prerrogativa, necesariamente se está en el campo de la sustitución pensional, donde lo que sucede es una transmisión de titularidad del derecho ori