CE - Sentencia 52001233300020190030501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 52001-23-33-000-2019-00305-01 (0545-2022)

Demandantes : Milton Raúl Barrera Cano, Fabián Daniel Toro

Riascos, Ruthcelly Mora Luna, Luis Eduardo Cortés Vargas y Oliver Alexander Charry Cárdenas.

Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Disciplinario Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección C de la Sección Tercera, con ponencia de la Dra. Adriana Polidura Castillo, el ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) , dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00 y en el que se indicó lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas el 30 de octubre de 2024 y 25 de julio de 2024 en el trámite de los procesos identificados bajo los radicados núm.

providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas el 30 de octubre de 2024 y 25 de julio de 2024 en el trámite de los procesos identificados bajo los radicados núm. 73-001-23-33-000-2019-00480-01 y 52 -001-23-33-000-2019-00305-01, en atención a las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B, que en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran una nueva decisión en la que atiendan lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Por consiguiente, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Ocho (8) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por los señores Milton Raúl Barrera Cano, Fabián Daniel Toro Riascos, Ruthcelly Mora Luna, Luis Eduardo Cortés Vargas, y Oliver Alexander Charry Cárdenas en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Los señores Milton Raúl Barrera Cano, Fabián Daniel Toro Riascos, Ruthcelly Mora Luna, Luis Eduardo Cortés Vargas y Oliver Alexander Charry Cárdenas, por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, acuden ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones1.

Declarar la nulidad del fallo disciplinario de primera instancia del Trece (13) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), proferido por la Procuraduría Regional del Putumayo, y de la decisión de segunda instancia del Doce (12) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), emitida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Pr ocuraduría General de la Nación, mediante las cuales, se sancionó a los demandantes con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

A título de restablecimiento del derecho , los demandantes solicitaron: (i) la cancelación del registro de la sanción disciplinaria; (ii) el pago de los honorarios, seguros de vida, salud y demás emolumentos ; (iii) que se declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio desde el mes de junio de 2018

seguros de vida, salud y demás emolumentos ; (iii) que se declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio desde el mes de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019; (iv) se condene a la entidad demandada a pagar a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral la suma de 100 SMLMV; y (v) se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Los accionantes precisan que el Concejo Municipal elegido para el período 20122015 suscribió un convenio interadministrativo , con el fin de adelantar el concurso público y abierto de méritos destinado a la elección del personero municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), para el período comprendido entre el Primero (1.º)

1 Folios 194 a 222 expediente físico cuaderno 1.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación. de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) y el Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil

Veinte (2020).

Enfatizan que, se posesionaron como concejales el Dos (2) de enero de Dos Mil Dieciséis ( 2016), cuando únicamente faltaba realizar las etapas de entrevista y votación para culminar el referido concurso de méritos.

El Cinco (5) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP remitió al Concejo Municipal la lista de aspirantes que debían ser convocados a la entrevista y a la etapa final del proceso, conformada

El Cinco (5) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP remitió al Concejo Municipal la lista de aspirantes que debían ser convocados a la entrevista y a la etapa final del proceso, conformada por los señores Jairo Andrés Gómez Meneses y Edgardo Alex López Dussán.

Señalan que, el Diez (10) de enero de Dos Mil Dieciséis ( 2016), únicamente se presentó a la entrevista el concursante Edgardo Alex López Dussán, quien fue elegido personero municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Destacan que, en marzo de 2016, la Procuraduría Regional del Putumayo recibió tres quejas disciplinarias en contra de los concejales y del personero municipal, por presuntas irregularidades en el proceso de elección.

Afirman que, mediante auto del Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), el Procurador Regional del Putumayo adecuó la actuación disciplinaria al procedimiento verbal y les imputó el cargo por la presunta comisión de una falta gravísima, elegir una persona inhabilitad a, a título de dolo, al haber elegido personero al señor Edgardo Alex López Dussán, quien se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo, por cuanto en el año anterior a su elección había prestado sus servicios como asesor jurídico del ente territorial.

Aseguran que, mediante fallo disciplinario del Trece (13) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), la Procuraduría Regional del Putumayo los declaró disciplinariamente responsables por la comisión de dicha falta gravísima y los

Aseguran que, mediante fallo disciplinario del Trece (13) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), la Procuraduría Regional del Putumayo los declaró disciplinariamente responsables por la comisión de dicha falta gravísima y los sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años. La misma sanción fue impuesta al personero municipal, mientras que el concejal Jhonal Cristian Grueso Quiñones fue absuelto de responsabilidad.

Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia el Doce (12) de marzo de DosNúmero Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Mil Dieciocho (2018) por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilanc ia Administrativa, circunstancia que impidió a los demandantes continuar desempeñándose como concejales durante el período constitucional para el cual habían sido elegidos popularmente.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículo 29; Ley 734 de 2002, artículos 4, 6, 14, 23, 28, numeral 1 del artículo 44 y numeral 17 del artículo 48; así como , los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

El apoderado judicial de los accionantes manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1. Falsa motivación

Sostienen los demandantes que la actuación disciplinaria se encuentra viciada por falsa motivación, dado que , las consideraciones jurídicas que sirvieron de

acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1. Falsa motivación

Sostienen los demandantes que la actuación disciplinaria se encuentra viciada por falsa motivación, dado que , las consideraciones jurídicas que sirvieron de fundamento a la imposición de la sanción , equipararon indebidamente el acto de elección del personero municipal con el acto de posesión, lo que constituye una interpretación extensiva y errónea del tipo disciplinario. Tal confusión forzó el juicio de tipicidad y c ulpabilidad, construyendo de manera artificiosa la falta gravísima a título de dolo.

Argumentan que, no existe prueba alguna que demuestre que actuaron con dolo al momento de la supuesta comisión de la falta, razón por la cual , se vulneró el principio de culpabilidad, al imponérseles una sanción de destitución e inhabilidad general sin cumplir los presupuestos exigidos por el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002.

Aducen que, al momento de la elección , Diez (10) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), no se acreditó la existencia de inhabilidad alguna en la persona elegida, ni se demostró voluntad de transgresión de la norma. En consecuencia, la calificación de la conducta a título de dolo no corresponde ni a los hechos probados ni al marco normativo aplicable.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2. Infracción de las normas en que debía fundarse

Sostienen que la falta disciplinaria por la cual fueron sancionados está definida en

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2. Infracción de las normas en que debía fundarse

Sostienen que la falta disciplinaria por la cual fueron sancionados está definida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, relativo a actuar u omitir frente a la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses, en relación con el verbo rector “elegir”, que fue el descrito en el pliego de cargos; sin embargo, señalan que se vulneró su derecho de defensa y de audi encia, por cuanto fueron sancionados con fundamento en el acto de posesión, hecho que no fue objeto de imputación y que, además, ocurrió con posterioridad a la elección (25 de febrero de 2016). De esta manera, la entidad demandada estructuró la culpabilidad y el dolo sobre una conducta distinta a la inicialmente formulada, contrariando el principio de congruencia entre cargos y sanción.

3. Infracción del numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002

Manifiestan los accionantes que la autoridad disciplin aria desconoció la causal de exclusión de responsabilidad por error invencible, al no valorar que su conducta no configuraba falta disciplinaria alguna. Alegan que, al momento de la elección, resultaba objetivamente imposible determinar la ilicitud de la c onducta, esto es, la existencia de la inhabilidad en la persona elegida como personero municipal, por lo que su actuación se enmarcó en la buena fe y la confianza legítima en la información disponible.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a todas

que su actuación se enmarcó en la buena fe y la confianza legítima en la información disponible.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas por los actores. En su escrito, efectuó un breve recuento de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la entidad en su contra, relacionadas con l a elección del personero municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), proceso que se desarrolló mediante un convenio interadministrativo.

Precisó que, una vez expedida la lista de elegibles, el Concejo Municipal se encontraba en la obligación de realizar la elección conforme a dicha lista, pero previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo, en particular los relacionados con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, deber que calificó como indelegable de cada concejal.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Indicó que la elección constituye un acto -condición, conformado por una unidad inescindible entre el acto de elección y el acto de posesión, cuya observancia conjunta da lugar al reproche disciplinario descrito en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. En consecuencia, consideró que los actores incurrieron en falta disciplinaria al elegir y posesionar a una persona inhabilitada, pese a las advertencias efectuadas por el órgano de control.

Adujo que los demandantes actuaron con ple na conciencia al participar en la posesión del señor Edgardo Alex López Dussán como personero municipal,

advertencias efectuadas por el órgano de control.

Adujo que los demandantes actuaron con ple na conciencia al participar en la posesión del señor Edgardo Alex López Dussán como personero municipal, desatendiendo la oposición del presidente del Concejo, quien advirtió sobre la posible inhabilidad. En criterio de la entidad, ello permitía revocar el acto de elección antes de que produjera efectos jurídicos. No obstante, los concejales ignoraron las advertencias y procedieron a la posesión, conducta que demuestra la culpabilidad a título de dolo en la comisión de la falta disciplinaria.

3. La sentencia de primera instancia2.

El Tribunal Administrativo de Nariño , mediante sentencia del Ocho (8) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En consecuencia: i) Declaró la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en los fallos disciplinarios cuestionados. ii) Ordenó la eliminación del registro de la sanción disciplinaria im puesta a los demandantes. iii) Condenó a la entidad demandada al pago de los honorarios que los actores dejaron de percibir por concepto de sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), desde el año 2018 hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), previa certificación del número de sesiones realizadas por la corporación desde el momento en que se hizo efectiva la sanción. iv) Negó las demás pretensiones de la demanda. v) Condenó en costas a la entidad demandada.

El A - quo precisó que, el cargo de concejal desempeñado por los demandantes es

la sanción. iv) Negó las demás pretensiones de la demanda. v) Condenó en costas a la entidad demandada.

El A - quo precisó que, el cargo de concejal desempeñado por los demandantes es de elección popular, y que el proceso disciplinario adelantado en su contra no se originó en actos de corrupción, sino en la conducta descrita en e l numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Por tanto, y conforme a la jurisprudencia del

2 Archivo 0025 actuaciones electrónicas Cd.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer sanciones de destitución e inhabilidad general a funcionarios o servidores elegidos por voto popular.

Asimismo, el Tribunal manifestó que, de acuerdo con el criterio fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), en cuanto habilitan a la Procuraduría General de la Nación para destituir o inhabilitar funcionarios públicos elegidos democráticamente mediante decisión administrativa y no por “condena de juez competente en proceso penal”, resultan contrarios al artículo 23.2 de la Convención Amer icana sobre Derechos Humanos.

En virtud de lo anterior, el despacho de primera instancia declaró la nulidad parcial de los actos acusados, limitando sus efectos a las sanciones impuestas de destitución e inhabilidad general.

4. El recurso de apelación3.

En virtud de lo anterior, el despacho de primera instancia declaró la nulidad parcial de los actos acusados, limitando sus efectos a las sanciones impuestas de destitución e inhabilidad general.

4. El recurso de apelación3.

En la oportunidad procesal correspondiente, la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que, la providencia impugnada no se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado en lo relativo a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer potestad disciplinaria sobre servidores públicos elegidos por voto popular.

Sostuvo que , la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe armonizarse con la interpretación de la Constitución Política de 1991 y con el precedente vinculante de la sentencia C-028 del Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Seis (2006), en la cual, la Corte Constitucional reconoció la potestad sancionat oria del Estado atribuida a la Procuraduría General de la Nación conforme a los artículos 277 y 278 superiores, facultándola para investigar y sancionar a todos los servidores públicos, incluidos aquellos de elección popular.

3 archivo 0026 actuaciones electrónicas Cd.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Adicionalmente, citó la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el Trece (13) de febrero de Dos Mil Dieciocho

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Adicionalmente, citó la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el Trece (13) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), en la que se analizó el alcance del denominado “caso Gustavo Petro” . Sostuvo que, dicha providencia tiene efectos inter-partes, limitados al caso concreto, y no fijó reglas de competencia con efectos erga omnes respecto de la vigencia de las normas de derecho interno que atribuyen competencia a la Procuraduría General de la Nación para impo ner sanciones que impliquen restricciones a los derechos políticos de los servidores de elección popular.

5. Trámite de segunda instancia4.

En auto del Veinte (20) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación. Conforme con el numeral 5° del artículo 247 del CPACA, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, se prescindió del traslado a las partes para alegar.

El Procurador Delegado5 ante la Corporación considera que la Procuraduría General de la Nación sí tenía competencia constitucional y legal para investigar y sancionar disciplinariamente con destitución e inhabilidad a los demandantes.

Aunque el Consejo de Estado (Sala Plena, 15 de novie mbre de 2017) limitó dicha competencia cuando las sanciones afectaran derechos políticos —en aplicación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, el Ministerio Público sostiene que esa restricción no eliminaba la competencia, si no que exigía ajustes posteriores en el derecho interno.

artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, el Ministerio Público sostiene que esa restricción no eliminaba la competencia, si no que exigía ajustes posteriores en el derecho interno.

En apoyo de ello, cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Ocho (8) de julio de Dos Mil Veinte (2020) (caso Petro Urrego vs. Colombia), que ordenó al Estado adecuar su no rmativa interna. No obstante, mientras el Congreso no efectuara dicha armonización , lo que ocurrió con la Ley 2094 de 2021, la Procuraduría podía seguir actuando conforme al ordenamiento vigente.

4 Expediente digital índice 00003 Samai. 5 Samai 00008Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Dado que las sanciones impuestas datan de 2016 y 2018, cuando la competencia de la Procuraduría estaba respaldada por la jurisprudencia constitucional, no se evidencian vicios de legalidad en las actuaciones.

En cuanto a la actuación disciplinaria, el análisis integral demuestra que no hubo irregularidades n i vulneraciones de derechos: las conductas reprochadas fueron típicas y graves, afectaron el deber funcional y se adelantó el proceso con respeto de las garantías y conforme a la normativa vigente.

II. CONSIDERACIONES

Convencionalidad y cumplimiento de fallo de tutela.

Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

II. CONSIDERACIONES

Convencionalidad y cumplimiento de fallo de tutela.

Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que , mediante sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024), esta Subsección confirmó «la sentencia del 8 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del cual accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por lo s señores Milton Raúl Barrera Cano, Fabián Daniel Toro Riascos, Ruthcelly Mora Luna, Luis Eduardo Cortés Vargas, y Oliver Alexander Charry Cárdenas en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, salvo la condena en costas que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. ».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-202407001-00.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección C de la Sección

Tercera fue:

« 5.6. En los anteriores términos, de cara al marco jurídico esbozado en las providencias del 30 de octubre de 2024 y 25 de julio de 2024, la Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y B vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante, por cuanto incurrió en el defecto sustantivo por

Estado, Sección Segunda, Subsección A y B vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante, por cuanto incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al omitir la aplicación de las disposiciones anteriormente citadas, toda vez que su análisis no tuvo una armonización normativa frente a estos, dado que se apartaron de la posición establecida respecto de la facultad sancionatoria con la que cuenta la entidad accionante, la cual goza de cosa juzgada constitucional. 5.7. En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, por lo que ordenará dejar sin efectos las sentencias proferidas el 30 deNúmero Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación. octubre de 2024 y 25 de julio de 2024 en el trámite de los procesos identificados bajo los radicados núm. 73 -001-23-33-000-2019-00480-01 y 52 -001-23-33-000-2019-00305-01, para que, en su lugar, emita una nueva decisión en la que tenga en cuenta las disposiciones contenidas en la presente decisión y estudie de fondo los arg umentos esbozados por la entidad en el recurso de apelación presentado.

En todo caso, resulta pertinente aclarar que las consideraciones expuestas en esta sentencia de ninguna manera pueden ser interpretadas como una orden de fallar en un determinado sentido, puesto que se deben garantizar los principios de independencia y autonomía judicial. En ese marco, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y B deberá sustentar con base en cuales fundamentos basó su decisión. …».

determinado sentido, puesto que se deben garantizar los principios de independencia y autonomía judicial. En ese marco, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y B deberá sustentar con base en cuales fundamentos basó su decisión. …».

En ese contexto, la S ubsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial mencionado.

Sin embargo, debe expresarse que estudiar el fondo del asunto, sin haberle dado la oportunidad a los accionantes que, en primera instancia, se analizarán los reproches formulados con la demanda, se quebrantaría la garantía de la doble instancia.

En efecto, aunque resulta evidente que el conocimiento del proceso por parte de esta Corporación, se dio a partir del recurso de apelación formulado por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia dictada el Ocho (8) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que cuestionó la conclusión , según la cual, al tratarse los accionantes de servidores de elección popular no podían ser sancionados por un órgano de carácter administrativo, y por ende, quebrantar la convención americana de derechos humanos, articulo 23 -2, el e xamen de los argumentos esgrimidos en la demanda como la falsa motivación, al confundir la elección con la posesión del personero y atribuir dolo sin pruebas ; violación del debido proceso , al sancionarlos por hechos no imputados, desconociendo el principio de congruencia ; y desconocimiento del error invencible, pues, actuaron de buena fe al no conocer la inhabilidad del elegido, solo tendrán el escrutinio judicial de esta sede cuando precisamente por la naturaleza del asunto tienen dos instancias.

error invencible, pues, actuaron de buena fe al no conocer la inhabilidad del elegido, solo tendrán el escrutinio judicial de esta sede cuando precisamente por la naturaleza del asunto tienen dos instancias.

En otras palabras, los argumentos esgrimidos con el escrito introductorio por parte de los reclamantes solo serían contrastados judicialmente en sede de apelación, lo que se traduciría en una desventaja procesal para quien es acuden ante la jurisdicción en busca de un pronunciamiento que desate integralmente los reparos formulados y sobre todo que sean revisados por otra instancia en caso de inconformidad.Número Interno: 0545-2022

Demandantes: Milton Raúl Barrera Cano y otros

Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

El asunto que plantea la Subsección, no es de poca trascendencia porque implica la concreción de garantías como el debido proceso, el derecho de defensa y la doble instancias, que están consagradas tanto en los artículos 296 y 317 de la Constitución Política como el 88 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este sentido, y siendo coherente con la postura que se está expresando, la Sala revocará la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño el Ocho (8) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), para que en su lugar emita una nueva, en la que analice exclusivamente los reparos formulados con la demanda, para que de esta forma se garantice la doble instancia a las partes dentro del proceso.

Criterio que rectifica la posición que sobre el particular había adoptado esta Subsección cuando daba cumplimiento a sentencias de tutela 9, que revocaban fallos donde se sostenía que l a Procuraduría General de la Nación no tenía

Criterio que rectifica la posición que sobre el particular había adoptado esta Subsección cuando daba cumplimiento a sentencias de tutela 9, que revocaban fallos donde se sostenía que l a Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para sancionar a empleados de elección popular, al estar en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos.

6 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertirlas que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 7 Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único 8 Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con la s debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal

agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único 8 Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con la s debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presum