CE - Sentencia 52001233300020190037001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024) Demandante: Jaime Hernán Herrera Castro Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto de asignación de retiro. REVOCA PARCIALMENTE .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala l os recursos de apelación interpuesto s por las partes, contra la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo d e Nariño, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jaime Hernán Herrera Castro instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se

de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulida d parcial de la Resolución Nro. 6442 del 26 de octubre de 2018, por medio de la cual se ordenó el re conocimiento y pago de la asignación mensual de retiro, a partir del 30 de julio de 2018, y ordenó descontar la suma de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017; y la nulidad de la Resolución N ro. 8220 del 21 de diciembre de 2018, mediante la cual se resolvió, de forma negativa, el recurso de reposición interpuesto contra e l primer acto administrativo.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que no debe reintegrar ninguna suma de dinero; que se ordene a la demandada que se abstenga de continuar descontando los valores de la asignación de retiro que percibe y queRadicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 2 reintegre los valores descontados, suma que, a la fecha de presentación de la demanda, ascendía a ocho millones ochocientos veintinueve mil ciento noventa y

www.consejodeestado.gov.co 2 reintegre los valores descontados, suma que, a la fecha de presentación de la demanda, ascendía a ocho millones ochocientos veintinueve mil ciento noventa y siete pesos ($8.829.197), más los intereses de ley generados.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución N ro. 7421 del 3 de septiembre de 2013, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía le reconoció la asignación de retiro por cumplir con los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación y declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 18 de febrero de 2010.

Que mediante Resolución N ro. 03685 del 8 de agosto de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó su reintegro al servicio, con ocasión de lo ordenado en la sentencia del 17 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Que una vez reintegrado, envió petición a la demandada en la que informó sobre su nueva situación, con el fin que se excluyera de nómina y no se efectuara un doble pago. Que, no obstante, la entidad nunca contestó.

Que mediante Resolución N ro. 5669 del 2 de octubre de 2017, se revocó la Resolución Nro. 7421 del 3 de septiembre de 2013 , ordenándole que reintegrara la suma de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197).

Que contra los anteriores actos interpuso demanda de nulidad y restablecimiento

suma de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197).

Que contra los anteriores actos interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual tramitó el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto .

Que mediante Resolución N ro. 6442 del 26 de octubre de 2018, se le reconoció la asignación mensual de retiro y se ordenó descontar la suma de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), por concepto de mesadas pagadas en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017.

Que interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución, el cual fue resulto, de forma negativa, mediante Resolución N ro. 8220 del 21 de diciembre de 2018.

Que el 26 de noviembre de 2018 le fue pagada la primera mesada , a la cual le descontaron el 50% y que, a la fecha de interposición de la demanda, los descuentos efectuados por la accionada ascendían a la suma de ocho millones ochocientos veintinueve mil ciento noventa y siete pesos ($8.829.197).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 19 de la Ley 797 de 2003; el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos 1212 y 1213 de 1990; y el Decreto 823 de

el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 19 de la Ley 797 de 2003; el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos 1212 y 1213 de 1990; y el Decreto 823 de

1995. En el concepto de violación indicó que los actos administrativos demandadosRadicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 3 se expidieron con desviación de poder porque la entidad demandada interpretó, en su contra, la sentencia de reintegro del 7 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Que el fallo del Tribunal aplicó, como precedente judicial, la sentencia de unificación 556 de 2014 de la Corte Constitucional, la cual estableció una limitación del pago del daño, por concepto de indemnización . Que el comité de conciliación de la demandada estableció, en sesión del 28 de septiembre de 2015, que no podía exigírsele la devolución de dineros , pues los pagos efectuados por la reincorporación al servicio se hicieron a título de indemnización.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos de Pasto quienes, por auto del 23 de mayo de 2019, declararon la falta de competencia para conocer el proceso y la remitieron al Tribunal Administrativo de Nariño1. Una vez remitida, en providencia del 20 de enero de 2020 se admitió2.

Pasto quienes, por auto del 23 de mayo de 2019, declararon la falta de competencia para conocer el proceso y la remitieron al Tribunal Administrativo de Nariño1. Una vez remitida, en providencia del 20 de enero de 2020 se admitió2.

La demandada contestó oponiéndose a las pretensiones, expresando que siempre ha estado presta al cabal cumplimiento de las normas que son aplicables a las prestaciones de los retirados y sus beneficiarios , por lo que no ha observado una conducta dilatoria o de mala fe . Que la sentencia con la cual se ordenó la reincorporación del demandante estableció que el reintegro se consideraría sin solución de continuidad, es decir, sin que pud iera entender se que se presentó alguna ruptura de su vínculo con la Policía Nacional.

Que, por lo anterior, lo que el demandante percibió como asignación de retiro debe reintegrarse a la Administración. Propuso las excepciones de inepta demanda, legalidad de los actos acusados , inexistencia del derecho y la genérica o innominada3.

Por auto del 27 de enero de 2022, decidió impartírsele al proceso el trámite de sentencia anticipada, para lo cua l se tuvieron como prueba los documentos aportados por las partes y se fijó el litigio 4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) , accedió parcialmente a las pretensiones expresando que no se trató de una doble asignación a título de salarios por varias

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) , accedió parcialmente a las pretensiones expresando que no se trató de una doble asignación a título de salarios por varias vinculaciones laborales, sino de la percepción concomitante de sueldos y de asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en su actuación a ley y a la Constitución P olítica, de manera que debe efectuar un manejo adecuado de los recursos que administra, en orden a mantener la sostenibilidad del sistema.

1 Véase el archivo «007. ACTA REPARTO DE JUZGADO […]», disponible a índice 11 de SAMAI del Tribunal. 2 Véase el archivo «008. ACTA DE REPARTO TRIBUNAL […]», ibid. 3 Véase el archivo «011. CONTESTACION DEMANDA […]», ibid. 4 Véase el archivo «024. AUTO DE SENTENCIA ANTICIPADA», ibid.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 4 Que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. Que la declaración de nulidad del acto administrativo que lo desvinculó retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se ent endía como si aquel nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto de restablecimiento del

acto administrativo que lo desvinculó retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se ent endía como si aquel nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto de restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles por ausencia de causa justificada para su reconocimiento.

Que la reincorporación que judicialmente se decidió trajo para el demandante, como consecuencia directa, la pérdida del derecho de su condición de retirado, de donde deviene la incompatibilidad entre los valores que se le pagaron como asignación durante el lapso en que se mantuvo vigente el acto administrativo de desvinculación que fue anulado.

Que la orden judicial dispuso, claramente, pagar los salarios y demás prestaciones sociales a favor del accionante desde el momento de su desvinculación y hasta el día en que efectivamente se produjera su reintegro, lo que implic ó que el pago se realizara a título de restablecimiento del derecho y no de indemnización.

Que las sumas que percibió el demandante por concepto de asignación de retiro debían devolverse, puesto que no resulta ban compatibles con el pago que recibió como restablecimiento del derecho , pero, únicamente , hasta el monto al que se extiende lo que debe pagar se por ese restablecimiento, lo cual no implica ba que pudiera accederse a las súplicas de la demanda sobre la anulación del acto con el cual se orden ó devolver las sumas que se cancelaron como asignación de retiro, sino que se ponía un límite a ese reintegro.

Que como el restablecimiento del derecho se extiende entre seis y veinticuatro meses, es decir , un máximo de dos años, y que teniendo en cuenta que con los

sino que se ponía un límite a ese reintegro.

Que como el restablecimiento del derecho se extiende entre seis y veinticuatro meses, es decir , un máximo de dos años, y que teniendo en cuenta que con los actos demandados se ordenó que devolviera lo que se le canceló por concepto de asignación de retiro entre 2010 y 2017, era indudable que contrario a una doble erogación a favor del actor, se constituía un enriquecimiento injustificado a favor del Estado, por lo cual se declaraba la nulidad del acto y se ordenaba que la demandada emita los actos correspondientes, conforme al contenido de l fallo, en contra del particular y de quien se estime pertinente.

Que, por esas razones, se declaraba la nulidad de las Resoluciones Nro. 6442 del 26 de octubre de 2018 y Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018. Que se ordenaba que, a favor de la CASUR, el demandante devolviera las sumas que percibió por concepto de asignación de retiro, puesto que no resultaban compatibles con el pago que recibió como restablecimiento del derecho porque se anuló la decisión de desvincularlo del servicio, pero, únicamente hasta el monto de lo que se debe pagar por ese restablecimiento. Finalmente, que se ordenaba a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional emitir los actos correspondientes para obtener el reembolso de lo pagado, conforme al contenido de l fallo, en contra del particular y de quien se estime pertinente 5.

RECURSOS DE APELACIÓN

5 Véase a índice 13 de SAMAI del Tribunal.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

de quien se estime pertinente 5.

RECURSOS DE APELACIÓN

5 Véase a índice 13 de SAMAI del Tribunal.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 5 La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que pese a estar de acuerdo con la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nro. 6442 del 26 de octubre de 2018 y Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018 , lo decidido por el Tribunal en los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia recurrida no eran claros, porque ello no podría ser una consecuencia de la declaratoria de la nulidad de los actos demandados .

Que de acuerdo con la sentencia que lo reintegró al servicio, no recibió el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de la institución, sino una indemnización por el daño causado. Que el cobro y los descuentos que hizo la demandada le significaban un detrimento, así como un enriquecimiento injustificado para el Estado, ya que jamás se dio un doble pago en el tiempo , razón por la que la devolución de dineros no deb ió ordenarse6.

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que debieron denegarse en su totalidad las pretensiones de la demanda, en el entendido que quedó demostrado en el proceso la prohibición de origen constitucional de devengar

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que debieron denegarse en su totalidad las pretensiones de la demanda, en el entendido que quedó demostrado en el proceso la prohibición de origen constitucional de devengar más de una asignación que provenga del tesoro público. Que también que dó demostrado que en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017, se le pagó al demandante asignación de retiro en el grado de subintendente.

Que, además, se demostró que el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó a la Policía Nacional, en el fallo de l 7 de diciembre de 2016, que reintegrara al servicio activo al señor Herrera Castro sin solución de continuidad, condenándola a pagar los salarios que dejó de percibir desde que se produjo su retiro y hasta que se produjera su reintegro.

Que, según esto, el retiro del servicio activo del policial nunca ocurrió , por lo que se entiende que estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 10 de febrero de 1992 al 2017, de manera ininterrumpida. Que para el lapso comprendido entre 2007 y 2017 no podía ostentar la calidad de miembro activo de la Policía Nacional , percibiendo salario y prestaciones y , a su vez , ostentar la calidad de miembro retirado vinculado a la CASUR, percibiendo asignación de retiro 7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 26 de febrero de 2024 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 26 de febrero de 2024 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara para fallo

Aunque no se hizo pronunciamiento alguno sobre la solicitud probatoria que en segunda instancia presentó el demandante8, este no se pronunció sobre las pruebas solicitadas, motivo por el cual, la actuación quedó saneada.

6 Véase a índice 15 de SAMAI del Tribunal. 7 Véase a índice 16 de SAMAI del Tribunal. 8 Véase a índice 4 de SAMAI.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 6 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con l os recursos de apelación interpuesto s, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros pagados al señor Jaime Hernán Herrera Castro por concepto de asignación de retiro en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017, están viciados de nulidad.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017, están viciados de nulidad.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho, que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese sentido, esta figura consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega, pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C197 de 199 9 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4, del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrati vo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el

1. que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrati vo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos administrativos acusad os, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento superior9.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

9 Sobre la justicia rogada, se puede revisar: Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 21 de abril de 2018. Rad. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 7 Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General del Proceso y, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al:

«[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus

«[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin a islar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos […]»10.

En similar sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado al indicar que dicho deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales 11.

Así entonces, considera la Subsección que, en virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, es dable acudir al deber interpretativo del juez y desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación inmediata en la actu ación administrativa que produjo los actos administrativos demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior se desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga

diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019. Exp. SL 9602019. 11 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 8 En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que en las actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el legislador, para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos de contradicción y defensa.

Sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son

acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos 12.

Como puede observar se, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional o jerárquico 13, el material 14, el territorial 15 y en algunos casos el temporal 16.

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece

12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]». 13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.

su ejercicio. [...]». 13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127. 14 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. “Es el qué de la competencia”: Ibidem, p. 125. 15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125. 16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)

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www.consejodeestado.gov.co 9 de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 17.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de

Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 17.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los inter