CE - Sentencia 52001233300020230019101 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

Ejecutante: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA

Ejecutado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Medio de control: EJECUTIVO - APELACIÓN DE SENTENCIA

Asunto: CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS DE

MONTOS RECONOCIDOS COMO DEUDA PÚBLICA - CONDENA EN COSTAS

Síntesis del caso: la parte ejecutante pretende el pago de una sentencia condenatoria que fue modificada por el Consejo de Estado , aunque la entidad ejecutada pagó no incluyó todos los intereses moratorios causados, pues, en su entender, los montos reconocidos como deuda pública no están sujetos a esa penalidad ; además, la autoridad demandada asegura que el a quo no debió condenarla en costas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra de la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño (índice 3 SAMAI) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO.- Declarar infundada la excepción que formuló la parte ejecutada en el proceso que se decantó a través del medio de control ejecutivo, con base en la demanda que presentó el Fondo de Capital

“PRIMERO.- Declarar infundada la excepción que formuló la parte ejecutada en el proceso que se decantó a través del medio de control ejecutivo, con base en la demanda que presentó el Fondo de Capital Privado Cattleya - Compartimento 3 administrado por la Sociedad Fiduciaria Corficolombia (sic) en contra de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo que se plasmó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Ordenar que se siga adelante con la ejecución de las obligaciones contenidas en el título ejecutivo que se aportó por la parte ejecutante, como se decidió en el mandamiento de pago del 1 de noviembre de 2023.

TERCERO.- Condénase en costas a la parte ejecutada, a favor de la parte ejecutante. Se liquidarán por la Secretaría de esta Corporación, únicamente en la medida de su comprobación.”1 (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

1 Págs. 15 y 16 del archivo 4ED_2FalloTribCotfo20231 en índice 3 SAMAI.2

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA Ejecutivo Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 29 de junio de 2023 2 la compañía Fiduciaria Corficolombiana SA , en representación del Fondo de Capital Privado CattleyaCompartimento 3 , presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación - Fiscalía

Corficolombiana SA , en representación del Fondo de Capital Privado CattleyaCompartimento 3 , presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación con las siguientes súplicas:

“1. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3, identificado con NIT.901288351-5, constituido mediante documento privado celebrado el día 07 de enero de 2021, administrado por la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA, identificada con NIT. 800.140.887 -8, por concepto de saldo de capital, la suma de CUARENTA Y OCHO

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

QUINCE PESOS M/CTE ($48.278.615).

2. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3, identificado con NIT. 901288351-5, constituido mediante documento privado celebrado el día 07 d e enero de 2021, administrado por la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA, identificada con NIT. 800.140.887 -8, por los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo a la tasa máxima legal permitida1,5 veces del Bancario Corriente IBC, liquidados desde el día siguiente a la fecha de ingreso del pago parcial hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación.

del Código Contencioso Administrativo a la tasa máxima legal permitida1,5 veces del Bancario Corriente IBC, liquidados desde el día siguiente a la fecha de ingreso del pago parcial hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación.

3. Por la suma que resulte de la liquidación de las costas del presente proceso incluyendo agencias en derecho.

4. Que los depósitos judiciales que se constituyan y de los que se ordene su pago se efectúen con abono a la cuenta del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3 [sigue número de cuenta de bancaria] de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 13 del Acuerdo PSAA21-11731 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura.”3

(mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso , en síntesis, lo siguiente:

2 Archivo 0004OFICIOOFICINAJUDICIAL en índice 3 SAMAI. 3 Pág. 6 del archivo 11EJECUTIVO en índice 3 SAMAI.3

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1. Mediante sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016 –la cual quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2017 – por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicación número 2009-00077 se modificó la sentencia de primera instancia para aumentar la condena

ejecutoriada el 2 de febrero de 2017 – por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicación número 2009-00077 se modificó la sentencia de primera instancia para aumentar la condena impuesta a la Nación - Fiscalía General de la Nación.

1. El 14 de septiembre de 2017 , la parte actora del proceso de reparación directa solicitó el pago de la condena a la entidad ahora ejecutada.

1. El 15 de marzo de 2021 , el Fondo de Capital Privado Cattleya - Compartimento 3 adquirió los derechos económicos contenidos en la mencionada providencia judicial.

1. El 14 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la Nación pagó $730.245.918 por concepto de capital e intereses; empero, ese monto no cubrió el total de la deuda, aún debe la suma reclamada en el proceso de la referencia.

3. El mandamiento de pago

El 1 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

“PRIMERO.- LIBRAR mandamiento de pago en favor del Fondo de Capital Privado Cattleya - Compartimento 3 administrada por la Sociedad Fiduciaria CORFICOLOMBIA (sic), debidamente representado, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la suma de cuarenta y ocho millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos quince pesos ($48.278.615), por concepto de perjuicios morales y materiales contra la parte demandada.

SEGUNDO.- Las sumas que se consignaron en el ordinal primero se incrementarán en el monto de los intereses moratorios legales que se

($48.278.615), por concepto de perjuicios morales y materiales contra la parte demandada.

SEGUNDO.- Las sumas que se consignaron en el ordinal primero se incrementarán en el monto de los intereses moratorios legales que se causen, desde el 3 de febrero de 2017 hasta cuando se haga el pago efectivo de la deuda, descontando el periodo de cese mencionado.

TERCERO.- Ordénase que la entidad demandada cancele a los acreedores en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación personal de esta providencia. Se le informa, además, que en los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia se podrán interpo ner las excepciones de mérito a las que se refiere el artículo 442 del Código General del Proceso .”4 (índice 4 SAMAI de la primera instanciamayúsculas sostenidas y negrillas del original).

4 Págs. 4 y 5 del archivo 006_AUTOQUELIBRAMANDAMIENTODEPAGO en índice 3 SAMAI.4

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4. La excepción propuesta

La Nación - Fiscalía General de la Nación5 esgrimió la excepción de “pago total de la obligación ”, porque los $730.245.918 desembolsados en favor de la parte ejecutante cubrían toda la deuda.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 26 de agosto de 2024 ordenó seguir adelante con la ejecución (índice 3 SAMAI), pues, la entidad ejecutada aún

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 26 de agosto de 2024 ordenó seguir adelante con la ejecución (índice 3 SAMAI), pues, la entidad ejecutada aún adeuda parte del valor de la condena judicial reclamada en el presente asunto ; en efecto, la autoridad demandada cuantificó la deuda hasta el 30 de junio de 2022, pero, en realidad el dinero solo fue entregado a la parte ejecutante el 14 de septiembre siguiente.

6. Recurso de apelación

La entidad estatal ejecutada manifestó su inconformidad 6, porque el monto de la condena fue reconocido como deuda pública según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 a través de las Resoluciones números 2983 del 24 de junio y 2242 de agosto de 2022 expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; por lo tanto, la entidad podía pagar sin reconocimiento de intereses adicionales hasta el 30 de septiembre de 2022; además, no hay prueba de ninguna erogación que sustente la condena en costas hecha en el fallo impugnado, máxime cuando la entidad ejecutada no actuó de mala fe.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 12 de febrero de 2025 (índice 20 SAMAI) se admit ió el recurso de apelación promovido por la parte ejecutada y no se decretaron pruebas en segunda instancia; el agente del Ministerio Público (índice 27 SAMAI) sostuvo que la causación de intereses no se suspendía a pesar de que la obligación era deuda

apelación promovido por la parte ejecutada y no se decretaron pruebas en segunda instancia; el agente del Ministerio Público (índice 27 SAMAI) sostuvo que la causación de intereses no se suspendía a pesar de que la obligación era deuda pública, toda vez que ninguna disposición preveía esa consecuencia.

5 Archivo 009_CONTESTACIONDEMANDA en índice 3 SAMAI. 6 Archivo 018_MemorialWeb_Recurso-MEMORIALRADICAREK en índice 3 SAMAI.5

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II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La controversia planteada en término 7 consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte ejecutada, si se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, cubrió el total de la deuda con el pago hecho en favor de la parte ejecutante ; adicionalmente, la condena en costas de la sentencia impugnada fue injustificada.

La Sala confirmará el fallo impugnado, porque las razones de apelación no permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal.

impugnada fue injustificada.

La Sala confirmará el fallo impugnado, porque las razones de apelación no permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal.

2. El caso concreto

2.1 La causación de intereses moratorios de las deudas públicas

1. La parte apelante sostiene que los montos reconocidos como deuda pública no causan intereses siempre que se pagara n antes del 30 de septiembre de 2022 (la entidad estatal pagó el 14 de septiembre anterior).

1. Sin embargo, ninguna de las disposiciones citadas en la impugnación prevén una eximente en ese sentido ; por el contrario, el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece, claramente, que “ la Nación podrá reconocer como deuda pública las

7 Aunque la entidad ejecutaba contaba prima facie con diez (10) meses para realizar el pago de conformidad con el artículo 192 del CPACA –norma vigente para la época en que quedó ejecutoriada la sentencia y aplicable al asunto según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 –, la providencia judicial que sirve de título ejecutivo estableció en forma expresa que la autoridad debía pagar la condena “en los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del CCA” (pág. 19 del archivo 02 Sentencia única_última instancia_36770 disponible en enlace visible en el archivo 0001EJECUTIVO del índice 3 SAMAI de la primera instancia ); en consecuencia, las pretensiones son oportunas, porque el fallo condenatorio quedó ejecutoriado el 2

en enlace visible en el archivo 0001EJECUTIVO del índice 3 SAMAI de la primera instancia ); en consecuencia, las pretensiones son oportunas, porque el fallo condenatorio quedó ejecutoriado el 2 de febrero de 2017 (archivo 03 Constancia Ejecutoria_36770 disponible en ibidem), la parte ejecutada podía pagar hasta el 3 de agosto de 2018 y la demanda se presentó el 29 de junio de 2023 (índice 3 SAMAI de la primera instancia).6

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obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas ”, lo cual deja en evidencia que el reconocimiento de intereses está explícitamente previsto en la norma legal que regula la materia objeto de la controversia.

1. Adicionalmente, cuando el artículo 1 del Decreto 1435 de 2022 prevé que “el pago de las sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas que (…) hayan sido reconocidas como deuda pública (…) deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2022”, no puede interpretarse –como al parecer lo entiende la parte ejecutada– como una prohibición para el reconocimiento de intereses, pues, su propósito tan solo fue determinar una fecha cierta para que las entidades obligadas realizaran los respectivos desem bolsos en orden a garantizar que los pagos se hicieran oportuna y eficientemente.

1. Por lo anterior, aunque la entidad ejecutada efectuó el pago con fundamento en

realizaran los respectivos desem bolsos en orden a garantizar que los pagos se hicieran oportuna y eficientemente.

1. Por lo anterior, aunque la entidad ejecutada efectuó el pago con fundamento en unas precisas disposiciones presupuestales lo cierto es que ello no la exime de cubrir el total de la deuda –capital e intereses–, tal como lo indicó la Sala en anterior

oportunidad en los siguientes términos:

“[E]l pago, aun cuando se efectúe mediante el procedimiento administrativo contenido en la normativa referida en el recurso de apelación [se refiere a la Ley 1955 de 2019 y los Decretos 642 de 2020, 960 de 2021, 1435 de 2022 y 2442 de 2022] , debe ser completo, es decir, debe incluir el capital adeudado y los intereses moratorios correspondientes, los cuales, vale la pena recordar, operan por disposición de la ley y se causan desde que se hace exigible la obligación hasta que esta se satisface totalmente.”8 (negrillas adicionales).

1. Así las cosas, la entidad estatal ejecutada no podía eximirse del reconocimiento de intereses moratorios aunque los recursos empleados para el pago provinieran del reconocimiento como deuda pública del valor de la condena impuesta a la entidad estatal ejecutada en la providencia base de la ejecución en el presente asunto.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, exp. 69.937, CP Alberto Montaña Plata, posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2024, exp. 70.996, CP Fredy Ibarra Martínez.7

CP Alberto Montaña Plata, posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2024, exp. 70.996, CP Fredy Ibarra Martínez.7

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

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2.2 La procedencia de la condena en costas hecha en el fallo impugnado

1. El apelante cuestionó que se le condenara en costas porque no hay prueba de su causación y, en todo caso, porque no actuó de mala fe ni con la intención de defraudar a la parte ejecutante.

1. En relación con la falta de evidencias sobre la causación de las costas se advierte que estas están conformadas por las expensas y las agencias en derecho, las primeras están relacionadas con todos los gastos necesarios o útiles en que incurrió la parte vencedora para la tramitación del proceso y, además, las segundas corresponden a los gastos sufr agados por concepto de honorarios para ejercer la defensa legal de los intereses de la parte dentro del trámite judicial ; en consecuencia, cuando la sentencia apelada condenó en c ostas a la autoridad demandada y dispuso que su liquidación estaría a cargo de la secretaría es claro que se refiere a las expensas de conformidad con lo previsto en el artículo 365

(numerales 1 a 3 ) del C ódigo General del Proceso (C GP), pues, el monto de las agencias en derecho solo las determina el a quo una vez inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de

agencias en derecho solo las determina el a quo una vez inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.

1. Así las cosas, como en la providencia cuestionada se dispuso que los gastos propios del proceso serían liquidados en una etapa posterior se concluye que el tribunal no valoró ni imputó ninguna erogación a cargo de la parte vencida; por tanto, el tribunal de primera instancia no debía –por innecesario – verificar la efectiva causación de los gastos procesales, porque esa tarea fue expresamente diferida a un momento posterior y su cálculo estaba a cargo de la secretaría.

1. Adicionalmente, de conformidad con la posición expuesta en anterior oportunidad por la Sala 9, se precisa que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) al regular el instituto de las costas en materia procesal modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger, de nuevo, el objetivo que c ontemplaba originalmente el artículo 171 10 Código

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 63.217, CP Fredy Ibarra Martínez. 10 “Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales habrá condena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.”.8

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA

Ejecutivo

los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.”.8

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Contencioso Administrativo, en efecto, el artículo 188 del CPACA prevé que “ salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

De la norma objeto de análisis se extraen las siguientes conclusiones:

a) Se retornó a un criterio objetivo, en antaño previsto en el artículo 171 Código Contencioso Administrativo –antes de la modificación hecha por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998–, que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las partes o sujetos procesales.

b) Se estableció una regla general según la cual en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste, del comportamiento de las partes.

c) La excepción a la regla general es que no será procedente la condena en costas en los procesos en los que se ventile un interés público.

La Sala advierte que la expresión “ interés público ” necesariamente debe ser asimilada a “ acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad ” en atención al principio de interpretación del efecto útil de las normas11.

En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas, tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir

y/o legalidad ” en atención al principio de interpretación del efecto útil de las normas11.

En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas, tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez procuran la satisfacción del interés general. Sin embargo, este entendimiento amplio o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta

11 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, la s dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre ”. Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.9

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

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perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues no procedería la condena en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.

Ejecutivo Apelación de sentencia

perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues no procedería la condena en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.

De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es equiparar “ interés público ” a “ medios de control públicos ” (v.gr. nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).

En esa perspectiva en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada, en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite la disposición.

1. La integración normativa referida al Código de Procedimiento Civil, actualmente debe entender hecha al Código General del Proceso, especialmente a los artículos 365 y 366 que establecen las reglas para la condena en costas y el trámite para su liquidación, respectivamente.

1. En ese contexto, el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el siguiente inciso al artículo 188 del CPACA en comento: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

De la lectura de la disposición se colige, fácilmente, la finalidad y el propósito del legislador con esta nueva modificación.

la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

De la lectura de la disposición se colige, fácilmente, la finalidad y el propósito del legislador con esta nueva modificación.

El objetivo del legislador es que el ejercicio del derecho de acción a través de los medios de control jurisdiccionales objetivos se haga de manera responsable, leal y seria, tanto así que consagró la posibilidad de que aún en los procesos en que se ventile un interés público (contencioso objetivo) sea procedente y viable la condena en costas siempre y cuando se acredite que la demanda se presentó con “manifiesta carencia de fundamento legal”.

1. Por consiguiente , el artículo 188 del CPACA fijó i) la regla general de la procedencia de las costas en los procesos contencioso administrativos, además, ii)10

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definió la excepción a la regla, esto es, los procesos donde se ventile un interés público y, por último, iii) consagró una excepción a la excepción, puesto que será posible condenar en costas incluso en los procesos contencioso objetivos sobre la condición de que se acredite que la demanda carece por completo de fundamento legal.

1. Así las cosas, el presente asunto sigue la regla general sobre condena en costas, pues no se ventiló un interés público ; en consecuencia, resultaba indistinta la conducta de la parte ejecutada para efectos de la condena en costas.

3. Condena en costas

pues no se ventiló un interés público ; en consecuencia, resultaba indistinta la conducta de la parte ejecutada para efectos de la condena en costas.

3. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como a la parte ejecutada se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 5 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

1º) Confírmase la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño. 2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte ejecutada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE11

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA Ejecutivo Apelación de sentencia

Expediente: 52001-23-33-000-2023-00191-01 (72.184)

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ALBERTO MONTAÑA PLATA Presidente de la Sala (Firmado electrónicamente) Aclaración de voto

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.